El
Ejército deberá ser investigado, de lo contrario el gobierno de México estaría
desacatando las recomendaciones de los especialistas. Foto: Cuartoscuro
Ciudad
de México, 13 de septiembre (SinEmbargo/El Sur).– “El Ejército deberá ser
investigado, de lo contrario el gobierno de México estaría desacatando las
recomendaciones de los especialistas”, porque el la milicia está tomando
decisiones por encima de los acuerdos que ha firmado la admnistración federal
con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo el director del
Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan -y abogado de los 43
estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa-, Abel Barrera Hernández.
Ayer,
en una carta el jefe de Estado Mayor de la Novena Región Militar, Arturo
Vallarta Tafolla, indicó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) no podrá entrevistar a los militares porque eso no es
parte del acuerdo que el gobierno mexicano estableció con la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la desaparición de
los 43 normalistas de Ayotzinapa y celebró la “decisión mexicana” de no
permitir los encuentros porque se violarían los “derechos fundamentales de los
militares”.
En
declaraciones antes de la inauguración de una muestra fotográfica en la Normal
Rural de Ayotzinapa, Barrera Hernández dijo que el Ejército debe estar
supeditado a la autoridad civil, pero por el comunicado emitido por la Novena
Región Militar, en el que rechaza que los soldados asignados al cuartel en
Iguala sean entrevistados por el grupo de expertos de la CIDH, se ve que está
por encima de la autoridad civil, lo que consideró grave, “porque está tomando
decisiones por encima de los acuerdos que ha firmado el gobierno de México con
la Comisión Interamericana”.
Agregó
que el Ejército quiere ignorar lo que pasó en Iguala el 26 y 27 de septiembre.
Reiteró
que el gobierno mexicano firmó un convenio con la CIDH y el Ejército forma
parte del Estado, por ende no puede tomar decisiones y opiniones al margen de
un convenio donde se pidió colaboración para que un grupo de expertos
investigara y apoyara.
Ahora
el Gobierno federal debe acatar lo que dice el informe, señaló.
Enfatizó
que con su postura “el Ejército está violando el convenio que realizó el
Gobierno mexicano con la Comisión Interamericana”.
Explicó
que el Gobierno de México forma parte del sistema interamericano, y cuando el
Ejército dice que los expertos de la CIDH son extranjeros quiere decir que no
está respetando, que está desconociendo los acuerdos internacionales, que no
quiere reconocer que el sistema interamericano forma parte de los acuerdos.
Barrera
Hernández consideró que es grave violar los acuerdos, porque ignora a la
autoridad civil, el Ejército se coloca por encima y desconoce los convenios que
se firmaron y que forman parte de las medidas cautelares que aprobó la Comisión
Interamericana a los padres de los normalistas.
Indicó
que las autoridades y en especifico el Ejército hacen lo que consideran que
ayuda a sus intereses, no se apegan a los acuerdos y convenios.
Lo
que se busca es la verdad y la justicia, dijo Abel Barrera, por lo que al
impedir que se investigue al Ejército se obstaculiza la investigación.
Si
hubiera voluntad política el Ejército tendría que acatar las recomendaciones
del grupo de la CIDH, por lo que los padres y las organizaciones piden que el
informe del GIEI se integre a la averiguación previa en el caso Ayotzinapa, que
está en la Procuraduría General de la Republica (PGR), expresó el director del
Centro Tlachinollan.
Dijo
que además pedirán que de esa investigación sea responsable la misma
Procuradora Arely Gómez González y que no se lleve a una subprocuraduría.
Pidió
que todas las instancias de gobierno, civiles y militares, sean investigados
porque el informe indica la intervención que tuvieron.
Quien
realizará las investigaciones será la PGR, pero lo que piden los expertos es
hablar con el Ejército para tomar en cuenta las acciones u omisiones que hubo
el 26 y 27 de septiembre, “en ningún momento será un extranjero el que va a
realizar la investigación ministerial”, enfatizó Barrera Hernández.
Señaló
que por mandato de la Comisión Interamericana y por un acuerdo del Estado
mexicano, los representantes de la CIDH tienen la facultad de llamar e
entrevistar, respetando los procedimientos del país.
“Los
privilegios del poder, como es el caso del Ejército, es lo que más ha dañado,
porque eso hace que prevalezca la impunidad, ciertas autoridades que no rinden
cuentas y se quieren mantener en la opacidad, este argumento que da es para no
rendir cuentas, no hay más mensaje que eso”, dijo sobre la postura del
Ejército.
Adelantó
que en la reunión que sostendrán los padres con el Presidente Enrique Peña
Nieto el próximo 24 de septiembre pedirán que se cumplan todas las
recomendaciones, y una de ellas es que el Ejército debe ser investigado y
brindar todas las facilidades para conocer la versión de los hechos, porque
implicará un cambio total en las líneas de investigación.
En
cuanto a la nueva investigación que pactó la PGR con expertos de la CIDH para
realizar un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, Abel Barrera insistió en
que se deberán acatar las recomendaciones del informe, “si se habla de retomar
la investigación en el basurero es no querer atender, valorar el informe,
desviar y complicar la investigación”.
“No
se puede poner en duda y en tela de juicio el gran trabajo que realizó el
perito más experimentado del mundo en el tema del fuego, si lo quieren volver a
hacer es lamentable, porque no va a ayudar, porque ya está hecho el trabajo, lo
único que se pide es que se haga la investigación y se cumplan las
recomendaciones”, indicó Abel Barrera.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra, también del Centro Tlachinollan, expresó por su parte que pedirán al presidente Peña Nieto el replanteamiento general de la investigación del caso Ayotzinapa, para que nuevas instancias lleven la investigación, “porque no confiamos en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), para que puedan conducir la investigación, que se abran nuevas líneas de investigación y que se retomen todas las pruebas del informe”.
PADRES DE LOS 43 PIDEN INVESTIGAR AL
EJÉRCITO
Los
padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural desaparecidos recriminan que la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) impida que los expertos de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos interroguen a los militares de
Iguala.
“Quiere
decir que algo están ocultando, ellos (el Ejército) saben dónde están nuestros
hijos”, dijeron.
Entrevistado
en la Normal de Ayotzinapa, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete
González, informó que el Ejército está para servir a la sociedad, por lo que su
responsabilidad es luchar contra las injusticias, “ellos tienen que buscar a
nuestros hijos, pero si se ponen en la posición de que los expertos quieren
entrevistarlos y se niegan no deberían de ser así”.
Enfatizó
que el Ejército debería estar para proteger y para ayudar, sin embargo sólo
está para causar daños, porque de acuerdo con el Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, los militares estuvieron en varios
puntos de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala.
“El
Ejército oculta algo, ellos saben dónde están nuestros muchachos, pero como se
sienten intocables se ponen en esa postura tonta, desde los altos y bajos
mandos. Nos damos cuenta qué clase de porquería de gobierno existe en México,
la sociedad le da el poder al gobierno para que supuestamente nos represente y
cuando se necesitan se ponen en una actitud negativa”, reprochó Emiliano
Navarrete.
Por
separado, Epifanio Álvarez, padre de Jorge Álvarez Nava, dijo que si los
militares no quieren que sean investigados es por algo, “porque el que nada
debe nada teme, por ejemplo si van a mi casa a revisarla que entren, porque no
escondo nada, ellos (el Ejército) por qué no quieren, es algo que la sociedad
se deberá de preguntar”.
Expresó
que lo único que buscan los padres son a sus hijos.
Dijo
que en la reunión que sostendrán el 24 de septiembre con el presidente Enrique
Peña Nieto, pedirán que se investigue al Ejército, que las indagaciones sean
por tiempo indefinido y que se castigue a los responsables, “por asegurar que
había una verdad histórica, como lo dijo el ex procurador Jesús Murillo Karam,
porque es mucho dolor lo que tenemos desde la desaparición de nuestros hijos”,
finalizó.
El
representante de los padres, Melitón Ortega, manifestó que el Ejército ha
tenido el respaldo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y
del gobierno federal, porque el informe de la Comisión Interamericana tiene
clara la información de que el Ejército intervino en todo momento en la
agresión.
El
Ejecutivo federal tiene la obligación de exigir que el Ejército se presente a
declarar y los expertos intervengan para la entrevista, de lo contrario no
tiene sentido cuando el gobierno dice que “el Ejército es la institución más
honorable de país, si así fuera deberán de presentarse para que se vea que no
intervinieron el 26 y 27 de septiembre”, agregó Melitón Ortega.
Dijo
que esperan la reunión con Enrique Peña para reclamarle y decirle de manera
directa que es el responsable de todo lo que pasa en México, porque protege y
negó que el Ejército participó el 26 y 27 de septiembre, “todo el mundo sabe
que intervinieron y otras instituciones policiacas, es falta de respeto para
los padres, sobre todo que es un caso delicado en contra de los estudiantes”.
En
cuanto al nuevo peritaje en el basurero de Cocula, consideró que es otra
mentira que pretenden implantar, con lo que ya señalaron los expertos.
(SIN EMBARGO.MX/ María Avilez Rodríguez
y María Avilez Rodríguez Redacción / septiembre 13, 2015 - 11:07H)
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