Guadalupe
Castañeda Santellanes enfrenta catorce demandas por dicho delito tras darle a
un centenar de personas, en su mayoría mujeres, la “oportunidad” de “adquirir”
terrenos de 250 metros en la colonia Gómez Morín
La
oportunidad de obtener un terreno de 250 metros cuadrados en la colonia Gómez
Morín, al noroeste de Ensenada -donde es prácticamente imposible comprar un
predio con esas dimensiones, con facilidades y en pesos- animó a un centenar de
personas, en su mayoría mujeres, a pagar un enganche a la actual promotora del
Instituto de la Mujer en Baja California (INMUJERBC), Guadalupe Castañeda
Santellanes, quien enfrenta catorce demandas por el delito de fraude.
Castañeda
Santellanes fue también voluntaria del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) desde inicios de la administración priista de
Enrique Pelayo Torres, pero fue el actual alcalde, Gilberto Hirata Chico, quien
decidió disolver la relación, al estar cansado de las quejas de los ciudadanos
que pedían la devolución de los anticipos.
Meses
después, el Gobierno del Estado contrató a la misma promotora en INMUJERBC,
donde la titular, Alfa Peñaloza Valdez, conocía la situación luego de que un
grupo de trabajadoras le advirtiera
sobre el supuesto fraude, y por si fuera poco, en junio la compensaron con la
cantidad de 60 mil pesos por concepto de servicios profesionales para el
Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
(PAIMEF), según datos obtenidos del portal de Transparencia.
ALGUNA QUE OTRA DEMANDA PENAL
Muchos
se resignaron a perder el dinero, pero las demandas son varias y algunas datan
de 2014, cuando los afectados pagaron cantidades desde mil 200 hasta 4 mil 800
pesos, con la promesa extra de que las madres solteras con más de tres hijos
recibirían un pie de casa entregado de manos del gobernador Francisco Vega de
Lamadrid.
“Todos
saben para qué era ese dinero”, reveló la promotora al cuestionarla sobre el
destino de los pagos, y al tiempo, aseguró que los abonos los depositó para
apoyar a distintas campañas políticas.
Entrevistada
vía telefónica, confió en que penalmente las demandas no proceden porque puede
comprobar en qué se gastó el dinero que recibió de estas personas: “Tengo
recibos de que he pagado mucho dinero y voy a pagar poco a poco. Ahora yo
pienso retirarme –de INMUJERBC- para aliviarme”.
El
subprocurador de Justicia de Zona Ensenada, Marco Chavarría López, se limitó a
responder que son 14 denuncias que se encuentran en integración, de las cuales
siete se presentaron en 2014 y el resto, el 3 de agosto del año en curso.
Mencionó
que las personas coinciden en sus declaraciones en que la señalada les ofreció
terrenos en la colonia Gómez Morín, pero nunca les asignó una manzana.
Castañeda Santellanes se ha presentado a declarar en repetidas ocasiones.
EL SILENCIO DE LAS AUTORIDADES
Para
conocer detalles de la contratación, ZETA solicitó una entrevista con la
directora de INMUJERBC, Alfa Peñaloza, pero la petición fue rechazada por el
Departamento de Comunicación Social del Gobierno del Estado.
Por
su parte, el subsecretario de Gobierno del Estado, Pablo Alejo López Núñez,
quien a pesar de conocer a la promotora, consideró que cada dependencia debe
resolver sus problemas, los denunciantes le plantearon la situación con el fin
de recibir ayuda.
Durante
la entrevista el funcionario estatal se expresó molesto y dijo que “hay cientos
de promotoras en el Gobierno del Estado…”, y se quejó de la manera en que se
abordó el tema: “Mira tu actitud, me lo dices como si la estuviera
encubriendo”, contestó visiblemente enfadado mientras apuntaba en una tarjeta
detalles del caso.
PATRICIA, SILVIA, CARLOTA…
Nombres
y apellidos se suman a la lista de los defraudados en Ensenada que cayeron por
la necesidad de tener un patrimonio a “facilidades” con solo entregar copia de
la credencial de elector.
“Yo
le di el anticipo, pero le recomendé a mi hijo, y él a otros, esos otros a
otros, y así se hizo una bolita. Ella nos presionaba con que le entregáramos el
dinero ese mismo día y decía que le hiciéramos promoción. Ahora me agacho
cuando veo a las personas que animé, sobre todo a los amigos de mi hijo que
confiaron en mí”, narró cohibida Silvia Mederos mientras sostiene la mirada
hacia los terrenos prometidos.
Platicó
que en junio de 2014 dio su primer abono, y Castañeda Santellanes le aseguró
que ese dinero lo depositaba en una cuenta bancaria de Mexicali, “hasta me
invitó un día al banco, pero no pude ir”.
En
un recorrido hecho en las viviendas de algunos de los afectados, se constató la
pobreza que invade a ciertas familias que creyeron en la autenticidad de la
promotora que portaba consigo el logotipo del gobierno municipal. Ella, indicó
un grupo de quejosas, lucró con la miseria de las mujeres maltratadas y las
hizo pedir dinero prestado para cubrir el enganche.
Patricia
se dice indignada y quiere explicaciones válidas de las autoridades.
“Yo
perdí joyería que empeñé para que mi sobrina, que se salió de su casa porque su
marido le pegaba muy feo, y a quien quiero como a mi hija, tuviera un lugar
cerca de mi casa donde vivir”, comentó Braudia López, sentada al pie de su casa
ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas, a unos metros de donde se encuentran los
supuestos terrenos en venta.
A
todos ellos la promotora les entregó recibos simples al parecer sin validez. La
zona de Gómez Morín comenzó como un asentamiento irregular, y se ubica en la
salida hacia el poblado de Ojos Negros. Ahí no hay servicios públicos, ni
calles pavimentadas, pero sí una impresionante vista hacia a la Bahía de
Ensenada.
Aunque
las casas de interés social fueron construidas con la intención de cubrir la
necesidad de personas con bajos ingresos, y evitar estos problemas, los
afectados descartaron la posibilidad de adquirir una vivienda de este tipo
porque no tienen prestaciones.
Madre
soltera de 34 años de edad, con cuatro hijos menores, Carlota comparte casa con
su hermano y la familia de él, quien años atrás la acogió en su predio, donde
construyó una habitación de madera sin servicios básicos. Ella le paga una
módica cantidad mensual como renta, a cambio de tener un techo.
Con
la esperanza de estar en un lugar estable, ella también cayó en la trampa de la
supuesta vendedora y creyó comprar dos terrenos que serían parte del patrimonio
familiar, por lo que consiguió 2 mil 400 pesos que entregó a Guadalupe para
iniciar con lo que prometía ser una nueva vida.
Ha
pasado un año, vive en el mismo lugar, pero ahora le han pedido que en unos
meses desaloje el terreno y se mude a otro espacio, no tiene dinero y con el
poco sueldo que recibe semanalmente como trabajadora doméstica, alrededor de
850 pesos, teme no encontrar un lugar seguro para sus hijos.
Como
esta, hay decenas de historias de otras mujeres que decidieron dejar sus
domicilios para huir de la agresión de sus parejas, pagaron adelantos y todavía
esperan que les entreguen sus terrenos.
SOLAMENTE BOLETINADA
El
director de DIF Ensenada, Benjamín Eduardo Salgado López, explicó que al inicio
de su gestión detectó que el personal voluntario no tenía supervisión y por eso
realizó una depuración en las oficinas locales.
Comentó
que el caso de Guadalupe Castañeda Santellanes era particular e incómodo porque
varias personas llegaron a la paramunicipal para pedir el dinero que le habían
entregado como adelanto a cambio de tierras.
“Encontramos
personas que se atribuyen facultades, que hacían actividades u operaban
actividades que no tenían nada qué ver con DIF”, señaló el funcionario.
Alrededor
de 35 personas voluntarias trabajan en centros comunitarios ubicados en
colonias de escasos recursos económicos, con la responsabilidad de asesorar a
grupos vulnerables y a mujeres que enfrentan violencia familiar, además de
brindar atención a adultos mayores.
“Ella
(Guadalupe) estaba encargada de un centro de desarrollo comunitario, y en los
primeros meses llegaron quejas acerca de que estaba negociando con algunos
terrenos. Pasó un poco más de tiempo y hubo mujeres que llevaron recibos de
pago, la información estaba difusa porque no había credibilidad y confianza”,
recordó Salgado.
Los
rumores rompieron con la tranquilidad del DIF y optaron por deshacer el
contrato con la promotora, no sin antes anunciar alrededor del edificio que se
deslindaban de ella. “Supimos que no era en horas de trabajo, pero supimos que
la identificaban como alguien que trabajaba en DIF, las personas no saben cómo
está contratada, solo la ven colaborando y la asocian. Bueno, nosotros actuamos
de manera responsable”, argumentó el titular de DIF Municipal.
“Ahora
el DIF es otro, hablando del sistema administrativo que tenemos, yo creo que el
sistema ha madurado y pocos pudieran percatarse porque ven a la paramunicipal
como la responsable del fraude”, finalizó.
El
Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
(PAIMEF), tiene como objetivo contribuir a una sociedad igualitaria mediante la
prevención y atención de la violencia con las mujeres, apoyando con proyectos
anuales y acciones específicas. Opera con recursos del Gobierno Federal. La
promotora Guadalupe Castañeda Santellanes pertenece a tal programa.
(SEMANARIO
ZETA/ GENERALEZ/ Lorena Lamas / Fotos. Enrique Botello/ 26 de Agosto del 2015 a las 22:05:40)
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