… Pero poco resuelven; ante la negativa
de los dueños y administradores de los campos agrícolas de otorgar a los
jornaleros el salario que exigen, el Gobierno Federal entra al quite con la
promesa de subsidiar el faltante hasta alcanzar los 200 pesos. Gobierno del
Estado no llega a acuerdo con empresarios, los perredistas exigen aclaración de
Daniel de La Rosa respecto a represión a jornaleros, y comerciantes y agrícolas
también amenazan con manifestarse
De la mañana del 14 de mayo a
la fecha, muchas cosas han pasado en torno al tema del conflicto en San
Quintín. Ha permanecido el mutis de los voceros de la Alianza de Jornaleros que
inició tras salir satisfechos y considerar como logro el acuerdo de 13 de14
puntos de las condiciones laborales en los campos agrícolas, quedando pendiente
el salario mínimo de 200 pesos.
Después de los disturbios
ocasionados el 8 y 9 de mayo, atribuidos a infiltrados en el movimiento -según
versión de los líderes y no desmentidos por autoridades oficiales-, la actitud de los jornaleros organizados ha
cambiado a un silencio y prudencia, en contraste al resto de actores que se han
subido al ring, incluso aquellos que se habían mantenido al margen pese a su
involucramiento directo.
Fijado el 4 de junio para la
próxima mesa de diálogo donde supuestamente se dará la respuesta definitiva al
salario exigido y comprometido por el Gobierno Federal para completar los 200
pesos, si es que los patrones agrícolas no acceden cubrirlo completo, después
de 15 horas de reunión entre jornaleros y autoridades de los tres niveles de
gobierno, el mandatario estatal Francisco Vega de Lamadrid se siguió de largo
la jornada del jueves 14 para encerrarse y conciliar el tema con empresarios
agrícolas.
De allí en adelante han sido
declaraciones, versiones, confrontación, señalamientos de parte de todos los
sectores. Empezando por los patrones de los jornaleros, el Consejo Agrícola de
Baja California (CABC) que reprochó, a través de su vocero Marco Antonio
Estudillo Bernal, que se perdió el 45 por ciento de la cosecha. Como este medio
calculó en su momento, en la primera semana de paro nada más en fresa y
arándanos se habían perdido alrededor de 85 millones de dólares, días después
los empresarios confirmarían de “80 a 100 millones las pérdidas”.
El Consejo Agrícola, que se
había mantenido alejado del “foco”, desacreditó tajantemente al movimiento
encabezado por la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por
la Justicia Social: “Los manifestantes no son trabajadores de las empresas, no
se va a poder negociar con quien no representa a los trabajadores, a quien no
respeta las vías legales”, expresó Estudillo.
Dijo que responder un “no”
rotundo puede ser peligroso respecto a la pretensión de los jornaleros de
recibir 200 pesos por jornada, pero “lo vemos difícil”. Además, advirtió que el
acuerdo fue entre jornaleros y autoridades del gobierno, no con ellos. Así que
la solución la adelantó: “Corresponde a la autoridad federal”.
Además de insistir que los
jornaleros en rebelión son intratables para el diálogo y que no son auténticos trabajadores del campo, el
gremio agrícola aprovechó para reprochar lo que le toca al gobierno, falta de
inversión en todo: “No hay agua…. ¡no hay agua para nadie!”, remarcó el vocero.
“El sector empresarial tampoco es el malo de la película”.
Increparon al igual como lo
hizo el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), que la autoridad haya
flaqueado y liberado a los jornaleros que causaron daños a terceros y a las
propias instituciones el pasado 9 de mayo. “El único mensaje que se da es que
este tipo de personas tienen autorización para hacer desmanes y no les va a
pasar absolutamente nada”, apuntó Adrián Olea Mendívil, presidente del
organismo.
Los empresarios declararon
que las autoridades de Baja California están avalando la impunidad por encima
del respeto al Estado de Derecho: “El sector empresarial y las familias se
están viendo amenazadas, se está volviendo un asunto de alto riesgo”.
De hecho los que esta semana
anunciaron no una, sino hasta tres marchas de protesta, son los empresarios,
comerciantes, agrupaciones civiles y residentes de San Quintín, porque ya no
pueden con el miedo y la incertidumbre.
Empresarios y comerciantes
unidos, según se informó en el poblado, repudiaron que el gobierno y sus
dependencias federales protegieran el vandalismo, terrorismo, daños y robos de
los que han sido objeto durante los disturbios. “Esta situación debe
castigarse, y ni el gobierno y ninguna dependencia que esté bajo el régimen
federal puede pasar por alto las acciones que supuestos jornaleros realizaron
en el Valle d San Quintín. También reprobaron que la Comisión para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI) ande pagando millonarios por sacar a
delincuentes de la cárcel.
Mientras tanto, algunos
ciudadanos aislados en Estados Unidos y Canadá han intentado boicotear los
productos Driscoll’s, informando que los trabajadores están solicitando un pago
mínimo de 13.33 dólares al día y no los menos de seis dólares que ahora
perciben: “Usted puede vivir un día más sin la fruta que tiene que ser recogida
por un niño de seis años en la extrema pobreza en un país como México”.
En Ensenada, Mario García
Salaiza, presidente del Colegio de Abogados Independientes, consideró que en la
rebelión en San Quintín hay más interrogantes que hechos reales: “¿Por qué el
Gobierno Federal se reunirá con los jornaleros y empresarios tres días antes de
las elecciones? Por qué no han mandado a la Gendarmería, por qué no la
presencia del Ejército, por qué el Estado no ha aplicado la Ley, por qué el
gobierno municipal ya ni participa en las mesas…”.
Reclamó también que los actos
vandálicos sean moneda de cambio y se perdone a quien infringe la Ley, aparte
del daño económico que ya es irreversible, y que la respuesta a todo es
sencilla: “Desde hace mucho tiempo el tema se les salió de las manos a los tres
niveles de gobierno, y ninguno quiere aceptarlo”.
Desde la capital del país,
diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron el
miércoles 20 de mayo un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución ante la
Comisión Permanente para exigir al gobernador Francisco Vega, poner ante las
autoridades judiciales a su secretario de Seguridad, Daniel de la Rosa, para
que se le investigue sobre su injerencia en la represión a jornaleros el 9 de
mayo. De igual manera, pedirán la destitución de Manuel Valladolid como
secretario de Fomento Agropecuario, además de ser empresario agrícola acusado
de explotación.
Días antes, en la última
encerrona con autoridades federales y estatales, la líder jornalera Lucina
Hernández denunció frente al gobernador a elementos de las policías Estatal y
Ministerial de haberla agredido y amenazado el 18 de marzo, y aunque acusó a
los empresarios como los autores intelectuales, transcendió que cara cara le
dijo al mandatario panista: “Piénsela bien, si quiere ser recordado como un
gobernador sensible o represor”.
Por lo pronto, San Quintín
está tranquilo y a la espera, según describió a ZETA Fermín Salazar el jueves
21 de mayo al mediodía. “El gobernador ya dijo que sí es viable el aumento
salarial…”, refirió como expectativa,
“esperando que ese compromiso se cumpla”.
Respecto a la versión del
Consejo Agrícola que los desconoce como jornaleros auténticos Fermín,
argumentó: “No tenemos ningún registro, no lo ocupamos para hacer el
movimiento. Deben reconocer que son miles de personas las que participan, pero
es lógico, no lo aceptan porque les afecta.
“Pero ese miedo que sintieron
el 17 de marzo, ahí puede verse la presión, y lo podemos demostrar de nuevo el
4 de junio”, y agregó que reiteran el principio de diálogo ante el compromiso
formal de todos los involucrados en las mesas.
Mientras que en el Gobierno
del Estado, un día Francisco Vega se muestra muy entusiasmado ante los avances
en los arreglos, empresarios lo desmienten y ya es “de a según”; hasta
desconocen la autenticidad de la Alianza con los que se han sentado a negociar
y firmar acuerdos: “Es entendible que los empresarios no quieran participar
porque los líderes no representan a los trabajadores, así de sencillo”, declaró
el secretario de Gobierno, Francisco Rueda.
Por último, sobre la
respuesta satisfactoria para los jornaleros el próximo 4 de junio expuso:
“Esperemos que sí”.
(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Juan Carlos
Domínguez / 25 de Mayo del 2015 a las
12:00:15)
No hay comentarios:
Publicar un comentario