CHIHUAHUA, Chih., 30 de enero (apro).- Un día antes de
Navidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una
recomendación al gobierno del estado de Chihuahua por la situación de
vulnerabilidad que vivió la familia Reyes Salazar en el Valle de Juárez.
Esa familia perdió siete integrantes y el resto tuvo que huir.
Casi un mes después de ese hecho, el presidente de la CNDH, Raúl
Plascencia Villanueva, visitó esta capital para asistir al informe de
actividades de su homólogo en el estado, José Luis Armendáriz González.
En aquella ocasión el tema no se tocó, simplemente se dio a conocer el
avance en materia de seguridad en Ciudad Juárez.
De acuerdo con la recomendación 83/2013 de la CNDH, la Fiscalía
General del Estado en la zona norte, que estaba a cargo del actual
fiscal general, Jorge Enrique González Nicolás, no investigó los
asesinatos de siete integrantes de la familia Reyes Salazar y dejó
inactivas durante meses e incluso años las carpetas de investigación.
Detalla que al menos una decena de agentes del Ministerio Público que
integraron y/o atendieron las capetas de investigación fueron omisos y
negligentes en las investigaciones respectivas, y el Estado mexicano
también fue incapaz de proteger a los familiares que sobrevivieron.
Estos sufrieron amenazas e incendios de sus viviendas, pero esos hechos
que tampoco fueron investigados.
La CNDH hace un resumen de cada caso, iniciando con el homicidio de
la activista Josefina Reyes, el 3 de enero de 2010, luego de exigir
justicia por la ejecución de su hijo Julio César, en noviembre de 2008,
año en que inició el Operativo Conjunto Chihuahua.
Cada integrante de la familia, apunta, es víctima de la Fiscalía,
porque sus crímenes quedaron impunes en el caso de Josefina, Rubén,
María Magdalena y Elías Reyes Salazar, así como de Luisa Ornelas de
Reyes e Isela Hernández Lara, “familiar por afinidad”, y el resto debió
desplazarse de su lugar de origen.
En 2012, la familia de Rubén Salazar, uno de los sobrevivientes,
obtuvo asilo político en Estados Unidos. Las autoridades de ese país les
dieron refugio como activistas y defensores de derechos humanos a
quienes el gobierno mexicano no pudo proteger del miedo fundado de
persecución.
Las carpetas de investigación, reitera la CNDH, tienen lagunas de
tiempo entre una diligencia y otra, y éstas sólo consisten en llamadas
telefónicas a familiares o conocidos de las víctimas, así como visitas a
vecinos de la familia, quienes no quisieron declarar.
Además, en un oficio la Fiscalía de Chihuahua intentó declararse
incompetente de esos casos y declinarlo a la Procuraduría General de la
República (PGR).
El organismo de derechos humanos advierte sobre la necesidad de que
la Fiscalía General del estado cumpla con el deber jurídico de prevenir
la comisión de conductas delictivas; investigar con los medios a su
alcance los ilícitos que se cometan en el ámbito de su competencia, a
fin de identificar a los responsables y lograr que se impongan las
sanciones pertinentes; proporcionar a las víctimas del delito un trato
digno, sensible y respetuoso, y fundamentalmente brindarles una debida
atención.
En el caso de Josefina Reyes, indica que previo a perder la vida,
ella había encabezado una serie de marchas y movimientos contra la
represión, violencia y violación a los derechos humanos por parte de las
fuerzas federales concentradas en Ciudad Juárez para combatir el crimen
organizado.
A través de una organización civil no gubernamental, también
participó en el foro contra la militarización y la represión, lo que
derivó en la privación de la libertad de uno de sus hijos y el asesinato
de otro, el 16 de noviembre de 2008, año que inició el Operativo
Conjunto Chihuahua.
Sobre Rubén Salazar, puntualiza que fue privado de la vida en el
municipio de Guadalupe, Distrito Bravos, Valle de Juárez, y era parte de
otra organización civil mencionada.
En lo que corresponde al asesinato de uno de los hijos de Josefina
Reyes, indica que cuando la CNDH consultó el caso, la autoridad estatal
no había determinado indagatoria alguna, por lo que a más de cinco años
los hechos continúan impunes.
En los otros homicidios también señala dilación y omisiones en la integración de las carpetas, además de alteraciones.
En la carpeta del caso de Rubén Reyes se evidencia que un agente del
Ministerio Público recibió los dictámenes periciales en criminalística
de campo y en química, y seis meses después de los hechos –el 18 de
febrero de 2011– otro agente solicitó a la Policía Estatal realizar la
investigación respectiva, lo que dos años y medio después, hasta el 1 de
febrero de 2013, reiteró un tercer agente, “sin que al momento de la
consulta realizada por personal de esta comisión nacional, el 13 de
junio de 2013, obre constancia de que la Policía Estatal hubiere rendido
su informe de la investigación respectiva”.
Y hasta el 31 de enero de 2013, uno de los agentes solicitó las actas
de nacimiento, matrimonio y defunción a los descendientes de Rubén.
“Llama la atención que a pesar de que el 31 de agosto de 2010 se
planteó al director de la Zona Norte de Servicios Periciales y Ciencias
Forenses de la Fiscalía General solicitud de dictamen pericial en
materia de balística forense, no fue sino hasta dos años y seis meses
después, esto es, el 1 de febrero de 2013, que AR12 envió un
recordatorio para tal efecto, aunado a que no obra constancia de que se
hubiere recibido en la unidad requerida”.
Añade:
“A más de tres años de ocurridos los hechos en que fuera privado de
la vida V2 (Rubén Reyes), no obran actuaciones tendentes a su
investigación, que permitan la identificación de los probables
responsables”.
Los otros casos de homicidio presentan irregularidades similares,
debido a que las carpetas de investigación han permanecido inactivas dos
años. En ningún caso tienen esclarecido siquiera el móvil, ni han
identificado a los probables responsables, pese al tiempo transcurrido, y
tampoco se observa voluntad para hacerlo.
La CNDH advierte que a pesar de que la Fiscalía General del estado
tuvo conocimiento de los homicidios desde 2008 y de que hubo amenazas de
muerte hacia otras víctimas que posteriormente también fueron
asesinadas, fue omisa en establecer mecanismos de prevención en su favor
para evitar que sufrieran nuevas amenazas o agresiones a su vida, o
bien disponer de las medidas necesarias para salvaguardar la integridad
psicofísica de los demás familiares de los agraviados.
La omisión de los 10 agentes que tuvieron en sus manos los casos,
sostiene, consiste en practicar las diligencias mínimas necesarias para
la investigación de la verdad histórica de cada uno. No sólo eso,
tampoco buscaron informes policiales ni dictámenes periciales, por lo
que encontraron una deficiente actuación ministerial.
Los sobrevivientes han sido lesionados de diferentes maneras porque
sus domicilios y negocios fueron incendiados, pero la fiscalía informó a
la CNDH que no había denuncias, a pesar de que fueron hechos públicos
dados a conocer en medios de comunicación.
“De esta manera, las víctimas y los ofendidos no sólo se enfrentaban a
las consecuencias derivadas del delito, sino que, además, padecían de
una sensación de inseguridad, indefensión y desconfianza en el sistema
de procuración de justicia, acciones y omisiones que forzaron a los
familiares a salir del estado de Chihuahua, en búsqueda de salvaguardar
su integridad física”.
Enseguida los puntos que destacan en la recomendación de la CNDH:
- Brindar asistencia médica, psicológica, social y material necesaria a los familiares de las víctimas.
- Brindar medidas de protección urgentes (después de dos años y más)
para los integrantes de la familia agraviada que residen en otra entidad
federativa.
- Que la Fiscalía realice las acciones necesarias para la integración
y determinación de las carpetas correspondientes a cada homicidio.
- Que la Fiscalía colabore con la queja de la CNDH para determinar
la responsabilidad de los servidores públicos que fueron omisos y
negligentes en los casos.
- Que se colabore en la presentación y seguimiento de la denuncia de
hechos presentada por la CNDH contra los servidores públicos.
- Que se den medidas pertinentes para que a los familiares
desplazados se les respeten sus derechos humanos, o bien les brinden lo
necesario en caso de que deseen regresar a su lugar de origen.
- Que se garantice la no repetición de ese tipo de actos.
- Que se implemente un Programa Integral de Capacitación y Formación
en Materia de Derechos Humanos, dirigido a todo el personal del gobierno
del estado de Chihuahua.
/ 5 de febrero de 2014)
No hay comentarios:
Publicar un comentario