La venganza de Malova: debido al recorte presupuestal, despide decenas de auditores
Producto del recorte presupuestal que sufrió en diciembre pasado, la
Auditoría Superior del Estado (ASE), empezó a recortar personal. A
partir de enero, la dependencia de fiscalización del Congreso del estado
ha despedido al menos a 18 empleados, la mayoría hombres y mujeres que
se desempeñaban como auditores.
La razón, le explican al anunciarles su despido, es que no hay presupuesto que mantenerlos en los cargos.
Al aprobar la ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para 2014, el
Congreso del Estado redujo los recursos de la ASE en un 40 por ciento
respecto al año anterior, pues de los 129.8 millones que se le asignaron
en 2013, esta vez presupuestó 77.3 millones de pesos.
El argumento del Gobierno del Estado, al proponer la reducción, es
que en 2013 se le asignó una partida “extra” debido a que se contempló
la construcción del edificio que albergará a esta dependencia y que se
levanta ahora contiguo al Congreso.
En 2008, la Contaduría Mayor de Hacienda, el antecedente inmediato de
la ASE, tuvo un presupuesto de 14.9 millones de pesos y tenía 70 plazas
activas, muchas de ellas en manos de familiares del entonces titular de
la dependencia, Miguel Campos Sepúlveda.
El presupuesto asignado a partir de que se crea la ASE en 2009, fue
evolucionando hasta llegar a los 130 millones de 2013, lo cual le
permitió un trabajo de fiscalización que ha resultado en observaciones y
señalamientos que no tenían precedente en Sinaloa y que significaban la
revelación de verdaderas cloacas en la administración del Gobierno del
“cambio”.
Solo el año pasado, la Auditoría Superior del Estado determinó
interponer 14 denuncias contra servidores que resulten responsables por
el manejo inadecuado de los recursos económicos del Ejecutivo estatal.
Pero hasta el momento ni el Gobierno estatal ni la procuraduría en
particular han informado qué pasó con esas denuncias, si se presentaron o
no que, sumadas a diez que se habían perfilado en 2012, sumaban ya 24.
La mugre a flote
Motivo de las pesquisas de la ASE, el 20 de marzo de 2013 fue cesado
el director de Servicios Generales de la Secretaría de Administración y
Finanzas, Sergio Guevara Colunga, a quien se le documentó que presentaba
cotizaciones apócrifas en diferentes compras realizadas en el ejercicio
presupuestal correspondiente a 2012.
Las irregularidades detectadas por la ASE también se extienden al
director de Bienes y Suministros, Juan Carlos Suárez Guzmán, por cometer
el mismo daño a la hacienda pública, (Ríodoce, edición 529). Dichas
anomalías fueron señaladas inicialmente en las compras y pagos
realizados, por ambas áreas, con recursos ejercidos en 2011.
Según el Informe de Resultados de la Revisión de Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública del Primer Semestre de 2012, la ASE
determinó 187 presuntas responsabilidades administrativas. Las
dependencias con mayores anomalías detectadas fueron entonces la
Secretaría de Administración y Finanzas, la de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas y la de Desarrollo Social y Humano.
No fue todo, al analizar el gasto ordinario estatal del segundo
semestre de 2012, la ASE detectó un posible daño económico por el orden
de los 198 millones 430 mil 327 pesos, lo cual originó que se emitieran
104 observaciones y se promovieran 41 acciones para fincar
responsabilidades administrativas a funcionarios del gobierno malovista.
En los primeros tres semestres de la administración actual, la ASE
había señalado al menos 400 irregularidades, siendo en el segundo
semestre de 2012 cuando las auditorías hicieron crisis ante el mugrero
que encontraron.
Como lo publicó Ríodoce, solamente a la Secretaría de Administración y
Finanzas, a cargo de Armando Villarreal, se le promovieron 64
observaciones, 20 recomendaciones y 26 acciones de responsabilidad
administrativa sancionatoria que lleven a recuperar 186 millones 544 mil
856 pesos que es el probable daño o perjuicio provocado a la hacienda
pública estatal y/o a los recursos federalizados.
Las observaciones fueron contundentes: de la revisión a los estados
de las cuentas bancarias en las cuales ingresaron las disposiciones del
crédito durante el segundo semestre de 2012, se detectaron retiros, sin
justificar el destino de los mismos, por un importe de mil 112 millones
690 mil 216 pesos debido a que se transfirieron a otras cuentas
bancarias.
Se le solicitó a la Secretaría de Administración y Finanzas un
informe detallado sobre el impacto que tendría en el ejercicio 2013 en
las finanzas públicas y en los diversos programas del Gobierno del
Estado, el hecho de haber utilizado mil 158 millones, 274 mil 164 pesos
del crédito autorizado para fines distintos a la inversión en obra
pública productiva.
Se referían al crédito de 2 mil 600 millones de pesos contraído por
el gobierno de López Valdez, autorizado por el Congreso del Estado
mediante decreto del 29 de julio de 2011.
Y así sucesivamente, irregularidad tras irregularidad. Desde la
integración incorrecta de los expedientes de obras, el pago de trabajos
no realizados, hasta pagos en exceso, es decir, bienes y servicios que
se pagaron dos veces “por error”.
Entre los últimos descubrimientos de la ASE se encuentra el daño a la
Hacienda pública que significa un contrato directo por 331.5 millones
de pesos que se firmó con una empresa china para la compra de placas y
calcomanías con el código de seguridad “QR”.
De acuerdo al análisis de la cuenta pública del primer semestre de
2013, ya en poder de los diputados locales, el Ejecutivo estatal no pudo
demostrar que la empresa Cangnan Riwong era el único proveedor al cual
se podía acudir para la adquisición de ese material.
La venganza de Malova
Piedra en el zapato de la administración del “cambio”, la ASE habría
de sufrir las represalias del Gobierno estatal, con la connivencia de
los diputados locales, —unos por complicidad y otros por alguna otra
cosa: al presentar el proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de
Egresos para el 2014, el Ejecutivo le redujo en un 40 por ciento el
presupuesto a la ASE.
En 2013, Sinaloa se encontraba en el lugar 28 en el ranking de los
presupuestos asignados a las auditorías superiores de los estados. Con
la reducción podría estar en el último lugar.
Desde su constitución en 2009, la ASE tuvo que enfrentar prácticas
torcidas en lo que era la Contraloría Mayor, compuesta en gran parte por
familiares de su titular, esposa, hermanos, cuñados, compadres… que se
cuidaban las espaldas unos con otros y que tenían “amarres” con
legisladores y funcionarios.
“Poco a poco —dice a Ríodoce una fuente interna—, hemos ido limpiando la casa, pero no es fácil”.
Al hacer una revisión de la nómina a partir de la reducción
presupuestal, la ASE decidió la salida de siete auditores de cuenta
pública debido a la “pérdida de confianza y bajo rendimiento en sus
actividades”. En total, se ha ajustado la plantilla en 18 plazas menos.
Pero igual cantidad, o más, han salido de empleados que estaban
laborando bajo el esquema de honorarios.
Al ser cuestionado sobre la reducción del presupuesto, el presidente
de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Jesús Enrique
Hernández Chávez, dijo desenfadado que tenía entendido que “había mucho
personal demasiado calificado”, dando a entender que habría recortes en
puestos de alto nivel.
También sobre el mismo tema, el presidente de la Comisión de
Fiscalización de la cámara local, Gómer Monárrez Lara, expresó: “Hay
muchos generales”. Pero confesó que había pasado tarjeta al titular,
Marco Antonio Fox, para que no despidiera a dos amigos de él.
Planes al cajón
La ASE había estado creciendo de acuerdo a necesidades que le iban
saliendo en el camino. En 2008 la Contaduría Mayor de Hacienda contaba
con 70 plazas. A partir de que se crea la ASE sube a 90 plazas, hasta
completar poco más de 200 en 2013 —150 de base y 60 bajo el esquema de
honorarios.
Tenían programado abrir un laboratorio, porque encontraron muchas anomalías en la obra pública pero el proyecto será archivado.
“Los diputados no saben lo que hicieron”, dijo un funcionario de la ASE.
—¿Usted cree que no saben lo que hicieron?
HISTORIAL DEL PRESUPUESTO
2008 14.9 millones de pesos 70 plazas
2009 25.3 90
2010 31.4 96
2011 39.9 111
2012 69.6 128
2013 129.8 150 y 59 de Honorarios
2014 77.3 191
(RIODOCE/ Ismael Bojórquez/ enero 19, 2014
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