Hoy enfrenta
un proceso en una corte federal en Boston por haber mentido en sus formularios
migratorios y ocultado información sobre su trayectoria militar durante la
guerra civil salvadoreña (1980-1992).
Agencia AP
BOSTON.- Después de
escuchar el timbre y atisbar entre las persianas cerradas, el hombre abrió la
puerta. Con el picaporte en la mano, se detuvo en el umbral. La calle estaba
desierta.
Hasta hace poco, el
coronel retirado salvadoreño Inocente Orlando Montano llevaba una vida anodina.
Llegó a Estados Unidos con una visa de turista, trabajó en una fábrica de
dulces y vivió en un barrio modesto cerca de Boston, sin que nadie lo molestara
por más de una década.
Pero su pasado lo
alcanzó y hoy enfrenta un proceso en una corte federal en Boston por haber
mentido en sus formularios migratorios y ocultado información sobre su
trayectoria militar durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
Montano será
sentenciado en las próximas semanas por esos delitos, pero un crimen de guerra,
por el que ha sido acusado en un tribunal de España, juega un papel central en
el juicio de Boston.
La sentencia,
programada inicialmente para marzo, ha sufrido varios retrasos porque el fiscal
y la defensa libran una dura batalla alrededor del pasado de Montano. El fiscal
arguye que el juez debe tomarlo en cuenta para la sentencia, y la defensa
demanda lo contrario.
Los últimos
movimientos de la defensa incluyen la presentación de cartas de autoridades
salvadoreñas sobre que el militar no tiene antecedentes penales ni judiciales y
una misiva del general retirado Mauricio Ernesto Vargas en la que sostiene que
su colega demostró a lo largo de su carrera un trabajo humanitario y vocación
altruista, según documentos del proceso.
"El general
Vargas es un militar, no es un experto en la realidad salvadoreña", dijo
Carolyn Patty Blum, asesora legal del Center for Justice and Accountability, la
organización de derechos humanos que planteó la demanda en España.
Montano y Vargas se
graduaron juntos de la academia militar salvadoreña y precisamente los
integrantes de esa promoción de 1966, conocida como La Tandona, ocupaban los
principales puestos castrenses durante la guerra y fueron mencionados como
responsables de graves violaciones a los derechos humanos por una comisión
investigadora de Naciones Unidas.
Para Blum, si bien
Montano está siendo juzgado por delitos de inmigración y perjurio, "el
abuso de derechos humanos es relevante en el juicio... Esta es una batalla por
la memoria y para buscar a los responsables de lo que pasó."
Lo que pasó se
remonta, a más de dos décadas y 3.600 kilómetros de distancia, a una madrugada
de noviembre de 1989 en el marco de la guerra civil salvadoreña (1980-1992) que
dejó 75.000 muertos y 12.000 desaparecidos.
Esa madrugada,
tropas militares sacaron por la fuerza a seis sacerdotes jesuitas de sus
dormitorios, los obligaron a tirarse boca abajo en el jardín frente a sus
viviendas en el campus de la Universidad Centroamericana y los ultimaron con
balazos en la cabeza.
Montano era
viceministro de seguridad pública en El Salvador cuando ocurrió el crimen. Ha
dicho que no estuvo presente cuando se dio la orden de matar a los jesuitas y
que su misión esa noche fue preparar la defensa de la ciudad, pero el informe
de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993 lo señaló como uno
de los que participó en el planeamiento y diseño del asesinato.
El militar, ahora
con 70 años, fue arrestado en agosto de 2012 en Boston, donde vivía desde 2001.
Espera su sentencia bajo arresto domiciliario en casa de su hermana en Saugus,
un suburbio tranquilo al norte de Boston.
Con la puerta entreabierta
se entabla un diálogo:
"No puedo darle
una entrevista. Mi abogado me ha dicho que no dé entrevistas a nadie",
dijo Montano a The Associated Press.
-Hablemos del pasado
ya que no puede hablar del presente. ¿Por qué vino a los Estados Unidos?
-"Como todos
los hispanos que vienen aquí, vine buscando una mejor vida".
-Dicen que vino
huyendo de su pasado.
-"No".
Montano fue acusado
en 2011 por una corte española de ser uno de los 20 militares presuntos
responsables del asesinato de los jesuitas y esta acusación interrumpió la vida
apacible que había llevado en Boston. En junio fue ubicado por un diario
salvadoreño y agentes del Departamento de Seguridad Nacional, que persiguen a
violadores de derechos humanos que se refugian en los Estados Unidos, empezaron
a investigarlo. Dos meses después lo arrestaron.
Según los agentes,
Montano mintió al llenar formularios para obtener y renovar el Estatus de
Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), que permite a los
salvadoreños obtener permiso de trabajo y residencia legal en Estados Unidos.
Montano además
falseó su fecha de ingreso al decir que entró el 30 de setiembre de 2000 cuando
en realidad lo hizo el 2 de julio de 2001. Para obtener el TPS debía entrar a
los Estados Unidos antes del 13 de febrero de 2001.
Los agentes también
descubrieron que Montano ocultó su pasado militar. A las preguntas de si sirvió
en unidades militares/paramilitares o policiales; si recibió entrenamiento
militar y si intervino o apoyó alguna acción con uso de armas contra cualquier
persona, Montano respondió "No" en vez de "Yes". Cuando los
agentes le pidieron explicaciones, no supo qué decir, según documentos
judiciales a los que la AP tuvo acceso.
En setiembre Montano
reconoció en acuerdo negociado con el fiscal que mintió al llenar esos
documentos. El fiscal John Capin, que ha pedido 51 meses de prisión, afirmó en
su memorando de sentencia que "Montano no vino aquí para escapar de la
pobreza u opresión o buscando mejores oportunidades" y que probablemente
vino escapando de la justicia.
Señaló que el récord
de Montano es el de un "violador de derechos humanos", afirmación
basada en un reporte de 48 páginas escrito por Terry Karl, profesora de
estudios latinoamericanos de la Universidad de Stanford y reconocida autoridad
sobre Centroamérica y el Caribe.
El informe de Karl
sostiene que Montano formaba parte del círculo de poder militar salvadoreño y
conspiró con otros altos oficiales en el asesinato de los sacerdotes y luego
participó en una campaña de mentiras, intimidación y obstrucción para encubrir
el crimen.
La salida de Montano
de El Salvador en 2001, dijo Karl en su reporte, se produjo en un momento clave
en el que era muy probable que altos oficiales, Montano entre ellos, fueran
juzgados por la masacre de los jesuitas ante la reapertura del caso en un
tribunal salvadoreño.
"En el ultimo
año de Montano en El Salvador, la amenaza de ser juzgado por la masacre de los
jesuitas pendía sobre su cabeza", dijo Karl.
Durante los 30 años
de la carrera militar de Montano se cometieron 1.169 violaciones a los derechos
humanos por tropas y unidades bajo su mando, según Karl. La cifra incluye 65
asesinatos extrajudiciales, 51 desapariciones, 520 casos de tortura y 533
detenciones arbitrarias.
El abogado de
Montano, que rehusó declarar mientras esté abierto el proceso, ha criticado el
reporte de Karl. "Ofrece un retrato muy sombrío de Montano, como si
hubiera sido un criminal de guerra de proporciones épicas", dijo Oscar
Cruz Jr. en el documento de respuesta al fiscal.
A la pregunta de si
tuvo alguna participación en el crimen de los jesuitas, Montano dijo a la AP
escuetamente: "No tengo nada que ver con eso."
Familiares de las
víctimas de la guerra salvadoreña han tenido que acudir a tribunales
extranjeros en busca de justicia porque el gobierno de derecha del presidente
Alfredo Cristiani (1989-1994) promulgó una amnistía horas antes de que fuese
divulgado el informe de la Comisión de la Verdad.
Para los que
presentaron la demanda en España, el juicio a Montano en Boston refuerza los
argumentos a favor de su extradición al país europeo.
Los familiares de
las víctimas esperan la sentencia con "cierto escepticismo". Carlos
Martín Baró perdió a su hermano Ignacio, vice-rector de la Universidad
Centroamericana. En conversación telefónica desde España, expresó desazón por
la lentitud de la justicia.
"Los mataron el
89 y estamos en el 2013", dijo.
Ignacio Martin Baró
tendría 70 años, la edad de Montano.
Cualquiera sea la
sentencia, el militar tendrá que cumplirla en Estados Unidos, y después podría
ser extraditado a España o deportado a El Salvador. Aunque la corte española
acusó a Montano, el pedido de extradición aún no ha sido formalizado.
"Yo estoy
pidiendo irme a El Salvador", dijo el militar a la AP.
La mayoría de los
militares demandados en España vive en El Salvador. Cuando la justicia española
pidió a las autoridades salvadoreñas que los detuvieran, los oficiales fueron
confinados en un cuartel militar para evitar cualquier intento de captura por
policías internacionales. Días después la Corte Suprema de El Salvador denegó
el pedido de extradición con base en la ley de amnistía de 1993.
Si los militares
salvadoreños que viven y enfrentan juicios no penales en el extranjero fueran
deportados, no les pasaría nada, dicen expertos, porque las estructuras que
siempre los cobijaron en su país siguen vigentes.
La ley de amnistía
ha permitido que hayan quedado en la impunidad el asesinato de los jesuitas, el
magnicidio del arzobispo Oscar Arnulfo Romero en 1980 y la muerte de decenas de
miles de campesinos, masacrados por tropas gubernamentales entrenadas en
contrainsurgencia por Estados Unidos.
En España, el
hermano de Martín Baró no pierde la esperanza. "No tenemos deseos de
venganza y nadie nos va a quitar el dolor que tenemos dentro", dijo,
"pero sería positivo que se sepa la verdad, sobre todo para el pueblo de
El Salvador".
(EL MEXICANO/ Agencia AP/ viernes, 17 de mayo de 2013
02:45 p. m.)
No hay comentarios:
Publicar un comentario