MÉXICO,
D.F., (apro).- En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) el gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto hizo un puntual diagnóstico del trabajo
realizado por su predecesor, el panista Felipe Calderón, en materia de
seguridad, del que este último no sale bien librado.
Según Peña,
en la administración calderonista se incrementaron los niveles de
violencia, el crimen organizado diversificó sus actividades a lo largo y
ancho del país y, por si fuera poco, el sistema de justicia Penal
mostró su ineficacia para impartir justicia.
En el diagnóstico que forma parte del apartado México en Paz –el
eje número uno del PND 2013-2018–, se apunta, asimismo, que si bien
siempre existieron indicios de presencia delictiva en zonas específicas
del país enfocadas principalmente al comercio ilegal y el robo, así como
la producción, transporte y tráfico de narcóticos, en los últimos
lustros se registró un “inusitado” crecimiento en el número de delitos
de alto impacto.
Las organizaciones criminales encargadas del
trasiego de drogas, subraya, se fortalecieron y aumentaron los volúmenes
de sus ganancias y con ello su capacidad para corromper autoridades y
asegurar el tránsito por ciertas zonas del país.
“Esta nueva
dinámica criminal encontró corporaciones policiales poco estructuradas,
capacitadas y profesionalizadas, lo que propició el fortalecimiento y la
penetración de las organizaciones criminales en algunas regiones del
país”, dice el PND.
Sin mencionar el nombre de Felipe Calderón, el documento señala que en años recientes la estrategia contra la delincuencia organizada tuvo como pilares el
combate frontal, la aprehensión y eventual extradición de líderes de
las principales organizaciones delictivas lo que generó –subraya– vacíos
de poder en la delincuencia organizada que detonaron luchas violentas por el control territorial en importantes ciudades del país.
El
crecimiento exponencial del crimen organizado, señala, contribuyó a que
éste expandiera sus áreas de operación hacia actividades como la trata
de personas, la extorsión de negocios lícitos y el secuestro.
Con base en información aportada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el documento refiere que entre 2007 y 2012 el total anual de denuncias por homicidio doloso aumentó de 10 mil 253 a 20 mil 548.
Las
denuncias por secuestro –añade– prácticamente se triplicaron al pasar
de 438 en 2007 a mil 268 en 2012 y las denuncias por extorsión se
duplicaron o al pasar de tres mil 123 a seis mil 045 en el mismo
periodo.
Es más, según la Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2012, en 2011 el 58% de la
población de 18 años y más consideró a la inseguridad como su principal
preocupación. Esa misma encuesta reveló que en un año, entre 2010 y 2011
el número de víctimas del delito aumentó de 17.8 a 18.7 millones.
Por aún, según la misma medición, el 61.9% de la población tiene poca o nula confianza en sus policías.
Otra
de las consecuencias de la inseguridad y la violencia, señala el PND,
ha sido el aumento de las violaciones a los derechos humanos, “que se
cometen, en muchas ocasiones, por las autoridades encargadas de las
acciones de seguridad”.
El documento añade que la violencia y la
inseguridad también deterioran las condiciones para el crecimiento y
desarrollo económico ya que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de
Victimización de Empresas (ENVE), en 2011 el 37% de las empresas sufrió
al menos la comisión de un delito.
Ante ese panorama, el gobierno
federal señala en el PND que se requiere de una nueva estrategia
integral que recupere la confianza de la ciudadanía en las corporaciones
policiales.
“La generación de más y mejor inteligencia para la seguridad pública es indispensable”, señala el documento.
Los
diversos sistemas y bases de datos, que conforman el Sistema Nacional
de Información de Seguridad Pública, señala, deben fortalecer su
interconexión y metodología para el uso y explotación de la información
necesaria para hacer frente al problema de la inseguridad. Para ello,
añade, el uso de las tecnologías de la información es una herramienta
indispensable.
“En materia de seguridad pública, el gobierno de la
República tiene claro que los mexicanos quieren un país seguro y
pacífico; asimismo, exigen que se reduzca la violencia y se recupere la
convivencia armónica. La prioridad es clara: salvaguardar la vida, la
libertad y los bienes de los mexicanos”, subraya el documento.
Sistema de Justicia Penal deficiente
El PND también hace una evaluación del papel desempeñado en los últimos años por el Sistema de Justicia Penal.
Hasta 2008, dice el documento, mostró deficiencias en su capacidad para cumplir su principal finalidad: procurar e impartir justicia de manera pronta, expedita e imparcial.
Dicho sistema se caracterizó, dice el PND, por prácticas de corrupción, faltas al debido proceso, opacidad, saturación, dilación, una defensoría pública rebasada y una deficiente vinculación entre policías y Ministerio Público.
Ello
se tradujo en violaciones a los derechos humanos, en la ineficacia de
la función persecutoria de los delitos y en la falta de respeto al
principio de presunción de inocencia, lo que vulneró el Estado de
Derecho y provocó que actos ilícitos quedaran impunes.
Esas
fallas, señala el PND, afectaron también la percepción de la ciudadanía
sobre el Sistema de Justicia ya que, según la Encuesta Ciudadana
realizada en el sitio web del programa pnd.gob.mx, el 56% de los
consultados coincide en que el principal problema del Sistema de
Justicia es que permite la impunidad.
Además la encuesta refleja
que el 49% considera que las leyes no se cumplen; que los principales
problemas del Sistema de Justicia son la corrupción, la tardanza y la
impunidad; y que el promedio nacional del nivel de confianza en la
procuración de justicia está por debajo del 15%.
Según el
documento para hacer frente a esa problemática en junio de 2008 se
publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional
en materia de Seguridad y Justicia.
Dicha reforma señala el PND
“transformará el desempeño de las policías, ministerios públicos,
juzgadores, defensoría pública, abogados y de todos los involucrados en
procurar e impartir justicia, así como en ejecutar las sanciones penales
en beneficio de la sociedad”.
Sin embargo reconoce que la fecha
existe un rezago en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia
Penal, debido a que, “en su momento, se subordinó la asignación de
recursos para la reforma de otros objetivos públicos”.
Además,
refiere, no hay suficiente armonización legislativa, falta capacitación
entre los operadores y prevalece la inercia en las instituciones.
El
documento refiere que para el actual gobierno es “prioritario” impulsar
la reforma al Nuevo Sistema de Justicia, que se caracteriza por “la
oralidad, transparencia, mediación, conciliación, reparación del daño y
por garantizar los derechos humanos tanto de la víctima como del
imputado”.
Para la implementación del Nuevo Sistema, refiere el
texto, es necesario impulsar la expedición de un Código de
Procedimientos Penales Único y una Ley General Penal, ya que la
multiplicidad de normas dificulta la procuración y la impartición de
justicia.
El PND señala que un aspecto central en materia de
seguridad y procuración de justicia para el gobierno de Peña Nieto es
“lograr la plena y efectiva colaboración entre Federación, entidades y
municipios”.
Asimismo, dice, debe fortalecerse la colaboración
entre las instituciones de seguridad pública y de procuración de
justicia, y finalmente entre el Ministerio Público, policías de
investigación y peritos.
En materia de derechos humanos, el
documento refiere que a pesar de los esfuerzos realizados en la materia,
no se ha logrado revertir el número de violaciones.
Por ello,
señala el documento, uno de los objetivos prioritarios del gobierno es
lograr una política de Estado en la materia, “que garantice que todas
las autoridades asuman el respeto y garantía de los derechos humanos
como una práctica cotidiana”.
Un avance en ese rubro, dice el PND,
es la reforma Constitucional en Derechos Humanos y la referente al
Juicio de Amparo, que incorporaron al marco jurídico nuevos principios
de respeto y exigibilidad para dichos derechos.
Nuevo enfoque
De
acuerdo con el PND, las acciones para mejorar las condiciones de
seguridad pública estarán enfocadas a combatir los delitos que más
afectan a la población.
Se trabajará en dos planos
complementarios: el de la prevención social de la violencia y el de la
contención del delito mediante intervenciones policiales oportunas y
efectivas.
“Para alcanzar los objetivos planteados, se propone
concretar un nuevo enfoque de gobierno que sea cercano y moderno, que
haga uso de las nuevas tecnologías de la información, que implemente
medidas para abatir la corrupción y consolide un Nuevo Sistema de
Justicia Penal más ágil y transparente. Para fortalecer el pacto social,
el gobierno se plantea recuperar la confianza de la ciudadanía,
mediante una mayor transparencia y eficacia en la solución de
conflictos, así como en la procuración e impartición de justicia”,
subraya el PND.
/21 de mayo de 2013)
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