viernes, 31 de enero de 2020

CAE BANDA DE SECUESTRADORES EN LOS CABOS



Imagen de la cámara de seguridad del hotel Paradisus, fue prueba importante ´para contabilizar el número de personas participantes en el secuestro exprés

La fiscalía confirmó la detención de cuatro delincuentes dedicados al secuestro exprés; tres siguen prófugos. “Hasta el momento se ha podido confirmar que las personas hoy detenidas participaron en tres hechos distintos; en dos eventos participan tres de los detenidos y un cuarto integrante, identificado en el ataque al hotel Paradisus”, confirmó a ZETA una fuente de la AEIC


José Ricardo Gómez Raviela, de 40 años y originario de Oaxaca, figura como presunto líder de la banda criminal, instruyó en los dos atracos y el secuestro exprés

A inicios de octubre de 2019, registros de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC), dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), daban cuenta de una banda dedicada a asaltos en instituciones bancarias de Los Cabos.

Agentes de Inteligencia confirmaron que podría tratarse de criminales violentos por la forma en que operaban sus atracos, amenazando a sus víctimas con armas de fuego, privándolas de su libertad mientras las despojaban de sus pertenencias.

Fue entonces que la PGJE confirmó la detención de cuatro individuos por estar involucrados en los delitos de secuestro exprés, robo con violencia por personas armadas y robo empleando violencia por personas armadas en grado de tentativa inacabada.

Siete fueron vinculados a proceso, cuatro de ellos ya capturados.

“Los sujetos llegaron con armas de fuego de distintos calibres, amenazaron a las víctimas y las despojaron de sus pertenencias. Se obtuvieron datos que prueban la probable responsabilidad de las cuatro personas en los hechos que ocurrieron el viernes 15 de noviembre del año pasado, en un hotel ubicado en la colonia Cabo Real, sobre la Carretera Transpeninsular en San José del Cabo. El Agente del Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión al Juez de Control, misma que fue concedida y cumplimentada por elementos de la AEIC el 4 de enero del presente año”, informó la PGJE.

Los detenidos son:

* José Ricardo Gómez Raviela, de 40 años de edad, originario de Oaxaca y presunto líder de la banda criminal.

* Félix Manuel Magallón Hernández, también de Oaxaca, identificado como el segundo en la estructura de la organización delincuencial.

*Abimael Barrada Pérez, de 22 años, oriundo del Estado de Guerrero.

* Osvelin Unzón Méndez, de 31 años, originario de Chiapas.


Félix Manuel Magallón Hernández, también del estado de Oaxaca, identificado como el segundo a bordo en la estructura de la banda delincuencial, identificado en los tres hechos

Los cuatro fueron ingresados al Centro Reinserción Social (Cereso) de San José del Cabo, donde quedaron a disposición de un Juez de Control.

“Hasta el momento se ha podido confirmar que las personas hoy detenidas participaron en tres hechos distintos, en dos eventos participan tres de los detenidos y un cuarto integrante, identificado en el ataque al hotel Paradisus. Tres de ellos fueron los que más se identifican en los hechos y ahí surge un cuarto, que es observado en las cámaras de vigilancia”, especificó el agente de Investigación Criminal.

La autoridad identificó a por lo menos tres individuos más, cuyos rostros han sido plenamente identificados. La PGJE ha montado un operativo de búsqueda de los imputados, los cuales tuvieron participación importante en los hechos, y quizá haya más eventos que no han podido adjudicarse, pero se encuentran bajo investigación, sobre todo incidentes en el que se puede identificar el modus operandi.

Ellos son:

* “El Tedy”.

* Esteban “N”.

* Pedro “N”.

Pese a la confirmación por secuestro exprés del incidente ocurrido en el hotel Paradisus de San José del Cabo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública solo cuenta con un secuestro exprés y ocurrió en marzo de 2019.

Baja California Sur cerró el año anterior con 162 robos con violencia a negocios e instituciones bancarias.

Abimael Barrada Pérez, de 22 años, originario de Guerrero, apoyó en la logística de los tres eventos

LOS TRES GOLPES

El 4 de octubre de 2019, uno de los primeros eventos en que fue identificada esta banda violenta dedicada al robo y secuestro exprés, ocurrió a las dos de la tarde en la sucursal Banorte ubicada en el estacionamiento del supermercado Chedraui en Cabo San Lucas, en Miguel Hidalgo y San Antonio, Colonia Arcos del Sol.

“Los asaltantes llegan a la institución bancaria y amenazan a los usuarios, tres de ellos al parecer se van a las cajas y despojan a los cajeros del mayor efectivo posible, mientras que uno se dirige a los cuentahabientes y despoja de celulares, carteras y toda pertenencia visible; todo ocurrió en un par de minutos, como de película”, expuso la fuente de la AEIC.

Del banco extrajeron aproximadamente 90 mil 700 pesos, en tanto que a uno de los clientes lo despojaron de unos cuantos dólares, un teléfono celular, una laptop y 5 mil pesos.

“Los afectados se dirigieron con palabras altisonantes, amenazando de muerte a quien se moviera o dijera algo, así como a quienes no atendieran sus instrucciones. Podríamos decir que los retuvieron contra su voluntad en lo que los despojaron de sus pertenencias, pero es más robo con violencia”, apuntó el agente.

Otro de los incidentes en los que cuatro personas detenidas fueron plenamente identificadas, tuvo lugar el 14 de noviembre, cuando aproximadamente a las cinco horas de la mañana, irrumpieron de manera violenta en las instalaciones del hotel Paradisus en el Corredor Turístico de San José del Cabo, aproximadamente en el Kilómetro 19.5.
 
Osvelin Unzon Méndez, de 31 años, originario de Chiapas, identificado en el atraco y secuestro exprés del Hotel Paradisus

“Estas personas someten al guardia de la caseta de vigilancia, lo obligan a llamar a sus compañeros y conforme van llegando, los van sometiendo y amarrando en una de las habitaciones, los despojaron de sus pertenencias, golpearon y huyeron del sitio durante la madrugada; hasta la mañana siguiente los encuentra el cambio de turno”, añadió el consultado por ZETA.

Los cuatro individuos, posiblemente con ayuda de más personas, sometieron a la fuerza a por lo menos una decena de guardias de seguridad. Vestían con ropas oscuras y portaban armas de distintos calibres con las que doblegaron a los guardias, pero hubo descuido e interacción con los afectados, lo que permitió su identificación.

“En las cámaras de vigilancia se pueden observar a los atracadores, encapuchados y con chamarras que les cubren el rostro, afortunadamente los guardias de seguridad los pudieron identificar, fueron descuidados al mostrarles sus rostros, además de que sus voces fueron fácilmente identificables para los testigos”, se informó desde la AEIC.

Finalmente, tres de los hoy detenidos también fueron vistos en el atraco registrado el 2 de diciembre a las 4:40 pm, donde sometieron a personas que se encontraban en el interior de la maderería El Roble de la colonia Vista Hermosa, en San José del Cabo.

De nueva cuenta emplearon la violencia como medio de persuasión y pudieron despojar a las víctimas de dinero en efectivo y teléfonos celulares.

De esta manera, los integrantes de la banda de Los Cabos fueron vinculados a los hechos en Banorte, Hotel Paradisus y El Roble en la misma localidad, y hasta el cierre de esta edición, había indicios de su probable participación en otros atracos.

MESA DE SEGURIDAD CONTRA EL DELITO

La Mesa de Seguridad Pública de Baja California Sur dio a conocer los resultados de 2019 en cuanto a la aplicación de la justicia, destacando la actuación en los diversos puntos de revisión secundaria en tramos carreteros, terminales marítimas y aeropuertos; derivando 40 mandamientos judiciales vigentes y 132 personas transferidas a centros penitenciarios.

Asimismo, se confirmó el aseguramiento de armas y cartuchos útiles que habrían sido utilizados para la comisión de ilícitos: 20 armas largas y 38 cortas, para un total de 58; mil 083 cartuchos útiles y 81 cargadores.

Uno de los temas que sigue preocupando en la entidad es la presencia de delitos como el secuestro, que aumentó 400% en el año anterior.

“Estos hechos que se dieron, lo más importante es que fueron detenidos aquí las personas que llevaron a cabo estos ilícitos, la gran señal que envía la Mesa de Seguridad es que, quien cometa un ilícito de esa naturaleza, será castigado conforme a Derecho. Es un tema que no podemos determinar, porque es  de delincuencia organizada y puede estar operando en cualquier parte del país; no olvidemos las condiciones de violencia que tienen algunas regiones de nuestra nación”, señaló Álvaro de la Peña, secretario general de Gobierno y vocero de la Mesa de Seguridad Pública en BCS.

Aunque el delito de robo en sus diversas modalidades ha ido a la baja, según la Mesa de Seguridad Pública, la percepción de la ciudadanía es que sigue en incremento. Si bien, bajaron los homicidios, los robos prevalecen.

Ante ello, la Mesa reveló cifras de disminución de los robos, informando de una caída de hasta el 24% de ese delito en sus diversas modalidades:

* En 2016 se cometieron 11 mil 365 robos.

* 2017 tuvo 10 mil 797, esto es, una reducción del 10%.

* 2018, 10 mil 319 robos; otro 5%.

* 2019 tuvo un descenso de 8 mil 625 robos, alcanzando un 19% de baja.

Sobre los asaltantes violentos y demás vinculados por secuestro exprés, la Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó la desarticulación parcial de la banda.

“Fue el evento donde resultó el robo del banco, del robo del hotel, un motel del Corredor Turístico, el robo a una ferretería y de otros negocios, que ya están detenidos, inclusive vinculados a proceso, esa es la realidad del indicador delictivo”, confirmó Daniel de la Rosa Anaya, titular de la PGJE.

En 2019 hubo 113 detenidos por la comisión de delitos del fuero federal, como violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, contra la salud, extorsión, homicidios y ejecuciones.

En delitos del fuero común, la cifra de detenciones fue de 4 mil 362 de 2015 al 2019; 741 fueron puestos a disposición en este año.

“Aparte del Consejo Nacional de Seguridad Pública, hay un tema de percepción, que todos los que vivimos aquí podemos ver y sentir, sobre todo el cambio de la seguridad. Claro que lo hemos abordado, se ha hecho así, sin que estemos cantando victoria, pero es motivo de mucho gusto continuar haciendo un gran esfuerzo conjunto, porque es trabajo de todos”, refirió Álvaro de la Peña Angulo.

Las metas en materia de seguridad para 2020 en la Mesa de Seguridad Pública son:

* Fortalecimiento del C4.

* Sistema de radiocomunicación y tecnologías.

* Puntos de revisión carreteros.

* Condiciones laborales del personal operativo y de justicia.

* Mayor capacitación a elementos.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES ZETA/MARTES, 14 ENERO, 2020 01:00 PM)

ÚLTIMA “CARTA” DE GARCÍA LUNA



Ilustración: Elizabeth Williams

La delación de personajes de los ámbitos de gobierno, político o policial, podría atenuar la situación legal del ex secretario de Seguridad Pública, preso en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York. El ex funcionario y la Fiscalía del Distrito Este de NY firmaron una petición de posible colaboración, en vísperas a la audiencia fijada para el 21 de enero. Genaro García Luna podría obtener como beneficio evitar el juicio, reducir los cargos en su contra o una disminución de condena

Ante un escenario totalmente adverso, el ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, pretende negociar con el gobierno de Estados Unidos, pese a declararse no culpable de los cargos imputados durante la audiencia realizada en la Corte Este de Nueva York el 3 de enero de 2020.

Llegar a un acuerdo con la Fiscalía para no ser enjuiciado por narcotráfico u obtener beneficios parece ser la última “carta” de su defensa.

El lunes 6 de enero trascendió por una publicación de The New York Times, que el equipo legal del ex funcionario mexicano firmó una petición a la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, en la que se vislumbra la posibilidad de declararse culpable por los cargos de conspiración para introducir cocaína y falseo de declaraciones ante autoridades migratorias.

El viraje en la estrategia jurídica de García Luna, en vísperas a la audiencia señalada para el 21 de enero, contemplaría la colaboración con el gobierno norteamericano para revelar información relevante que pudiese ser de gran utilidad en el combate al tráfico ilícito de drogas proveniente de México.

Un acuerdo pondría al ex jefe policiaco en alguno de los siguientes escenarios:

* Evitar el juicio.
* Reducción en los cargos.
* Reducción de condena.

La solicitud ventilada públicamente en medios de comunicación prevé un posible retraso en el tiempo para el juicio y “concentrar esfuerzos en las negociaciones”. El documento lo firman Genaro García Luna y la Fiscalía del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York.

El dato contrasta con lo ocurrido en la audiencia del 3 de enero, que duró apenas 15 minutos, sin que el ex policía fuese representado por su abogado Juan Pablo Murillo, ya que en su lugar le asistió un abogado designado por la Corte del lugar.

El mexicano de 51 años de edad, quien permanece retenido en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn tras su detención en diciembre pasado, por presuntamente recibir millones de dólares como soborno del Cártel de Sinaloa, podría revelar los posibles nexos de políticos, gobernantes y policías con grupos de la delincuencia organizada, con tal de atenuar las consecuencias jurídicas de su probable actividad criminal cuando García Luna fue secretario de Estado en materia de seguridad.

El tema es esperado en México, pues si bien el gobierno de EU emprendería una persecución contra los “peces gordos” o personajes que sean denunciados, la administración de Andrés Manuel López Obrador ha señalado que estaría dispuesta a hacer otro tanto para sancionar los delitos que se hubiesen cometido en territorio nacional.

El poder que ostentó Genaro García Luna durante los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en los puestos como titular de la Agencia Federal de Investigación y secretario de Seguridad Pública, respectivamente, le permitieron acceder a importantes investigaciones y documentos de inteligencia suministrados por autoridades norteamericanas, al formar parte del grupo bilateral conformado para la detención de narcotraficantes de alto nivel.

En nuestro país, donde no cuenta aún con orden de aprehensión en su contra, García Luna es señalado en varias investigaciones. En la más importante, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indaga presuntas triangulaciones de la Secretaría de Gobernación a empresas del ex servidor público y familiares por más de 2 mil millones de pesos a finales del sexenio de Calderón e inicios de la administración de Enrique Peña Nieto.

Otra pesquisa es sustentada por la Auditoría Superior de Ciudad de México, que detectó irregularidades en la contratación, en 2016, de la compañía propiedad del ex funcionario, por parte de la Procuraduría General de Justicia local, que le solicitó realizar un diagnóstico de la Fiscalía Antisecuestros, a fin de conocer sus alcances.

En tanto, en Nuevo León, autoridades también ordenaron el inicio de una investigación sobre el uso de recursos públicos pagados a la firma Nunvav, ligada al ex secretario de Seguridad.

Pero no solo García Luna ha cambiado su estrategia. El Gobierno de México ha modificado su postura oficial sobre el caso, pues si bien en un principio se aseguró no contar con información nítida de delitos cometidos en territorio nacional por los superiores jerárquicos del ex jefe policial, ahora se esperan los resultados de la investigación a fondo que realice EU para aclarar la posible responsabilidad de otros funcionarios implicados en la protección del narcotráfico.

Después de la sorpresa e impacto de la noticia de la captura de Genaro García Luna en diciembre, el Presidente López Obrador ha subido el tono en sus discursos más recientes y aclara que su gobierno mantiene activo el combate a la corrupción y a la violencia, por lo que no habrá lugar para el contubernio o que los criminales gobiernen. Reiteró que tiempo atrás denunció contubernio entre algunos ex presidentes y facciones criminales.

“Nada más esa prueba, o sea, el que estaba a cargo de la seguridad, la mano derecha, pues sí, o de Fox o de Calderón sí, a Calderón, porque sí estuvo con Fox y con Salinas, y sí, viene de tiempo atrás, pues está acusado de proteger a una organización delictiva. Esa es la prueba, falta que se lo demuestren, pero ahí está ese indicio. Luego de lo que es evidente, como suele pasar en estos casos, todos estos personajes de la noche a la mañana se enriquecen, ahora sí que como decía mi finado paisano Chico Ché: ¿Quién pompó?”, expresó el mandatario nacional.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que en el actual gobierno no se dará un caso como el de García Luna. “Como dice el Presidente, el combate a la corrupción es como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo, y podemos darle una certeza a ustedes y al país, de que entre el equipo de primera línea del Presidente de la República no se va a encontrar jamás a un García Luna”, reiteró el funcionario federal.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / LUIS CARLOS SÁINZ/ LUNES, 13 ENERO, 2020 01:25 PM)

LAS VIUDAS DEL NARCO



Foto: Cortesía.- Clara Elena Laborin Archuleta, "La Señora", esposa de Héctor Beltrán Leyva, "El H".

Al perder a sus esposos, las viudas del narcotráfico administran dinero y bienes inmuebles ambicionados por las autoridades. Las ex cónyuges de Édgar y “El Pollo” Guzmán luchan jurídicamente para desbloquear sus cuentas bancarias. La viuda de Héctor Beltrán Leyva “El H” continúa en prisión. De las mujeres de los fallecidos Ramón y Francisco Rafael Arellano Félix no se sabe nada tras su paso por tribunales. La esposa de Juan José Esparragoza y familia son reclamados por Estados Unidos. Las parejas de “Nacho” Coronel, Amado Carrillo Fuentes, Heriberto Lazcano, Nazario Moreno “El Chayo” y Enrique Plancarte “Kike” han sabido guardar silencio

Son viudas porque el destino así lo quiso. Un destino anunciado o predecible por haber elegido como pareja a narcotraficantes. En México se cuenta por miles a las mujeres que terminan en la viudez porque sus maridos incursionaron en el tráfico ilícito de drogas; sin embargo, pocas llegan a ser la esposa de un líder o lugarteniente de los cárteles más encumbrados.

A ellas se les conoce como “patronas”. Algunos las han llamado jefas del narco y otros les refieren pomposamente como “La Señora”. No forman parte de las casi 50 mil viudas que ha dejado la fallida guerra contra el narcotráfico desde 2007 hasta 2018, ni de la política de “Abrazos, no balazos” que continúa la retahíla de muertes a la fecha.

Tampoco se trata de la amante o compañera de ocasión. Unas fueron conquistadas por lazos afectivos, otras, quizá, por interés socioeconómicos y algunas, tal vez, privadas de su consentimiento para “pertenecerle” a un delincuente. No pasaron por las penurias de las viudas de “halcones” o sicarios.

Aunque las narcoviudas no están en el desamparo, ostentan parte de la fortuna de sus difuntos esposos y ocupan sitios relevantes en el jet set, donde se desenvuelven, se encuentran al acecho de los nuevos líderes de la organización criminal a la que inevitablemente continuarán ligadas, a la amenaza de los enemigos y al poder coactivo del Estado que pretende desapoderarlas del dinero presuntamente mal habido u objeto material de delito.


Foto: Cortesía.- Sonia Burgueño Ortíz, viuda de Amado Carrillo Fuentes.

Entre las “patronas” caídas en desgracia, tanto por el deceso violento de su pareja sentimental, como por la persecución gubernamental, a sus bienes o a su libertad, se encuentra Clara Elena “N”, quien fuera esposa de Héctor Beltrán Leyva “El H”, líder del Cártel Pacífico Sur o de los hermanos Beltrán Leyva. Está presa y sujeta a proceso penal por su parentesco y posible participación activa en negocios de la organización delictiva.

Ligadas al Cártel de Sinaloa y con sus cuentas bancarias aseguradas se tiene a Frida “N” y Laura Elena “N”, nuera y cuñada, respectivamente de Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera. La primera, esposa de Édgar Guzmán López. La última, mujer de Arturo “El Pollo” Guzmán Loera. Pese a que han ganado juicios de amparo, a la fecha sus recursos económicos en bancos se encuentran congelados.

A otras, como la viuda de Amado Carrillo Fuentes, Sonia “N” (su última esposa), le subsisten causas criminales en su contra, aunque en el mundillo del narcotráfico se menciona que falleció, sin que se tengan los elementos para probarlo. Caso similar al de la consorte del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, del que se asegura está muerto, sin comprobación alguna. A María Guadalupe “N” y familia le persigue el gobierno de Estados Unidos.

De quienes no se tiene certeza sean buscadas por autoridades federales, es de las viudas de Nazario Moreno González “El Chayo”, “Elena N”; de Enrique Plancarte Solís “Kike”, Nereida “N”; de Ignacio “Nacho” Coronel Villarreal, Zulema “N”; ni de Heriberto Lazcano Lazcano “El Lazca”, Ángela “N”. De Los Caballeros Templarios los dos primeros, del Cártel de Sinaloa y de Los Zetas, los últimos mencionados.

NUERA DEL “CHAPO”

Frida “N” no dejó el glamour ni los círculos sociales. Enviudó muy joven después que el 8 de mayo de 2008 fue asesinado su esposo Édgar Guzmán López, en el estacionamiento de un centro comercial de Culiacán. El hombre de 22 años era hijo del “Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa. El crimen se atribuyó a los hermanos Beltrán Leyva, pero se sabe que el autor fue Gonzalo Inzunza “El Macho Prieto”, extinto pistolero cercano a Ismael “El Mayo” Zambada.

La guapa mujer procreó una hija con Édgar, cuya identidad es protegida por la Ley. Tiempo después reanudó su vida al casarse con el boxeador Julio César Chávez junior. Sin embargo, la pesadilla no ha terminado para Frida, tampoco para su pequeña hija, pues el 25 de agosto de 2015 sus nombres fueron incluidos en la “lista de personas bloqueadas” por la Secretaría de Hacienda y sus cuentas bancarias congeladas.

Foto: Cortesía.- Laura Elena Zúñiga, ex esposa de Arturo “El Pollo” Guzmán Loera.

Desde esa fecha, los recursos financieros de la viuda son intocables en sucursales del Banco Regional de Monterrey, SA y Scotiabank. En 2015 promovió un juicio de garantías ante el Juzgado Tercero de Distrito de Sinaloa en contra de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como ambos bancos.

El fallo le fue favorable. El juez concedió el amparo y protección de la justicia de la unión para que se dejara insubsistente la medida de aseguramiento de las cuentas y se fundara una nueva resolución. La UIF impugnó la sentencia del amparo y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito confirmó el resultado el 23 de febrero de 2018.

En diversos medios de comunicación apareció la noticia señalando que Frida y otros familiares de miembros del Cártel de Sinaloa habían derrotado a las autoridades federales y recuperado sus bienes. Sin Foto: Cortesía.- embargo, los medios no se enteraron que al acatar el fallo, el Ministerio Público de la Federación y las demás autoridades responsables volvieron a decretar el bloqueo de las cuentas bancarias.

Por lo anterior, a través de su abogado Elías Alberto “N”, la mujer presentó una nueva demanda de amparo el 1 de octubre de 2019 ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, señalando como acto reclamado “el aseguramiento, bloqueo y/o congelamiento de cuentas bancarias a nombre de las quejosas, así como los frutos que generen”. Además, solicitó protección contra el proceso legislativo que dio lugar a algunos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, referentes al aseguramiento de bienes o derechos relacionados con operaciones financieras.

VIUDA DEL “POLLO”

En similares circunstancias se halla Laura Elena “N”, vecina de Zapopan, Jalisco y viuda de Arturo Guzmán Loera “El Pollo” o “El Pollito”, hermano del “Chapo”. En una acción en contra del Cártel de Sinaloa, la UIF y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR, ordenaron a las instituciones financieras el bloqueo de sus cuentas bancarias.

Laura Elena creía que la persecución en su contra había cesado. Habían pasado más de diez años de que su esposo fuera asesinado al interior del penal de máxima seguridad “Altiplano”, en Almoloya de Juárez. Le mataron con arma de fuego en el área de locutorios el 31 de diciembre de 2004 en una bien planeada venganza, presuntamente ordenada por Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, preso en la misma penitenciaría.

En 2015 llegaría el embate del Gobierno Federal contra la viuda, con la incorporación de su nombre a la famosa lista de personas bloqueadas y el respectivo acuerdo de congelamiento de sus cuentas bancarias 170-7843191 y 170-482207, convenidas en sucursales de Banamex en Culiacán. Es mencionada en una carpeta de investigación por la SEIDO en la que se investigan operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito comúnmente conocido como lavado de dinero.

Foto: Cortesía

Ella va a la demanda de amparo y reclama los referidos actos que le imposibilitan para realizar movimientos bancarios “y cualquier acto que me impida realizar pagos y obligaciones fiscales, salarios de empleados, gastos y del Instituto Mexicano del Seguro Social, reclamando además el bloqueo y suspensión de los servicios contratados con la institución Banamex, como son el hecho de no disponer de mis recursos de mis cuentas (proporciona los números), incluso de la tarjeta de crédito”.

El amparo le fue concedido por el Juez Tercero de Distrito con residencia en Culiacán el 31 de marzo de 2016 y confirmado por el Tribunal Colegiado Penal en el mismo circuito judicial meses después. Solo que el Ministerio Público Federal le aplicó la misma ejecución al amparo que únicamente era para efectos de que la fiscalía fundara y motivara su accionar. Así que nuevamente se decretó el bloqueo de cuentas en mayo de 2017.

Ahora Laura Elena está informada de que fue incluida en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000472/2017 por lavado de dinero, lo que motivó que sus defensores interpusieran un nuevo juicio de garantías ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, donde actualmente se lleva el procedimiento, tanto contra el congelamiento de cuentas, como la solicitud de acceso a la indagatoria y conocer su estatus en la misma.

LA SEÑORA DEL “H”

Una de las que peor la está pasando es Clara Elena “N”, conocida como “La Señora” u “Osiris”. Recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil Número 16 en Coatlán del Río, en Morelos, estaba detenida cuando fue notificada de que había enviudado, pues su captura ocurrió a finales de 2016 en el Norte del país, y su marido falleció en reclusión dos años después.

La muerte del narcotraficante Héctor Manuel Beltrán Leyva “El H”, líder del Cartel del Pacífico Sur o de los hermanos Beltrán Leyva, ocurrió el domingo 18 de noviembre de 2018, a los 56 años de edad, producto de un infarto, según se apresuraron a informar esa tarde desde la Secretaría de Gobernación. El comunicado de prensa asegura que el capo fue trasladado a un hospital en Toluca, Estado de México, tras presentar “dolores intensos en el lado izquierdo del pecho”. Quedó tendido en el área de urgencias.

“Osiris” fue arrestada el 12 de septiembre de 2016 durante un operativo desplegado por la Policía Federal en la zona residencial de Valle del Lago en Hermosillo, Sonora. Los captores llegaron con orden de cateo en mano al domicilio de la mujer, en Cerrada Lago Ontario número 13. En la casa fueron encontradas 65 bolsas Ziploc y 17 dosis de cocaína, así como un bulto empaquetado con cinta canela que contenía la misma droga.

Detenida, Clara Elena fue llevada al recién inaugurado penal de máxima seguridad para mujeres en Morelos y puesta a disposición de un Juez de Distrito para enfrentar un proceso por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína con fines de comercio. Se sabe que continúa encarcelada, aunque de sus bienes y los de su finado cónyuge, no se conoce procedimiento alguno por parte de las autoridades procuradoras de justicia.

LAS ARELLANO

De quienes ya no se tiene noticia, es de las viudas de los hermanos Ramón y Francisco Rafael Arellano Félix, quienes en fechas posteriores a los fallecimientos de sus maridos, ambos ejecutados a tiros en diferentes épocas, estuvieron en notas periodísticas por su actividad en tribunales. La primera de ellas testimoniando en tribunal extranjero, y la segunda, tramitando la sucesión intestamentaria que le correspondía.


Foto: Cortesía.- María Guadalupe Gastelum Payán, viuda de Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”

La mujer de “El Mon”, de nombre Evangelina “N”, prácticamente desapareció. Su última presentación fue en 2003 en la Corte de Distrito Sur de California, donde fungió como testigo en los cargos fincados en contra de su cuñado Benjamín y de la organización criminal familiar. Incluso en el bajo mundo del narcotráfico se refiere que ella delató la ubicación de “El Min” para que fuese detenido por elementos del Ejército Mexicano.

Ramón fue victimado el 10 de febrero de 2002 en Mazatlán, Sinaloa, adonde había acudido a matar a Ismael “El Mayo” Zambada, quien se hallaba en el puerto en fechas de Carnaval. Envuelto en el tráfico ocasionado por las fiestas, Arellano, que se movía en un austero vehículo Volkswagen, fue identificado y obligado a descender de la unidad, para que un policía consumara el homicidio. Un mes después, el 9 de marzo, en Puebla, fue detenido Benjamín, hoy extraditado y condenado en EU.

Por su parte, la viuda de Francisco Rafael Arellano Félix “La Pancha” o “El Menso”, Rocío del Carmen “N”, ex reina precisamente del Carnaval mazatleco en su juventud, no se metió jamás en líos. Su marido fue asesinado el 18 de octubre de 2013, a seis días de cumplir 64 años, cuando celebraba anticipadamente su onomástico en una reunión a la que asistieron importantes personalidades en Los Cabos, Baja California Sur. Un sicario vestido de payaso le disparó a quemarropa con una pistola tipo escuadra.

Después del crimen, Rocío recibió el citatorio PGR/SEIDO/UEDIDCS/3273/2014 de la entonces Procuraduría General de la República, girado el 6 de mayo de 2014. La mujer obtuvo un amparo en septiembre del mismo año, de la Jueza Novena de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, para no ser llevada a la SEIDO.

La protección federal también libraba a la viuda de una posible orden de localización, presentación, detención, traslado o cualquier mandato ordenado en su contra y que afectara su libertad personal. También reclamó una posible orden de confiscación de bienes o cualquier mandato que afectara sus derechos de propiedad. Estos actos no existieron.

Las baterías de la señora de “La Pancha” se enfocaron en poner en orden los bienes del difunto. Así, en un Juzgado de Primera Instancia del Ramo Familiar, en Mazatlán, se llevó el juicio sucesorio intestamentario 2246/2013, donde se declaró como herederos a bienes de Francisco Rafael, a “Rocío del Carmen, en su carácter de cónyuge, respecto del 50% que le corresponde como gananciales de la sociedad conyugal, así como a la persona menor de edad de nombre Isabella Guadalupe ‘N’, así como Yadira Leticia ‘N’, Francisco Rafael ‘N’ y Benjamín Alberto ‘N’, en su carácter de parientes consanguíneos en línea recta descendiente (hijos) del de cujus”.

Cabe mencionar que algunos de esos bienes, sobre todo inmuebles, como el que albergara la famosa discoteca Frankie Oh!, continúan a disposición del Ministerio Público federal por la investigación posterior al asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas más, ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara el 24 de mayo de 1993.

OTRAS “PATRONAS”

Sonia “N”, viuda del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes “El Señor de los Cielos”, luchó jurídicamente durante la década pasada en contra de órdenes de aprehensión presuntamente dictadas entre 1997 y 1998, derivadas del llamado “maxiproceso” que involucraba a 65 personajes del mundo del crimen organizado, de corporaciones policiacas y Fuerzas Armadas. Sin embargo, la mujer desapareció y hoy se duda que siga viva.

Por su parte, Zulema “N”, esposa del extinto líder del Cártel de Sinaloa en Jalisco, Ignacio “Nacho” Coronel Villarreal, tampoco hace ruido, aunque las autoridades presumen que miembros de su familia de origen se dedican a actividades delictivas. La mujer se salvó de un atentado en la década de los noventa junto con su menor hija Clarita “N” en Zapopan, en hechos en los que la niña resultó herida de bala.

La presunta “viuda”, María Guadalupe “N”, consorte de “El Azul”, junto con su hija Nadia “N”, ha sido requerida en diversas ocasiones por autoridades hacendarias que investigan lavado de dinero. Ambas féminas y otros de sus familiares se encuentran boletinados en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense, por sus presuntos nexos con el narcotráfico. De Esparragoza Moreno se supo en junio de 2014, por versión del semanario Ríodoce, que habría muerto en un hospital de Zapopan, Jalisco tras sufrir un accidente. Ni autoridades ni la familia confirman el suceso.

Poco o nada se conoce de Ángela “N”, quien fuera esposa del “Lazca” o “El Verdugo”, líder de Los Zetas, abatido por elementos de la Marina en Progreso, Coahuila el 7 de octubre de 2012, y de quien supuestamente robaron el cadáver cuando se hallaba en un descanso del panteón municipal.

Tampoco se sabe sobre el paradero y actividades de Nereyda “N”, viuda del líder de Los Caballeros Templarios, Enrique “Kike” Plancarte, abatido por autoridades el 1 de abril de 2014, y por el que existía una recompensa de 10 millones de pesos. La mujer estaba muy bien relacionada, pues sus familiares ostentaron cargos públicos en diversos ayuntamientos de la región de Tierra Caliente.

Elena “N”, cónyuge del afamado Nazario Moreno González “El Chayo” o “El Más Loco”, fundador de La Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios, fue “dos veces” viuda. Primero, cuando al Gobierno Federal se le ocurrió informar que había acabado con la vida del capo en un enfrentamiento en diciembre de 2010. Después, cuando realmente marinos lo mataron en marzo de 2014. La mujer no se da a notar, aunque se sabe, al igual que las demás narcoviudas, vive con el estigma de la delincuencia organizada.



VILLALOBOS, "EL SEÑOR DE LOS TÚNELES", JUZGADO EN SAN DIEGO


De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el sinaloense José Sánchez Villalobos, alias “El Topo”, “El Señor de los Túneles” o “Viejo Quirino”, se desempeñó entre 2010 y 2012 como operador financiero, responsable de construir túneles y administrarlos en el tráfico de droga para Joaquín “El Chapo” Guzmán. Su centro de operación fue Tijuana, Baja California.

Así está consignado en el expediente 31:12-cr00493-MMA, que se mantuvo sellado por nueve años, en el que Villalobos enfrenta 13 cargos por traficar, promover el trasiego y distribución e ingreso a Estados Unidos de más de mil kilogramos de marihuana.

El expediente y los cargos datan del 25 de noviembre de 2010, con el descubrimiento y aseguramiento de un túnel de 750 metros de largo y 15 metros de profundidad, con salida del lado norteamericano en una bodega de Otay Mesa.

El orificio estaba atrás de una pared falsa. El paso subterráneo había sido equipado con rieles eléctricos, sistema de ventilación, iluminación y elevadores. En el operativo, 22 toneladas de marihuana fueron incautadas.

La entrada al pasadizo del lado mexicano fue asegurada por el Ejército, y la habrían construido en la sala de una casa ubicada entre las avenidas López Portillo y Poniente de la colonia Nueva Tijuana, atrás de la escuela del mismo nombre. Siete personas fueron detenidas.

Como segundo hecho, la fiscalía estadounidense imputa a Villalobos la construcción y operación del túnel descubierto el 29 de noviembre de 2011, de 560 metros y equipado con rieles eléctricos, sistemas de ventilación, iluminación y elevadores. Las puertas de acceso eran de metal y funcionaban con sistemas hidráulicos.

De nuevo en el área de Otay Mesa, en EU, el túnel conectaba dos bodegas. Seis personas resultaron detenidas y se confiscaron 32 toneladas de marihuana. Antes, el 18 de noviembre de 2011, elementos del Ejército habían asegurado 15 millones 350 mil dólares en efectivo, tres kilos de cocaína, joyas, dos armas larga y dos cortas en Tijuana, las cuales estaban “siendo trasladadas” en una camioneta Cheyenne a un domicilio en Cumbres de Juárez.

Este aseguramiento monetario, en el que no se informó de detenidos, fue utilizado como argumento para capturar a José Sánchez Villalobos el 15 de enero de 2012 en Zapopan, Jalisco, luego que el Gran Jurado Federal en San Diego solicitara su captura con fines de extradición.

En aquel momento las autoridades federales en México informaron a través de un comunicado que “El Topo” era operador financiero del cártel encabezado por “El Chapo”, quien tenía pendiente “una orden de arresto en Estados Unidos por distribución de cocaína”.

Con Villalobos aprehendido, el 9 de febrero de 2012 se le volvió a acusar por tráfico, emprendiendo así el proceso de extradición que se concretaría el 16 de enero de 2020, cuando fue declarado formalmente preso en la Corte del Distrito Sur en San Diego, California. Su próxima audiencia ante el juez Michael M. Anello fue agendada para el próximo 3 de febrero.



(SEMANARIO ZETA BCS/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 27 ENERO, 2020 01:00 PM)


BAJA HOMICIDIO, AUMENTAN DESAPARICIONES



En 2017 se cometieron 788 homicidios dolosos, 345 al cierre de ese año, justo cuando recrudeció la desaparición de personas en Los Cabos, La Paz y Mulegé. Mientras autoridades señalan a bandas criminales que operan en BCS, hay poco apoyo a familiares de las víctimas

Conforme a datos de la organización civil Semáforo Delictivo, los casos de homicidio doloso en Baja California Sur disminuyeron un 50 por ciento en 2019 comparado con 2018. No obstante, agentes de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), observan que la privación ilegal de la libertad va a la alza.

“Se calentó la plaza, como se dice coloquialmente. Hay ejecuciones a plena luz del día, desde luego hay mayor presencia de corporaciones de los tres niveles, más las fuerzas militares, por eso (los criminales) cambiaron la forma de operar, con levantones. Ahora levantan, ejecutan y desaparecen”, explicó una fuente policiaca a ZETA.

La situación se agravó desde finales de 2017, año en que se cometieron 788 homicidios dolosos, 345 solo en el último trimestre, cuando recrudeció la desaparición de personas en Los Cabos, La Paz y Mulegé.

Sin embargo, el agente entrevistado destaca “mucha presencia de desapariciones a finales de 2019 e inicios de 2020”.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 211 personas asesinadas en BCS en 2018 y, para 2019, la cifra fue de 82 homicidios dolosos hasta noviembre.

La búsqueda de personas es cada vez más angustiante, si bien en algunos casos han pasado años desde que desaparecieron, para las familias sería de gran ayuda encontrar a su familiar, en las condiciones en que se encuentren; lo que desean es terminar con la tortura de buscar y no encontrar.

“Ella es mi mamá (Elvira Yolanda Manríquez) y fue secuestrada el 12 de julio de 2017 en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, desde ese día no sabemos nada de ella, si sabes algo, dónde puedo encontrarla, márcame a mi número (612) 140-9761, no busco culpables, solo la busco a ella. Esté como esté, pero tenerla conmigo o en un lugar donde pueda yo irla a visitar, es mi mamá y la necesito”, expresó mostrando una imagen Gabriel Álvarez, quien lleva más de dos años y medio buscando a su progenitora.



Colectivo Búsquedas por La Paz tiene un listado de más de 200 personas reportadas como desaparecidas, el número sigue a la alza y en este 2020 la cifra sigue creciendo

“Por más difícil que sea el camino te buscaré, tu ausencia cada día es más fuerte. Dónde están nuestros tesoros, no buscamos culpables. Para una madre la desaparición de un hijo significa un espacio sin tregua, una angustia larga, no hay resignación y consuelo ni tiempo para que cierre la herida. La muerte mata la esperanza, pero la desaparición es intolerable, porque ni matan ni dejan vivir, solo se aprende a vivir con el dolor”, expresó una madre de familia afectada por la desaparición de su hijo.

La petición es brindar datos reales para encontrarlos, “alguien que sepa algo, mándenme mensajes a los grupos de búsqueda de La Paz y Los Cabos. Para que se fijen cuantas personas desaparecidas aquí en Baja California Sur, no son uno ni dos, ahorita en mi listado son más de 200 personas, por favor si miran o saben algo de alguien, comuníquense con nosotros”, exhortó por su parte Iris Manríquez, del colectivo Búsquedas por La Paz.

POCA RESPUESTA ANTE DESAPARICIONES

Ante la exigencia de familias afectadas por el delito de desaparición, en 2018 y 2019 se tomaron muestras de familiares de desaparecidos, con el fin de contar con ADN para identificar a víctimas de la delincuencia organizada, ya que se han localizado cuerpos abandonados en brechas y fosas clandestinas.

En los últimos tres años, el padrón de desaparecidos con que cuenta el colectivo Búsquedas por La Paz asciende a 200 personas. La PGJE confirmó a ZETA que de las más de 300 muestras de personas que buscan a su ser querido, 35 han podido ser identificados gracias a este método.

“Las muestras que nos aportaron en 2018 por parte los familiares, fueron 140; en 2019 fueron alrededor de 166, lo interesante es que el 10% en 2018 salieron positivas y el 13% en 2019. También rendimos cuentas de todos los cadáveres en calidad de desconocidos”, confirmó Daniel de la Rosa Anaya, titular de la PGJE en Baja California Sur.

Es probable que existan más de 270 personas desaparecidas en la entidad,  además, hay un centenar de fallecidos sin identificar y se encuentran en el panteón de la PGJE, en la comunidad de San Pedro en la Capital del Estado.

De la Rosa llamó a las familias que no se han acercado a brindar una muestra de ADN para que contribuyan, quizá su ser querido se encuentre en las instalaciones de la institución.

“En 2018 fueron 46 personas que se encontraron en esa calidad, y en 2019 cerramos diciembre con 54 en esa calidad. Tenemos también datos de las fosas que se encontraron en 2019 y años anteriores”, complementó el funcionario estatal.

En los últimos años han sido localizadas fosas clandestinas, en tanto que otras aún no se encuentran, ya que han recibido información y se han hecho búsquedas institucionales, sin resultados favorables. Otros cadáveres se han encontrado abandonados en zonas apartadas, en el monte.

“El mecanismo que se realiza a través de los laboratorios especializados de genética, química, médica, de antropología, de diversas áreas de servicios periciales, es precisamente para la identificación particular, personalizada, individualizada, ya sea de restos o de cualquier cadáver, sobre todo para que familiares puedan lograr la identificación. Les informamos que todos ellos no están distribuidos en los panteones de la diversa geografía del Estado, todos están el panteón pericial que se tiene en La Paz, se les da un trato muy digno a restos, a los cadáveres”, reiteró De la Rosa Anaya.

BUSCAN FOSAS CLANDESTINAS

En los últimos meses se ha incrementado la presencia de cuerpos policíacos, municipales  y agentes de Investigación Criminal de la PGJE y de la Policía Estatal que han brindado acompañamiento con equipo especializado en la búsqueda, dirigida a sitios ya conocidos, como grandes extensiones de terreno que se dividen en cuadrantes por salida.

Incluso se ha capacitado a miembros de los distintos colectivos de búsqueda para que sepan identificar los sitios dónde buscar y que los resultados sean favorables, tanto para las familias de desaparecidos como para la institución.

“En cuanto a las fosas, en 2019 se localizaron cuatro con cinco cuerpos, ya están plenamente identificados y entregados a sus familiares, incluso, están vinculados a proceso también los responsables de estos elementos delictivos en la zona norte de la entidad, pero también tenemos personas vinculadas en Comondú, La Paz y Los Cabos en otros eventos delictivos”, informó Daniel de la Rosa Anaya desde la PGJE.

Para 2020 se tiene calendarizadas veinte fechas para continuar con la búsqueda de familiares, así como información y toma de muestras. El primer evento tuvo lugar el viernes 17 de enero, con un módulo itinerante en Miraflores en San José del Cabo.



Familiares de desaparecidos se han manifestados constantemente, señalan que el hecho de que hayan disminuido los homicidios dolosos, no significan que no los haya, esto en referencia a las múltiples desapariciones

Serán diez búsquedas de personas, una por mes, descansando este enero y agosto; el resto de los meses ya hay fecha de búsqueda, iniciando en Vizcaíno en Mulegé, para concluir en San José del Cabo, en Los Cabos.

“En el tema de desaparecidos hay una disminución en el último año, prueba de ello es que está desarticulada una de las células que estaba operando en la zona norte, recordarán la detención de ‘El Chuky’, todo lo relacionado a ‘El Moreno’, inclusive vinculados al homicidio del periodista (Rafael) Murúa. Hay una disminución muy sensible en ese esfuerzo que se realizó”, celebró el procurador estatal.

El mando se refiere a la célula criminal dedicada a secuestrar a sus víctimas para causarles daño, algunos fueron localizados, sin embargo, otro número de personas se encuentra en calidad de desaparecido.

Si bien la PGJE indica que se ha reducido considerablemente la incidencia de desapariciones, familiares aseguran que en el año en curso, estas continúan.

Por ejemplo, la cifra de homicidios dolosos en 2019 no se disparó porque muchas personas siguen en calidad de desaparecidas, algunos quizá hayan sido enterrados en fosas clandestinas, en tanto que de otros, nada se sabe.

“Tuvimos un descenso en la zona norte, de alrededor del 60% en la incidencia que se nos presentaba en 2018, lo que también se reflejó en una reducción del 80% en la zona sur, el área de San José del Cabo y Cabo San Lucas, en La Paz y Comondú; hay ocho casos más resueltos de desaparición de personas, se han judicializado cinco, tres más están en cierres y ya tenemos mandamientos judiciales en contra de personas en ese tipo de hechos. Ya cumplimentamos otra más en diciembre y se ha venido reduciendo significativamente”, contabilizó el procurador.

GRITO DESESPERADO

En 2018, Ricardo Basilio García, de entonces 21 años de edad, salió de su casa para no regresar. Sus padres lo han buscado con desesperación, no tienen ni una sola noticia que les confirme que se encuentra sano y salvo, menos aún indicios de su paradero.

Su madre, Andrea García y su padre, Andrés Basilio, recuerdan el último día que estuvo con ellos:

“Ese día yo platiqué con mi hijo, le di puros consejos buenos, lo abracé y se quedó toda la tarde aquí, y en la noche, eran las once de la noche, salió de casa y ya no regresó, ya no supe más de él”, lamentó.

Ambos reconocen que el joven no traía buenas juntas, pero siempre regresaba a casa sin importar la hora.

Hoy el dolor es profundo, dos años de buscar y no encontrar, de salir y escuchar sitios en los que ha sido visto, pero no lo han podido localizar. Supuestamente algunas personas lo han visto, pero no se sabe dónde se encuentra.

“Mi hijo trabajaba conmigo, era pintor, como a todo noven se le llamaba la atención, dejó de venir a la casa, se descarriló, tuvo muchas amistades, de ellos no hablo, pero él siempre tenía la responsabilidad de llegar a casa, siempre llegaba dos, tres de la mañana, pero llegaba. No me voy a dar por vencido, seguiré buscándolo”, insistió el señor Basilio.

Como muchas familias, el matrimonio arribó a Los Cabos en busca de una mejor vida, con Ricardo de 2 años de edad.

La única petición de los padres, es que las autoridades los ayuden a localizarlo, ya que les han cerrado muchas puertas, ni siquiera les han brindado información si se encuentra detenido o internado en algún Centro de Readaptación Social.

“Vinimos a vivir a Cabo San Lucas porque supuestamente era tranquilo, les pido a todos los ciudadanos de Baja California Sur que me echen la mano, no es vida vivir sin un hijo, no sabemos dónde está, pedimos a las autoridades que nos apoyen”, finalizó el padre de Ricardo.

Los “amigos” del joven solo responden que no tienen información, incluso lo han desconocido. Sus familiares saben que algo le ocurrió, pero quieren encontrarlo o saber de su paradero para mitigar el dolor que los está consumiendo.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES ZETA/MARTES, 21 ENERO, 2020 01:00 PM)

TRÁFICO DE INFLUENCIAS DE LA 4T EN PUERTOS MEXICANOS



Fotos.- Enrique Botello


Funcionarios federales, miembros de la Asociación Mexicana de Infraestructura Portuaria, Marítima y Costera, así como de la CMIC, han creado un millonario entramado de proveeduría y contratos de obra en puertos como Mazatlán, Matamoros, Salina Cruz, Veracruz y Ensenada

La Administración Portuaria Integral (API) de Ensenada, dependiente de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), asignó entre 2015 y 2016 dos contratos de obra pública a las empresas del presidente y vicepresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) para la ampliación de un rompeolas en Ensenada, utilizando elementos prefabricados denominados core-loc, de los cuales el representante exclusivo en México es Héctor López Gutiérrez, actual titular de la Coordinación.

Los contratos fueron adjudicados por la API cuando Héctor López no era titular de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, pero sí tenía influencia directa a través de la Asociación Mexicana de Infraestructura Portuaria, Marítima y Costera (AMIP), con quienes autorizaron que dicho proyecto incluyera los elementos core-loc.

Aun cuando los contratos se firmaron en 2015 y 2016, cuando Bautista fungía como titular de API, dando inicio a las obras en dicho tiempo, no fue sino hasta finales de 2018 que Héctor López, quien en ese entonces ya había sido anunciado como próximo coordinador general de Puertos y Marina Mercante, a través de su empresa Representaciones Marítimas Especializadas, SA de CV, comenzó sus gestiones de cobro de “licencia”, logrando que la API pagara más de 4 millones de pesos el 19 de octubre de ese año, a menos de dos meses de ser nombrado en su cargo.

López Gutiérrez es socio fundador y miembro de la mesa directiva de la AMIP, en la que también fungió como presidente (1978–1980). En un posible tráfico de influencias, conflicto de interés, nepotismo y corrupción, el ingeniero Héctor López Gutiérrez y demás colaboradores miembros de la AMIP lograron colocarse dentro de la llamada Cuarta Transformación, al adueñarse por completo del control de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.

Tanto en el pasado como en la actualidad, el titular de la Dirección General de Puertos (DGP), Pablo Jaime Medina Zamora y Celso Morales Muñoz, ex director de Obras Marítimas y Dragado de esa institución, han fungido en la mesa directiva de la AMIP (actualmente como vicepresidente ejecutivo y coordinador técnico, respectivamente) y son piezas clave en el otorgamiento de contratos de obras públicas y servicios técnicos a favor de las empresas de López Gutiérrez, incluso antes de que este último se convirtiera en mandamás de los puertos a nivel nacional.

Consultoría Técnica, SC, sociedad originalmente constituida bajo el nombre Héctor López y Asociados, SC, es encabezada por el ingeniero Eduardo Saucedo Dueñas, actual tesorero de la AMIP y operador de López.


DE PROVEEDOR A FUNCIONARIO

Otro ejemplo del presunto conflicto de interés del actual coordinador general de Puertos y Marina Mercante, recae en Representaciones Marítimas Especializadas, SA de CV, de la cual es dueño junto con su hijo Héctor López Margalli, que en la práctica opera la empresa que asegura tener licencia exclusiva en México para la utilización de un tipo de molde de elementos de concreto que se utiliza para la formación de rompeolas y obras de protección en puertos y costas, conocidos como core-loc.

Estos elementos han sido los predilectos de la DGP en los principales proyectos de obras de protección, como la ampliación de rompeolas poniente del puerto de Veracruz, la ampliación del rompeolas de Ensenada, la reparación del rompeolas de Crestón en Mazatlán, Sinaloa; la construcción del rompeolas oeste del puerto de Salina Cruz, Oaxaca y la ampliación de escolleras del Puerto de Matamoros, Tamaulipas. Proyectos que en conjunto suman más 6 mil millones de pesos, de los cuales un porcentaje de este importe ha ido a las cuentas de Héctor López padre e hijo y sus empresas.

En este entramado, entre sus facultades, Celso Morales tuvo la revisión y autorización técnica de proyectos de obras públicas, como las obras de protección y rompeolas.

En su calidad de titular de Obras Marítimas y Dragado de la DGP, operó, promovió y autorizó la utilización de los elementos prefabricados core-loc para los rompeolas y obras de protección de los puertos mexicanos, beneficiando directamente los intereses de Héctor López Gutiérrez y sus empresas.

En la actualidad, ya con López dirigiendo el rumbo de los puertos nacionales, designó al ingeniero Miguel Ángel Yáñez Monroy, ex secretario de la AMIP, como director general de la API Veracruz, principal puerto del Golfo de México donde Representaciones Marítimas Especializadas, SA de CV cobró por el “licenciamiento” de los moldes para la fabricación de core-locs.

LOS CONTRATOS EN ENSENADA

A través de su empresa Construcciones y Servicios Especializados Ramírez, SA de CV (CONSEER), resultó ganador de los trabajos de fabricación de los elementos core-loc en Veracruz y Ensenada, y ha sido favorecido con diversos contratos de obra pública por montos superiores a mil 500 millones de pesos.

Entre 2015 y 2016, API Ensenada convocó -a través del sistema de contrataciones públicas del Gobierno Federal denominado CompraNet– a las licitaciones públicas nacionales identificadas con las series LO-009J2R001-N36-2015 y LO009J2R001-E11-2016, concernientes a obras de ampliación de rompeolas principales del puerto de Ensenada y fabricación de elementos de protección para dicha ampliación, respectivamente.

Como resultado de dichas licitaciones, el 15 de diciembre de 2015 se adjudicó la denominada LO-009J2R001-N36-2015, y el 26 de noviembre de 2016, fue adjudicada la licitación LO-009J2R001-E11-2016, destacando que en ambos procesos resultó ganadora CONSEER, SA de CV, en participación conjunta con Sistemas de Ingeniería, Construcción y Urbanización, SA de CV, propiedad del arquitecto Ramón Salgado Vega, vicepresidente de la CMIC a nivel nacional, por lo que les fueron asignados dos contratos: C-APIENS-GI-OP-14-15, “Ampliación de rompeolas principal del Puerto de Ensenada, (primera etapa)” por 279 millones 588 mil 065.10 pesos; y C-APIENS-GI-OP-08-16 ,“Fabricación de elementos de protección para la ampliación de rompeolas principal del Puerto de Ensenada (primera etapa)” por 114 millones 298 mil 152.52 pesos.

Tanto el presidente como el vicepresidente de la CMIC lograron hacerse de 394 millones de pesos en contratos de obra pública con API Ensenada, con el objetivo de ampliar rompeolas en el puerto, incluyendo la fabricación de core-locs, que, de acuerdo a lo indicado en el sitio web oficial Core-Loc North America, son “una unidad prefabricada de hormigón utilizada como elementos de coraza para rompeolas y protecciones costeras”.

Asimismo, en su apartado de preguntas frecuentes, se aclara que dichas unidades prefabricadas mantienen una patente que “pertenece al Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos” (U.S. Army Corps of Engineers). Core-Loc North America mantiene la licencia para Estados Unidos, Canadá y México. Al final de dicho apartado se especifica que el contacto del representante “exclusivo para México” es Héctor López.

DIRECTOR Y EX DIRECTORA, SEÑALADOS POR SER SOCIOS

Luz Alicia Iturbe de Garay llegó a la dirección de la API Ensenada el 25 de enero de 2019, desempeñándose hasta el 5 de septiembre del mismo año. Como encargado de despacho quedó el gerente de Administración y Finanzas, Juan Ramón Ruiz Armenta.

Iturbe de Garay fue promovida por Héctor López para ocupar la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria, teniendo ahora el control de todos los puertos federales del país.

A finales de septiembre de 2019, Ruiz Armenta, quien es ingeniero en Geofísica por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, con máster en Ingeniería de Puertos y Costas del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas en el Ministerio de Fomento en España, fue designado director de API Ensenada.

En su experiencia profesional ha brindado asesoría en temas relacionados con la administración de proyectos de inversión de infraestructura portuaria, logística, desarrollo de programas maestros y procesos concursales de empresa, y es señalado por fuentes portuarias como socio en la empresa IDGRA Corporación, SC, de la cual Luz Alicia Iturbide de Garay es fundadora.

LOS CONTRATOS A DETALLE

Documentos en poder de ZETA dan cuenta de cómo Representaciones Marítimas Especializadas, propiedad de Héctor López, giró un oficio el 16 de octubre de 2018 al entonces director de API Ensenada, Héctor Bautista Mejía, reclamando el pago de más de 4 millones de pesos por el posible uso indebido de un derecho de propiedad industrial con elementos utilizados para la ampliación del rompeolas, obra adjudicada a  la empresa CONSEER y Sistemas de Ingeniería, Construcción y Urbanización. La primera, propiedad de Eduardo Ramírez Leal; la segunda, del arquitecto Ramón Salgado Vega, presidente y vicepresidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, respectivamente.

El mismo 17 de octubre, el entonces director de API giró un oficio a su gerente de Administración y Finanzas, Víctor Manuel Palomares instruyendo realizar “los ajustes contables correspondientes para que de la estimación de pago número 28 a favor de las contratistas CONSEER y Sistemas de Ingeniería, Construcción y Urbanización, relativa a la obra de ampliación del rompeolas del puerto de Ensenada, se aplique la figura legal de erogaciones por cuenta de terceros y/o cesión de derechos de cobro y  “realice el pago a la empresa Representaciones Marítimas Especializadas por la cantidad adeudada, que asciende a cuatro millones 54 mil 461 pesos”.

La factura fue emitida por Representaciones Marítimas Especializadas un día antes del oficio enviado a API, teniendo como cliente a CONSEER, SA de CV por expedición de licencia para el uso de la patente de invención MX/a/2014/055879 “cimbra de manufactura de elementos para la formación de escolleras y rompeolas y módulos de concreto obtenido” para el proyecto de ampliación del rompeolas del puerto de Ensenada, por un total de 4 millones 54 mil 461 pesos.

El cheque de BBVA Bancomer emitido por API, bajo número de cuenta 00103733742, fue girado el 18 de octubre de 2016 a favor de Representaciones Marítimas Especializadas. En el estado de cuenta de API, aparece como pagado el 19 de octubre, con número de referencia 517.

En cuanto a la licitación LO-009J2R001-N36-2015, CONSEER, en conjunto con Sistemas de Ingeniería, Construcción y Urbanización, presentaron una propuesta de 241 millones de pesos con un puntaje de 97.01, superando a quince licitantes. El contrato se firmó el 16 de diciembre de 2015 por 279 millones 588 mil 065 pesos, estableciendo un plazo de 454 días naturales para la ejecución de la obra, es decir, del 21 de diciembre de 2015 al 18 de marzo de 2017.

Sobre la licitación LO-009J2R001-E11-2016, el 25 de noviembre de 2016 se dictó el fallo a favor de la misma sociedad, para la fabricación de elementos de protección para la ampliación del rompeolas principal, superando a nueve competidores con una propuesta de 98 millones 532 mil pesos, esto es, un puntaje de 98.08.

El contrato se firmó el 28 de noviembre por un monto de 114 millones 298 mil 152 pesos con Impuesto al Valor Agregado incluido, estableciendo como plazo de ejecución 365 días naturales, del 29 de noviembre de 2016 al 27 de noviembre de 2017.

ZETA solicitó a API Ensenada una entrevista con el actual director, no obstante, al cierre de esta edición la Administración envió un correo electrónico dando a conocer que se había realizado un cambio en el área de comunicación, quedando al frente Francisco Rodríguez, quien se ocupaba de la gerencia de Comercialización.

Más tarde, el nuevo encargado del Departamento de Comunicación dio a conocer que el director se encontraba en comisión en Ciudad de México, por lo cual la petición de este Semanario sería atendida a su regreso.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA  MARCO A. FLORES/LUNES, 27 ENERO, 2020 01:00 PM)