Jesús
Antonio Aguilar Íñiguez.
Dinero
abundante para ex presidentes, promoción a diputada local de quien hoy se sabe
por su propia voz compraba mariguana y sí trataba a Joaquín el Chapo Guzmán,
compra de una plaza de jefe de la policía estatal de Sinaloa, petición de la
alcaldesa de La Paz para asesinar a un policía que resultaba molesto, sobornos
a miembros de la PGR, Ejército, Marina y policías, es solo una pequeña parte de
la narrativa de los vínculos entre políticos y criminales que está en los
testimonios de Jesús el Rey Zambada, Vicente Zambada el Vicentillo, Lucero Sánchez, Dámaso López y otros, durante
el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán por narcotráfico.
Para
no ir muy atrás basta recordar que en las elecciones del año pasado, la
presencia criminal se manifestó en muchos estados de la república a través de
asesinatos de dirigentes y operadores políticos, candidatos y candidatas, y
seguramente con su contraparte, apoyo a otros candidatos y candidatas más
afines o de plano miembros de los grupos que controlan regiones completas. Va
desde Quintana Roo hasta Baja California, de Jalisco a Tamaulipas, y ese
vínculo era vox populi, pero el manto de impunidad lo cubría todo y hoy nos
enteramos de los pormenores de la antesala en la sui generis guerra contra el
narco de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que lo mismo
perseguían que pactaban con los líderes de los grupos criminales.
Así,
la procuración de justicia osciló entre la simulación y la complicidad dejando
una estela de muertes que supera los 200 mil muertos y una cadena de
desapariciones forzadas que hasta ahora no se tiene una cifra confiable. Sólo
en Sinaloa la Fiscalía General del Estado reconoce en su portal 2 mil 401
desapariciones, sin contar aquellos que desaparecen sin dejar huella y que las
familias por miedo, desconfianza a la autoridad
o falta de recursos, no abre un expediente de búsqueda.
Ahora,
en un tribunal federal de Brooklyn, está apareciendo lo que nunca se ventiló
públicamente en los juzgados de México, y donde el crimen pareciera que se
explicaba y explica en sí mismo, por sus personajes y leyendas, sus corridos y
mitos.
Sin
embargo, ese juicio norteamericano en marcha tiene sus límites, se circunscribe
hasta ahora al “juicio por narcotráfico del Chapo Guzmán” y cualquier añadido
de la política no pareciera interesar al juez Brian Cogan, que esta semana se
demostró cuando conminó a Dámaso López —cuando detallaba la serie de asesinatos
ordenados presuntamente por su jefe—, a circunscribirse al tema de
narcotráfico.
Por
cierto, entre ellos estaría la petición que supuestamente hizo la priista
Estela de Jesús Ponce Beltrán al Chapo Guzmán, cuándo siendo alcaldesa de La
Paz pidió asesinar a Juan Antonio Salgado Burgoin, un policía incómodo que fue
acribillado en febrero de 2014. Sería interesante saber los pormenores de este
asesinato, seguramente impune, y el posible papel esta funcionaria pública que
jugó y jugaba en el trasiego de drogas en la península, que sale a negarlo y
decir que no le importa “lo que se diga de mí en Estados Unidos”.
Y
ahí está la clave. Hasta ahora las autoridades mexicanas han estado de
espectadoras, no se han pronunciado en ninguno de los casos señalados, hay
cautela o de plano comparten la idea de que los procesados en cárceles
norteamericanas dirán cualquier cosa con tal de reducir sus penas y volver a
México por sus fueros. Vamos, que se hagan bolas los gringos, en tanto aquí, en
México, la dinámica es otra o sea la misma.
En
este contexto, resulta interesante la entrevista que concede el ex procurador
Oscar Fidel González (OFG) a Alejandro Monjardín (AM), reportero de Ríodoce,
sobre el blindaje político a Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, Chuytoño, quien fue
mencionado por Vicente Zambada el Vicentillo en el juicio de Brooklyn:
AM: ¿En algún momento buscó destituirlo
de la Policía Ministerial?
OFG:
Si en varias ocasiones lo platiqué con el gobernador, hay que recordar que en
esa época nombraba, quien designaba a los directores de la Policía Ministerial
era el gobernador del Estado, el gobernador había nombrado a Chuytoño años antes,
cuando yo llegué (a la PGJE) él ya estaba en la policía, sí llegué a platicar
el tema en varias ocasiones con el gobernador Millán pero nunca avanzamos en el
asunto, yo le expresé mi preocupación y él tenía la facultad de decidir,
finalmente fue hasta el último, hasta que ocurre la muerte del Rodolfillo que
ahí pudo sostener a Chuytoño.
AM: Cuando Chuytoño volvió con Malova,
¿cómo le cayó la designación?
AFG:
No me lo expliqué nunca, no me expliqué jamás su llegada…
(SEMANARIO ZETA/ IMPRESO/ENERO 29, 2019,
6:33 AM)
