El
Cártel de Sinaloa, uno de los más longevos del mundo criminal, alcanzó su
máxima evolución durante los gobiernos panistas que encabezaron Vicente Fox y
Felipe Calderón entre el año 2000 y el 2012, respectivamente, escribe el
periodista Ricardo Ravelo.
“Fueron
12 años de pifias, ensayos y rotundos fracasos en la lucha contra el
narcotráfico, la expresión más violenta del crimen organizado, toda una
simulación, farsa vil sin límites que se sostuvo en el discurso y se derrumbó
en los hechos, imposible soportar el peso de la mentira oficial”, señala en un
texto publicado por Sin Embargo.
“Apenas
transcurrían los primeros veinte días del Gobierno del cambio, el de Vicente
Fox, el hombre que había sacado al PRI de Los Pinos y que prometía encarcelar a
los llamados ‘peces gordos’ de la corrupción –otra de las farsas sexenales,
cuando en el penal de Puente Grande, Jalisco, se preparaba todo para la fuga
espectacular de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, quien se convertiría a la
postre en el capo de los sexenios de Fox y Calderón, entonces figuras
hegemónicas del PAN”.
En
el escrito Ravelo narra la detención y fuga del Chapo Guzmán del penal de
Puente Grande, gracias a “que ahí debilitó la dureza de la máxima seguridad y,
a base de corrupción, sometió tanto a reos como a las propias autoridades del
penal. Todos se volvieron empleados y cómplices del capo, quien vivía como rey:
realizaba fiestas que duraban varios días, le suministraban cocaína, le
autorizaban la introducción de mujeres de la vida galante y no le faltaba ni el
Viagra para contrarrestar su debilidad sexual, su angustia cotidiana”.
“En
Puente Grande todo se preparó para su fuga tan pronto arribó Vicente Fox al
poder. Se dijo que “El Chapo” había planeado todo mediante un ardid largamente
maquinado, aunque después aparecieron versiones en el sentido de que pagó una
suma descomunal por su libertad y así había sellado un pacto con el Gobierno
del cambio”.
Lo
que dice Ravelo:
Guzmán
Loera se fugó –o más bien le abrieron la puerta de la prisión –para que
consolidara un proyecto criminal que en ese momento era importante: se trataba
de construir un cártel –Sinaloa –que operara como una suerte de Federación de
cárteles en el país y, así, se disminuyera la violencia, agrega.
Ya
en libertad, Guzmán Loera trazó tres objetivos, los cuales fueron explicados
durante una cumbre de capos celebrada en Monterrey, Nuevo León, a la que
asistieron los Beltrán Leyva, Nacho Coronel, el Mayo Zambada, Juan José
Esparragoza Moreno, el Azul, entre otros.
El
plan de Sinaloa era acabar con la hegemonía de los hermanos Carrillo Fuentes
–entonces todavía poderosos en el mundo del hampa –, exterminar a los hermanos
Arellano Félix y al cártel de Los Zetas, éstos, los más sanguinarios de
entonces.
El
Gobierno de Vicente Fox siguió a pie juntillas los lineamientos marcados por
los jefes del Cártel de Sinaloa: con todo el poder del Estado atacó hasta
encarcelar a los Arellano Félix, desmembró a los Carrillo Fuentes y emprendió
una fuerte andanada contra Los Zetas y el Cártel del Golfo. El Cártel de
Sinaloa no fue tocado. Para entonces, el jefe de la Agencia Federal de
Investigaciones (AFI) era Genaro García Luna, detenido en Dallas, Texas, el
lunes 9. El Secretario de Seguridad Pública era Ramón Martín Huerta, quien
después murió en un accidente aéreo presuntamente perpetrado por el crimen
organizado. Sobre este caso nada se supo porque Fox ordenó silenciar el caso
enviándolo a la reserva.
En
el Gobierno de Vicente Fox el narcotráfico se instaló hasta en su oficina de
Los Pinos. Nahúm Acosta Lugo, su jefe de giras, era socio y amigo de Arturo
Beltrán Leyva, con quien hablaba por teléfono frecuentemente para informarle
sobre los planes y pasos que daba el Presidente. Alfonso Durazo, el actual
Secretario de Seguridad Pública, conocía muy bien a ese grupo de trabajo: era
el secretario privado de Fox.
La
Drug Enforcement Administration (DEA), como es costumbre, alertó a la PGR de la
infiltración del narco en la oficina presidencial. Los agentes norteamericanos
sugirieron interceptar los teléfonos de Los Pinos y de todos los funcionarios
cercanos a Fox para conocer más detalles de la infiltración. Sin embargo, el
entonces procurador General de la República, Rafael Macedo, se opuso. Nahúm
Acosta fue destituido y procesado, pero extrañamente no se le comprobó nada. El
manto de la impunidad lo cobijó. Luego apareció como jefe de prensa del
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora.
Durante
todo el sexenio de Fox el Chapo Guzmán vivió impune, libre de persecuciones
porque jamás se le persiguió pese a las presiones de Estados Unidos.
Cuando
Felipe Calderón llegó al poder el plan para consolidar a Sinaloa como cártel
hegemónico continuó su marcha. Calderón implementó la guerra contra el
narcotráfico, pero sus resultados fallidos dan cuenta de que todo ese proyecto
fue una farsa: el narcotráfico terminó fortalecido, los cárteles se
internacionalizaron y se hicieron más fuertes mediante las alianzas
estratégicas.
En
2012, el crimen organizado ya estaba diseminado por todo el país. Los grupos
criminales habían pactado con alcaldes, gobernadores, mandos policiacos y con
cuanta autoridad les garantizó impunidad. También ejercían el poder en los
municipios, legislaban a nivel local y federal y nadie los procesó. Así se
consolidó en México una suerte de mafiocracia, indestructible hasta ahora,
entre otras razones, porque ningún Gobierno ha emprendido el desmantelamiento
de la estructura política y financiera que la sostiene.
Genaro
García Luna se convirtió en el hombre más poderoso del sexenio después de
Presidente, a pesar de que públicamente se le acusaba de tener nexos con el
crimen, en particular, con el Cártel de Sinaloa. Para consolidarse en el poder,
despidió a viejos policías y a otros los encarceló, la venganza como arma
letal. Fue el caso de Javier Herrera Valles, un agente federal de larga
experiencia que se atrevió a denunciar los desatinos de la lucha contra el
crimen ante el entonces Presidente Felipe Calderón.
Mediante
sendas cartas, Herrera Valles denunció a García Luna de estar coludido con el
narcotráfico y de implementar verdaderas torpezas con los Operativos Conjuntos
contra el crimen, pues de acuerdo con Herrera, dicho plan era una verdadera
pifia, una simulación, una farsa del poder.
Esto
no sólo le costó el empleo a Herrera Valles sino su libertad. Fue encarcelado,
se le acusó con testigos falsos de tener nexos con el crimen. Se le internó en
el penal de El Rincón, en Nayarit, donde fue torturado. En una denuncia ante la
CNDH el agente federal expuso que en una ocasión fue despertado en su celda.
Unos militares lo llamaron. Lo pasaron a otra celda donde lo golpearon y luego
lo introdujeron a un lugar nauseabundo donde el drenaje tenía fuga. La mierda
inundaba aquel sitio asqueroso. Ahí lo encerraron. Con el paso de las horas el
agua fue subiendo de nivel hasta que le llegó al cuello y, luego, a la boca.
Herrera Valles nadaba en medio de aguas negras y excremento. Esta tortura,
según dijo entonces, había sido ordenada por García Luna. Era parte de la
venganza.
García
Luna enfrentó la rebelión de los agentes federales que fueron despedidos,
aparentemente por incompetentes, aunque luego se supo que el plan era quitar a
la gente de experiencia. Le estorbaban en su plan de proteger al Cártel de
Sinaloa. Los espacios fueron ocupados por policías inexpertos, formados al
vapor, listos para el fracaso conveniente.
La
Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados recibió una carta donde
los agentes inconformes exigieron la destitución de García Luna. La razón: sus
nexos con el narco.
En
una misiva los policías detallaron un episodio que explica el nivel de vínculo
que tenía García Luna con el Cártel de Sinaloa. Expusieron que en una ocasión
la camioneta del flamante Secretario de Seguridad Pública fue interceptada en
la carretera de Tepoztlán, Morelos, por varios hombres armados. La escolta de
García Luna fue maniatada, imposible zafarse. Fueron superados en número. El
funcionario se bajó del vehículo y acató las instrucciones: lo llevaron a una
casa de seguridad, localizada cerca de ese punto.
Ahí
se encontraba Arturo Beltrán Leyva, el Barbas, cabeza de una de las células más
poderosas del Cártel de Sinaloa.
En
la carta los agentes relataron que el capo le recriminó a García Luna por qué
no había cumplido el pacto que tenían. Luego de un diálogo de varios minutos,
García Luna regresó a su vehículo y siguió su camino. Estaba dispuesto a
cumplir. Los Beltrán fueron posteriormente combatidos pero cuando rompieron
relaciones con el Cártel de Sinaloa. La estructura de el Chapo, en cambio, se
mantuvo intocada.
Otro
episodio que puso en claro la protección que brindó García Luna al narcotráfico
ocurrió a principios de 2012: un tiroteo entre agentes federales causó la
muerte de varios policías en la terminal II del Aeropuerto de la Ciudad de México.
Los policías se disputaban un botín: un cargamento de media tonelada de cocaína
que había llegado, procedente de Lima, Perú, en un avión de Aeroméxico.
Los
agentes que sobrevivieron dijeron que el principal responsable de esas
operaciones era Luis Cárdenas Palominos, cercano colaborador de García Luna,
hoy empleado de la Iniciativa Privada.
Ahora
que García Luna está preso en Estados Unidos por recibir sobornos del
narcotráfico, según el expediente, el ex Presidente Felipe Calderón quiso
deslindarse de su policía consentido aduciendo en su cuenta de twitter que nada
sabía de sus nexos con el crimen.
Calderón
no puede alegar desconocimiento porque la prensa nacional lo alertó con
denuncias periodísticas sobre estos presuntos nexos de su policía preferido y
él las ignoró. Es más, lo cobijó con la impunidad. Era claro que se trataba de
un acuerdo de cúpula para beneficiarse con el dinero del narcotráfico y para
ello otorgaron protección haciendo la guerra al crimen, una guerra fallida que
dejó más muertos que buenos resultados, pues el narco ahí sigue galopante en
todo el país.
El
Gobierno de la Cuarta Transformación tiene la gran oportunidad no sólo de
colaborar con Estados Unidos en el caso de García Luna sino de integrar, por su
cuenta, un Maxi proceso contra Sinaloa y su red política y financiera que, todo
indica, estaría encabezada por los ex presidentes Vicente Fox y Felipe
Calderón, en cuyos gobiernos Sinaloa se consolidó como cártel.
Esperemos
que al Presidente Andrés Manuel López Obrador no le tiemble la mano para actuar
ni a Alfonso Durazo se eche para atrás con vagos argumentos. Aquí no se trata
de soltar balazos sino de aplicar la ley. Así de simple. De no hacerse nada, el
país seguiría envuelto en una impunidad atroz. Y esto si le costaría y muy caro
al actual Gobierno. El peor error ante un problema –decía Confucio—es saber qué
hacer y no hacerlo.
(RIODOCE/ REDACCION/ DICIEMBRE 13, 2019,
10:18 AM)
