Preso y vinculado a proceso por
lavado de dinero, el ex magistrado de circuito Isidro Avelar Gutiérrez enfrenta
a la justicia por sus supuestos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva
Generación. En los años 90 fue señalado de beneficiar con amparos a Joaquín “El
Chapo” Guzmán, Jesús Héctor “El Güero” Palma y a otros miembros del Cártel de
Sinaloa. Ordenó devolver al narcotraficante Juan José Quintero Payán “Don
Juanjo”, 779 mil dólares que le habían asegurado en 1992. Rubén Oseguera “El
Menchito”, otro de los beneficiados con sus resoluciones, se encuentra al borde
de la extradición a EU
Mal termina la carrera judicial
del magistrado federal Isidro Avelar Gutiérrez, pues pese al principio de
presunción de inocencia, los gobiernos de México y Estados Unidos están
convencidos de que con sus resoluciones presuntamente benefició a miembros del
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre los que figura Rubén Oseguera
González “El Menchito”, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder
de la organización criminal.
Un Juez de Control de Distrito
Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México dictó auto
de vinculación a proceso contra el ex funcionario por su probable
responsabilidad en la comisión del delito de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo
que el imputado continuará internado en el penal de máxima seguridad Altiplano,
en Almoloya de Juárez.
El ex “impartidor de justicia”
no fue acusado por el delito de cohecho o delincuencia organizada porque no se
ha podido probar los actos en los que supuestamente habría recibido dinero del
grupo delictivo que encabeza “El Mencho”; sin embargo, se acredita por el
momento posible lavado de dinero, ya que la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) denunció que Isidro Avelar recibió depósitos bancarios en sus cuentas por
78.5 millones de pesos, de los cuáles 50 millones no pudieron ser acreditados y
se presumen de origen ilícito.
El suspendido magistrado de
circuito fue detenido por agentes federales el 22 de noviembre en el Aeropuerto
Internacional “Miguel Hidalgo” de Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento a una
orden de aprehensión cuando se encontraba en tránsito. De inmediato fue
trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO) y posteriormente remitido al Centro Federal de Readaptación
Social (Cefereso) Número 1.
La audiencia de control duró
aproximadamente seis horas, pues comenzó el viernes de su captura a las diez de
la noche y terminó cerca de las cuatro de la madrugada del sábado 23 de
noviembre. La detención fue calificada de legal y la audiencia llegó a su fin
con la imposición de la medida cautelar dictada por el juzgador, ordenando que
Avelar Gutiérrez debía quedar preso en tanto se resolvía su situación jurídica
en las próximas 144 horas, a petición del propio implicado.
Los señalamientos de presunta
corrupción del ex juez y magistrado, nacido el 13 de junio de 1962 en el
municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, limítrofe con Zapopan,
datan desde la década de los 90, cuando varias de sus resoluciones fueron
consideradas como polémicas, beneficiando en ese entonces a miembros del Cártel
de Sinaloa, como Joaquín “El Chapo” Guzmán y Jesús Héctor “El Güero” Palma,
entre otros.
Mientras Isidro Avelar enfrenta
de manera inicial a la justicia mexicana para la cual trabajó durante casi tres
décadas, el hombre al que habría auxiliado bajo la sombra de la sospecha del
soborno, Rubén Oseguera González “El Menchito”, se encuentra a punto de ser
extraditado a la Unión Americana para procesarlo en la Corte Federal del
Distrito de Columbia, en Washington DC, bajo cargos de asociación delictuosa
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de
metanfetamina, así como uso y posesión de un arma de fuego para fomentar
delitos contra la salud.
ACUSACIÓN
Los problemas para Isidro
Avelar Gutiérrez iniciaron a raíz de la resolución de fecha 18 de enero de
2017, en la que siendo magistrado del Sexto Tribunal Unitario de Circuito del
Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco,
otorgó un amparo indirecto a Rubén Oseguera, señalado como el número dos del
CJNG, para desligarle del delito de delincuencia organizada por el que contaba
con auto de formal prisión en la causa penal 177/2015 del Juzgado Sexto de
Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco.
Con el amparo concedido al
“Menchito” se derribaban las cuatro pruebas que le vinculaban como integrante
de la organización criminal de mayor expansión territorial en el país durante
los últimos años. A saber, dichas pruebas son: que es hijo del “Mencho”, líder
del cártel; que poseía un fusil AR-15 con las siglas inscritas CJNG; dos
testigos lo identifican por medio de fotografía como uno de los jefes del clan
delictivo; y finalmente un cuadro de vínculos elaborado tanto por el área de
Inteligencia de la Policía Federal, como otro organigrama diseñado por el
Centro Nacional de Planeación e Información (Cenapi) de la ex Procuraduría
General de la República (PGR, hoy Fiscalía).
Avelar consideró que la
documentación para consignarlo contiene fallas y que el juez federal que le
enjuició no valoró correctamente las pruebas. Llegó a la conclusión que ser
hijo del líder del cártel no hace al hijo criminal; la posesión de un arma con
la frase CJNG tampoco es prueba contundente; los testigos describieron
características físicas del implicado a pesar de ver la fotografía; y
finalmente cuestionó la ausencia de una fuente de información de Inteligencia
de la Policía Federal y del Cenapi para elaborar sus informes.
También se conoció que Avelar
Gutiérrez había liberado a otros integrantes del grupo delictivo, como Juan
Francisco Aguilar Santana “Juan Pistolas”, una de las personas más cercanas a
Nemesio Oseguera Cervantes y al que habrían realizado cateos simultáneos en
diversos inmuebles, motivo suficiente para que el juzgador cuestionara al
Ministerio Público Federal cómo hizo para estar en dos o más lugares a la misma
hora.
Dejan cabeza desollada en
Dirección Municipal de Transporte
Aproximadamente a las tres de
la mañana del miércoles 27 de noviembre, un hombre portando vestimenta negra
arrojó a los patios de la Dirección Municipal de Transporte Público, en la
colonia Los Santos en Tijuana, una bolsa de plástico oscura en cuyo interior
había una cabeza y una caja de plástico con diversas máscaras con las figuras
de animales y flores.
Un testigo que se encontraba
justo afuera de la dependencia localizada en Prolongación Paseo de los Héroes y
Avenida Ermita, reportó el hecho a las autoridades policiacas, quienes
confirmaron se trataba de restos humanos.
De acuerdo con información
revelada a ZETA, la cabeza pertenecía a un hombre, no tenía piel adherida al
rostro y le faltaba un ojo. En el cuello de la víctima, de la que no se pudo
determinar la edad, se aprecia un tatuaje con los números 666.
En tanto que en la caja de
plástico transparente había figurillas de corazones en color rosa y diversas
máscaras de imágenes de animales: mariposa de colores, abeja, cebra, elefante,
pato, jirafa, león, perro, rana, conejo y de una flor.
Horas después del macabro
hallazgo, el titular de la Dirección de Transporte Público Municipal de
Tijuana, Javier Salas Espinoza, presentó su renuncia al cargo “por así convenir
a sus intereses personales”.
El 3 de abril de 2019, el
Consejo de la Judicatura Federal removió a Isidro de un Tribunal en
Chilpancingo, Guerrero, debido a que fue denunciado por actos de corrupción.
Posteriormente, el 17 de mayo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
incluyó al entonces magistrado en su lista negra de cabecillas del narcotráfico
por su presunta relación con el CJNG. En ese país se ordenó congelar cualquier
activo que tuviese él o sus familiares.
El señalamiento de los
norteamericanos puso a trabajar a las autoridades mexicanas que ya contaban con
antecedentes de la conducta dudosa del jurisconsulto en algunas de sus
sentencias y la UIF se afanó en buscar
el origen de 50 millones de pesos que Avelar no pudo acreditar con sus ingresos
como funcionario judicial o cualesquier otro negocio personal o familiar. A la
fecha no se conoce de dónde proviene el dinero, pero la principal sospecha de
la autoridad es que es producto de actos de corrupción.
El Consejo de la Judicatura
Federal suspendió temporalmente, sin goce de sueldo y por seis meses, a Isidro
Avelar, con el objetivo de realizar una investigación sobre las conductas
advertidas, luego de una serie de operaciones dentro del Sistema Financiero
Nacional que alertan que el magistrado pueda estar obteniendo parte de su
patrimonio por medio de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La UIF
y el Ministerio Público Federal ordenaron el congelamiento de sus cuentas
bancarias y las de sus familiares directos.
Avelar Gutiérrez recurrió a
demandas de amparo en un intento de frenar lo que se veía venir. En materia
penal interpuso un par de juicios de garantías, pero estos se resolvieron antes
de que existiese la orden de aprehensión, por lo que causaron sobreseimiento.
En materia administrativa, tanto el imputado como dos de sus hijas, solicitaron
la protección de la justicia federal para que pudiesen ser descongeladas sus
cuentas de banco, pero a la fecha, los juicios de amparo no se han resuelto.
ANTECEDENTES
La mala fama de “Chilo” -como
le conocen sus familiares y amigos-, llegó desde los inicios de su carrera en
la función judicial en 1990, cuando era oficial judicial de bajo perfil en el
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal de Guadalajara. En 1992 pasó al
Juzgado Primero de Distrito en la misma materia en Puente Grande como
secretario de la mesa de amparos, siendo su jefa inmediata la titular María del
Pilar Parra Parra.
El ansiado premio de ser juez
federal llegó en 1993, cuando fue designado Juez Mixto de Distrito en el Estado
de Campeche, para regresar un año después al complejo carcelario de Puente
Grande como Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal. Entonces se dio a conocer
por algunas resoluciones polémicas como la liberación de algunos de los
procesados por los delitos federales del caso del homicidio del Cardenal Juan
Jesús Posadas Ocampo y seis personas más.
En la década de los 90 permite
recuperar su libertad al ex comandante de la Policía Judicial Federal, Hugo
Tinoco, señalado de proteger al “Chapo” Guzmán y participar en la entrega de
presuntos rivales al Cártel de Sinaloa. También concedió sendos amparos al
mismísimo Guzmán Loera para desligarle del crimen de Posadas en el fuero común
y de un proceso por el delito de cohecho.
Al “Güero Palma”, compadre del
“Chapo”, le concedió un amparo contra un auto de formal prisión que pesaba en
su contra en un Juzgado penal estatal por un triple homicidio ocurrido en un
cerro del poblado de Nextipac, en Zapopan, en hechos ocurridos en diciembre de
1992. Además le protegió jurídicamente del homicidio del Cardenal Posadas y los
hechos de la balacera en el aeropuerto tapatío el 24 de mayo de 1993. A Antonio
Mendoza Cruz, chofer del “Chapo”, le amparó por el crimen del clérigo.
Otro que recibió la gracia de
Isidro Avelar fue Edgar Mariscal Rábago “El Negro”, sicario del Cártel Arellano
Félix y señalado como autor material del asesinato de Juan Jesús Posadas
Ocampo. La orden de aprehensión dictada en ese Juzgado Cuarto Federal se hizo
con base al señalamiento de testigos que describieron al “Negro”; sin embargo,
la media filiación no coincidió y el juez determinó que no se trataba de la
misma persona y decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar.
Solo estaba ahí por delitos federales, y en el fuero común a la fecha sigue
preso por el homicidio.
Y cómo olvidar la resolución de
un incidente de devolución de numerario que tramitó el narcotraficante Juan
José Quintero Payán, a quien la PGR le aseguró a mediados de 1992 la cantidad
de 779 mil dólares en efectivo que presuntamente trasladaba a Guanajuato para
pagar un cargamento de cocaína procedente de Sudamérica. Luego de quedar libre,
el tío de Rafael Caro Quintero reclamó su dinero e Isidro ordenó su devolución,
aunque en la PGR ya no lo encontraban.
En otro caso extraño, siendo
magistrado, Avelar Gutiérrez concedió el amparo a dos de cinco sujetos que el
19 de mayo de 2009 fueron detenidos por el Ejército en el rancho “El Tepozán”,
municipio de San Julián, Jalisco. Los quejosos habían disparado contra los
soldados y al ser detenidos les hallaron dentro del rancho las armas de fuego y
34 tambos metálicos con capacidad de 200 litros cada uno con productos químicos
esenciales para la elaboración de narcóticos (tolueno, acetona, alcohol isopropílico,
metilamina, ácido sulfúrico y ácido fenilacético), 82 cubetas con acetato de
plomo, 40 costales con hidróxido de sodio, cinco cilindros de gas, un reactor,
dos tubos metálicos, dos tinas mezcladoras y un motor eléctrico.
“MENCHITO”
Los abogados de Rubén Oseguera
González “El Menchito” están desesperados. Su cliente está a punto de ser
extraditado a Estados Unidos. Dos semanas es, a lo mucho, el tiempo que
tardaría la entrega del gobierno mexicano a su homólogo norteamericano. La
defensa ya no espera un milagro, a menos que no se materialice la entrega y
entonces al señalado como número dos del CJNG lo tendrían que dejar libre,
situación más que imposible.
Pese a lo anterior, los
litigantes encabezados por Víctor Francisco Beltrán García, también boletinado
en la lista negra del Departamento del Tesoro estadounidense, se quejaron de
que en septiembre le fue negado un amparo al hijo del “Mencho” por
Aseguran casi dos toneladas de
marihuana en la colonia Chapultepec California
Tras ejercer una orden de cateo
en una vivienda localizada en la colonia Chapultepec California en Tijuana, se
dio el decomiso de mil 945 kilogramos de marihuana.
Información revelada a ZETA
refiere que el lunes 25 de noviembre, luego que agentes estatales de
Investigación realizaran una indagación en la zona antes mencionada,
visualizaron a un hombre en posesión de un paquete de marihuana que al
percatarse de la presencia policiaca intentó ingresar al domicilio marcado con
el número 4 de la Privada Berna; en el patio se observaban varios paquetes al
parecer de droga.
El sujeto fue detenido por la
autoridad y se solicitó una orden de cateo al Ministerio Público, la cual fue
cumplimentada el jueves 28 de noviembre, localizando 50 paquetes rectangulares
con hierba verde y seca, al parecer marihuana, con un peso aproximado a 3.500
kilogramos cada uno; y 177 paquetes rectangulares confeccionados con papel
aluminio conteniendo en su interior hierba verde y seca, al parecer marihuana,
con un peso aproximado a 10 kilos cada uno.
En total, 227 paquetes con un
peso bruto aproximado preliminar de mi l945 kilos.
La droga fue trasladada a las
instalaciones de la Fiscalía General del Estado.
presiones e intervención de
consejero de la Judicatura Federal, Alejandro González Bernabé, y de un
supuesto agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus
siglas en inglés). El consejero habría dado la orden de denegar la protección.
Entre los reclamos de los
abogados, se encuentra la negativa del Tribunal Colegiado con residencia en
Oaxaca de desahogar la totalidad de las pruebas ofrecidas en descargo de Rubén.
De 30 solo se desahogaron 14 pruebas, entre estas la que buscaba demostrar que
“El Menchito” no es hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, sino que su padre se
llama Rubén Oseguera Cervantes y no tiene dicho apodo. Para ello entregó su
acta de nacimiento.
Se realizaron periciales
antropométricas y de fotografía forense, pues Oseguera junior pretendía probar
que no es la misma persona que aparece en la fotografía aportada por un fiscal
estadounidense al expediente, pero los peritos oficiales dictaminaron que sí
existe correspondencia dimensional, cromática y morfológica de las
características faciales entre las personas que aparecen en las fotografías comparadas,
y que se trata del sujeto reclamado que en ese entonces se encontraba internado
en el Cefereso Número 13 en Oaxaca.
También se argumentó que la
supuesta actividad criminal del reclamado en EU es falaz, pues se señala como
año de inicio 2004, cuando Oseguera González contaba con 13 años de edad,
siendo que al otro lado, la mayoría de edad es a los 21 años. Esa prueba
tampoco tuvo la aprobación del tribunal.
Actualmente “El Menchito” está
preso en el Cefereso Número 11 en Hermosillo, Sonora, adonde fue trasladado
precisamente en septiembre, cuando le fue negado el amparo, procedente del
Cefereso Número 15 de Chiapas. Estuvo en la prisión federal de Villa
Comaltitlán tras el rumor de que en julio se fugaría del penal de máxima
seguridad Altiplano, al cual llegó
procedente del Cefereso Número 2 de Jalisco. En todas esas cárceles estuvo tan
solo en 2019.
El abogado Víctor Francisco
Beltrán informó que el 28 de octubre, la defensa presentó un escrito a la
Secretaría de Relaciones Exteriores para que revise todas las irregularidades
en el proceso de extradición, ya que supuestamente hubo firmas apócrifas de
William Duncan, diplomático estadounidense, además de falsos testimonios de
testigos protegidos.
Beltrán García reconoce que ya
agotaron todos los recursos e instancias judiciales posibles para evitar la
extradición al vecino país del norte, y ahora, la única oportunidad para
impedir que Rubén Oseguera sea entregado a Norteamérica es que la cancillería
mexicana considere su solicitud para revisar las anomalías en el procedimiento.
(SEMANARIO
ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 2 DICIEMBRE, 2019 01:00
PM)
