Ataques
armados con por lo menos cuatro víctimas en bares, carreteras, viviendas, zonas
serranas y rancherías, han dejado 411 muertos y más de 90 lesionados en los
primeros once meses del presente sexenio. Entre las víctimas hay 11 niños, 20
mujeres y 35 policías y militares. Tan solo en multihomicidios, en diez bares
murieron 92 personas en seis estados del país. Michoacán, Tamaulipas,
Guanajuato, Veracruz y Guerrero, son las entidades con mayor incidencia en este
tipo de atentados y cantidad de víctimas fatales. Muy pocos detenidos, aunque delincuentes
y organizaciones criminales han sido identificados por los hechos
A casi un año de
iniciada la actual administración federal, se han registrado 53 masacres en
México, en las que han fallecido por lo menos 411 personas y más de 90
resultaron lesionadas, de acuerdo con un recuento realizado por esta casa
editorial de los hechos en los que un mínimo de cuatro personas han sido
asesinadas por evento.
La más reciente
apenas el jueves 21 de noviembre, cuando un comando emboscó a cinco policías en
Fresnillo, Zacatecas.
Los homicidios
múltiples ocurrieron en 16 entidades federativas, destacando por su violencia
Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Guerrero y Veracruz. Los ataques se reportan
en calles y avenidas de ciudades, en la sierra, carreteras, brechas, algunas
viviendas y de manera muy preocupante en bares y centros de diversión.
Indicadores
delictivos presentados recientemente por el Instituto Nacional de Geografía y
Estadística (Inegi) destacan que durante 2018 se registraron 36 mil 685
homicidios en el país; mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública refiere que de diciembre de 2018 a septiembre de
2019, ocurrieron 28 mil 782, lo que indica que la cifra del año anterior podría
rebasarse.
En todas las
masacres cometidas en este sexenio se han empleado armas de fuego de uso
exclusivo de las Fuerzas Armadas que entran de contrabando de Estados Unidos y
otros países a México, para abastecer a las organizaciones criminales que en
diversos territorios se encuentran en conflicto por el mercado negro de la
droga y otros ilícitos como secuestro, extorsión y sustracción de
hidrocarburos.
Entre las 411
víctimas de los asesinatos múltiples de referencia, se encuentran 375 hombres,
20 mujeres y 11 niños. Entre los varones victimados, se tiene el dato de que 23
eran policías, cinco custodios penitenciarios y siete elementos del Ejército
Mexicano. Entre los más de 90 lesionados en los mismos hechos también hay por
lo menos seis niños y once policías estatales y municipales.
Los ataques masivos
que han horrorizado a la sociedad mexicana se registran por igual en sitios
cerrados que abiertos. Según datos recabados por ZETA:
* 12 de los hechos ocurrieron en calles y avenidas de
ciudades.
* 11 en carreteras, caminos o brechas.
* 10 en bares citadinos.
* 5 en la sierra.
* 5 en ranchos o comunidades.
* 1 en una comandancia de Policía.
* 1 en una terminal de autobuses.
* 1 en un tianguis del automóvil.
La brutalidad de los
grupos delictivos, muchos de ellos identificados, ha elevado la cuota de sangre
y muerte en los estados con más agresiones. En 29 de las ocasiones los ataques
armados de delincuentes tuvieron como blanco a personas de la sociedad civil,
se reportaron siete confrontaciones entre grupos criminales organizados, una
emboscada a militares y cuatro emboscadas a policías. Sin embargo, también en
cuatro ocasiones el Ejército abatió a sus atacantes y policías eliminaron a
presuntos delincuentes en cinco eventos. Otros dos hechos ocurrieron entre
grupos de autodefensas.
Las masacres en
bares son de espanto. Se tiene registro de 92 muertos y por lo menos 32 heridos
en las agresiones en ese tipo de sitios de recreo. Guanajuato y Veracruz
lideran la incidencia negativa en ese rubro.
El uso
indiscriminado de armas de fuego se hizo sentir en bares y cantinas de las
ciudades de Irapuato, Silao, Salamanca,
Minatitlán, Coatzacoalcos, Tepalcatepec, Playa del Carmen, y Guadalupe en
Zacatecas.
Aún no cesa el
horror que causó el fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán López, hijo
del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, el 17 de octubre en Culiacán,
cuando se replicaron balaceras que dejaron ocho personas muertas. Tampoco se
pueden borrar las imágenes de los asesinatos de tres mujeres y seis niños de la
comunidad LeBarón, el 4 de noviembre en la sierra de Bavispe, Sonora. Y en
diversas partes del territorio nacional se siguen presentando homicidios
múltiples.
Los hechos más
recientes, son la emboscada del 8 de noviembre en la comunidad zapoteca de San
Vicente Coatlán, Oaxaca, donde murieron cinco policías estatales y cuatro más
fueron lesionados cuando realizaban labores de patrullaje a bordo de dos de sus
unidades. Y los enfrentamientos entre militares y el Cártel del Noreste, el día
14 del mismo mes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con saldo de siete muertos, entre
estos un soldado del Ejército Mexicano.
Y la última el jueves
21 de noviembre en Zacatecas, cuando cinco policías municipales de Fresnillo
fueron emboscados por un comando en las inmediaciones del municipio de Calera.
Ni las autoridades
federales, menos aún las locales, han podido revertir la espiral de violencia
que se vive en sus territorios. Cabe mencionar que de los 16 estados que
registran masacres, ocho son gobernados por funcionarios emanados de los
partidos Revolucionario Institucional (PRI), tres por Acción Nacional (PAN),
dos por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), uno por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), otro por Movimiento Ciudadano y uno por Partido
Encuentro Social (PES).
GUERRERO Y MICHOACÁN
La nueva
administración presidencial no tardó muchos días en ver los primeros brotes de
violencia. El 10 de diciembre de 2018 ocurrió un enfrentamiento entre civiles
armados y policías comunitarios en la zona serrana de Petatlán, Guerrero, con
saldo de seis hombres muertos. A partir de entonces y a la fecha Guerrero seguiría rindiendo cuota
de sangre en balaceras y masacres.
El 27 de enero de
2019, grupos antagónicos de autodefensas chocaron en el camino a la comunidad
de Paraíso de Tepila, en Chilapa. Cuando la Policía Estatal arribó al lugar,
encontró dos camionetas baleadas con diez personas muertas a tiros y dos
heridas. Meses después, el 21 de julio, durante el ataque a un bar en Acapulco,
cinco hombres fueron asesinados y seis lesionados.
Por lo menos cuatro
elementos del Ejército que realizaban tareas de erradicación de cultivos de
droga, murieron acribillados en Guerrero, producto de una emboscada del llamado
Cártel de la Sierra, el 24 de septiembre. Otro enfrentamiento, el 15 de octubre
en Tepochica, municipio de Iguala, cargaría los muertos hacia el lado de
presuntos delincuentes; 14 de los fallecidos fueron civiles y un militar. A los
civiles les aseguraron 6 mil 329 cartuchos para siete diferentes tipos de armas
de alto poder.
Un nuevo tiroteo
entre civiles armados se reportó en Guerrero, pero en la comunidad de
Pochahuizco, municipio de Zitlala, el 24 de octubre. El saldo fue de nueve
fallecidos. Las víctimas estarían vinculadas al grupo delictivo Los Rojos,
liderado por Zenen Nava Sánchez “El Chaparro”, quien se disputa el territorio
con la organización Los Ardillos. En el lugar de la agresión había más de 50
casquillos percutidos de rifles de asalto.
En Michoacán ha
ocurrido la mayor parte de los multihomicidios. Desde el registrado el 22 de
febrero, cuando civiles y agentes de la Base de Operaciones Mixtas en
Buenavista se agarraron a balazos en un intento por detener a Nicolás Sierra
Santana “El Gordo”. Murieron nueve civiles y un mando militar.
Luego, el 2 de abril
en Uruapan, cuatro hombres fallecieron tras un enfrentamiento entre grupos del
crimen organizado.
Uruapan se convirtió
en tierra de muerte. El 22 de mayo hubo otra balacera entre Los Viagra y el
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la colonia Arroyo Colorado, cerca de
la carretera hacia Lombardía, donde diez personas perdieron la vida y tres
quedaron heridas. Dos días más tarde, dentro de una camionera incinerada que
estaba a la orilla de la carretera El Durazno-Angahuan, fueron hallados cinco
cadáveres calcinados. Para el 1 de junio, otros cuatro cuerpos sin vida y
torturados se localizaron a un costado de la misma vía de comunicación, en la
comunidad Las Cocinas.
El 25 de julio, en
Uruapan, a las afueras de la funeraria San José mataron a tiros a siete
personas y lesionaron a diez. Los presuntos autores fueron señalados como
miembros de Los Viagra. Seis noches después, un grupo de sujetos armados arribó
a las afueras de un domicilio de la colonia Infonavit Patria en la misma ciudad
y asesinó a cuatro personas que se encontraban en un convivio.
El más dantesco
hallazgo del sexenio se registró la madrugada del 8 de agosto, cuando
autoridades dieron cuenta de los cadáveres de 19 personas colgadas y
desmembradas en tres diferentes puntos de Uruapan, entre estos el Bulevar
Industrial. Algunas de las víctimas eran miembros de la organización de Los
Viagra. Fueron detenidas 14 personas, pero no se conoció la prosecución de las
pesquisas.
En la comunidad de
Loma Blanca, en Tepalcatepec, el 30 de agosto se reportó el enfrentamiento
entre grupos delictivos con armas de alto calibre y granadas de fragmentación.
Nueve sicarios muertos y once lesionados, el saldo de la refriega. El viernes
20 de septiembre cuatro personas murieron durante el ataque armado a un bar.
La más dolorosa de
las masacres en Michoacán sucedió el 15 de octubre, cuando 13 policías
estatales murieron y tres quedaron heridos, tras ser emboscados en El Aguaje,
municipio de Aguililla. Los agentes iban a cumplimentar una orden judicial,
cuando fueron atacados por unos 30 sicarios del CJNG que viajaban en camionetas
blindadas. También realizaron la quema de varias patrullas, robo de armamento y
dejaron narcomensajes. A un mes del hecho, el gobernador Silvano Aureoles
asegura que ya hay varios detenidos.
El 3 de noviembre la
muerte reapareció en Uruapan y en un tianguis del automóvil, cerca de la plaza
de toros, sujetos armados asesinaron a cinco personas.
GUANAJUATO Y VERACRUZ
La guerra que sigue
el CJNG en Michoacán también se traslada hacia Guanajuato, donde junto con su
principal contendiente, el Cártel Santa Rosa de Lima, han protagonizado los más
terribles episodios de violencia en la entidad del Bajío. El 19 de diciembre de
2018, durante dos ataques a tiros en bares de Irapuato y Silao, seis personas
murieron. Mientras que el 20 de febrero de 2019, cinco personas fueron
asesinadas y dos quedaron heridas cuando un comando irrumpió en una vivienda de
la comunidad Veta de Ramales, en Silao.
La madrugada del 9
de marzo, en el bar La Playa Men’s Club de la colonia San Roque, en Salamanca,
quince personas murieron y cinco resultaron lesionadas en un ataque a balazos
por parte de un grupo armado que irrumpió
en el establecimiento y disparó a clientes y empleados. El hecho fue atribuido
al CJNG.
Durante un ataque en
la comunidad San Antonio Calichar, municipio de Apaseo el Alto, ocho personas murieron y cuatro fueron heridos el
6 de abril. Entre los muertos estaba un menor de edad. Se supo que un comando
armado llegó al mediodía a la localidad y disparó contra los habitantes y dos
vehículos.
El 2 de agosto, en
un sorpresivo ataque a la Comisaría de Policía del municipio de Valle de
Santiago, Guanajuato, cinco personas murieron. A través de un video difundido
en redes sociales, integrantes del CJNG acusaron a Antonio Yépez “El Marro”,
líder del Cártel Santa Rosa de Lima, de estar detrás del hecho registrado en
los separos de la Policía Municipal.
Un nuevo
multihomicidio en Salamanca, perpetrado el 10 de octubre, dejó cinco hombres
muertos. Los hechos ocurrieron en un bar conocido como Raymond, donde según
testigos, hombres armados llegaron a bordo de automóviles y motocicletas,
acribillando a los ocupantes del establecimiento.
Veracruz es otro de
los focos rojos del país. En Minatitlán, el viernes 19 de abril, sujetos
empistolados irrumpieron en el salón de fiestas La Potra de la colonia Obrera,
para acribillar a los asistentes. Murieron 14 personas, entre ellas mujeres y
un niño de un año de edad. Las autoridades
establecieron la línea de investigación de una venganza entre Los Zetas
y el CJNG. Hubo dos sospechosos detenidos.
El 16 de mayo, cinco
personas fueron asesinadas y cinco quedaron malheridas en un ataque armado en la comunidad de Tuzamapan, municipio de
Coatepec, Veracruz. Doce sicarios llegaron a un puesto de venta de limones y
dispararon en una presunta venganza.
El 27 de agosto
ocurrió la mayor masacre en el país, al ser incendiado intencionalmente el bar
Caballo Blanco en Coatzacoalcos. Por lo menos 30 personas murieron, entre ellas
diez mujeres. Otros de los fallecidos eran dos marinos de un barco petrolero
que había atracado en el puerto días antes. Los familiares de las víctimas,
entre ellos bailarinas, barman, meseros y guardias de seguridad, solicitaron
medidas cautelares al recibir amenazas de muerte. Como presunto autor del
ataque se identificó a Ricardo “N” alias “La Loca”, de 29 años.
DEL SURESTE AL NORTE
En el bar Las
Virginias de Playa del Carmen, Quintana Roo, una balacera dejó un saldo de
siete personas muertas y una lesionada la noche del 6 de enero. Por lo menos
cuatro personas con armas largas irrumpieron en el antro y sin mediar palabra
dispararon en varias ocasiones contra los clientes. El secretario de Seguridad
Pública Estatal, Alberto Capella, aseguró que el ataque está presuntamente
relacionado con el narcomenudeo. Dos días después se informó de la detención de
cinco sujetos relacionados con el hecho.
Otra balacera en una
cervecería de Playa del Carmen, la noche del 13 de mayo, tuvo resultados menos
funestos que la anterior. Sin embargo, hubo un muerto y once lesionados. Tres
días después, en el estacionamiento del bar La Gota del mismo destino
turístico, fue localizado sin vida el reportero Francisco Romero, mejor
conocido como “El Ñaca”, quien presentaba diversos golpes, así como un impacto
de bala en la cabeza.
El 9 de enero,
miembros del Ejército localizaron 21 cuerpos -17 de estos calcinados- y cinco
camionetas incineradas en el Ejido Refugio Hinojosa, municipio Miguel Alemán,
Tamaulipas. Trascendió que el hallazgo fue producto de un enfrentamiento entre
el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo.
En la autopista a
Nuevo Laredo, el 9 de marzo elementos del Ejército y hombres armados se
enfrentaron a tiros con un saldo de seis civiles muertos. Presuntamente los
soldados repelieron una agresión de los sujetos armados que se desplazaban a
bordo de por lo menos diez vehículos. El 15 de agosto, un enfrentamiento entre
policías de Tamaulipas y hombres armados dejó otros seis presuntos delincuentes
fallecidos, en una brecha del municipio de San Fernando, a la altura del
poblado González Villarreal.
El 27 de agosto hubo
dos balaceras en Nuevo Laredo entre la Policía Estatal y el grupo criminal
identificado como La Tropa del Infierno. Los uniformados abatieron a once de
los presuntos delincuentes. También durante la primera semana de septiembre,
policías estatales sostuvieron un enfrentamiento con civiles armados en Nuevo
Laredo. Hubo ocho personas muertas, todas civiles. Se investiga una posible
ejecución extrajudicial.
En la colonia Loma
Linda de Saltillo, Coahuila, un enfrentamiento entre policías municipales y
civiles armados dejó un saldo de nueve presuntos criminales muertos y dos
policías heridos el 27 de abril. La balacera duró aproximadamente hora y media
en un domicilio.
El 19 de mayo, en el
Ejido La Florida, municipio de Múzquiz, Coahuila, se registró un tiroteo entre
policías estatales y presuntos delincuentes que dejó por lo menos seis civiles
armados muertos y un policía gravemente lesionado. La balacera ocurrió cuando
las autoridades instrumentaban un operativo luego de que miembros de la
delincuencia organizada habían baleado el edificio de la delegación de la
Fiscalía General de Justicia de San Juan de Sabinas.
El 26 de agosto,
tres niñas de 4, 13 y 14 años, además de un hombre de 25 años, fueron
asesinados a balazos en un rancho de la colonia Riberas del Bravo de Ciudad
Juárez, Chihuahua. Las víctimas estaban en compañía de sus padres dentro del
rancho, cuando un grupo de hombres armados ingresó y abrió fuego contra los
presentes, llevándose al padre de las menores. La Fiscalía Estatal señaló que
el multihomicidio tiene que ver con una venganza entre bandas del crimen
organizado.
El lunes 4 de
noviembre, en la sierra de Bavispe, Sonora, en una de las más terribles
masacres que se recuerden, sicarios asesinaron a tres mujeres y seis niños de
la comunidad LeBarón, de ascendencia mormona, que viajaban a bordo de tres
camionetas Suburbana. Otros seis infantes resultaron lesionados. El gobierno
aseguró que las primeras investigaciones apuntan a que la masacre se trató de
una confusión; sin embargo, para los familiares de las víctimas fue un ataque
directo. Un sujeto fue detenido en Agua Prieta en poder de un arsenal, pero no
se ha confirmado su participación en la masacre.
Actualmente agentes
del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos apoyan en las
investigaciones y trabajan en la zona donde se registraron los homicidios.
DEL CENTRO AL OCCIDENTE
Una agresión a
balazos ocurrida el 17 de febrero en Iztapalapa, alcaldía de Ciudad de México,
dejó siete fallecidos y cuatro lesionados. El ataque se registró en calles de
la zona suroriente, donde un grupo armado disparó contra personas que se
encontraban frente a la iglesia del pueblo de Culhuacán. Se presume que el
embate tiene relación con el narcomenudeo.
El 10 de mayo, en el
municipio de Puente de Ixtle, Estado de Morelos, fue atacado a balazos el
autobús de personal del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 femenil
de Coatlán del Río, que transportaba a 14 custodios que festejarían el Día de
la Madre. Un sujeto que descendió de un vehículo rojo aprovechó que la unidad
oficial se detuvo en el Monumento a la Madre y disparó contra el personal. La agresión
tuvo un saldo de cinco muertos, dos de ellos mujeres, además de tres
lesionados.
Otras dos agresiones
ocurrieron en Morelos en septiembre. Primero en la terminal de autobuses
Estrella de Oro acribillaron a cinco personas y el día 20, en una casa de
Cuernavaca, mataron a otras seis.
En Coquimatlán,
Colima, el 8 de marzo una balacera dejó cuatro personas muertas y una herida.
Sujetos armados irrumpieron en una vivienda de la colonia La Cazumba y abrieron
fuego contra los cinco hombres, para después escapar.
El 21 de junio, en
un bar de Guadalupe, Zacatecas, se registró una agresión armada que causó la
defunción de cinco personas y lesiones en otras seis. Según la Secretaría de
Seguridad Pública, un comando armado abrió fuego contra quienes se encontraban
en el bar Bohemio.
En Jalisco, el 8 de
febrero ocurrió un enfrentamiento a balazos en Tlajomulco, luego que hombres
armados agredieran a personal del área de Homicidios Intencionales de la
Fiscalía. El resultado del tiroteo en el exterior de una tienda departamental
del fraccionamiento Hacienda Santa Fe, fue de cinco presuntos delincuentes
muertos, ningún policía resultó herido.
El 6 de noviembre,
en una brecha del municipio de Tonalá, fueron encontrados los cadáveres de
siete personas dentro de tres automotores con impactos de armas de fuego. Los
fallecidos, del sexo masculino, aparentaban una edad entre los 21 y 40 años.
INVESTIGACIONES
En muy pocos de los
asuntos existen personas detenidas, aunque en más de la mitad las autoridades
tienen pistas sólidas de los grupos agresores y tienen identificados a algunos
de los participantes en las masacres, sobre todo en las ocurridas en bares de Veracruz
y Guanajuato.
Solo en cinco de los
casos se cuenta con detenidos:
* 14 sospechosos de participar en los hechos de los
cuerpos colgados en Uruapan.
* 2 procesados por la masacre en el salón de fiestas
de Minatitlán.
* 5 detenidos por el atentado en el bar Las Virginias
de Playa del Carmen.
* Un número indeterminado de sospechosos de la
emboscada a policías estatales en Aguililla.
* Un investigado por los asesinatos de niños en la
sierra de Sonora.
En otros asuntos, en
los que la Policía o el Ejército abatieron a la totalidad de sus agresores, se
establecieron los grupos criminales a los que pertenecían. De igual forma,
cuando se enfrentaron miembros de diversos cárteles. Sin embargo, se desconoce
la cantidad de órdenes de aprehensión que pudiese existir, en caso de que ya se
haya ejercitado acción penal por otros de los ataques armados.
No solo se investiga
a presuntos sicarios, también a policías y militares que, como en los casos de
Tamaulipas, existen algunas dudas sobre el legítimo uso de la fuerza que
argumentaron para victimar a los supuestos atacantes; situación de la que está
al pendiente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo menos en el caso
de ocho muertos en Nuevo Laredo a manos de policías estatales a principios de
septiembre.
(SEMANARIO ZETA/DESTACADAS BCS / LUIS CARLOS SÁINZ/ DOMINGO,
24 NOVIEMBRE, 2019 08:00 AM)
