miércoles, 16 de octubre de 2019

YONKEROS EN ENSENADA, AMENAZADOS POR “EL CHATARRAS”


Cabildo tiene en sus manos dictamen a favor de un cambio de uso de suelo para la operación de un negocio de autopartes usadas en una supuesta zona federal, a nombre de Víctor Manuel Padilla alias “El Negro” o “El Chatarras”. Aseguran recibir llamadas por cobro de piso mientras el Gobierno del Estado intensificó los operativos para detectar vehículos robados

El Consejo Municipal de Yonkes Chatarreros y Grulleros de Ensenada, SA de CV, acusa al gobierno de obstruir el crecimiento económico del sector e hizo públicas amenazas recibidas por parte del crimen organizado.

Luego de que su homólogo Víctor Manuel Padilla Murillo alias “El Negro” o “El Chatarras”  fue detenido en el Aeropuerto de Guadalajara por el delito de secuestro y trasladado a Ensenada para continuar el proceso judicial, donde fue liberado 48 horas después por falta de elementos de prueba, los yonkeros iniciaron protestas.

“El Chatarras” es propietario de recicladoras en Ensenada y durante agosto fue señalado como líder un grupo criminal en cuatro narcomantas colocadas en distintos puntos de la ciudad, removiéndole dos escoltas de la Policía Ministerial del Estado que le asignaron porque en dos ocasiones atentaron contra su vida.

La última información sobre Padilla se generó el jueves 12 de septiembre, cuando en el Orden del Día de la Sesión de Cabildo su nombre figuró en la solicitud 032/2019, referente a un cambio de uso de suelo a industrial.

El permiso es para operar otra recicladora adicional a la de El Sauzal, en operación desde principios de año a unos metros del arroyo federal de la colonia Jesús Munguía, zona habitacional de alta marginación en los suburbios de Ensenada.

Con los años allí se han establecido decenas de yonkeros, por lo que hay una fuerte disputa por los terrenos.

El miércoles 18 de septiembre, los yonkeros organizados se manifestaron en el edificio del Ayuntamiento en contra de la solicitud de cambio de uso de suelo que realizó “El Chatarras”, a razón de que han hecho la misma petición en esa zona y se las han negado por ser un área en zona federal.

Los inconformes fueron recibidos por el secretario del Ayuntamiento, Iván Barbosa Ochoa y el coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano, David del Moral Silva, quienes se comprometieron a revisar los documentos de todos para dar trámite y ayudar a regularizar la situación.

SECTOR  ASEGURA TENER AMENAZAS DEL NARCO

El 8 de septiembre, cinco agremiados recibieron mensajes vía celular como sentencia de muerte a quienes no cumplan con el pago por cobro de piso.

“No sabemos si se trata de una broma, pero fueron cinco los que recibieron”, indicó el dirigente.

En otras ocasiones han recibido amenazas parecidas con clave Lada de otros estados del país, no obstante las más recientes se dieron desde números de Tijuana y Ensenada.

Los afectados dijeron tener miedo de estas amenazas, pero no denunciarán ante las autoridades correspondientes. No dudan que la información que ha trascendido sobre Padilla los ponga en riesgo.

“Desde mañana se va a cobrar piso a todos los yonkeros, ya se le avisó al presidente ocupamos respuesta”, refiere una parte del mensaje; el resto son advertencias.

— ¿Les dijeron qué porcentaje les cobrarán?, cuestionó ZETA a uno de los afectados.

“No, nos dijeron”.

— ¿Dónde o cuándo tienen que entregar el dinero?

“Tampoco, no hemos querido responder los mensajes”.

— ¿Van a denunciar?

“No, tenemos miedo y muy poca confianza en las autoridades, solo exigimos que hagan algo para que el gremio esté mejor organizado sin problemas de delincuencia”, remató.

REVISADOS POR PGJE; LOS ACUSAN DE DELINCUENTES

Acorde con los denunciantes, en los últimos meses de la gubernatura de Francisco Vega de Lamadrid, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), junto el gobierno municipal de Marco Novelo Osuna, han redoblado los operativos.

Afirman que cien negocios irregulares no son fiscalizados por las autoridades.

“Ahora que ya se van, comenzaron a vigilarnos con más rigor y nos parece injusto que si en tres años no recibimos operativos, por qué antes de concluir nos llegan con órdenes de cateo”, mencionaron los yonkeros organizados, quienes han tenido encuentros con quienes conforman las reuniones de coordinación, pero los acuerdos no se respetan, incluso con los delegados del Gobierno Federal.

LEGAL, TRÁMITE DE USO DE SUELO PADILLA

El regidor David del Moral Silva informó que desde el 1 de marzo de 2019 presentaron la petición para el cambio de uso de suelo a nombre de Rubí Alejandra Ruz Cruz en representación de Víctor Manuel Padilla, para operar una recicladora de metal con superficie de 2 mil 100 metros cuadrados.

La solicitud fue remitida al Instituto Municipal de Investigación y Planeación, donde se definió la compatibilidad de uso de suelo. Adicionalmente, aunque sea zona federal, el terreno donde opera la recicladora está en registro en la Notaría Número 1. El dictamen resultó favorable para los solicitantes y se aprobó por la mayoría de los regidores.

SIN BANCO DE DATOS PARA EVITAR COMPRAR ROBADO

Otro daño colateral para los yonkeros organizados, es la falta de remate de bienes por parte del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento.

Acusan que todo está “arreglado” que solo llevan a cabo una convocatoria por lo general dirigida a empresas de Tijuana, a las que por 400 mil dólares dejan remates de 300 a 700 carros. No hay manera de que tengan acceso a esos beneficios y evitar la presencia de automóviles robados dentro de sus negocios.

En varias ocasiones han pedido que los remates sean por lotes, es decir, un remate de 37 vehículos por un precio inicial de 145 pesos a 307 mil pesos.

“Si esos carros salieran a remate llegaría más dinero al Ayuntamiento y el Estado, pero como se apalabran con los grandes, pues Oficialía Mayor los licita”, indicó uno de los yonkeros.

Además, el sistema de trámites es complicado, pues solo en el lapso de una hora pueden recibir los papeles de la unidad.

“Chatarreros, grulleros y yonkeros, nos unimos porque hacen la fuerza, la voz con una sola”, manifestó.

José Luis Soto, propietario de un yonke, habló de la situación económica y legal de los comerciantes, donde es fácil erradicar la presencia de vehículos robados.

Explicó que dentro del sistema, en la administración del subprocurador de Justicia, Marco Chavarría López, era fácil detectar cuando un vehículo que ellos recogían era robado.

“Cuando recogías un carro hablabas y te corrían la serie, si botaba como robado pues traías la credencial de elector de quien te lo entregó, pero no, ahora no hay nada para identificar cuando se trata de un carro robado”, denunció el comerciante.

La propuesta en la última mesa de trabajo fue fácil: que los yonkeros compren un carro y que tengan donde correr la serie de este para dar certeza jurídica de que la unidad que están trasladando es legal.

En lo que va de 2019, elementos de la Unidad contra Robos de la PGJE, ha realizado 34 operativos en recicladoras o yonkes de la zona rural y urbana.

Desde la subprocuraduría se informó que la única finalidad de las acciones para este sector es localizar partes de vehículo de motor robadas, así como unidades con reporte de robo.

PIDEN LEGALIDAD A GOBERNADOR Y ALCALDE

En una carta firmada por Luis Arce Galindo, José Miguel Olguín Gamboa y Miguel Dueñas Tamayo -algunos de los propietarios de negocios de autopartes usadas, operadores de servicios y materiales de reciclaje-, exigen que desde el gobierno se ponga fin a la delincuencia.

La misiva dirigida a Francisco Vega de Lamadrid y Marco Novelo Osuna solicita un sistema de verificación de unidades robadas, protección y legalidad en trámites.

“Lamentablemente los últimos años la delincuencia que ha venido creciendo nos han afectado como a otras actividades económicas, poniendo en riesgo nuestro comercio, así como el sustento de nuestras familias y en algunos casos nuestra integridad física y libertad.

“Único.- Que sea usted el conducto, con las autoridades de la seguridad pública y Procuraduría de Justicia de los tres órdenes de gobierno, que establezca un sistema permanente. De esa manera convivir juntos comerciantes y autoridades a las actividades delictivas alrededor de nuestros negocios involucrándose involuntariamente”, se lee en el escrito.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA  INVESTIGACIONES ZETA/LUNES, 23 SEPTIEMBRE, 2019 01:00 PM)

OLVIDO PARA DELINCUENTES



La iniciativa de la Ley de Amnistía ya está en la Cámara de Diputados. Propone extinguir la acción penal y las sanciones a mujeres, indígenas y jóvenes. Imputados por delitos como aborto, transporte y tráfico de drogas cuando haya amenazas o pobreza, robo simple y sin violencia, sedición y los cometidos por indígenas que no cuenten con defensa adecuada, podrán ser beneficiados. La Ley no servirá para liberar a secuestradores, homicidas y acusados por delitos graves. Es la tercera ocasión que en México se aprueba una Ley de Amnistía

Mujeres, indígenas y jóvenes condenados o procesados por la comisión de delitos serán los beneficiados con la Ley de Amnistía impulsada por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuya iniciativa ya fue turnada a la Cámara de Diputados.

La propuesta no fue bien recibida por legisladores de partidos políticos opositores.

Delitos como aborto, contra la salud, consumo de drogas, robo simple y sin violencia, así como sedición, sancionados en el fuero federal, forman parte de las conductas que serán olvidadas y sus partícipes puestos en inmediata libertad a partir de que sea aprobada y publicada esta Ley, cuyo anteproyecto fue entregado al Poder Legislativo el 15 de septiembre.

En su conferencia de prensa del 17 de septiembre, López Obrador aseguró que la iniciativa de Ley de Amnistía no tiene que ver con el proceso de pacificación, sino con un acto de justicia para aquellos que tienen oportunidad a una defensa digna. Explicó que se enfoca para que salgan de la cárcel los que tienen menos delitos, pero que, por ser gente humilde, permanecen en prisión, incluso sin sentencia.

El documento aclara que la amnistía no beneficiará a personas procesadas o sentenciadas por delitos graves como secuestro, homicidio y los enmarcados dentro del Artículo 19 de la Constitución Política de México, tampoco a quienes hayan hecho uso de algún arma de fuego o causado un grave daño a otra persona.

La iniciativa será analizada bajo formato de Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, según dieron a conocer las presidentas de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales en San Lázaro, Rocío Barrera y Miroslava Carrillo, respectivamente, pues el objetivo es aprobar la norma en el actual periodo de sesiones que termina el 15 de diciembre.

Marko Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), calificó la iniciativa de la Ley de Amnistía enviada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados como precipitada, no bien pensada y un riesgo latente para la sociedad. Señaló que con esta propuesta podría incrementar la delincuencia, los robos y la violencia, por lo que solicitó que la iniciativa sea bien analizada para evitar que sea mayor el costo social ante la posibilidad de que la inseguridad aumente todavía más.

LOS MOTIVOS

En su exposición de motivos, la Iniciativa de Decreto para Expedir la Ley de Amnistía destaca que los grupos sociales en situación de vulnerabilidad se encuentran en mayor desventaja en el acceso a la justicia, por lo que es prioritario y de interés público para la Política Nacional de Desarrollo Social garantizar el derecho a recibir acciones y apoyos a ese sector para disminuir dicho menoscabo.

Según estadísticas, existe una relación inversa entre el acceso a la justicia y la condición económica de las personas. “A menor nivel de ingreso, mayor posibilidad de que la justicia se convierta en su antítesis, en una injusticia. A mayor vulnerabilidad social, las personas tienen menores posibilidades de acceder a una justicia pronta y expedita”.

El Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2019) da cuenta de la relación entre pobreza e injusticia, entre marginación y denegación de justicia, así como de los excesos a que conduce la aplicación de una justicia que ignora la lacerante miseria que aún padecen millones de mexicanos.

El documento presentado a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados exhibe que entre la población total recluida en penales federales, por delitos del fuero federal existe un número significativo de personas privadas de la libertad condenadas por delitos menores, muchas veces provocados por el hambre y la pobreza, y circunstancias tales como su baja escolaridad o incluso analfabetismo. En la mayoría de los casos, por su pertenencia a una comunidad o pueblo indígena.

El referido Censo arroja como dato que hay tres grupos especialmente afectados por su elevada vulnerabilidad social: las mujeres, las y los jóvenes, y las personas indígenas. De ahí que sean los considerados para la aplicación de la Ley de Amnistía, pues muchas de ellas se encuentran procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión o transporte de narcóticos, presuntamente bajo amenaza o por presión de otra persona, que en muchos casos se trata de su cónyuge o pareja sentimental.

De acuerdo con el Ejecutivo federal, “esas mujeres que no representan una amenaza para la sociedad, deben tener la oportunidad de recobrar su libertad para reincorporarse a su familia y comunidad”. Los jóvenes, imputados por similares delitos, presentan características que permiten considerarlos como víctimas de la pobreza y la falta de oportunidades de educación y empleo, por lo que deben ser amnistiados si no participaron en hechos violentos con pérdidas de vidas o con el uso de armas de fuego.

CONDICIONES PARA RECIBIR AMNISTÍA

Que su sentencia en firme haya sido la primera que recibieron por el delito del que se les indició, es decir, que no sean personas reincidentes.
Que no hayan sido condenadas por delitos en los que se privó de la vida a otra persona, por delitos contra la integridad corporal o secuestro, o se provocaron lesiones graves con secuelas permanentes.
Que en la comisión del delito no hayan empleado o utilizado armas de fuego.
Tampoco se podrán beneficiar de la amnistía las personas procesadas o sentenciadas por delitos graves o aquellos a que hace referencia el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La amnistía beneficiaría a quienes están en prisión por delitos menores, no a homicidas o secuestradores, tampoco a quienes hayan causado un grave daño a otra persona.

La estancia en prisión de estos jóvenes, detenidos por posesión de drogas en cantidades mayores a las permitidas por la Ley para su propio consumo en la mayoría de las ocasiones o por haber participado en transporte o venta, “puede condenarlas a formar parte de la delincuencia organizada o llevarlas a cometer nuevos delitos, ya sea dentro de los penales o al salir de ellos”.

Por lo que se refiere a las personas de las comunidades y pueblos indígenas, dadas sus características socioeconómicas y culturales, “no ejercen enteramente su derecho de defensa en los procedimientos penales y en los procesos judiciales en la materia puesto que no se les garantiza una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”.

LOS DELITOS

“La amnistía es un instrumento del que dispone el Estado, previsto en el sistema jurídico mexicano, a través del Poder Legislativo de la Unión para otorgar a ciertas personas indiciadas o privadas de su libertad el perdón por actos delictivos, de tal forma que puedan reintegrarse a la vida en sociedad”, resalta la iniciativa de Ley.

DELITOS QUE CONTEMPLA LA LEY DE AMNISTÍA

Aborto. En cualquiera de sus modalidades, previsto en el Código Penal Federal.

Contra la salud. En las modalidades de producción, transporte, tráfico, comercio, introduzca o extraiga del país algún narcótico de los prohibidos por la Ley. Cometidos por pobreza, amenazas, presión de la pareja o familiar o pertenezca a etnia.

Cometidos por indígenas. Cualquier delito si durante su proceso no les fue garantizado el derecho a una defensa adecuada con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.

Robo simple y sin violencia. Que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años.

Sedición. Que le hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de otros delitos formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional.

En dos momentos históricos del país se han aprobado leyes de Amnistía, una de estas en 1978, para excarcelar a las y los presos políticos, detenidos a lo largo de los primeros años de la década de los años setenta, en el contexto de la llamada “guerra sucia”. Y la segunda, aprobada en enero de 1994, a favor de las personas integrantes del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que participaron en los hechos ocurridos en varios municipios del Estado de Chiapas.

Además de los delitos contra la salud antes enunciados, se contemplan otros ilícitos para ser olvidados por la Ley, como el aborto, que desde la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales no está considerado entre los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y se clasifica como no grave, por lo que las personas imputadas pueden enfrentar el proceso penal en libertad bajo caución. Sin embargo, las mujeres que no cuentan con recursos económicos para pagar la fianza quedan en prisión.

También se propone que la amnistía incluya a personas que hayan cometido el delito de sedición u

otros similares contemplados por el Código Penal Federal, por motivaciones de ideología política, o que hubieren sido indiciados por su participación en movimientos o protestas sociales.

Esta Ley será de carácter federal para los delitos antes mencionados cometidos o imputados en ese fuero; sin embargo, la Secretaría de Gobernación promoverá ante los gobiernos y legislaturas de las entidades federativas la expedición de leyes de amnistía por delitos semejantes a los contemplados en la que ahora está en discusión en la Cámara de Diputados, pues en el caso de narcomenudeo, este delito es sancionado por el fuero común.

La Fiscalía General de la República será la institución facultada para la aplicación de la Ley de Amnistía, con la intervención que corresponda a las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, en particular a la Secretaría de Gobernación, a la que se faculta para conocer, estudiar y resolver de manera específica, no limitante a otras hipótesis, los casos de las personas privadas de su libertad por motivos políticos.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA  LUIS CARLOS SÁINZ/LUNES, 23 SEPTIEMBRE, 2019 01:00 PM)

CONTRAPOSICIÓN EN COMBATE AL HUACHICOL


Datos de Pemex contradicen al Presidente López Obrador, que aseguró en su informe un decremento de 94 por ciento en el robo de combustible. Las estadísticas de enero a julio de 2018 y 2019 muestran una disminución de menos del uno por ciento; aumenta al triple la sustracción de gas licuado. El gobierno de AMLO ha iniciado más carpetas de investigación que el último año de Peña Nieto, pero hay menos detenciones, menos consignados y menos hidrocarburos recuperados, según la Fiscalía General de la República. La lucha contra el huachicol se ha concentrado contra militares implicados y el Cártel Santa Rosa de Lima

Mientras que en el Primer Informe de Gobierno rendido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador se anunció que el robo de hidrocarburos se redujo en un 94 por ciento, estadísticas de Petróleos Mexicanos (Pemex) revelan que durante los primeros siete meses del año las cifras son muy similares -comparativamente- con el mismo periodo de 2018. Datos obtenidos vía transparencia por ZETA tampoco coinciden en cuanto a resultados que las autoridades tienen en el combate al llamado huachicoleo.

Por si fuera poco, la sustracción de gas licuado, ilícito que el año pasado completo registró 206 tomas clandestinas, se triplicó entre enero y julio de 2019 al localizarse 623 puntos de robo en el país, lo que significó 2.9 hechos por día, según información de la empresa productiva. Tan solo en Puebla y el Estado de México ocurrió el 70 por ciento de las incidencias.

Los números no son del todo positivos pese al esfuerzo del Gobierno Federal que, durante los primeros meses de la actual administración, se enfocó en la lucha contra el huachicol mediante una estrategia iniciada el 20 de diciembre de 2018 y que implicó la participación de 15 dependencias, la vigilancia militar en 73 instalaciones estratégicas, un desabasto de combustible (al cerrar los ductos de trasiego), la adquisición de pipas para hacer la distribución vía terrestre y finalmente regresar al uso de los ductos reparados y supuestamente supervisados.

El repunte en el robo de combustible, reconocido por Pemex, podría deberse a problemas que las autoridades tuvieron que atender en otras regiones, como la migración ilegal que centroamericanos realizan en su ingreso por la frontera Sur -con destino al Norte-, lo que motivó que cientos de efectivos militares y policías federales fueran retirados de la lucha contra el huachicol para enfrentar otros fenómenos.

Situación aparte son los robos, actos de sabotaje y tráfico de combustible que se registran en las plataformas de extracción de petróleo ubicadas en el Golfo de México, hechos de los que la Secretaría de Marina ha dado cuenta y que el Presidente de México ha admitido desde los primeros meses de su gestión.

En la parte positiva de la estrategia, se han tomado tres decisiones con impacto legislativo, las cuales son: establecer los delitos relacionados con el robo de hidrocarburos -en el Código Nacional de Procedimientos Penales- como graves, que ameritan prisión preventiva oficiosa; solicitar el incremento de penas de 20 a 30 años de prisión a quienes participen en este tipo de ilícitos; y añadir estas conductas a la Ley federal de Extinción de Dominio, para desapoderar a los huachicoleros de todo recurso obtenido de estas prácticas.

TOMAS CLANDESTINAS

La frase, que en este sexenio ha vuelto popular el Presidente López Obrador, de “yo tengo otros datos” encaja en su Primer Informe de Gobierno, en el que afirmó que durante su gestión se ha reducido el robo de combustible en un 94 por ciento, lo que significará un ahorro de 50 mil millones de pesos en su primer año. Las cifras de Petróleos Mexicanos dicen otra cosa.

Según estadísticas de la paraestatal, de enero a julio del año en curso se han detectado ocho mil 655 tomas clandestinas, de donde delincuentes sustrajeron hidrocarburos propiedad de la nación, mientras que el año pasado -durante el mismo periodo- las horadaciones realizadas por criminales fueron del orden de las ocho mil 706; es decir, la disminución de la incidencia sería de menos del uno por ciento.

De acuerdo con la información de Pemex, la tendencia a la alza de los delitos relacionados con los combustibles pone en riesgo sus operaciones, pues a finales de diciembre próximo podrían rebasarse los números de 2018 (y que en los años más recientes van en constante incremento).

Mientras que en diversas entidades federativas la sustracción de gasolinas y diesel se mantiene en niveles del año pasado, como en los casos de Puebla y Guanajuato, en otros estados se ha disparado, como es el caso de Hidalgo, Estado de México, Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Oaxaca, Tabasco y Yucatán. En tanto, en Morelos, los ilícitos relacionados con hidrocarburos van a la baja.

En Hidalgo es de llamar la atención que, a pesar de la tragedia ocurrida la tarde del 18 de enero de 2019 -en la que murieron 137 personas y provocó lesiones a decenas más, al registrarse una explosión en una toma clandestina en el municipio de Tlahuelilpan-, las operaciones de huachicoleros aumentaron desproporcionalmente, y es precisamente en esa población donde se enlistan 153 tomas clandestinas en este año, siendo que en el año anterior solo se contaron 14. El aumento fue de casi el mil por ciento.

RESULTADOS DEL COMBATE

Tampoco hay coincidencia en los datos -que aunque no se trataron durante el informe, sino que fueron proporcionados durante el transcurso del año por diversas autoridades del gabinete presidencial, con los que obtuvo ZETA vía transparencia- en cuanto a los resultados en el combate al huachicoleo y que consisten en una confrontación de los mismos, entre lo hecho en el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto y los primeros meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Así encontramos que en el número de carpetas de investigación iniciadas por los delitos de posesión, sustracción y/o comercialización ilícita de hidrocarburos -consistentes en gasolina magna, gasolina premium, diesel y gas licuado- de enero a diciembre de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR), a través del Ministerio Público Federal, inició 99 carpetas; en tanto que, en 2019, la misma dependencia ha iniciado 178 indagatorias.

Sin embargo, aunque aumentaron este año las denuncias que el propio Estado mexicano realiza, se reportan menos detenciones que en el último año de la gestión de Peña Nieto. En 2018 fueron 168 personas privadas de la libertad por su presunta participación en tales delitos, en tanto que en el año que corre hubo 48. El año pasado, 116 de los probables criminales fueron consignados ante un juez; en cambio, en 2019 son 84 los puestos a disposición de autoridades jurisdiccionales.

También se informó de los hidrocarburos asegurados en uno y otro año. En 2018, las autoridades lograron recuperar dos millones 17 mil 418 litros, según datos de la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). En 2019, han asegurado un millón 218 mil 610 litros de combustibles.

En cuanto a sentencias condenatorias contra huachicoleros, el año pasado Ministerio Público Federal fue notificado de 36 resoluciones en ese sentido; mientras que en el presente año van ocho. Sentencias absolutorias en 2018 fueron cinco, en el año vigente no han habido gasotraficantes exonerados. La información solicitada remata con 18 personas liberadas en el término de 72 horas durante el año pasado, y solo una en el actual.

Esas son cifras oficiales proporcionadas a ZETA por la Unidad de Transparencia de la FGR, y que difieren con informes parciales dados por la Unidad de Inteligencia Financiera o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en diferentes momentos. Por ejemplo, el 17 de enero último, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, aseguró que existían investigaciones a 114 personas, probablemente implicadas en robo de hidrocarburos, mientras que el 28 del mismo mes declaró que los investigados eran 50.

Por su parte, el 17 de enero, el subprocurador de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo de la FGR, Roberto Ochoa Romero, informó que se iniciaron mil 831 carpetas de investigación y que se detuvo a 435 presuntos en el huachicoleo, poniendo a disposición de un juez a 165 personas; cifras que contradicen por mucho la información que proporcionó la Unidad de Transparencia de la misma institución meses más tarde (en agosto).

El 21 de febrero, durante una de las conferencias mañaneras del Presidente López Obrador, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, informó que -derivado de las acciones contra el robo de combustible- iban 236 detenidos durante la administración, muchos menos que los mencionados por el funcionario de la FGR un mes antes. También mencionó datos de producto recuperado: “Se han asegurado siete millones 805 mil litros de combustibles, aproximadamente, y un millón, poco más de un millón de litros, un millón 14 mil litros de gas LP”. Además, 175 personas fueron vinculadas a proceso.

LOS COMBATIDOS

Entre los asuntos tangibles que son investigados por las autoridades mexicanas, más allá de declaraciones y cifras, se encuentran los militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que, adscritos en la administración pasada a Pemex, habían facilitado y cooperado criminales en el detrimento patrimonial de la empresa productiva. También se combate al Cártel Santa Rosa de Lima, que lidera en Guanajuato un sujeto apodado “El Marro”, quien habría amenazado de muerte -mediante mantas- al Presidente López Obrador.

Desde diciembre de 2018, el fiscal general Alejandro Gertz Manero confirmó la implicación de funcionarios en el robo de hidrocarburos; mientras, el secretario de Seguridad y el titular de la UIF también señalaron a empresarios gasolineros -sin mencionar nombres-, quienes adquirían producto ilícito para su comercio en estaciones de servicio. Ahí comenzaron a bloquear cuentas bancarias abiertas en la Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla.

El 18 de enero, AMLO reconoció que existían pruebas de que militares encargados de la seguridad de los ductos de Pemex sabían del robo de combustible y no actuaban. Agregó que desconocía que los generales intimidaban a trabajadores petroleros para que estos dejaran sin habilitar tomas clandestinas, y así se pudiera seguir extrayendo hidrocarburo. En abril, trascendió que la propia FGR protegió a los señalados desde casi dos años antes, entre ellos al General Eduardo León Trauwitz, subdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex en el sexenio pasado y jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto en su periodo como Gobernador del Estado de México.

A principios de junio se entregó a agentes ministeriales el Teniente Coronel Oziel Aldana Portugal, uno de los acusados de robo de combustible durante la pasada administración. Fue encarcelado en el penal de máxima seguridad Altiplano, imputado por los delitos de por delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburo. Otros tres mandos castrenses implicados fueron detenidos por los mismos hechos, y junto con Aldana fueron vinculados a proceso.

Mientras que al General León Trauwitz no le han detenido -e incluso se le amparó para descongelar sus cuentas bancarias-, al también General, en retiro, Alfredo Herrera Pegueros, le cumplimentaron una orden de aprehensión el 17 de julio, cuando le localizaron en el estado de Guerrero; en el Altiplano le vinculó a proceso un juez de control. Faltan por ser capturados 16 servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Pemex, involucrados en los hechos.

El otro objetivo visible, el Cártel de Santa Rosa de Lima, que opera en esa región de Guanajuato, fue señalado en la conferencia mañanera el 30 de enero último por el secretario de Marina, Rafael Ojeda, como un clan huachicolero violento que estaba inconforme por el cierre de ductos de hidrocarburos. A su líder, José Antonio Yépez “El Marro”, le fueron congeladas 17 cuentas bancarias en la primera quincena de marzo. Días más tarde fueron detenidos “El Flaco”, “El Bala”, “El Coquis” y “Omar”, remitidos al penal del Altiplano.

También fue detenido, en el mismo mes, Agustín “M”, principal colaborador de Yépez. “El Agus”, fungía como enlace del cártel con distintas autoridades de gobierno, a quienes pagaba por la información que le proporcionaban. Le investigaron además por narcomenudeo, extorsión, cobro de piso y venta de huachicol. El 17 de abril, en Celaya, apareció una manta dirigida al Presidente de México, donde le amenazaban por ordenar el operativo “Golpe de Timón”, dirigido a ese grupo criminal.

El 28 de abril fue vinculado a proceso otro de los líderes del Cártel de Santa Rosa de Lima. Eliseo Gutiérrez Belman “El Titi” es presunto responsable de delincuencia organizada y sustracción de hidrocarburo; también ingresó al penal del Altiplano. Al iniciar mayo, trascendieron algunas fotografías tomadas al “Marro” en playas de Mazatlán, Sinaloa, durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA  LUIS CARLOS SÁINZ/ LUNES, 16 SEPTIEMBRE, 2019 01:00 PM)

“LOS SALAZAR”, TRAS LA MUERTE DEL “VAQUERO”


La guerra de células del Cártel de Sinaloa que prevalece por el poder de la ruta de la droga que abarca el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora y el Valle de Mexicali, ha recrudecido la violencia en meses recientes. La noche del 7 de septiembre, sicarios fuertemente armados acribillaron a Julio César Aguilar García “El Vaquero” y ligaron una cadena de asesinatos de traficantes que operan para  Ismael “Mayo” Zambada García. La principal línea de investigación señala como presuntos responsables a los operadores de Crispín Salazar Zamorano, quien encabeza una célula delictiva en Sonora
 
La incursión de células delictivas de Sonora ligadas al Cártel de Sinaloa, en la zona sur del valle de Mexicali, es el origen del incremento de los homicidios perpetrados con armas de grueso calibre en la limítrofe de este municipio con San Luis Río Colorado, Sonora, esa es la hipótesis de las autoridades en la Capital bajacaliforniana.
 
Actualmente se vive una ‘guerra’ entre pandilleros reclutados por Crispín Salazar “Zamorano, históricamente allegado a Joaquín Guzmán Loera, se están enfrentando con la célula de ‘Los Cuates’ encabezada por la familia Lara. Y aunque en Mexicali aún no se identifica al representante de Salazar, el enfrentamiento ha dejado alrededor de 50 muertos en los primeros siete meses de 2019, lo que representa un incremento importante partiendo de la premisa que en todo 2018 se contabilizaron treinta asesinatos”, informó un investigador.
 
A raíz de esta pugna, “Los Salazar” se convirtieron en los principales sospechosos del ataque armado en el que perdió la vida Julio César Aguilar García alias “El Vaquero”, de 40 años, antiguo lugarteniente de Ismael “Mayo” Zambada en el Valle de Mexicali y el noreste de Sonora. Lo mataron cuando se encontraba a las afueras de un panteón rural ubicado en Colonias Nuevas el 7 de septiembre de 2019. En el mismo ataque fue abatido uno de sus principales operadores, Rodolfo Antonio Galindo “El Chupacabras”.
 
La presencia de “Los Salazar” en la región -que históricamente ha controlado gran parte de Sonora- ha dejado secuelas en el Valle de Mexicali, donde el mes de julio registró un aumento sustancial de asesinatos, al llegar a 21, cuando en promedio el municipio contabiliza 12 mensuales.
 
El alcalde Gustavo Sánchez Vásquez, fue entrevistado sobre el tema y, acostumbrado a evadirlo, aseguró que la única información que tienen sobre los homicidios en aquella zona es la pugna de cárteles de la droga.
 
“Estamos al pendiente y en coordinación en estas últimas semanas, se han recrudecido los asesinatos en San Luis, sobre todo la parte sur de Mexicali, el Kilómetro 57. Seguiremos trabajando en este sentido, estar en permanente coordinación”, expuso.
 
Aunque no precisó detalles, reconoció que este punto requiere atención especial en materia de seguridad, sin embargo, investigadores del Estado consideran que por lo menos otros cinco homicidios podrían estar ligados al asesinato del “Vaquero” , en el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora, donde operaba habitualmente antes de ser capturado en febrero de 2011. Este traficante había sido liberado recientemente y reportes de inteligencia indican que pretendía reactivarse en su antigua zona de influencia.
 
Días después del asesinato, una célula de jóvenes sicarios ultimó a un individuo en San Luis y posteriormente se enfrentó con policías municipales mientras emprendía la huida; los matones fueron abatidos y se capturó a otros cuatro individuos involucrados en el crimen. Las mismas fuentes de inteligencia afirman que los hoy occisos habrían atacado a células contrarias en el Valle de Mexicali.
 
Oficialmente, la principal hipótesis de estas pugnas es la falta de liderazgos al interior de una fracción del Cártel de Sinaloa, el cual quedó sin cabeza tras la captura del “Chapo” Guzmán, de Dámaso López “El Licenciado” y la reducción de la actividad criminal de “El Mayo” Zambada. Actualmente solo se vislumbra a “Los Chapitos”, hijos de Guzmán Loera, como líderes de la agrupación.
 
EL ASESINATO DEL “VAQUERO”
 
Autoridades bajacalifornianas no tenían en el radar a Julio César Aguilar García”; ni siquiera sabían que habría recobrado la libertad meses atrás, luego de pasar ocho años recluido un penal de Sonora, pero su presencia en la zona Sur del valle de Mexicali generó inconformidad entre los traficantes de droga que habían tomado control criminal de esa área.
 
En términos criminales, Aguilar García fue un importante operador del Valle de Mexicali, al contar con el respaldo del “Mayo” Zambada, quien le tenía el encargo de proteger las avionetas “cargadas” que aterrizaban -y siguen aterrizando- en esa zona.
 
En marzo de 2011, cuando fue capturado por autoridades sonorenses en el Golfo de Santa Clara, “El Vaquero” se había teñido el cabello de rojo y pretendía pasar inadvertido, pues llevaba meses bajo el acoso de policías estatales de Mexicali.
 
Tras su captura efectuada por elementos municipales de Sonora y militares, nueve agentes ministeriales de Mexicali fueron arraigados por presuntos nexos con el capo del Cártel de Sinaloa; todos recobraron su libertad, pero fueron torturados por los miembros castrenses durante varios días.
 
“El Vaquero”, ya de 40 años de edad, con poco cabello y algunas canas en el bigote, acudió el 7 de septiembre de 2019 a un funeral que se realizaba en el panteón del poblado Colonias Nuevas, también llamado Kilómetro 57.
 
Según información proporcionada por fuentes del Grupo Coordinación, acudió con dos personas al camposanto, donde se le daría el último adiós a las dos sujetos fallecidos en el Ejido Sombrerete -comunidad ubicada muy cerca del municipio de San Luis-, los muertos eran Juan de Dios Guzmán Hernández y Juan Amezcua; el primero de ellos ligado a Aguilar García, y el segundo, asesinado de manera fortuita.
 
El traficante recién liberado apenas llegaba al cementerio cuando varios individuos descendieron de un vehículo -del que no se tiene mayores datos- y los atacaron a balazos por la espalda. Los sorprendieron y por eso Aguilar no alcanzó a responder con la pistola Beretta que llevaba entre sus ropas. En el sitio del crimen fueron localizados casquillos de .223 y 9 milímetros.
 
Aguilar García y Antonio Galindo perdieron la vida en el lugar, pero una tercera persona que caminaba con ellos fue trasladada de manera urgente a un nosocomio de San Luis; se desconocen mayores detalles de su condición.
 
La Policía Municipal de Mexicali montó un operativo de grandes proporciones en Colonias Nuevas para el velorio y entierro del “Vaquero”, pues temían pudiera darse otro ataque armado mientras se realizaba el acto luctuoso.
 
Los investigadores bajacalifornianos presumen que los autores del crimen pudieran ser los jóvenes abatidos durante el enfrentamiento ocurrido el domingo 8 de septiembre  -un día después del asesinato de Aguilar García- en San Luis, lo que redujo la posibilidad de otros crímenes de la misma naturaleza.
 
LOS CAMINOS APUNTAN A “LOS SALAZAR”
 
Aunque el escenario es difuso para el Grupo Coordinación de Seguridad y Pacificación, la hipótesis más clara es la intervención de sicarios ligados a “Los Salazar” para terminar con un inminente rival.
 
En las primeras versiones se estableció que pudiera tratarse de integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación que pretendían ocupar el corredor de la droga de San Luis-Mexicali-Imperial, “…pero no se ha podido establecer relación entre los ‘Jaliscos’ y esta zona del Estado”, afirmaron a ZETA representantes de las fuerzas de seguridad.
 
Por ello las  autoridades mexicalenses redirigieron la investigación y encontraron ciertos patrones que pudieran establecer una pugna entre mismas células del Cártel de Sinaloa.
A partir de julio comenzaron a registrarse crímenes de alto impacto en la zona rural del municipio. Tres de estos se relacionan  directamente al “Vaquero” porque fueron identificados como sus antiguos operadores.
 
El 25 de julio, José Israel Guzmán Machado fue asesinado a las afueras de una llantera ubicada en calle Cuba y Sexta del Kilómetro 57, a tres calles del panteón donde mataron a Aguilar García.
 
Los sicarios lo esperaron a las afueras del lugar y descargaron varios proyectiles de arma de fuego en su contra, para posteriormente escapar a bordo de una camioneta blanca; Guzmán Machado murió en una clínica de San Luis. Grupos de inteligencia refirieron a Guzmán Machado como operador del “Vaquero” en otras épocas.
 
Semanas después se dio a conocer la privación de la libertad de otro individuo en la misma zona, de nombre José Miguel Mendoza García, de 36 años, cuyo cadáver fue localizado en el dren Bacanora de San Luis Río Colorado; se presume -aún no terminan las indagatorias- que también era operador del “Vaquero”; su cuerpo fue hallado el mismo 7 de septiembre.
 
Luego se sumó la doble ejecución cometida el martes 3 de septiembre en el Ejido Sombrerete, también se vincula con el lugarteniente finado del “Mayo” Zambada. Particularmente uno de ellos, Juan de Dios Guzmán, fue vinculado a esta cadena de homicidios; su cuerpo fue localizado con múltiples impactos de arma de fuego al interior de un pick-up Ford F150 color blanco, modelo 1996, placas de circulación ZJL044A, estacionado a la altura del Aeródromo Zacatecas.
 
Fuentes del Grupo Coordinación establecen que “Los Salazar” y no las células locales, habrían cometido el crimen, pues hace años, la extensión territorial en la que operaba “El Vaquero” incluía gran parte de San Luis Río Colorado y en específico el Golfo de Santa Clara.
 
LOS ATAQUES EN SAN LUIS
 
Desde inicios del año, “Los Salazar”, liderada en todo Sonora por Crispín Salazar Zamorano, históricamente allegados a Joaquín Guzmán Loera y con operación principalmente en zonas como Navojoa, Hermosillo y Cajeme, ampliaron sus horizontes y comenzaron a pelear con grupos delictivos locales que también tenían protección del Cártel de Sinaloa.
 
En esta zona no se ha ubicado un lugarteniente, pero la información de autoridades sonorenses es que el grupo ha reclutado a jóvenes pandilleros de San Luis, a quienes dota de armamento y respaldo para pelear la plaza contra “Los Cuates”, agrupación con varios años operando en San Luis Río Colorado.
 
En mayo fue abatido Luis Alfonso Lara “El Cuate”, uno de los líderes de la plaza en San Luis. Cuando su cuerpo era velado en Funeraria del Valle, un grupo fuertemente armado arribó y comenzó a disparar contra los asistentes, dejando dos personas asesinadas, ambos sin antecedentes o relaciones criminales.
 
A partir de entonces, múltiples enfrentamientos se han registrado en San Luis y el Golfo, en los que incluso fue abatido un policía municipal. La mayoría de estos crímenes se relacionan con el enfrentamiento de estas células.
 
Uno de los más importantes ocurrió el domingo 8 de septiembre, cuando un grupo de sicarios asesinó a una persona sobre Avenida Mazatlán, entre las calles 11 y 12, para posteriormente huir a bordo de dos vehículos, una Cherokee y una Tahoe.
 
Policías municipales emprendieron un operativo y lograron dar con los mafiosos a las afueras de la ciudad, con quienes sostuvieron un enfrentamiento que terminó con el abatimiento de Armando Flores, Moisés Ortega y Alexis Rodríguez, tres jóvenes menores de edad que estaban fuertemente armados, según informó la Policía sanluisina de manera oficial.
 
Además, capturaron a otro grupo de matones identificados como integrantes de “Los Salazar”. Sin embargo, autoridades sonorenses no informaron mayores detalles sobre los capturados, salvo que uno es originario de Navojoa.
 
Dicha agrupación delictiva ha operado desde los años 90 en Sonora y mantiene un control mayoritario en las zonas de dicha entidad y la zona serrana de Chihuahua.
 
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA  INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 16 SEPTIEMBRE, 2019 01:00 PM)
 
 


NOTARÍAS, LOS ÚLTIMOS PREMIOS POLÍTICOS DEL GOBERNADOR PARA REPARTIR


El Colegio de Notarios Públicos del Estado advierte que a semanas de que Francisco Vega de Lamadrid concluya su gubernatura, de tres a cinco notarías podrían ser entregadas a sus cercanos como “premios políticos”. Entre los interesados en convertirse en notarios están el alcalde saliente de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, y el hijo de la ex procuradora estatal y actual magistrada Perla del Socorro Ibarra Leyva

Entre la comunidad de notarios de Baja California existe una preocupación de que, gracias a una reforma de 2015, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid asigne directamente de tres a cinco notarías a personas sin experiencia en la materia, a manera de premio político.

Así lo advierte Carlos Enríquez de Rivera Castellanos, presidente del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Baja California.

Ya que la administración de Vega de Lamadrid -y de 30 años de panismo en la entidad- concluye el 31 de octubre, el representante del órgano explica que antes de que esto ocurra, podrían asignarse de tres a cinco notarías más de forma directa.

“Son premios políticos que se podrían dar en este contexto, un ex funcionario que tenga posibilidades por ser elegible, que le puedan dar su premio antes de que se vaya esta administración”, detalló Enríquez en entrevista con ZETA.

Uno de estos casos es el de José Ricardo Padilla Ibarra, hijo de Perla del Socorro Ibarra Leyva, quien ocupó la titularidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) desde el inicio del gobierno de “Kiko” Vega hasta julio de 2019, para regresar a su cargo como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

El 30 de agosto, con una de las personas más cercanas a su madre, la también magistrada María Esther Rentería como una de los cinco sinodales que evaluaron su examen de aspirante a la patente de notario, José Ricardo pasó la prueba.

El mínimo requerido para obtener la patente de aspirante es de 8, al hijo de la ex procuradora le fue concedida una calificación de 8.18 y con ello se convirtió en elegible para ser titular de una Notaría, ya sea mediante un concurso de oposición con otros interesados o por asignación directa del gobernador.

Enríquez de Rivera Castellanos explicó que otro caso en el que su “buena relación” con el gobernador podría resultar en la titularidad de una Notaría es el de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, quien el 30 de septiembre concluye su periodo como alcalde de Tijuana.

El abogado aprobó el examen de aspirante a patente de notario, pero no obtuvo la calificación mínima para ser titular, por lo que podría ser nombrado directamente por el gobernador, quien no solo es su compañero de partido, sino su amigo.

LAS NOTARÍAS PENDIENTES

En mayo de 2015, el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley del Notariado para que “cuando por la demanda de la población, se requiera la creación de nuevas notarías, el gobernador del Estado podrá otorgar directamente la patente de notario titular, eligiendo de entre aquellos con patente de aspirante al ejercicio del Notariado en el Estado”, indica la modificación al Artículo 17.

Aunque los notarios intentaron ampararse contra la medida, la reforma permaneció porque entre las facultades que la Ley otorga al gobernador, está el de su “facultad discrecional” en la designación directa de notarios.

El 14 de septiembre de 2018, Vega publicó un decreto en el Periódico Oficial de Baja California para la creación de cinco notarías: tres en Tijuana, una Ensenada y una en Mexicali.

“La preocupación ha sido latente desde entonces, aunque estaban convocadas a examen las notarías 22 y 23, misteriosamente justificaron en un oficio que, por falta de tiempo, se cancelaron los exámenes y se otorgaron de forma directa dos patentes de titular para las notarías 25 y 26”, señala el presidente del Colegio.

A raíz de un amparo presentado por algunos de los interesados en participar en los concursos de oposición, “no se han podido abrir las notarías porque están en litigio”, agregó.

Para la Notaría 22, la cual estará ubicada en la delegación La Presa en Tijuana, once personas se inscribieron en el concurso, pero al momento de realizar los exámenes, solo cinco se presentaron.

El 11 de septiembre de 2019, Ramón Hernández Sánchez fue seleccionado como titular de la Notaría 22. Obtuvo la calificación más alta entre los cinco concursantes, equivalente a 9.2.

Hernández Sánchez trabajaba como notario adjunto en la Notaría Número 4, cuyo titular, Eduardo Manuel Navarro Vallejo García Travesí, se encuentra denunciado por secuestro ante la Fiscalía General de Aguascalientes por la señora María Guadalupe Jiménez Loza, quien acusa a su hijo, Gerardo Álvarez Jiménez, de mantenerla en cautiverio hasta que con engaños del notario, firmó documentos para ceder sus compañías y propiedades.

El 29 de septiembre iniciarán los concursos para la Notaría 22, también a ubicarse en la Zona Este de Tijuana.

En caso que ninguno de los concursantes llegue a la calificación mínima de 8, la Notaría se declara vacante y entonces el gobernador tiene oportunidad de crear una distinta y asignar de forma directa al titular, bajo la justificación de que no hay aspirantes con la capacidad requerida.

“Tenemos el temor, por la reforma que se hizo, de que se pueda designar de forma directa a una persona sin conocimientos ni la capacidad para poder dar el servicio notarial y no ha sido examinado de una forma correcta”, insistió el presidente del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Baja California.

Sobre el perfil del hijo de la ex titular de la PGJE, quien no pudo contestar una sola pregunta que le formuló la notaria María Esther López Estrada -le recomendó trabajar en una Notaría para adquirir los conocimientos esenciales con los que no cuenta-, Enríquez de Rivera Castellanos apunta: “Si hizo examen de aspirante y lo pasó, el de titular es mucho más riguroso, se requiere de conocimientos técnicos, experiencia, probidad e imparcialidad”.

Añadió, “es injusto que quien ha trabajado en una Notaría 15 o 20 años y que, por temas políticos, se le dé preferencia a otra persona”.

Por último, aseguró: “No estamos en contra de que se abran más notarías, queremos que se concursen y que los más capacitados obtengan su patente de titular, ya sea que no estén en el ambiente o sean abogados prominentes, pero que conozcan el tema notarial y obtengan la mejor calificación”.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA  INÉS GARCÍA RAMOS/LUNES, 16 SEPTIEMBRE, 2019 01:00 PM)


REPORTAN SIETE MUERTOS; CINCO FUERON ENCONTRADOS CALCINADOS



En las últimas horas,  siete personas fueron encontradas muertas en distintos puntos de la ciudad; cinco de las víctimas estaban calcinadas.

El hecho más reciente ocurrió la madrugada de este miércoles 16 de octubre en la colonia Cañón del Padre.

El reporte se suscitó alrededor de las 04:10 horas e indicaba que una vivienda de madera localizada sobre la Vía Rápida Alamar Sur, estaba siendo consumida por el fuego.

Al lugar arribaron elementos de bomberos y tras sofocar el siniestro, hallaron los cuerpos calcinados de cuatro personas;  cuya edad y sexo no se ha podido determinar.

Luego del  hallazgo, se solicitó la presencia de agentes periciales, quienes localizaron cinco casquillos calibre .380 y una camioneta pick up.

Dos horas antes, sobre un tramo de terracería  en la calle Potrero, de la colonia Rincón Dorado, fue localizado el cadáver calcinado de un masculino. La víctima, de 35 años, tenía candados en la mano izquierda.


A unos metros del cuerpo se encontraba una camioneta también calcinada.

Una noche antes, martes 15, se reportaron los asesinatos de dos personas.

El cuerpo de una las víctimas fue localizado entre la maleza de un predio en la calle Jazmines de la colonia Laureles. El occiso, de aproximadamente 50 años, presentaba una herida en la cabeza.

Luego el cadáver  de Mauricio Ochoa Arias, de 25 años, fue hallado sobre la calle  Venustiano Carranza, de la Delegación San Antonio de los Buenos. Como indicios, agentes periciales encontraron 6 casquillos  calibre 9mm

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  REDACCIÓN ZETA/ MIÉRCOLES, 16 OCTUBRE, 2019 08:46 AM)

ENFRENTAMIENTO EN IGUALA, GUERRERO, DEJA AL MENOS 14 CIVILES Y UN MILITAR MUERTOS



Al menos 15 personas murieron este martes 15 de octubre, durante un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del Ejército Mexicano, en la comunidad de Tepochica, del municipio de Iguala, en Guerrero.
 
Roberto Álvarez Heredia, vocero de la Mesa para la Construcción de la Paz de la entidad, informó que un grupo de hombres armados disparó a los militares en el camino que une a Iguala con el municipio de Tepecoacuilco.
 
​El funcionario estatal agregó que los militares respondieron la agresión y en el enfrentamiento murieron al menos 14 agresores y un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
 
Las autoridades estatales añadieron que en el lugar de los hechos se aseguraron armas de alto calibre y tres vehículos con reporte de robo, en los cuales se trasladaba el grupo de hombres armados.
 
Por su parte, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Zuriel de los Santos Barrila, llegó al lugar del enfrentamiento para encabezar las indagatorias correspondientes.
 
Apenas ayer lunes 14 de octubre, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) michoacana fueron emboscados por supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el municipio de Aguililla, ataque que dejó como saldo 13 policías muertos.
 
(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  CARLOS ÁLVAREZ/ MARTES, 15 OCTUBRE, 2019 06:12 PM)