La Cosmopolitana es una
empresa de alimentos que acaparó contratos millonarios en los tres últimos
sexenios en el país y que de acuerdo a una investigación de Quinto Elemento Lab
y Vice se convirtió en un monopolio en el servicio de comidas, logrando contratos
millonarios por miles de millones de pesos, aún cuando ha vendido comida en mal
estado a los internos de penales, y es proveedora del IMSS, guarderías del DIF
y Pemex, entre otros.
A continuación el texto
íntegro:
Eran las 13:00 horas y miles
de reos del Penal Estatal de Puente Grande en Guadalajara esperaban su turno
para pasar frente al cocinero que con el cucharón servía a cada uno el menú del
día: sopa de lentejas, ceviche de soya, frijoles de la olla, salsa roja y tres
tostadas. Pero algo en ese plato no olía bien y hubo quienes prefirieron
aguantar el hambre hasta la cena y devorar una porción de frijoles de la olla,
pan dulce y café con leche.
Después, como cada noche, los
presos se encaminaron hacia sus celdas. No habían llegado a ellas cuando muchos
empezaron a sentir dolor de estómago y de cabeza, diarrea, sudores y náuseas.
Hacia las 23:00 horas quedó claro que la noche de ese 24 de mayo de 2014 no
sería igual a las demás.
Los quejidos y los gritos de
auxilio a la enfermería hicieron sonar las alarmas. Los reos pelearon por el
único retrete dentro de sus congestionadas celdas. Quienes no lograron abrirse
paso entre sus compañeros tuvieron que defecar o devolver el estómago ahí mismo
en el suelo.
No se trató de una decena de
reos intoxicados; tampoco de 450 como reportó el gobierno a la prensa en los
días que siguieron. Según documentos, hasta ahora inéditos, 683 reos, la
mayoría jóvenes, cayeron enfermos, 640 con diarrea. La escena era dantesca. La
de ese día fue una de las intoxicaciones más numerosas en la historia reciente
de las cárceles en América Latina.
Los internos enfermaron de
salmonelosis, causada por una bacteria que viaja en las heces de animales y
humanos, y que las autoridades encontraron en 81 muestras tomadas a los
enfermos, según informó el 28 de mayo el Laboratorio Estatal de Salud Pública.
La “probable fuente de infección” fue el ceviche de soya que les sirvieron ese
día.
“Estábamos en shock”, recordó
José, ex miembro del Cártel de Jalisco Nueva Generación, que estaba preso y que
recuerda haber visto a muy pocos médicos y enfermeros atendiendo el brote.
“¿Qué va a pasar? ¿Cuántos nos vamos a morir?”, la idea le atormentó aquella
noche. José, que pidió la reserva de su nombre completo, dijo que la cárcel
estuvo a punto del descontrol; los custodios y las autoridades se vieron sobrepasados.
La crisis se diluyó días más
tarde y, para fines oficiales, el contrato por casi 196 millones de pesos que
tenía La Cosmopolitana siguió en pie y el capítulo quedó cerrado con una
sanción de 331 mil pesos y un donativo por 720 mil para remodelar la cocina.
Esta no era la primera crisis
relacionada con la comida que protagonizó esta compañía y tampoco fue la
última.
De acuerdo con un informe
inédito que elaboró la Comisión Nacional de Seguridad, justo la comida y la
falta de agua para beber estuvieron entre las principales razones que animaron
el motín en Islas Marías, Nayarit, el 2 de febrero de 2013. La revuelta dejó 32
heridos, algunos de ellos por impactos de bala, y causó graves daños a
edificios y vehículos, como muestran fotografías en poder de este medio.
Además, una revisión de
cientos de páginas de auditorías, informes, amparos de presos y quejas ante
Derechos Humanos, además de una serie de estudios hechos entre reos y custodios,
reveló que persistieron los problemas con la calidad, la cantidad y la higiene
de los alimentos.
En un estudio más reciente,
realizado por académicas del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social (CIESAS) y del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE) en 2017, los custodios y empleados de cuatro cárceles
federales se quejaron de recibir comida en mal estado; algunos dijeron haber
encontrado hilos, larvas, gusanos y cucarachas en sus alimentos. La proveedora,
La Cosmopolitana, es una empresa propiedad de la familia Landsmanas y forma
parte del Corporativo Kosmos (CK).
Una investigación de más de
un año realizada por Vice y Quinto Elemento Lab reveló que esta compañía se ha
convertido, sigilosamente, en el monopolio del servicio de comidas para un
enorme número de mexicanos cautivos.
Según los 704 contratos a los
que tuvo acceso este equipo de investigación, en 2002 este proveedor tenía
negocios con el gobierno por al menos 6 millones de pesos. En 2009, por 343
millones. Para 2018 tenía contratos por más de 5 mil millones de pesos.
De acuerdo con esta
investigación, Corporativo Kosmos tiene tal fuerza que ha logrado contratos por
al menos 29 mil 76 millones de pesos entre 2002 y lo que va de 2019 –una
tercera parte sin licitación–. Esto, sin contar los que firmó con Pemex y sus
subsidiarias, y que la paraestatal se negó a entregar.
Las empresas de Corporativo
Kosmos alimentan a los enfermos que duermen en el IMSS, a los niños en
guarderías del DIF, a los atletas del alto rendimiento y a trabajadores que
pasan semanas en las plataformas marinas de Pemex, damnificados y policías.
También dan de comer al personal administrativo, custodios y reos de 14 penales
federales, a presos de las 15 cárceles de la Ciudad de México y de prisiones en
otros estados; a funcionarios en secretarías de Estado e incluso a quienes
fueron a parar a El Torito en una noche de excesos.
El 19 de febrero, en una
entrevista con el noticiero Panorama Informativo, de Grupo ACIR, el nuevo
director de Centros Penitenciarios Federales, Francisco Garduño, se refirió a
La Cosmopolitana, sin llamarla por su nombre. Hay una empresa “que está en
todos lados”, dijo, y aseguró que los contratos que tiene con las cárceles
federales son “leoninos”.
Al día siguiente, el
Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en rueda de prensa que
presentará un informe acerca de los monopolios de venta de comida y
medicamentos a gobierno, y habló de revisar los contratos.
Diversas fuentes informaron a
este medio que Julio Scherer Ibarra, actual consejero jurídico de la
Presidencia y persona cercana a López Obrador, fue abogado de La Cosmopolitana
y de Productos Serel, otra de las empresas de la familia Landsmanas. Esta
información fue confirmada por Ulises Castellanos, asesor en comunicación y
medios del abogado.
Castellanos dijo que estas
empresas fueron clientes del despacho Scherer y Asociados durante alrededor de
cinco años y que la relación de trabajo finalizó en octubre de 2018. “Llevaba
asuntos de muchos empresarios y políticos”.
El abogado que jugó del lado
de este gran corporativo ahora es parte de un gobierno que, a decir del
encargado de prisiones, no está del todo satisfecho con los contratos (que por
cierto vencen en agosto).
De acuerdo con la información
recabada por Vice y Quinto Elemento Lab, el mayor cliente de CK en el gobierno
son las cárceles federales. Entre 2012 y 2016 el gobierno le asignó dos
contratos de cuatro años cada uno por un total de 12 mil 223 millones de pesos.
A partir de entonces, La Cosmopolitana ya no se dedica solamente a servir los
alimentos, sino que fue contratada para prestar 12 servicios más, como la
lavandería, jardinería, pintura y mantenimiento, entre otros.
El segundo cliente más
importante de los Landsmanas es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que
los ha contratado cada año sin falta desde 2003 para su red de hospitales. En
tercer lugar está el gobierno de la Ciudad de México para sus cárceles,
bomberos, el Metro y el DIF.
Los directivos de Corporativo
Kosmos declinaron a insistentes solicitudes de entrevista en las seis semanas
previas a esta publicación. “El grupo tiene firmados distintos contratos con
cláusulas de confidencialidad, lo que nos impide contestar a las preguntas que
nos hace”, respondieron al cierre de esta edición.
UNA HISTORIA DE FAMILIA
La familia Landsmanas tiene una cualidad que
le ha permitido pasar inadvertida por muchos años: el prudente encanto de la
discreción. Ni ella, ni sus empresas, aparecen en rankings o en las revistas de
sociales. Tampoco en aquellas que se dedican a olfatear a empresarios con
éxito.
Bajo la letra “L” de una
gaveta en el archivo histórico migratorio, están algunas piezas que cuentan la
historia de la familia, que llegó a México en 1959 proveniente del norte de
Europa.
Ilja Landsmanas, el motor de
este grupo empresarial, aparece en una fotografía de 1975, cuando tenía casi 27
años. Su cabello oscuro remataba en unas patillas largas. Llevaba el bigote
perfectamente separado en dos tramos, derecha e izquierda, y el espacio en
blanco del medio hacía ver más larga y más recta su nariz.
Según cuentan estos
documentos, Ilja –o Elías, como es conocido– llegó a México con sus padres,
Pejsach (Pablo) Landsmanas y Chaja Dymensztejn. Los tres eran nativos de
ciudades que hoy pertenecen a las repúblicas de Letonia y Lituania.
El señor Landsmanas se empleó
en México en una carnicería propiedad de León Brener, otro inmigrado lituano
(que fundó lo que hoy conocemos como la marca de embutidos FUD), y más tarde
fundó su propia carnicería, La Modelo. La señora Landsmanas se dedicó a su
hogar, en Tecamachalco, y a Jorge, el menor de sus dos hijos, que nació 16 años
después que Elías, indican los documentos.
Por lo visto, la incursión
del señor Landsmanas en el negocio de la carne marcó el rumbo para sus hijos
también. Con Elías y Jorge Landsmanas la familia expandió el negocio al pollo y
los abarrotes, dijeron empresarios del ramo. Compraron una red de bodegas de
almacenaje que tenía el gobierno alrededor del país. Invirtieron en espacios en
las centrales de abasto, se hicieron de una gran flotilla de transportes
convencionales y refrigerados e invirtieron lo necesario para obtener una
variedad de certificados ISO que el gobierno comenzó a exigir, lo que dejó
fuera a muchos de sus competidores.
Pejsach Landsmanas murió en
1992, a los 74 años. Sus hijos –hoy de 70 y 54 años–, y más recientemente su
nieto, Jack Landsmanas Stern, un Economista del ITAM de 42 años, compraron y se
asociaron a empresas del ramo y conformaron un grupo de al menos siete empresas
de alimentos que compiten, a menudo en cártel, por los contratos del gobierno.
“Elías Landsmanas es un buen comerciante, un buen negociador, de una mano
izquierda impresionante”, lo describió un ejecutivo del sector alimentos.
Los Landsmanas son conocidos
en el sector por su astucia y porque siguen una estrategia “casi despiadada”
para hacerse del mercado, dijo otro empresario. Si había unas 50 empresas
rivales hace unos años, ahora se presentan a las licitaciones acaso unas seis,
añadió. También son conocidos por su ferocidad: sus competidores declinaron
hablar para este reportaje, algunos por temor a represalias.
Según pudieron conocer por
diversas fuentes Vice y Quinto Elemento Lab, los ejecutivos de Corporativo
Kosmos han seguido una estrategia agresiva que incluye amenazas a sus rivales e
incluso intentos de inhabilitar a sus contrincantes, y presuntos tratos con
funcionarios encargados de las compras en gobierno a fin de que se inclinen a
su favor.
Un presunto caso asomó por
accidente, en noviembre de 2010, luego que peritos de la Dirección General de
Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República analizaron la
laptop, el teléfono Blackberry, un radio Nextel y tres discos duros de César
Mora, coordinador de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios del
IMSS. Estaban buscando evidencias de tratos indebidos y posiblemente ilegales
de Mora con ejecutivos de dos farmacéuticas.
En su búsqueda encontraron
correos de Jorge Landsmanas y del representante legal de una de sus empresas.
En uno de los correos electrónicos, que divulgó Televisa en el noticiero de
Joaquín López Dóriga en 2011, Jorge Landsmanas indicaba lo siguiente: “Los
párrafos en ROJO se eliminan”; “Los párrafos en VERDE se integran”. Según
informó la televisora, Jorge Landsmanas conspiraba con Mora para adecuar las
bases de una licitación.
César Mora dijo en entrevista
con este medio que él ya no trabajaba en el IMSS cuando el escándalo mediático
se dio, pues los hechos ocurrieron muchos meses antes, casi un año; y esto
nunca se aclaró en Televisa. Indicó que fue “crucificado sin razón” y que la
Secretaría de la Función Pública “inició un procedimiento de investigación, y
meses después concluyó que no existía prueba y/o evidencia que pudiera resultar
en sanción por actos irregulares”.
Según Mora, su correo
electrónico estaba dado de alta para recibir los mensajes de muchos proveedores
en la etapa de las pre-bases, cuando ellos tienen autorizado, por ley, sugerir
cambios a los requisitos de una licitación. Aún así asegura que él no contestó
al mail del señor Landsmanas. “Yo pude demostrar perfectamente que esos correos
eran un asunto de un procedimiento legal y establecido en la ley de
adquisiciones”, aseguró.
Mora indicó que nos haría
llegar el expediente que lo exculpa en los siguientes días; y nos hizo llegar
un documento fechado este 2018 por la SFP, que indica que en este momento no
está sancionado.
Pero la investigación a Mora
y los Landsmanas, iniciada en 2010, echó a andar una auditoría a la entrega de
alimentos de La Cosmopolitana. A partir del 18 de febrero de 2011 y cada mañana
durante tres meses, un equipo de auditores revisó los alimentos que entregaban
casi al amanecer a cuatro hospitales generales en la Ciudad de México.
El auditor encargado fue
Roberto Santiago Magaña, un contador yucateco con tres años en la institución;
un experto en auditorías que rápidamente había ascendido en el IMSS.
Aquí algunas anotaciones que
hicieron los auditores, en sus hojas de control: carne de res con mucha grasa,
pierna de cerdo en mal estado. Mandarinas secas, plátano verde, chícharo viejo
revuelto con chícharo nuevo.
En un hospital observaron que
la proveedora entregaba la carne en bolsas de plástico de las que escurría
sangre; la carne venía en transportes a 18 grados, en lugar de los cuatro
grados centígrados obligados. En otro hospital advirtieron que el pollo llegó
sin etiquetas que indicaran siquiera la fecha de matanza. En algunos hospitales
entregó menores cantidades de las pactadas.
Según concluyó al final del
ejercicio, 28 por ciento de las partidas de alimentos no cumplía con las
condiciones de entrega pactadas en el contrato. El 7 de junio de 2012, la
Secretaría de la Función Pública impuso a la empresa dos multas por un total de
180 mil 469 pesos. La Función Pública sólo tiene registro de estas dos
sanciones a La Cosmopolitana, de 2000 a 2016.
En cuanto al caso de presunta
corrupción con el IMSS, la Secretaría de la Función Pública mantiene en secreto
sus hallazgos y su resolución.
Vice y Quinto Elemento Lab
lograron acceso a la investigación. Sin embargo, la Función Pública tachó casi
todos los renglones en cada una de las 5 mil páginas del expediente. Apenas
sobresale el membrete de la papelería oficial.
Según la dependencia, revelar
la información “afectaría los derechos fundamentales relativos a la dignidad y
honor que tienen las personas a su reputación, buen nombre o fama que gozan
ante los demás”.
La Función Pública informó
que el contrato motivo del escándalo quedó cancelado. Sin embargo, los negocios
de los Landsmanas no se detuvieron ahí. Al año siguiente, lograron más
contratos con el IMSS y en 2012 sus empresas llegaron a un récord, con
convenios por más de 900 mdp, de acuerdo con la base de datos de 704 contratos
obtenidos vía Transparencia y Compranet.
PONER CANDADOS
En la jerga de los
proveedores se llama “poner candados” a la práctica de lograr que un
funcionario haga los cambios a las bases de una licitación, justo para salir
seleccionados. Esta trampa viola las leyes de Adquisiciones que pretenden
emparejar la cancha a todos los competidores.
Vice y Quinto Elemento Lab
identificaron dos historias donde rivales de Corporativo Kosmos protestaron
porque las bases tenían requisitos que sólo los Landsmanas podrían cumplir.
En abril de 2016, en la
licitación de los servicios de comedor para sus trabajadores, Aeropuertos y
Servicios Auxiliares (ASA) pidió a los concursantes que presentaran evidencias
de que su carne no contenía ciertas hormonas y sustancias; los análisis debían
ser realizados por un laboratorio de alimentos autorizado por la Entidad
Mexicana de Acreditación (EMA).
En mayo de 2016, ASA anunció
que la propuesta ganadora había sido la que presentaron en conjunto Productos
Serel y La Cosmopolitana de Polanco, ambas de los Landsmanas, porque de entre
todos los competidores, fueron los únicos que cumplieron con el requisito.
El problema asomó unos días
después, cuando la empresa Prodilacsa puso al descubierto que ese requisito era
imposible de cumplir. Para empezar, la EMA no tenía acreditado ningún
laboratorio de alimentos que hiciera tales análisis, documentaron sus abogados.
Además, la norma que exigía esos análisis estaba derogada desde 2014.
La administradora de
Prodilacsa presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, por
presuntos actos irregulares de funcionarios y la posible transgresión a la ley.
Ofreció como prueba una carta de la EMA en la que indicó que no tenía
acreditado ningún laboratorio para esas pruebas.
Prodilacsa pidió a la Función
Pública que investigara el caso y tuvo noticias a mediados de 2017, cuando la
dependencia le informó que el caso había sido turnado al Área de
Responsabilidades. Funcionarios de ASA declinaron solicitudes de entrevista
alegando que el caso sigue en investigación.
Un caso similar ocurrió en
otra licitación de 2016, pero ahora con el Consejo Nacional de Cultura Física y
Deporte (Conade), que pidió estos mismos análisis a la carne. La única empresa
que presentó propuesta –y que ganó– fue Productos Serel, de Corporativo Kosmos.
CASTIGO GASTRONÓMICO
Cualquier sábado afuera del
penal varonil de Puente Grande, se forman desde temprano largas hileras de
mujeres que van de visita. Lo que más cargan en sus pesados bultos son guisos
para sus familiares presos.
Mireya, quien prefirió
ocultar su verdadero nombre, lo ha hecho 14 años. Una vez por semana pasa por
la aduana de la cárcel con abarrotes, fruta y botes con arroz, frijoles y algún
guiso para su hermano.
“La comida de ahí es de muy
mala calidad”, explicó una tarde desde la sala de su casa en Guadalajara. “Les
dan pozole, caldo de res, caldo de pollo, atole, pero parecen caldo de pantano,
caldo de murciélago. Incluso así ellos tienen bautizadas a las comidas, porque
de todo tiene cara, menos de lo que es”, contó.
En 2017, un grupo de
académicos y encuestadores escuchó comentarios parecidos, pero de voz de los
custodios en cuatro cárceles federales alrededor del país. Estaban realizando
un estudio, encargado por Renato Sales, entonces Comisionado Nacional de
Seguridad, acerca de las condiciones de trabajo de estos empleados federales.
“La Cosmopolitana no nos da
más que carne en mal estado, con gusanos, cucarachas”, consignaron en su
informe, hecho por encargo de la Comisión Nacional de Seguridad. “La calidad de
la comida es pésima, aparecen larvas, hilos y el agua solo puedes tener la que
te dan y es muy inhumano”. “Hay un comedor para funcionarios, pero ellos comen
aparte; a nosotros nos dan la misma comida que a los internos y a veces viene
con gusanos”. “Las autoridades deberían venir a comer un día con nosotros”,
recogió el estudio que lideró Elena Azaola, una de las mayores expertas en el
sistema penitenciario de México.
“Imagino que existen fuertes
intereses económicos de por medio de los cuales se benefician las empresas y
los funcionarios que las contratan”, dijo Azaola en entrevista.
El estudio llegó al
escritorio de Sales meses más tarde. “Si la comida es de mala calidad (…)
existe un riesgo para la estabilidad y el orden en el centro penitenciario”,
nos indicó vía WhatsApp. Según Sales, que no tenía responsabilidad directa
sobre las cárceles, él giró órdenes para exigir mejoras al servicio de La
Cosmopolitana, pero no precisó de qué tipo y qué seguimiento les dio.
Elena Azaola es la persona
que más ha estudiado las condiciones de vida en los penales en México y
considera que las autoridades no vigilan que se cumplan los contratos. “Las
personas privadas de libertad no tienen manera de protestar, de hacerse escuchar,
y entonces, por lo general estas compañías abusan”, dijo Azaola. “Los presos
federales nos cuentan –y yo sé que está en manos de esa compañía– que no les
surten elementos para limpiar sus celdas; que no tienen escobas y que con una
chancla están ahí limpiando; no tienen siquiera cloro y adentro están los
inodoros. No les dan los productos de limpieza más que muy rara vez. Claro que
esto afecta sus condiciones de vida, de salud, de higiene, de salud emocional y
psicológicas. Esto traiciona todos los principios en los que se supone que está
basada la legalidad respecto a las prisiones en México”.
EL DÍA MÁS TRISTE
José, el ex miembro del
Cártel de Jalisco Nueva Generación, no es el tipo de personas que se asusta con
facilidad. Pero los días de la intoxicación en Puente Grande le hicieron temer
a la muerte. Aún cuando él no comió del ceviche contaminado ese mediodía, ver a
todos los enfermos le hizo sentir una fuerte paranoia.
“Te nervias; te dices ¿cómo
vamos a hacer para salvar a tanta gente?”, contó una tarde en lo alto de un
mirador en Tonalá, Jalisco. “En el área médica (los enfermos) parecían
cigarros, ahí uno tras de otro, 300 tirados en el suelo peleando por su propia
vida. Fue muy triste estar ahí”.
El gobierno de Jalisco
mantuvo reservados por muchos años los documentos que cuentan lo que ocurrió
esa noche y madrugada. Según el reporte de los epidemiólogos, la crisis comenzó
la tarde del 24, y tuvo su pico en el número de casos, en las horas de mayor
oscuridad, entre la 1 y las 6 de la mañana. El auxilio médico y las medicinas
llegaron al penal hasta las seis de la tarde del día 25.
Felipe Madrigal, uno de los
paramédicos de la Cruz Roja que condujo una de 16 ambulancias, dijo que en 20
años de carrera no había visto algo así. La cárcel que alojaba a 7 mil 798
hombres, estaba convertida en un hospital a ras del suelo y al aire libre.
Cientos de presos que yacían en el patio y corredores, estaban en ruinas.
Esa tarde del 25 de mayo, los
camilleros atendieron primero a los presos más ancianos, cinco de ellos.
Algunos estaban tan débiles que José, que estaba a unos metros de distancia,
juró que estaban moribundos. Según la Fiscalía, nadie murió.
La Cosmopolitana tenía en ese
tiempo un contrato de dos años por 916 millones de pesos para alimentar a los
presos de Puente Grande y de otros cinco reclusorios estatales de Jalisco. En
el contrato se establecía una multa equivalente a 10 por ciento del importe del
contrato si llegaban a ocurrir tres intoxicaciones. Un anterior contrato,
firmado en 2009, era más exigente: ordenaba el pago de la multa a la primera
intoxicación.
La Cosmopolitana continuó con
el servicio hasta que terminó el contrato. En la siguiente licitación los
Landsmanas perdieron ese Penal de Puente Grande, pero ganaron el contrato para
alimentar a los reos de otros ocho penales en el estado. Al año siguiente, el
gobierno de Jalisco extendió el contrato a las nueve cárceles del estado.
*El de Laura Sánchez Ley y
Karla Casillas fue uno de los cuatro proyectos seleccionados en la primera Convocatoria
de Quinto Elemento Lab, una incubadora de reportajes de investigación. Laura y
Karla eran reporteras de Vice Noticias al momento de la investigación. Laura
ahora trabaja con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Karla con
mexico.com.
(RIODOCE/
REDACCION/ QUINTO ELEMENTO LAB/ FEBRERO 25, 2019/ 11:56 AM)
