Cinco jóvenes, presuntos atracadores con
mano armada, han sido asesinados en Culiacán, Sinaloa durante la última semana.
Sus cuerpos fueron hallados con carritos de juguete encima. La Fiscalía estatal
presume que el número de carritos en sus cuerpos correspondería con el número
de autos que esos jóvenes habrían robado.
–Con información de Río Doce, Vanguardia
e Infobae
Ciudad de México, 9 de agosto
(SinEmbargo).- Otro joven ejecutado fue hallado en Sinaloa, ahora en calles de
la colonia Villa Fontana, en Culiacán, Sinaloa. Es el quinto en esta semana.
Como ocurrió con el hallazgo de otros cuatro jóvenes, el cuerpo tenía pegados
carritos de juguete.
Las cinco víctima
presuntamente estaban involucradas con robos a mano armada en la capital
sinaloense.
Carlos, como se identificó al
quinto joven asesinado, sería la misma persona que cometió a un asalto que fue
captado en video. En la grabación se observa al joven amenazando con un arma a
una mujer, luego la despoja de su camioneta.
Sobre estas ejecuciones, que
ocurrieron entre el domingo y el pasado miércoles, la Fiscalía del estado
informó que ya abrió carpetas de investigación. Además se dio a conocer que las
víctimas ya fueron identificadas y sus cuerpos entregados a familiares.
A los jóvenes ejecutados, por
su presunta relación con robos, los siguen, los analizan, y luego los matan. De
acuerdo con la información disponible, todos los cuerpos fueron hallados con
signos de haber sido acribillados a balazos.
El número de carritos de
juguete encontrados junto con los cuerpos correspondería con el número de autos
que los jóvenes habrían robado.
Sobre las otras ejecuciones,
las autoridades señalaron que la primera víctima era un joven identificado como
Jonathan. Su cuerpo fue hallado el domingo, en el estacionamiento de tienda de
autoservicios Villas del Río.
Ese mismo día, las
autoridades localizaron el cuerpo de Aarón Alberto, en las afueras del Hospital
de la Mujer, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos.
La tercera víctima estaba a
espaldas de la parroquia de San Judas Tadeo, junto a una jardinera en la
colonia Lomas del Bulevar. La identificaron como Elier Obed.
De acuerdo a las
características de como fueron hallados los sujetos, podrían estar relacionados
con el robo de autos. En este sentido, el secretario de Seguridad Pública del
Estado, Cristóbal Castañeda, aseguró que la Fiscalía llevaría a cabo la
investigación para determinar si los asesinatos tienen relación.
El medio local Debate informó
que en total fueron 34 los carritos de juguete encontrados encima de los
cadáveres de los jóvenes.
(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / AGOSTO 09, 2019, 12:00PM)
Lo que más llamó la atención del
sepelio, fue el operativo de motociclistas de la Policía Municipal que
resguardaba el “solemne” momento.
Ciudad de México, 9 de agosto
(Infobae).- El derroche que caracteriza a los capos de la droga en México llega
hasta sus tumbas. En medio de un cortejo de autos de lujo, decenas de coronas,
arreglos florales, música de banda, cerveza y una ostentosa carroza, fue
despedido Sergio Alberto del Villar Suárez, alias “El Napoleón”, quien fue
asesinado en un restaurante de la capital de Sonora.
Pero, lo que más llamó la
atención del sepelio del que era jefe de plaza de la agrupación delictiva Los
Salazar, fue el operativo de motociclistas de la Policía Municipal que resguardaba
el “solemne” momento.
Un video muestra la enorme
cantidad de personas que participaron en el funeral en Hermosillo, Sonora,
donde era originario el narco.
El pasado domingo, “El
Napoleón” fue asesinado por un hombre, quien le disparó dos veces a quemarropa,
mientras cenaba en el famoso restaurante Ballpark.
Una de las cámaras de
vigilancia del negocio registró el momento en que un sujeto con gorra y camisa azul
se acerca sigilosamente al sicario, quien cenaba con dos mujeres, y le dispara
por la espalda.
Según se observa, en el lugar
del incidente había niños de aproximadamente 10 años, quienes se resguardaron
bajo las mesas del negocio.
Antes de que llegara la
policía y los paramédicos, Sergio Alberto quedó desangrado y tirado sobre la
mesa. El supuesto agresor huyó a bordo de un sedán, y debido a que portaba
gorra fue difícil su identificación.
El 15 de octubre de 2018, “El
Napoleón” fue detenido durante un operativo de la Policía Municipal, luego del
asesinato de un agente.
Durante la captura, le fueron
decomisados dos autos blindados y las armas que portaban.
Los Salazar anunciaron su
llegada al mundo del hampa de México en 2005, cuando a lo largo de Sonora y
Chihuahua recrudeció la violencia.
Los miembros de dicha célula
están involucrados en la siembra, producción y trasiego de droga hacia Arizona,
Estados Unidos, así como el tráfico de migrantes para el Cártel de Sinaloa.
El cártel fue encabezado por
Adán Salazar Zamorano, alias “Don Adán”, quien fue uno de los operadores y
lugartenientes de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Las actividades delictivas de
“Don Adán” y la de sus hijo, Jesús Alfredo “El Muñeco” y Adán “El indio”
Salazar, obligaron al desplazamiento forzados de mil 200 personas en el
municipio de Sonoyta, Sonora, y de unas 300 familias en Las Chinacas, en
Chínipa, en 2015.
ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON
AUTORIZACIÓN EXPRESA DE INFOBAE.
(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / AGOSTO 09, 2019, 3:35PM)
Martín Esparza Flores, líder del
Sindicato Mexicano de Electricistas desde 2005, resaltó durante la Asamblea
General de este mes las ganancias por 406 millones de pesos en 2018 de la
Generadora Fénix, empresa del sindicato en alianza con Mota-Engil, que cuenta
con cinco hidroeléctricas. En junio, se celebraron elecciones internas en las
que se reeligieron 13 cargos del Comité Central. El grupo disidente “Para Todos
Todo” ve en ese proceso “amañado” su interés en mantener el negocio en el
mercado eléctrico. Él niega ser empresario.
Ciudad de México, 7 de agosto
(SinEmbargo).– “¡Quiero trabajar en [Generadora] Fénix!”, gritó uno de los
asistentes de la Asamblea General del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)
al Secretario General Martín Esparza Flores, quien guardó silencio unos
segundos y continuó con su informe sobre las elecciones internas.
El colectivo disidente “Para
Todos Todo” aseguró que detrás de las elecciones “amañadas” para renovar 13
cargos del Comité Central del SME está el interés de Esparza de mantener “el
negocio millonario” de la Generadora Fénix, una empresa del mercado eléctrico
mayorista que se formó en octubre de 2015 entre el SME-Cooperativa LF (49 por
ciento) y la firma portuguesa Mota-Engil (51 por ciento), tras la extinción de
la Compañía de Luz y Fuerza hace diez años.
“El negocio de Martín con la
portuguesa Mota Engil-Generadora Fénix es de millones. Su interés es
conservarlo”, dijo Mario Benitez, miembro del grupo disidente. “El proyecto de
Martín es empresarial y no de soberanía eléctrica ni democracia sindical”.
Del 17 al 21 de junio, 17 mil
498 electricistas votaron en la Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Morelos y
Estado de México. Por mayoría ganó para Secretario Interior, Fernando Muñoz
Ponce, actualmente en ese cargo y responsable de organizar el proceso
electoral, y también se reeligieron en la Secretaría del Trabajo, Educación,
Tesorería y Procuraduría para el periodo 2019-2024.
Ante las “irregularidades” y
agresiones registradas en las elecciones que violan la Ley Federal del Trabajo,
el colectivo “Para Todos Todo” pidió a la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje de la Secretaría del Trabajo la nulidad y reposición del proceso, ya
que consideran que marcan un precedente para el próximo año cuando se votarán
las otras 13 carteras del Comité Central, incluyendo la Secretaría General
titulada por Martín Esparza Flores desde 2005 con miras a reelegirse para
2020-2025.
Generadora Fénix cuenta con
una concesión a 30 años para construir, operar y mantener cinco centrales
hidroeléctricas en Necaxa, Tepexic, Patla, Tezcapa (Puebla) y Lerma (Estado de
México) y 10 mini hidroeléctricas en Hidalgo y Estado de México que en
combinación alcanzan una potencia cercana a los 2 mil MegaWatts. En 2016 obtuvo
otra concesión para rehabilitar y operar 14 centrales hidroeléctricas,
incluidas la planta Alameda en Malinalco, Estado de México.
Marcos Ramírez, Director
General de Generadora Fénix, ha dicho que el programa de expansión de la firma
para los próximos años incluye una inversión de alrededor de 50 mil millones de
pesos para la planta de ciclo combinado “Jorge Luque” de 1,700 MW en el Estado
de México, la Repotenciación del Sistema Hídrico de Necaxa, la nueva Línea de
Transmisión de Lerma y la Central Reversible de Bombeo de Necaxa 700.
En la Asamblea General del
SME de toma de protesta tras las elecciones de junio, el Secretario General
Martín Esparza destacó que el proceso electoral reafirmó su “vocación
democrática” luego de que más de 17 mil electricistas activos y jubilados
ejercieron “su voto libre, directo y secreto”.
También destacó que de la
Generadora Fénix se obtuvieron dividendos por 406 millones de pesos en 2018,
los cuales se distribuirán en 200 millones de pesos “para fortalecer nuestro
fideicomiso para invertir en proyectos productivos”; 50 millones de pesos para
el pago de escrituras al Registro Público de Comercio de nuevos inmuebles como
Juárez 90; 15 millones de pesos para el “Fondo de modalidad 40” y atención
médica; 61 millones de pesos para proyectos productivos a la Cooperativa; y 80
millones de pesos de distribución per cápita dentro del sindicato.
“Estamos conscientes que las
agresiones a través de distintos medios de comunicación no cesan como tampoco
la intervención de funcionarios del Gobierno que se han atrevido a decir que ya
no somos sindicato, sino una empresa”, dijo Esparza en la Asamblea General. “El
SME no se vende ni se divide, tiene un sólido futuro con una toma de nota y un
registro nacional de industria, camaradas”.
Esparza ha negado
anteriormente ser empresario, sino “socio de una empresa”.
La Compañía de Luz y Fuerza
se componía por 44 mil activos y 22 mil jubilados hasta octubre de 2009 cuando
el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa encabezó su extinción. Dos de cada tres
aceptaron la liquidación ante el decreto, pero 16 mil 599 quedaron en
resistencia para que se respetara su contrato colectivo y antigüedad.
Martín Esparza se llevó 5
millones 129 mil pesos de liquidación por 23 años, y los 25 miembros del Comité
Central del SME también obtuvieron cifras con mayores ceros que el resto de
trabajadores, de acuerdo con un certificado del Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes (SAE).
De los 15 mil 628
electricistas en resistencia –restando los 971 a quienes se dan las rentas
vitalicias– solo 541 de ellos entraron a trabajar a la Generadora Fénix. Martín
Esparza, vocal de Generadora Fénix y líder sindical; Humberto Montes de Oca,
Secretario de Exterior del SME, al igual que el Secretario de Trabajo del SME
(reelegido estas elecciones de junio), Eduardo Bobadilla, cotizan 1,887 pesos
diarios ante el IMSS (unos 56 mil pesos mensuales cada uno), de acuerdo con la
base del instituto del seguro social.
“Sus intereses en Fénix ya no
representan a los trabajadores”, afirmó Tomás Cruz, candidato de la planilla 2
“Para Todos Todo” a Procurador de la Comisión Autónoma de Justicia del Comité
Central, quien acusó al actual Procurador Elliot Oseguera Valencia (también
reelegido hasta 2024) de no tener autonomía y “servir para convalidar las
fechorías de Esparza”.
Además de Fénix, en enero de
este año el Centro Nacional de Energía (Cenace) notificó al SME el registro de
la solicitud de Suministro Básico del Centro (SUBASE) para poder vender
electricidad en el Valle de México en el mercado mayorista, pero falta el permiso
para operar.
“Estamos en condiciones de
iniciar operaciones”, anunció el líder sindical Martín Esparza Flores en la
Asamblea General de julio.
“Sin embargo, lo que es un
trámite administrativo en términos de la ley, lo han convertido en un conflicto
político. El principal opositor para que haya una real competencia en el
mercado eléctrico es el director de la Comisión Federal de Electricidad [Manuel
Bartlett]. Y la planilla ‘Para Todos Todo’ pide al Gobierno a través de las
redes sociales nos nieguen el permiso para participar”, acusó.
ANOMALÍAS EN ELECCIONES DEL SME
Los contendientes de la
planilla 1 “11 de octubre”, fecha de la extinción de la Compañía de Luz y
Fuerza, se reeligieron en su cargo luego de obtener la mayoría de votos frente
a la planilla 2 “Para Todos Todo”, la primera oposición a la oficial en diez
años.
Quien participó por la
Secretaría Interior, Fernando Muñoz Ponce, obtuvo alrededor de 12 mil votos
contra Alfredo Arenas, el candidato de la planilla 2 que recibió 5 mil votos.
“Hubo anomalías en este
proceso electoral, ya que ellos cuentan con todo el poder”, dijo Arenas en
entrevista. “El SME comienza a convertirse en un sindicato charro”, comentó al
explicar que en septiembre de 2015 el Comité Central liderado por Esparza
reformó el estatuto para prolongar su cargo de dos a cinco años.
Entre las irregularidades
denunciadas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del
Trabajo con el folio 4181, figuran que 17 mil 498 personas votaron, a pesar de
que en el Registro de Asociaciones la Secretaría del Trabajo muestra a 15 mil
164 miembros del SME. En la página oficial el SME dice que el padrón lo
integran 33 mil 429 compañeros, sin especificar nombres.
En la última reforma de la
Ley Federal del Trabajo publicada el 1 de mayo se expone en el artículo 371
“que se integrará un padrón completo y actualizado de los miembros del
sindicato con derecho a votar, que deberá publicarse y darse a conocer entre
ellos con al menos tres días de la votación […] y de incumplirse, el
procedimiento de elección carecerá de validez, ya sea a nivel general o
seccional”.
Mario Benítez, integrante del
grupo disidente “Para Todos Todo”, enfatizó que al no haber publicado el padrón
se violentó ese artículo de la Ley Federal del Trabajo.
“Si el padrón legal es el
registrado de 15 mil, cómo es que votaron 17 mil. Es decir, votó más del 100
por ciento del padrón, el cual nunca fue publicado; no hubo certeza de quién
tuvo derecho a votar y quién no. Hubo un tremendo desaseo”, aseguró.
“La Secretaria del Trabajo
Luisa María Alcalde tiene la petición de Martín Esparza que les den la toma de
nota y tiene nuestra petición de que no se la den. Alcalde, respeta la Ley
Federal del Trabajo; se tiene que reponer el proceso para que sea limpio gane quien
gane”, pidió Benitez.
La integrante del colectivo
Jazmín Serrano denunció ante el Ministerio Público agresiones físicas durante
el segundo día de las votaciones. Al intentar grabar con un teléfono celular
las anomalías que observaba entorno a los dos escrutadores de la planilla 2,
dos miembros de la otra planilla le pidieron que se retirara.
“Sin decir nada más, se fue
sobre de mí el juez Modesto Ortega e intentó quitarme el teléfono y perdí el
control. Después el presidente de escrutinio y otros cuatro hombres estaban
alrededor de mí intentándome sacar y agrediéndome”, narró. “Uno de sus
golpeadores me agarró de la mano y me apretó. Levanté un teléfono que me
quitaron y me retiraron el otro”.
En el tercer día de votación
un grupo de jubilados a favor de la planilla 2 fue recibido con agresiones
verbales muy fuertes. “El ambiente se sintió tenso. Ese día golpearon al
compañero Jorge Torres adentro de las instalaciones del sindicato”, dijo
Serrano (también hay denuncia ante el Ministerio Público).
“De todas esas incidencias
está enterada la Secretaría del Trabajo y la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Ahora que terminó el proceso esperamos que la Secretaría del Trabajo tome su papel
como máxima autoridad laboral”, expuso.
El candidato de la planilla 2
para Secretario Interior, Alfredo Arenas, consideró como clientelismo que el
SME haya repartido 5 mil pesos a 14 mil trabajadores en las instalaciones de
SUBASE en Juárez 90 del 17 al 27 de junio, justo en el periodo electoral.
“Sacaron una convocatoria
para entregar 5 mil pesos a todos los cooperativistas porque fueron las
ganancias del año pasado de la Generadora Fénix. Mañosamente coincidieron las
fechas de cobro con las votaciones. Hasta llevaban a la gente en autobús a
cobrar, y de ahí los llevaban a votar”, aseguró Arenas.
Asimismo, la planilla 2 no
pudo tener representantes en las 11 divisiones donde se votó para que revisaran
quién y cómo se votaba, por lo que sospecha que las urnas “llegaron
manipuladas”, sumado a que el presidente de escrutadores no anotó en el acta
las incidencias reportadas.
“A jubilados, por ejemplo, no
les permitieron votar argumentando que no estaban al corriente en sus cuotas
sindicales. Ellos (planilla 1) decidieron a quién le permitían votar y a quién
no”, dijo Arenas.
Fernando Oliva, ex Secretario
del Trabajo del Comité Central del SME de 2009 a 2014, presentó una tercera
planilla “Frente Popular Amplia”, pero no pudo registrarla bajo el argumento de
que siete compañeros no tenían derechos sindicales.
“Si gana Esparza, hasta 2025
los trabajadores tendremos la oportunidad de quitarlo. Pero de qué nos sirve
esperar si las condiciones de los procesos electorales son simuladas”,
cuestionó.
La célula guanajuatense de José Antonio
Yépez, alias “El Marro”, que surgió en 2017, ha podido fortalecerse rápidamente
concentrando sus actividades en una economía criminal: el huachicoleo (robo de
combustible), en una región delimitada por las ciudades de Apaseo El Grande,
Salamanca, León, Irapuato y Celaya, así como la pequeña población de Santa Rosa
de Lima, cuyo nombre tomó la célula.
Ciudad de México, 9 de agosto
(Infobae).– El Cártel Santa Rosa de Lima podría tener los días contados, luego
de que la célula delictiva de Nemesio Oseguera, apodado “El Mencho”, le
declarara la guerra a muerte.
Aunque la enemistad entre
ambos grupos delictivos surgió desde 2017, en las últimas semanas los
enfrentamientos armados por el control de la zona denominada El Triángulo de
las Bermudas (Guanajuato) han recrudecido la violencia.
La célula guanajuatense de
José Antonio Yépez, alias “El Marro”, que surgió en 2017, ha podido
fortalecerse rápidamente concentrando sus actividades en una economía criminal:
el huachicoleo (robo de combustible, en una región delimitada por las ciudades
de Apaseo El Grande, Salamanca, León, Irapuato y Celaya, así como la pequeña
población de Santa Rosa de Lima, cuyo nombre tomó la célula.
Aunque “El Marro” lleva una
década dedicado al robo de combustible, cobró notoriedad en octubre de 2017,
tras enviar una fuerte advertencia al Cártel de Jalisco Nueva Generación
(CJNG). En un video los maldice y los conmina a mantenerse fuera de Guanajuato.
Desde entonces, la sangrienta
guerra entre ambos grupos ha disparado la violencia en la entidad, por lo que
en 2018 se consolidó como una de las regiones más letales de México.
Aun en medio de la contienda,
el Cártel de Santa Rosa de Lima ha mostrado una sorprendente resiliencia con
una veloz expansión por Guanajuato, lo que le ha permitido “echarle el ojo” a
los estados vecinos.
Hasta la fecha, el Cártel de
Santa Rosa de Lima tiene ambiciones de convertirse en un grupo criminal
multiestatal comparable a algunos de los más grandes del país; sin embargo, su
futuro se dibuja difícil.
Al contrario del Cártel de
Jalisco Nueva Generación, la célula del Marro no puede depender de fuentes de
ingresos variadas y consolidadas como el tráfico de drogas, por lo que han
extendido sus negocios a la extorsión y cobro de piso.
A finales de enero de 2019,
el Cártel Santa Rosa de Lima dejó una narcomanta escrita en una tela cerca de
la refinería de Pemex en Salamanca, Guanajuato. En el mensaje, hacia una
advertencia a Andrés Manuel López Obrador: “retire las fuerzas de seguridad de
Guanajuato o gente inocente morirá”.
El día después del
descubrimiento, el Marro negó que su célula fuera el autor de la amenaza y
culpó a sus rivales del CJNG de tratar de incriminarlo.
Pero salir a negarlo, sólo
encrudeció la violencia en la entidad. Ahora la célula de Nemesio Oseguera, “El
Mencho”, tiene en la mira a “El Marro”.
En tan solo cuatro días,
fueron contabilizadas 35 personas muertas en diferentes hechos delictivos de
Guanajuato perpetrados en municipios como León, Celaya, Irapuato, Salamanca,
Pénjamo, Valle de Santiago, Villagrán, Apaseo El Grande y Salvatierra.
El fin de semana, el estado
fue escenario de tres cruentos enfrentamientos: tres cuerpos fueron colgados en
puentes viales de Villagrán, Salamanca y Valle de Santiago donde además, se
difundió un video del Cártel de Jalisco, quienes habían secuestrado a Alfredo
Mendoza Valencia, apodado “El Michoacano”, presunto jefe de plaza de Santa Rosa
de Lima.
Este sicario habría sido
asesinado y sería uno de los cuerpos hallados en las áreas viales.
Otro de los cadáveres,
pertenecía a Antonio Cervantes Hernández, alias “El Tony”, de 37 años, quien
fue reportado como desaparecido desde el pasado 26 de julio y motivó diversas
marchas reclamando la investigación correspondiente.
Por otro lado, los ataques en
las instalaciones de Seguridad Pública fueron una constante. La oleada de
violencia comenzó como una disputa a la barandilla de Valle de Santiago, donde sujetos
armados asesinaron a cinco personas entre custodios y presos.
Durante el enfrentamiento,
los criminales habrían liberado a un sicario que se dio a la fuga.
Dentro de esta escalada
delincuencial, también resaltan las ejecuciones de múltiples en los municipios
de Pénjamo y Celaya. En el primero, el pasado 2 de agosto, cinco personas
fueron asesinadas en plena zona centro, mientras que en el segundo, ese mismo
lunes cuatro personas fueron abatidas en dos ataques a balazos.
Cuando comerciantes de Celaya
se disponían a protestar frente a Palacio Municipal por las extorsiones que
están viviendo, una tortillería fue atacada por hombres armados y asesinaron a
tres mujeres identificadas como trabajadoras del local.
Momentos después, se registró
otro ataque a dos personas que laboraban en una cementera: una falleció y otra
resultó lesionada.
Al respecto, la vocera de
seguridad estatal, Sophía Huett, dijo que el estado no será sede de los grupos
delictivos.
“Trabajaremos por mejorar las
condiciones de seguridad de Guanajuato. No estamos dispuestos a ser escenario
de la batalla de grupos delincuenciales”.
El Cártel de Jalisco Nueva
Generación dirigido por Nemesio Oseguera Ramos, alias “El Mencho”, es quizá el
grupo delictivo con más presencia en el país -en 2016 tenía presencia en 14
estados- ,por lo que se ha enfrentado con varias agrupaciones rivales.
Las primeras horas de hoy, en
el municipio de Uruapan, Michoacán, fueron localizados 19 cadáveres en
diferentes puntos del Bulevar Industrial. Seis cuerpos fueron colgados de un
puente vehicular y otros fueron encontrados descuartizados.
Junto a las personas, las
autoridades hallaron narcomantas firmadas por el CJNG: “Lo que sí es claro les
dejamos es que todo el que colabore, ayude en algo a la chatarra, Ronal, Ratón,
Mono, Verde, Maniaco y Filos. Así van a quedar. Gente bonita siga con su
rutina. Has (sic) patria y mata un viagra”, se leía en la narcomanta.
La célula de “El Mencho”
también está en guerra con una fracción que se desprendió de Los Zetas,
conocida como Zetas Vieja Escuela, además de una fracción disidente del Cártel
del Golfo llamada Grupo Sombra. Uno de sus enemigos más antiguos es el grupo de
los Caballeros Templarios.
Aunque no existe claridad en
torno a la relación del CJNG con varios grupos de autodefensa en Michoacán, ha
habido rumores acerca de alianzas entre el CJNG y varias de estas
organizaciones parapoliciales, Se dice que el Cártel de Jalisco presuntamente
proporcionó armas de fuego de alto calibre a muchos de estos grupos.
ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON
AUTORIZACIÓN EXPRESA DE INFOBAE.
La muerte en México ha pasado
a ser una estadística. Estamos tan expuestos a convivir con la violencia, en la
vida cotidiana o a través de la mirada de los medios de comunicación, que
alcanzamos niveles de insensibilidad y déficit agudo de asombro. Nos parece tan
normal la violencia en la que estamos inmersos –no distantes o ajenos-, que las
escenas más dantescas han convertido el horror en memes. Preferimos fugarnos a
enfrentarlo. Lo vemos bajo el prisma de la nota roja no de una sociedad enferma
que ha sido instrumental de grupos de interés, que durante años han logrado
aniquilar el principio del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado.
Lo vimos en Tlahuelilpan en
enero, donde militares y policías federales fueron testigos de cómo decenas de
personas estaban suicidándose al robar combustible de un ducto, porque les
prohibieron intervenir ante el temor de provocar violencia. La inacción dejó un
saldo de 154 personas muertas. No aprendemos, como lo acabamos de ver en
Cohuecan y Tepexco, municipios poblano en la puerta de la región Mixteca, donde
durante 10 horas de este miércoles, la furia se apoderó de esa comunidad que
cazó personas que acusaron de secuestradores. Al final de la jornada, siete
nombres quedaron en el registro de las muertes que podrían haberse evitado.
La pregunta ya no es a dónde
hemos llegado, sino para dónde vamos. La cronología de la masacre, publicada
por el diario digital Cambio de Puebla, da cuenta de un Estado fallido, donde
las autoridad, para efectos de su responsabilidad, fue inexistente, y la fuerza
militar de la Guardia Nacional o las fuerzas federales, no intimidaron a nadie,
pese a que en algún momento llegaron a tener 148 elementos en la zona de
violencia.
La bitácora de la barbarie
empieza a las 10 y media de la mañana, cuando en el municipio de Tepexco,
vecino de Cohuecan, cuatro personas privaron de su libertad a un hombre de
aproximadamente 61 años de edad, identificado por Cambio como un ganadero
local. A las 11 de la mañana con 17 minutos, sigue la crónica, la Policía
Municipal fue alertada por un vecino sobre lo que sucedió, y pidieron refuerzos
a sus colegas de Cohuecan, al dirigirse hacia ese municipio los atacantes.
Encontraron al ganadero –aún no está claro si vivo o muerto-, pero no
alcanzaron a dos de los secuestradores, que huyeron por una barranca. Los otros
dos detuvieron a una persona que pasaba por ahí en su camioneta. Al negarse a
entregársela, le dispararon un tiro en la cabeza.
A las 12 del día y 23
minutos, según la crónica, 40 personas de la Junta Auxiliar –la autoridad
comunitaria- de Los Reyes Teolco, se sumaron a la búsqueda y captura de dos de
los secuestradores, a quienes en modo turba comenzaron a golpear. Habían oído
que el ganadero estaba muerto, por lo que se negaron a entregarlos a las autoridades
policiales. Cuarenta y tres minutos después, tomaron la justicia en sus manos y
los colgaron de un tablero de basquetbol frente a la Presidencia Municipal de
Tepexco. Ya había 250 vecinos en el lugar, que dijeron que sólo bajarían los
cuerpos para quemarlos.
Cuarenta y un minutos después
llegaron 72 refuerzos policiales municipales, lapolicía estatal y un grupo pequeño de la
Guardia Nacional. Ni así entregaron los cuerpos. Las policías querían
persuadirlos a que se los entregaran, pero los pobladores continuaron el
avasallamiento de la autoridad. En esas estaban cuando los pobladores notaron
que dos personas se escondían a orilla de la carretera y rápidamente los
señalaron y juzgaron como secuestradores. La policía municipal lo llevó a la comandancia
municipal de Tepexco, pero la turba enajenada los sacó de la instalación sin
que nadie se les opusiera, y ahí mismo los golpeó hasta matarlos.
A las tres y media de la
tarde, un hombre llegó a Tepexco y dijo que los dos últimos linchados trabajaban
con él. Sin mayor explicación, lo acusaron de ser el líder de la banda de los
secuestradores, lo tundieron a golpes y lo colgaron. Las autoridades no
resolvían nada. La calma pareció llegar a esa región mixteca, mientras las
autoridades aseguraban que se habían aplicado correctamente los protocolos
sobre linchamientos, pero que como la gente estaba muy enojada y había gente
armada, optaron por no actuar.
Abiertamente, la autoridad
claudicaba de su responsabilidad primaria, proveer seguridad. Para que no
sucediera algo más, desplegaron Guardia Nacional, policía estatal y
municipales. Poco sirvió. Entre las ocho y media y las nueve de la noche,
vecinos de Cohuecan y Tepexco, que no habían dejado de buscar a los llamados
secuestradores, los encontraron en una barranca, los golpearon y los colgaron.
La Guardia Nacional y las policías estatales y municipales, les habían dejado
libre la noche para la cacería, porque como los vieron descontrolados, se
replegaron.
La capacidad de fuerza
policial era muy superior a la de los mixtecos enajenados, pero la instrucción
fue no actuar para evitar actos qué lamentar. Decisiones políticas que no
protegen vidas. No es novedad. Hace muchos años que el gobierno perdió el uso
legítimo de la fuerza, que es un derecho único, y es rehén gente como la de
Cohuecan y Tepexco. Cuando se apoya el uso legítimo de la fuerza –que está
regulado y se sanciona el abuso-, la respuesta colectiva es que es un acto de
represión. Es falso. La interpretación es amañada e ignorante, pero sirve políticamente,
a costa de muertos y proliferación de linchamientos. Muchos piensan que es
mejor ese costo que el que pueda significar evitarlo. Seguiremos apáticos
frente a este horror. Ya cambiaremos cuando este crimen nos pegue cerca de
casa.
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/9 DE AGOSTO DE 2019)
Si las cosas avanzan como
anticipó la Fiscalía General de la República, Rosario Robles se convertirá hoy
en la funcionaria de mayor rango del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto
en ser imputada por un presunto delito de presunción, y si no ha cambiado de
opinión el fiscal Alejandro Gertz Manero, probablemente por delincuencia
organizada. Robles decidió dar una batalla política en el campo mediático,
entendiendo los principales términos del proceso que le quieren abrir, pero
también dejando abierta la posibilidad, que podría llegar a ser un punto de
negociación, que le ofrezcan el criterio de oportunidad incorporado en el
Código Nacional de Procedimientos Penales. De seguir esa estrategia, la
Fiscalía de Gertz Manero podrá encontrar una escalera al cielo.
El artículo 256 del Código
establece la aplicación del criterio “cuando el imputado aporte información
esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le
imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”. Robles ha dado muestras que
está dispuesta a cumplir con la segunda parte del enunciado, y falta ver si
también lo está para aportar información que presuma delitos más graves. No le
queda mucho tiempo, ni tampoco tiene mucho espacio. Su comparecencia hoy en el
Reclusorio Sur obedece a la acusación de presuntos delitos investigados por la
Fiscalía. Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera encontró 105
operaciones de presunto desvíos de recursos del erario hacia empresas
fantasmas, por lo que próximamente habrá una nueva denuncia.
Robles se dice segura que
está limpia de cualquier delito que le imputen, porque no encontrarán su firma
en ningún documento. Sin embargo, la Fiscalía General tiene dos testigos que
declararon en su contra y que trabajaron con ella en la Secretaría de
Desarrollo Social, aunque forman parte del grupo político del ex secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. La investigación de la UIF no tiene
testigos, sino documentación sobre las triangulaciones financieras en donde
aparece la mano de Emilio Zebadúa, quien fue su oficial mayor en las
secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
En ambos casos, las
investigaciones no tienen como destino final el lucro de Robles o sus cercanos,
sino la utilización de recursos para campañas políticas. De acuerdo con
reportes de prensa, se le vincula al desvío de mil 300 millones de pesos para
campañas políticas, en lo que se le denominó coloquialmente como “la estafa
maestra”, que según el abogado de la ex secretaria, es una “ficción”. Con la
nueva denuncia de la UIF, que encontró operaciones que nunca fueron vistas por
la Auditoría Superior de la Federación que observó las irregularidades en las
secretarías encabezadas por Robles, las acusaciones en su contra cada vez serán
mayores y el caso más complejo para que pueda salir avante.
En todo caso, podría ir a la
cárcel varios años, mientras se defiende. La pregunta es, dadas las condiciones
en las que se encuentra, si está dispuesta a guardar el secreto de todo lo que
sabe sobre esas operaciones irregulares, aunque ella no sea responsable
directa. Emilio Lozoya, el ex director de Pemex, inició el camino del criterio
de oportunidad, y está dispuesto a abrir la cloaca del gobierno peñista.
La puerta que puede tirar
Robles y permitir que entre la Fiscalía para subir la escalera es la de Ernesto
Nemer, a quien el entonces presidente Peña Nieto le impuso como el
subsecretario del ramo, y cercano a Luis Miranda, que fue subsecretario de
Gobernación y secretario de Desarrollo Social. Nemer acompañó a Peña Nieto
desde que comenzó a escalar en el estado de México, y fue su coordinador de
campaña para la gubernatura. Junto con Miranda trabajó en la operación política
para que alcanzara el poder mexiquense y manejaron las elecciones intermedias
en el estado y la campaña presidencial.
En aquellos años mexiquenses,
el dinero era todo. Aquel grupo guardaba millones de pesos en efectivo, en sus
bóvedas donde acumulaban los recursos por lustros, incluso hasta una década,
para ser utilizado más adelante. Al llegar al Ejecutivo federal, no hubo muchos
cambios en las actitudes. Miranda fue el gran ejemplo, cuando después de muchos
desencuentros con la Coordinadora Magisterial, sacó la chequera del gobierno y
les repartió dinero para que dejaran de oponerse a la Reforma Educativa.
El dinero político de Peña
Nieto tenía un cajero, Luis Vega Aguilar, secretario de Finanzas en el gobierno
mexiquense de Peña Nieto, y a quien puso en la Secretaría de Finanzas del PRI,
donde fue el responsable de la Operación Safiro, revelada por Mexicanos Contra
la Corrupción, mediante la cual presuntamente se desviaron 650 millones de
pesos de siete estados, a través de 12 empresas fantasmas, para campañas
priistas. En la investigación sobre los desvíos de Robles, aparece también Vega
Aguilar, a quien como a ella y a Zebadúa, el viernes pasado le congelaron sus
cuentas bancarias. Vega Aguilar fue protegido por Peña Nieto haciéndolo
diputado, como hizo también con Nemer, sobre quien hay sospechas de su
participación en “la estafa maestra”.
La carta de Robles para
minimizar el daño jurídico, porque el político y su reputación están hechos
añicos, es el criterio de oportunidad para revelar el enjambre que hicieron los
mexiquenses durante el sexenio de Peña Nieto. Hacerlo sería reconocer
culpabilidad, pero no habría consecuencias legales para ella. Si decide por esa
estrategia, podría aportar evidencias para que la Fiscalía y la UIF actúen
legalmente en contra la élite mexiquense, en España o en San Lázaro. Su
valoración será personal y política, sin olvidar, como parece ser hasta ahora,
que está tragándose todo lo que hizo y lo que no.
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 8 DE AGOSTO DE 2019)
Desde el domingo pasado, el secretario
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, llena la arena pública con un
discurso que a primera vista refleja un compromiso pleno en la defensa de los
mexicanos en el exterior, y muestra indignación ante el asesinato de ocho
conciudadanos por parte de un supremacista en El Paso. Su retórica escala con
los días. Dice que analizan si acusan al asesino por terrorismo, sugiere su
extradición y plantea el interés de saber si Patrick Crusius tenía cómplices,
porque el gobierno está preocupado que haya más personas que piensen como él.
La secuencia de intenciones es absurda. No porque Ebrard lo sea, sino porque
quiere vernos la cara de tontos. De acuerdo con el artículo 19 de la Convención
Interamericana contra el Terrorismo, México no tiene jurisdicción en otro
Estado, pero le ayuda al gobierno a desviar la atención de los temas que lo
aplastan, la inseguridad y el deterioro económico.
Los señuelos son tragados por
muchos, por el horror de la matanza de El Paso y la cercanía por las víctimas
mexicanas. Ebrard juega con las emociones, propias de un gobierno que las
transmite todo el tiempo para construir el consenso para gobernar, dentro de
una aparente estrategia que estimula el sentimentalismo para olvidar otras
preocupaciones y angustias. La empatía del gobierno para con las víctimas se
traduce en empatía de la sociedad con su gobierno, que ha caminado estos días
por un sendero donde no se mete con el presidente Donald Trump, pese al repudio
generalizado en su país y el mundo por no comprometerse con una reforma para el
control de armas, al tiempo de desplegar juegos pirotécnicos mediante la
retórica.
Insistir que quieren acusar a
Crusius de terrorismo, es una táctica de distracción. La discusión pública
sobre terrorismo doméstico en Estados Unidos, como se ha clasificado
políticamente el ataque, no significa que vayan a acusar al asesino de
terrorista. Estados Unidos tiene una ley sobre terrorismo doméstico, pero las
autoridades texanas no tienen necesidad de ser demagogos y tampoco perderán el
tiempo con acusaciones que magnifican el homicidio, pero jurídicamente
vulnerables. Crusius fue acusado de homicidio calificado, y habrá nuevas
imputaciones una vez que concluyan las investigaciones y se presenten a un Gran
Jurado del condado de El Paso. El fiscal quiere incriminarlo por el delito de
crimen de odio, y pedir la pena de muerte.
En ningún momento han hablado
de acusarlo por actos terroristas. La ley de terrorismo doméstico no incluye en
esa categoría a los asesinatos masivos. Un fuerte debate en Estados Unidos es
que tal insuficiencia refleja racismo, al calificar a jihadistas como
“terroristas” por ser musulmanes, mientras los terroristas estadounidenses, son
“lobos solitarios”. No existe tampoco una ley internacional sobre el
terrorismo, porque no hay acuerdo sobre su definición.
Ebrard dice que para México,
Crusius es “terrorista”, y plantea extraterritorialidad. Adelantar que quiere
su extradición, es un ardid mediático. Aunque el asesinato no fue
necesariamente aleatorio por la amenaza contra los “hispanos” en su manifiesto,
los abogados del gobierno mexicano, tendrían que probar que Crusius iba
directamente a matar a las personas que asesinó. La Fiscalía General en todo
caso, no tiene competencia, y la valoración sobre la acusación chocará con esa
realidad.
Todo esto lo saben Ebrard, el
fiscal y el presidente. No son ignorantes ni ingenuos. Es un juego de espejos.
Lo más básico de la estratagema es la “preocupación” que haya más personas que
piensen como Crusius. Sobra. Ese pensamiento existe desde la colonia en Estados
Unidos, que motivó la Guerra Civil que no resolvió el problema, que se arrastró
al Siglo XX y no ha cesado. El canciller juega para la gradería en la
construcción de percepciones. Que la atención se centre en El Paso, no en México.
Los problemas están afuera, no adentro. Regresamos a los años 80, cuando el
sistema político forzaba a hablar mucho de lo exterior para no hablar de lo
interior.
Sin embargo, en el mediano
plazo, este discurso podría ser contraproducente para el gobierno. El artículo
139 del Código Penal Federal establece prisión de seis a 40 años y hasta mil
200 días de multa, por los delitos que resulten, “al que utilizando sustancias
tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o
instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por
incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en
contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma,
temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar
contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una
determinación”.
Elevar la atención de los
mexicanos sobre la posibilidad de acusar de terrorista a quien comete ese tipo
de crímenes, abre una puerta en México. Por ejemplo en Minatitlán, donde en
abril hubo una matanza de 14 personas confundidas con un grupo de
narcotraficantes. El comando hizo lo mismo que Crusius: utilizó armas largas,
disparó aleatoriamente y causó terror. Bajo el parámetro de Ebrard, también son
terroristas.
Los familiares de las
víctimas de Minatitlán podrían acusar a los asesinos de terrorismo de acuerdo
con el Código Penal, e ir más allá y acusar de omisión de las autoridades
estatales y federales para resolver la matanza, y de probable complicidad del
gobierno federal porque no combate narcotraficantes. Crusius y los sicarios son
lo mismo, aunque lo fraseen diferente. La estrategia que dice Ebrard seguirá en
El Paso, podría ser replicada en contra del gobierno en Minatitlán. No sería
este el único caso, pero la verborrea demagoga de las autoridades lo presentan
involuntariamente como un posible arquetipo para juicios por terrorismo en
México.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 7 DE AGOSTO DE 2019)
