¿DÓNDE ESTÁ EL PILOTO?

En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció lo que probablemente es la presentación más cándida de su vida pública. Registrémosla, es la mañanera 152 en su día 222 de gobierno. Estuvo llena de revelaciones sobre las intrigas y enfrentamientos en Palacio, con detalles de quién contra quién y el porqué de las pugnas. La narrativa también muestra la otra cara, de cómo el presidente, que sabía lo que sucedía en su entorno, dejó que corrieran los conflictos, solapó las diferencias y, en la mayor contradicción de todo, respaldó al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, pese a pensar que representaba el continuismo, que explícitamente rechaza. Es decir, se desnudó como un presidente que no controla a su equipo, donde cada quien, si lucha por su territorio, puede hacer lo que quiera. El desorden, como modus operandi de un gobierno extravagante.

El presidente admitió ante la prensa: “Estamos en un proceso de transformación, aquí no se oculta nada, no es que salió del gobierno por motivos de salud. Es un hombre con criterios, como nosotros”. López Obrador confunde la transparencia y el ejercicio de gobierno. No tiene porqué mentir, pero la forma como explica su apertura, demuestra es que cada quien, por tener criterios propios, puede hacer lo que se le plazca, incluso denunciar al presidente que observó cómo se despedazaban sus principales colaboradores para la política económica sin intervenir, ni hacer un control de daños para neutralizar el mensaje de la renuncia de Urzúa que los conflictos internos son ordinarios.

Luego, añadió: “Tuvimos, entre otras discrepancias, lo del Plan (Nacional) de Desarrollo, que hubo dos versiones, y la versión que quedó es la que yo autoricé, que incluso me tocó escribirla porque había otra versión. Y sentí que era continuismo”. El Plan es responsabilidad de Hacienda, pero cuando Urzúa llevó el documento técnico al presidente, le incorporaron 70 páginas de contenido político, sin haber leído el contenido. Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, trató de minimizar el escándalo y aseguró que eran lo mismo. Luego el presidente dijo que el documento de Hacienda eran “anexos” del Plan. Ayer lo presentó como si esa parte no hubiera existido. Las mentiras no abonan a su credibilidad.

En esa misma idea, López Obrador agregó: “Era una concepción todavía en la inercia neoliberal y había que marcar la diferencia”. Su política económica, con Urzúa y con Arturo Herrera, su sucesor, hasta ahora, es neoliberal: disciplina fiscal, déficit cero y control macroeconómico. La inercia neoliberal que señala, por diseño estratégico, fue una instrucción presidencial. Urzúa no se mandaba solo. Aplicó lo que le pidió el presidente y continuó reduciendo el gasto público y la nómina del gobierno, que evoca la reaganomics del presidente Ronald Reagan, quien junto con la primera ministro del Reino Unido, Margaret Thatcher, lanzaron la segunda oleada del neoliberalismo en 1977-1978.

El presidente entró entonces a detalles: “También (hubo) discrepancias en el manejo de la banca de desarrollo. Yo le encargué a Alfonso Romo que ayudara en la coordinación para el funcionamiento de la banca de desarrollo y no había en esto acuerdo, o sea, había diferencias entre ellos notorias”. Fueron más que eso. Los consejos de administración los encabezaba Urzúa, quien desacreditaba lo que presentaban los directores de la banca de desarrollo, que recibían instrucciones de Romo, el jefe de la Oficina de la Presidencia. El primer encontronazo fue en Nafín, en diciembre, y desde entonces las pujas no cesaron, sabiendo de ello el presidente. Cuando le preguntaron a López Obrador si una de las causas de la renuncia era Romo, respondió: “Sí, seguramente eso era algo evidente, tenían diferencias y con otras áreas”. Esta disputa nunca la sofocó, pese a que con el paso de los meses varios miembros de su equipo tomaron partido por Romo en contra de Urzúa.

El presidente no se contuvo en seguir narrando los problemas: “Diferencias también se tuvieron con el SAT, con la directora del SAT”. Margarita Ríos Farjat, jefa, no directora, del Sistema de Administración Tributaria, que es una de las herramientas de las que dispone Hacienda para manejar la tesorería, fue nombrada por Romo con la aprobación del presidente. El principal problema con ella explotó el viernes pasado, cuando quiso forzar una ley contra las empresas fantasmas -son cinco grandes evasores fiscales los que tiene en la mira, incluido un neoleonés-, a lo cual Urzúa se opuso. El entonces secretario de Hacienda maniobró y estuvo a punto de colocar a Renato Sales como contrapeso de Ríos Farjat, pero López Obrador lo vetó.

La plática de Urzúa con López Obrador sobre su renuncia fue el lunes, pero no hizo nada el presidente porque su salida fuera ordenada, como tampoco lo hizo con Germán Martínez, cuando renunció al Seguro Social. En los dos casos hubo recriminaciones sobre obstáculos y sabotajes internos, de los cuales sabía el presidente y dejó correr. Igual que ahora sucede en Morena, donde dos miembros de la nomenklatura, Yeidckol Polevsky y Bertha Luján, están peleando a sartenazos sin que el presidente ponga orden. Vendrán quizás más renuncias, anticipó el presidente.

En efecto, hay algunos en camino, como ha discutido con su equipo sobre los conflictos entre Gobernación y la conserjería jurídica, la Fiscalía General y la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Energía y Pemex, o la Secretaría de Bienestar hacia adentro y con la Presidencia. Son demasiados los choques internos por territorio y poder, al amparo de la omisión del presidente, a quien por sus funciones podría señalársele una irresponsabilidad. El piloto del gobierno y el país, no gobierna ni guía. Reina el libre albedrío que produce un desbarajuste sistémico.

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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 11 DE JULIO DE 2019)

ROMO DERROTÓ A URZÚA

La carta de renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda, es una denuncia. Igual a la de Germán Martínez a la dirección del Seguro Social. El texto de Urzúa es de hastío y derrota, convirtiéndolo en la primera gran víctima del presidente Andrés Manuel López Obrador, por su significancia en el gobierno y el contexto en el cual se da la salida. Los mercados reaccionaron inmediatamente, actuando intuitiva y emocionalmente, como siempre, a partir de las incertidumbres que revelaba una crisis en el sector hacendario, que lucha todos los días por mantener el control de la macroeconomía -aplaudida hasta ahora por el mundo-, tirando la cotización del peso con el dólar. Pero la renuncia, paradójicamente, pueden no ser tan mala noticia como parece, sino todo lo contrario.

En su carta, Urzúa dio algunas claves del porqué de su salida. “Discrepancias en materia económica hubo muchas”, escribió. El único desacuerdo de fondo, y todo el tiempo desde antes incluso de iniciar el gobierno, fue con Alfonso Romo, el jefe de la Oficina del Presidente, quien le ganó la partida. En la renuncia, Urzúa le cortó un traje a la medida: “Me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personaje influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”. Mejor, imposible.

El único conflicto de interés “patente” entre su función de gobierno y sus negocios es de Romo, un empresario e inversionista a cargo de la relación con empresarios e inversionistas. La “imposición” de funcionarios inexpertos en asuntos hacendarios fue hecha por Romo. La principal se dio en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos Farjat, una abogada neoleonesa que para poder asumir el cargo se tuvieron que cambiar los requisitos. No fue la única cabeza de playa que sembró en el territorio de Urzúa. Todos los directores de los bancos de desarrollo fueron propuestos por Romo.

Urzúa se iba incomodando cada vez más, porque aparte de Romo, estaba a disgusto con otras acciones, expresado con claridad en su carta, al afirmar que “se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”, refiriéndose al nuevo aeropuerto en Santa Lucía y a la refinería de Dos Bocas, y exteriorizando su molestia por el último choque intramuros, con Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, que quiso anular contratos con transnacionales del gas, generando incertidumbre jurídica en el exterior.

La molestia de Urzúa fue expresada hace casi tres semanas durante una reunión vespertina en Palacio Nacional, donde se discutieron los ajustes al gabinete y el reordenamiento de la administración pública. Su salida estaba anunciada, pero no se esperaba en estos momentos. Una de las principales razones de su molestia era cómo lo había reducido el presidente, al convertir al secretario de Hacienda en un jefe de compras gubernamentales, y no en el funcionario que debería de estar atendiendo y cuidando a los mercados. Su papel de guardián de la disciplina fiscal lo cumplió con creces, pero su papel dentro del gran concierto estratégico interno, estaba disminuido.

Quien tomó ventaja del contexto fue Romo, más enfocado en la inversión y en el sector privado, que es uno de los brazos estratégicos que el presidente le cortó a Urzúa. Romo, que está previsto deje la Oficina de la Presidencia en manos del actual consejero jurídico, Julio Scherer, tendrá que mantener la relación con los inversionistas y el sector privado, con los que lidia indirectamente a través de sus brazos en Hacienda. Bajo esta óptica, la salida de Urzúa no es perjudicial, como ha sido la primera lectura, al ser resultado de una lucha interna donde predominó aquél que ha insistido al presidente la necesidad de cuidar a los mercados y al sector privado.

En esta misma línea de pensamiento, la llegada de Herrera a Hacienda refuerza el procedimiento estratégico del presidente. Herrera era el funcionario de Hacienda mejor evaluado por los analistas internacionales, luego de que en enero, cuando se hizo el road show en Nueva York para presentar el plan de negocios de Pemex, Urzúa decepcionó a sus interlocutores que lo describieron excesivamente bromista y frívolo, mientras que al nuevo secretario -que tiene una experiencia internacional que no tenía su predecesor- lo vieron con enorme capacidad y conocimiento de sus temas.

Sin embargo, la promoción de Herrera no significa que el modelo de operación aprobado por el presidente se modifique. Al contrario, si López Obrador aceptó la renuncia a Urzúa, es porque no iba a cambiar su modelo de operación. Herrera tendrá que seguir haciendo ajustes al gasto público, recortando la nómina del gobierno y hurgando en los dineros públicos para reforzar la capitalización de Pemex y armar un buen plan de negocios. No va a tener problemas con él. En el pasado, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México y renunció Urzúa como secretario de Finanzas a la mitad de su administración, lo sustituyó el subsecretario Gustavo Ponce, quien fue cesado en medio de un escándalo de conflicto de interés y dispendio, relevándolo Herrera, quien en ese entonces era director de Gestión Financiera.

La renuncia de Urzúa regresa cohesión al equipo económico de López Obrador, que había vivido una ambivalencia por el la guerra interna del ex secretario de Hacienda con Romo. La estabilidad interna ayudará al presidente, al carecer Herrera de la estatura de Urzúa, ante el presidente, que aliviará las presiones que sentía por la tensión con Romo.

El gobierno necesitará explicar a los mercados el fondo del cambio para no generar una interpretación equivocada, pero sobretodo, si el presidente decidió por la ruta de Romo, mantenerse en ella.

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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 10 DE JULIO DE 2019)

PRISIÓN PARA EL ZAR ANTICORRUPCIÓN

Ernesto Canales fue el primer fiscal anticorrupción en el país, en el gobierno de Jaime Rodríguez en Nuevo León, sin que su gestión fuera exitosa. Si le sirvió, empero, para que durante casi tres años la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México no procediera penalmente contra él por el presunto delito de fraude en contra de Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, por seis millones de dólares. Las autoridades capitalinas bloquearon la aplicación de la justicia por considerar que se confrontarían con Rodríguez. Ahora, el blindaje se acabó. El juez Vigésimo Cuarto Penal ordenó el 24 de junio a la Procuraduría que localice, aprehenda e ingrese a Canales al Reclusorio Oriente.

Durante todo este tiempo Canales, cuya oficina para el combate a la corrupción fue disuelta por la Fiscalía neoleonesa en marzo por su ineficiencia, se declaró inocente y el gobernador lo respaldó. Desde que se revelaron los detalles del caso en este espacio en marzo de 2016, Canales acusó a quien esto escribe de mentiroso y Rodríguez sugirió que se trataba de una ofensiva de sus adversarios que estaban siendo investigados por presuntos delitos de corrupción. La imputación significaba una contradicción en el ideario de Rodríguez, pero el gobernador optó por mantenerlo en su administración pese a la documentación del presunto delito.

La orden de aprehensión girada en su contra y que incluye a su ex socio César Francisco Méndez, tiene su origen en la denuncia que presentó la señora Cusi el 26 de marzo de 2012, por no haberle entregado seis millones de dólares, en ese entonces unos 64 millones de pesos, como contraprestación por la entrega del 16% de acciones de Televisa de la sucesión testamentaria. Meses antes de que se revelaran los detalles del caso, en 2015, Canales buscó amparos para bloquear fallos del ministerio público que impidieran el esclarecimiento del caso. Dos años después un Tribunal Colegiado falló en su contra, pero aún al quedar al descubierto que había mentido, las autoridades capitalinas no actuaron. Tampoco hizo nada el gobernador Rodríguez, que había ganado la elección en Nuevo León con una sola promesa: combatir la corrupción.

Rodríguez reclutó a Canales como su zar anticorrupción pese a que el proceso en su contra estaba abierto y se defendía en los juzgados. El objetivo fundamental de Rodríguez, que puso en manos de Canales, fue documentar actos de corrupción del gobernador Rodrigo Medina y ponerlo en la cárcel. El gobierno neoleonés investigó operaciones financieras y triangulaciones con empresas off shore, sin que jamás le pudieran probar nada ilícito. Paradójicamente, documentó la defensa de la señora Cusi, Canales se quedó con los seis millones de dólares mediante transferencias a empresas en el extranjero.

Apenas en junio pasado, Canales le concedió una entrevista al periódico El Occidental de Guadalajara, donde afirmó: “Como una humedad ha permeado la corrupción en toda la sociedad, y si la política es no perseguirla, ahora sí que el país está condenado a ocupar un lugar de los bajos del mundo, lo que impacta en el interior y en el exterior, porque es un enjambre… Por no perseguir los casos de corrupción hay impunidad. Lo que se trata en los juicios penales es castigar a los culpables, y si no hay juicios penales, menos hay culpables, a pesar de que el ojo de la sociedad dice que la corrupción está en todos lados”.

Canales no pudo probar en libertad su inocencia en la acusación de fraude en su contra, y tendrá que seguir el juicio en prisión. Aunque el delito por el que lo acusaron no es grave en el nuevo sistema penal acusatorio, en el viejo orden sí lo es, y al estar su caso radicado en el anterior sistema, tendrá que ir al reclusorio. En la entrevista, señaló: “La corrupción es un delito establecido en las leyes y se tiene que acabar con las mismas leyes, con el castigo al corrupto y que sirva al funcionario de ejemplo y de antídoto para evitar actos de corrupción”.

El ex zar anticorrupción deberá estar a la altura de sus palabras, pero el hecho en sí mismo deja abierta otra puerta, la forma de hacer política de Rodríguez, que lo mantuvo en el cargo pese a los señalamientos en su contra. Ahora pagará el costo político por defenderlo sin al menos haber explicado públicamente porqué, pese a la documentación en contra de su ex colaborador, lo mantenía en el cargo. La experiencia vista a través de los ojos de Rodríguez es algo que los políticos no deben minimizar.

El ex presidente Enrique Peña Nieto pagó muy caro su omisión al no actuar contra el ex gobernador Javier Duarte, pese a las presiones internas y de su partido, convirtiéndose Veracruz en el catalizador de la corrupción en su gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho de la lucha contra la corrupción una cruzada moral, debe aprender de esos casos, porque las quejas de corrupción en su gobierno empiezan a emerger. Como dijo Canales a El Occidental, “la corrupción no se acaba con actos de amor o de perdón”. López Obrador, más que nadie, no debe olvidarlo.

Nota: Rosario Robles refutó una mención en la columna de ayer, “Ya se fue Peña Nieto”, donde una persona escuchó una conversación de ella con el ex presidente donde le reclamó que la estuviera dejando sola. Dijo que esa conversación no se refería a ella, “entre otras cosas porque no he tenido hasta ahora ningún problema”, sino porque le habían dado la espalda a José Narro y que él había dicho que no se metería en la elección interna del PRI.

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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA PALACIO/9 DE JULIO DE 2019)

YA SE FUE PEÑA NIETO

Enrique Peña Nieto se convirtió hace dos semanas en el segundo ex presidente que decide autoexiliarse ante el temor de represalias políticas o penales por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El primero fue Carlos Salinas, que partió del país antes que asumiera la Presidencia en diciembre pasado, y obtuvo recientemente la residencia en el Reino Unido. Peña Nieto partió a España con visa de turista, y no regresará sino hasta finales de año o, si puede, extenderá su ausencia por una temporada más larga. Salinas se fue sin esperar lo que podría venir sobre él en términos de hostigamiento, sabedor de que existe con López Obrador un diferendo insalvable desde hace muchos años. Peña Nieto escuchó los consejos de que sus frivolidades estaban generando un creciente malestar dentro de Palacio Nacional.

El caso del autoexilio de Peña Nieto no debió haber sido fácil su convencimiento. Desde la transición personas cercanas a él y a quienes les tiene gran confianza en sus consejos, le recomendaban que lo mejor sería, por la forma como se estaba construyendo el ecosistema político durante ese periodo, que se fuera una temporada de México, pero sin éxito. Peña Nieto decía que no veía razón alguna para irse, y que se mantendría viviendo entre Ixtapan de la Sal y la Ciudad de México. Las cosas cambiaron por dos momentos que sirvieron para mostrarle que la tranquilidad prometida por López Obrador, estaba cambiando.

La primera llamada de atención vino días después de la boda de la hija del abogado Juan Collado, uno de sus íntimos amigos, a mediados de mayo, cuando circularon fotografías de la mesa de honor donde se encontraba el cantante español Julio Iglesias, pero sobre todo, lo que motivó gran irritación en Palacio Nacional, quienes los acompañaban: los ministros de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Eduardo Medina Mora, el ex procurador interino Alberto Elías Beltrán, y el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps. Varios medios identificaron a ese grupo como “la élite del poder”.

Días después de que apareció la fotografía en la prensa, se giró la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, ex director de Pemex en el gobierno de Peña Nieto. “Para que sigan tomándose fotos”, dijo un cercano colaborador de López Obrador, como si esa acción judicial hubiera sido consecuencia de la publicidad del evento. Tras el comentario, sin embargo, estaba la molestia de la falta de cuidado y pudor político, que se traducía como un mensaje de desafío al nuevo gobierno. Pocas semanas después se reveló que se había iniciado una investigación contra Beltrán. Hay una más sobre Romero Deschamps y, de acuerdo con funcionarios federales, la más acabada es contra Rosario Robles, por el tema de la llamada “Estafa Maestra”.

Peña Nieto debió haber tenido noticias que había empezado a montarse un cerco judicial contra varios miembros de su gabinete. Robles, que fue secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Territorial y Urbano, le reclamó en un momento donde estuvieron apartados en esa boda, que la estuviera dejando sola. Personas con conocimiento de primera mano de los generales de esa conversación, dijeron que en un momento le dijo molesta a Peña Nieto: “Eso no fue lo que habíamos quedado”. No está claro qué habían acordado, pero en el contexto, dos meses antes de la elección presidencial, hubo un entendimiento entre López Obrador y Peña Nieto -aparentemente a través de intermediarios-, de que el entonces candidato se comprometía a no perseguirlo penalmente, si no se entrometía en la elección. Nunca ha quedado claro si ese compromiso abarcaba a varios de sus colaboradores. Como lo ha dicho varias veces López Obrador, Peña Nieto no se metió en el proceso y, hasta ahora, tampoco hay ninguna instrucción para que se inicie una investigación directa sobre él.

Pero fotografías como aquella de la boda, han generado crisis dentro de Palacio Nacional, ante los reclamos de los colaboradores del presidente del porqué no actúa contra Peña Nieto, y críticas en la opinión pública de que su promesa de combatir la corrupción no se está cumpliendo. Ese tipo de protagonismo no es bien visto en el entorno presidencial que ven en ello sorna. En el marco de esa presión creciente contra López Obrador, salieron a la luz otras imágenes de Peña Nieto, hace poco más de 15 días, en unos XV años, donde bailó con su actual pareja y con la novia de uno de sus colaboradores de sus tiempos de presidente. 

Las reacciones dentro del gobierno a esta nueva afrenta de Peña Nieto, llegaron a oídos del ex presidente. Uno de los argumentos que se le expusieron fue que López Obrador seguía manteniendo el compromiso de no actuar contra él, pero que se tenía la impresión de que cada vez se molestaba más por la imprudencia política de su predecesor, lo que podía llevar en el corto plazo a que autorizara que se le investigara. Haber cruzado la línea de la cautela y el bajo perfil, que había mantenido durante un largo tiempo, prendieron los faros amarillos.

Peña Nieto entendió lo que estaba sucediendo, en el contexto de lo que estaba pasando en Palacio Nacional, donde las presiones económicas y políticas podrían llevar a López Obrador a buscar un distractor enorme -nada más grande que abrir una investigación penal contra un ex presidente-. No se sabe si eso pudiera finalmente suceder, pero es un escenario que ya se concretó en 1995, cuando ante la profunda crisis del sistema de pagos, se persiguió a Raúl Salinas, hermano del ex presidente. Peña Nieto empacó y, discretamente, voló a Madrid.

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(EJE CENTRAL/  ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 8 DE JULIO DE 2019)

LOS SOLDADOS DE LA 4T

La cuarta transformación tiene un estado superior, el paraíso, pero terrenal, no metafísico. Para alcanzarlo, sin embargo, se necesita la fe. Y para alimentar la fe y utilizarla como catalizador, se necesita un ejército. Esta milicia la tiene lista el presidente Andrés Manuel López Obrador, miles de personas en espera de sus instrucciones para comenzar a difundir el evangelio de la “nueva patria” que anunció el lunes en el Zócalo, que se sustentará en la inyección de principios éticos. López Obrador, un hombre profundamente religioso, fundamenta en ese conjunto de valores el éxito del país que desea. El general que comandará las tropas que diseminarán sus postulados es Arturo Farela, quien fue presentado nacionalmente el 8 de junio, al ser uno de los invitados a hablar en Tijuana, en el acto presidencial tras la suspensión de la aplicación de aranceles.

Farela es presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas y Evangélicas, la Cofraternice, y lo conoce hace más de 20 años, cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México. “Somos amigos”, dice. “Nuestra amistad se basa en una relación cien por ciento espiritual, no política. Mi amistad es con él porque es un hombre de integridad, es un hombre de principios y valores. Un hombre que lucha por la justicia, equidad especialmente de los más desvalidos”. Al mando de él, decenas de pastores evangelistas predicarán en templos y casa por casa la Cartilla Moral, comenzando por 100 mil folletos que repartirán en todo el país en una semana.

López Obrador es cristiano, aunque suele esconder sus creencias, sin esconder su religiosidad, y con Farela ha caminado durante un largo trecho de su vida pública. López Obrador ha hecho de la religión un elemento inseparable de la estructura política del país, como lo hizo Ruyolá Musavi Jomeini, que regresó a Irán del exilio en París a principio de 1979, para encabezar la Revolución Islámica ese mismo año que derrocó al sha Mohammed Reza Pavlevi, y transformó dramáticamente el horizonte político y religioso en su país,  escribió en 2008 Gregg Bruno, en un memorando para el Consejo de Las Américas.

El presidente no ha dado detalles de cómo instrumentará el adoctrinamiento de los mexicanos, pero la semana pasada, en una entrevista con Enrique Hernández en el programa “El Hueso” de W Radio, Farela reveló cómo lo habían acordado. La entrevista de casi 19 minutos, sintetizada aquí por espacio, no tiene desperdicio.

EH: El presidente no va a misas católicas o a cultos evangélicos, ¿verdad?

AF: Que yo sepa no. El (miércoles de la semana pasada) le preguntaron en la mañanera qué religión profesaba y dijo ‘yo soy seguidor de Jesús’. Eso es ser discípulo de Jesucristo. Un seguidor de Jesús es un alumno, un estudiante de la vida de Jesús. Jesús murió en la cruz, pero siempre defendió a los pobres, siempre defendió a las mujeres. Siempre defendió a los niños y a los ancianos.

EH:¿Es verdad que usted incluso en Palacio Nacional ha orado junto con el presidente López Obrador el Memorial de Benito Juárez, padre del Estado laico mexicano?

AF: No el Memorial, pero sí hemos hecho oración, por supuesto que sí. Y no solamente en Palacio Nacional. Lo hemos hecho en Torreón, Coahuila, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a solas, en público. El presidente no se avergüenza de tener una vida espiritual.

EH: ¿Cuál va a ser y cómo va a ser la particpación de las iglesias evangélicas en la predicación, o propagación de la Cartilla Moral de López Obrador?

AF: A partir de las dos reuniones que Confraternice ha celebrado con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, una el 21 de febrero y otra el 13 de marzo, el presidente nos hizo favor de invitarnos para apoyarlo en diferentes programas sociales a las iglesias cristianas evangélicas, aglutinadas en Cofraternice. Una de las invitaciones que nos hizo fue propagar la Cartilla Moral de Alfonso Reyes.

EH: Y esta labor ¿cómo se va a realizar en la práctica? ¿Van a ir de puerta de puerta? ¿De iglesia en iglesia?

AF: Inicialmente, las siete mil iglesias que están integradas en Cofraternice van a recibir una porción de la Cartilla Moral para los mismos feligreses.

EH: Entonces cuando uno llegue a misa va a recibir la Cartilla Moral…

AF: Correcto. En los templos, nosotros no le llamamos misa, le llamamos culto. Y otra estrategia, el segundo paso, es a personas que no vienen a los templos cristianos evangélicos, como cuando evangelizamos, aprovechamos para repartir casa por casa o en eventos masivos.

La Cofraternidad cuenta con feligreses en siete mil congregaciones. Según Farela, la totalidad de cristianos evangélicos es de alrededor de 35 millones, y en Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, estado de México, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, “tenemos más del 50 por ciento de la población total”. Farela habla el mismo lenguaje de López Obrador.

EH: ¿Por eso le han ofrecido esa red?

AF: Somos un ejército de Dios, de Jesucristo, pero también estamos listos para apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador, no sólo en la distribución de la Cartilla Moral , sino en otros proyectos sociales.

EH: ¿Le parece que eso es violatorio del Estado laico?

AF: Por supuesto que no. (La semana pasada)el presidente dijo que ‘Estado laico es donde caben todas las iglesias de todas las confesiones religiosas, los ateos, los agnósticos, los 125 millones de mexicanos’. Eso es Estado laico, pluralidad, libertad, democracia, derechos humanos, no anti religiosidad. El Estado laico no significa ateísmo.

Ciertamente, la religiosidad de López Obrador está presente en todos sus actos, discursos y acciones. Un elemento más de división nacional.

ES DE INTERÉS

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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 3 DE JULIO DE 2019)

LA 4T Y EL FIN DEL ESTADO

La celebración para conmemorar el primer aniversario de la victoria en las elecciones presidenciales, es el primer paso para convertir esa fecha en un símbolo de la cuarta transformación. Su discurso en el Zócalo, coronación del día donde comenzó ese cambio profundo que promete, fue la ratificación de lo que se ha propuesto: el desmantelamiento del Estado Mexicano tal y como fue concebido en 1928, para la construcción de otro nuevo. A eso se refiere cuando habla de un cambio radical, una transformación de raíz. “Se trata de construir una Patria nueva”, dijo desde el templete en la plaza pública, y acabar con “el régimen corrupto y despiadado que prevalecía”. Ninguna novedad en la retórica, una narrativa épica sobre el antes, el hoy y el futuro.

El pasado era opresor, pero el presente que ofreció construye futuro, mediante la transformación de la vida pública. Esa metamorfosis significa el desmantelamiento de lo que existía y que está tirando a pedazos en forma acelerada. En su discurso lo dibujó de manera sencilla al hablar de las transferencias directas de recursos, sin intermediarios, que es uno de los cambios más profundos que ha hecho en siete meses de gobierno al cancelar derechos adquiridos en más de 20 programas sociales, como Prospera y el Seguro Popular, y desaparecer el edificio social que levantaron cinco presidentes. El poder centralizado y vertical, contrario a todo aquello por lo que se luchó durante dos generaciones debilitando el autoritarismo hasta que tuvo que abrirse, restaurado hoy a plenitud, y presumido desde el corazón político del país como una de las grandes rupturas con todo lo que acabó hace un año.

En este poco tiempo, López Obrador demolió prácticamente todo el Pacto por México e hizo una serie de contrarreformas que estableció, jurídicamente, el nuevo andamiaje institucional. Vendrá ahora una segunda fase, que es el reordenamiento del gobierno para darle una nueva dirección. Dentro de esa nueva etapa está considerando la desaparición de varios órganos autónomos, comenzando por aquellos que le estorban a su transformación. Los primeros, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Regulatoria de Energía, con los que públicamente ha expresado su molestia. La destrucción del Estado como lo conocemos es la aniquilación de las instituciones, como bien lo dijo desde hace más de una década cuando tras perder la elección federal declaró “¡al diablo con sus instituciones!”.

El presidente es consistente, y en esa congruencia radica su repudio a las reformas políticas de segunda generación. No le interesa el Instituto Nacional Electoral, porque no encuentra valor a su trabajo o, porque su sola existencia le impide reorganizar el país en su ideal, sugerido en algún momento de su Presidencia, mediante el equivalente de los Comités de Defensa de la Revolución cubanos, que es una organización de masas que tiene permanentemente movilizada a la población para defender las conquistas mediante el trabajo directo con las personas y la comunidad. Tampoco la Comisión Federal de Competencia, porque su visión no es el de una economía de mercado, sino el de una centralmente planificada. La existencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como la conocemos, está en entredicho, así como todos los órganos de transparencia, a los que considera rémoras que tiene que sacudirse. Estos organismos autónomos también se encuentran en el horizonte de la desaparición. Pero antes que ellos sucumbirán varias secretarías de Estado, o serán compactadas en otras dependencias.

La lista la encabeza Economía, a la que ya despojaron del manejo de comercio exterior, entregándole a la Secretaría de Relaciones Exteriores lo único internacional valioso que parece apreciar el presidente, el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. El canciller Marcelo Ebrard está realizando funciones de ministro de Economía sin cartera, como quedó demostrado esta semana al encabezar una misión comercial a China para explorar las formas de incrementar el comercio bilateral. Ebrard también se quedó con la promoción del turismo, mientras que el 75% de los recursos para ese sector, fueron desviados para la construcción del Tren Maya. La desaparición de la Secretaría de Turismo también está sobre la mesa, al no interesar el viajero internacional y enfocar la estrategia en lo que llaman “turismo de barrio”, que es el desarrollo turístico en zonas como Iztapalapa.

El achicamiento y reordenamiento del gobierno en esas áreas desnuda lo que significa la cuarta transformación: voltear hacia adentro y convertir a México en una isla para su desarrollo. López Obrador quiere un país que coma lo que produce, que genere sus propias fuentes de desarrollo energético para el consumo y la industria, que le apueste a la mano de obra intensiva -por definición masiva-, donde la tecnología no sea utilizada con el propósito de incrementar el empleo, optando por volumen y no por calidad. Uno también que no dependa de los empresarios, cuyo sector está en el escenario de ser destruido. Ayer en el Zócalo habló de uno de esos sectores, el de telecomunicaciones, al que le antepondrá una empresa estatal de telecomunicaciones. Pero no será el único.

Su proyecto “por el bien de todos, primero los pobres”, está avanzando en forma veloz. Hacia ellos enfoca su esfuerzo, marchando sobre las clases medias y las altas. La victoria, remachó para impedir el olvido, acabó con el “régimen corrupto y despiadado”. Este mismo año, prometió, se terminará de erradicarlo y quedarán sentadas las bases para la transformación política del país. Ya se verá, llegado el momento, si es tan buen gestor de la construcción de un nuevo Estado, como exitoso ha sido en la destrucción del que estructuró y dio orden a México durante nueve décadas.

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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 2 DE JULIO DE 2019)

EN ESPERA DEL MANOTAZO

La declaración del senador Ricardo Monreal sobre un gabinete que dejaba qué desear y no acompañaba al presidente Andrés Manuel López Obrador, no fue públicamente compartida por él, quien de esta manera escondió del público lo que prepara en privado, el ajuste de su equipo y una reorientación de su gobierno. Monreal no es el único cercano al presidente que ha hablado con él sobre el gabinete, que se ha venido revisando desde mayo. La semana pasada hubo reuniones en Palacio Nacional donde se discutieron esos cambios. Pero lo más importante, de acuerdo a lo trascendido, no fueron las personas sino el rumbo que el presidente quiere imponer a la siguiente etapa de su administración.

Quedó el entendido que López Obrador quiere un cambio radical dentro de su gobierno, pero lo que no quedó del todo claro, por lo difícil que es descifrar al presidente y lo incierto de sus decisiones, es hacia dónde realmente quiere dirigirse para saber qué aires oxigenarán su golpe de timón. En el interior del gobierno hay confrontación entre el sector moderado del gabinete y el sector radical, donde hay líneas claras que los definen.

El moderado es el más capacitado técnica y políticamente, que es el que busca contener aquellas políticas que le han hecho daño –como los enfrentamientos con sectores o incumplimientos de promesas, como no suspender subastas en el sector energético-, mientras que el ala radical se caracteriza por ser dócil a las instrucciones presidenciales y, en términos de capacidad, más limitada.

Los radicales en el gobierno son los que han encabezado las acciones que más daño le han hecho López Obrador -además del sector energético, el social, por ejemplo-, aunque también lo ha mermado la incapacidad en varias áreas, como documentó la última encuesta de aprobación presidencial elaborada por GEA-Isa, ya sea por la deficiencia de políticas “adecuadas”, carencia de personal experimentado, así como recortes presupuestales “autoimpuestos y desmedidos” que redujeron la capacidad de operación y registraron seis crisis que pudieron no darse. El estudio los enumeró:

1.- Desabasto de gasolina en el centro y occidente del país por la reducción de importaciones y el cierre innecesario de ductos para combatir el huachicol.

2.- Crisis de violencia sin contención, por la ausencia de instituciones y estrategias.

3.- Contingencia ambiental en la zona metropolitana de la Ciudad de México, por los recortes presupuestales y el mal manejo de la emergencia.

4.- Deficiencias “severas” en la prestación de servicios de salud por la desaparición de Prospera y Seguro Popular, los recortes presupuestales, las licitaciones tardías y los despidos de personal.

5.- Degradación de la calificación crediticia de Pemex por la ausencia de un plan eficaz de rescate, y la decisión presidencial de hacer la refinería de Dos Bocas.

6.- Crisis migratoria y conflicto con el presidente Donald Trump por la política inicial de puertas abiertas a los inmigrantes centroamericanos y de otras nacionalidades.

En diversas reuniones en Palacio Nacional sobre los ajustes al gabinete y al equipo de gobierno, se han puesto los nombres de los y las principales candidatos a ser relevados, pero al final todo queda en la manera como López Obrador concibe su trabajo y su funcionalidad, al ser el eje de todo, y de quien depende qué ala se impone dentro de su gobierno y en el diseño de su plan de navegación. Hasta ahora, el radicalismo que lleva adentro lo ha inspirado, y esta ambivalencia también fue planteada, con otro lenguaje, durante la reunión de la semana pasada.

Los moderados en el gobierno, ha trascendido, están llegando a la frontera de lo posible para resistir, porque tampoco hay mucho espacio para que puedan seguir apuntalando a un gobierno y buscando persuadir al presidente de tomar acciones ante los pronósticos negativos sobre el crecimiento y el diagnóstico que ven bancos, consultoras e instituciones financieras en México y el mundo, para que no aísle sus decisiones o las empaquete con fines político-electorales. La posibilidad que le dejaron sobre la mesa es que el ala moderada, de mantenerse la línea actual, se irá del gobierno, ante los altos costos que estarán pagando por avalar acciones en las que no creen, y que van en detrimento directo de su prestigio profesional.

Lo que hará López Obrador es un enigma. De acuerdo con lo que trascendió de esa reunión, la sacudida que quiere el presidente en su gabinete y en toda la administración pública, no mostró el camino que quiere seguir. Dentro del ala radical hay quien argumenta que las advertencias sobre la economía no son reales, ante indicadores sobre consumo y empleo, sin explicar que los mexicanos siguen teniendo dinero por las tasas de interés, las transferencias directas de recursos no productivos y mejoría salarial por el incremento al salario mínimo.

En el mediano plazo, salvo que haya un milagro, esto se desvanecerá porque la macroeconomía terminará arrollando lo micro. Guillermo Valdés, socio de GEA, lo explica de manera clara: se vienen juntando todos los elementos debajo del centro -que son las personas que tienen liquidez- que están abriendo un socavón, donde tarde o temprano, todos caerán. La visión del presidente sobre lo que no se ajusta a su realidad, es totalmente distinta, que es lo que tratan de conciliar con él los moderados, que piensan que el golpe de timón tiene que alejarse de la radicalización. Ir en esa dirección, cierto, es afectar a los duros en su gobierno, que van ganando la partida sin comprender lo que su victoria significaría en estos momentos económicamente tan delicados para el país.

(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 1 DE JULIO DE 2019)