Datos se han rempaquetado
para darles sentido de actualidad en una campaña permanente de difamación,
enfocada durante todo este periodo en algunos periodistas que han sido críticos
del presidente
El presidente Andrés Manuel
López Obrador, como todas las mañanas, respondió en la miscelánea de temas
durante su conferencia de prensa este viernes en Palacio Nacional a una batería
de preguntas. Hubo tres, en tres diferentes momentos, que provocó la difusión
de una lista publicada el jueves por el periódico Reforma, “Divulga Presidencia
Contratos con Periodistas”, donde figuran los nombres de “36 periodistas y sus
empresas que recibieron contratos durante la administración de Enrique Peña
Nieto por un monto total de mil 81 millones 715 mil 991 pesos por publicidad y
gastos de comunicación”, entre 2013 y 2018. Los detalles de las lista, en lo
general, no son nuevos. Al haber sido contratos de publicidad, se encuentran en
el portal de Compranet.
El fondo no es en sí la
lista, que ha circulado desde que María Amparo Casar, presidente de Mexicanos
Contra la Corrupción, y Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia
Consultores, publicaron un libro, “Dinero Bajo la Mesa”, sobre el
financiamiento ilegal de las campañas políticas en México. En el capítulo 7,
“Los medios y la política”, detallan con meticulosidad los gastos publicitarios
de los gobiernos federal y estatales con los medios, incluyendo la relación de
los 30 medios que resultaron más beneficiados en la compra de espacios en
internet, que a simple vista, conociendo los usuarios únicos que tienen, no
generan mayor suspicacia; es decir, la inversión fuerte, a quienes más
penetración tienen.
En la primera edición
incorporaban una lista con los nombres de periodistas y sus empresas digitales,
llena de imprecisiones. Para la segunda edición, esa tabla fue eliminada, pero
ya había tenido su impacto. Julio C. Roa, que desde hace años, a través de su
portal es un incansable buscador de propiedades, primero de periodistas,
después de políticos y sus familiares, y más delante de personas con perfil
público, retomó esa tabla y, añadiendo nombres -como el mío-, publicó en agosto
del año pasado en Proceso un texto titulado “El Top Ten del Chayote”, donde si
bien la información en sí mismo era factual -los contratos de publicidad-, la
cabeza de la información sugería corrupción, al utilizarse la palabra “chayote”
que en el argot periodístico mexicano, es utilizado como sinónimo de
ilegalidad.
Roa difundió masivamente el
texto publicado por Proceso, en una contradicción del semanario. En abril de
2009 Proceso interpuso una queja contra el gobierno de Felipe Calderón que le
negaba la publicidad, porque aducía era
una violación de los derechos constitucionales e internacionales, y se
inconformó. El 1 de agosto de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos emitió una recomendación al gobierno donde afirmaba que la administración
de Calderón censuró y castigó al semanario al excluirla arbitrariamente de la
publicidad oficial. Es decir, a sabiendas de que los editores de Proceso sabían
a la perfección la mecánica de la publicidad gubernamental en los medios, no
tuvieron prurito para cuidar que lo que ellos denunciaron -y más adelante
ganaron y recibieron publicidad gubernamental-, en el caso de otros era un acto
de corrupción. La información de Proceso se viralizó. De agosto del año pasado
a abril de este año, hubo cuando menos cinco millones y medio de retuits. Hubo
cuentas que participaron de esta difusión masiva de todo tipo, incluidas de
manera prominente varias conectadas con Morena y la campaña de López Obrador.
Esos mismos datos se han
rempaquetado para darles sentido de actualidad en una campaña permanente de
difamación, enfocada durante todo este periodo en algunos periodistas que han
sido críticos del presidente. La publicidad gubernamental se convirtió en
palabras de López Obrador y su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, en un tema de
corrupción, sin matiz alguno. La palabra “chayote” fue cambiada mas adelante
por “huachicoleros”, y esta semana, por “hampa”, la nueva definición de
delincuentes que le dio el presidente a la prensa que lo observa críticamente.
El mismo contexto es el que utilizó el presidente en su conferencia del
viernes, a la cual le dedicó respuestas que se extendieron por mil 462
palabras, contra las 858 que utilizó para despachar las preguntas sobre la
crisis del abastecimiento de medicinas que es lo que domina la agenda nacional
de los medios.
En un momento determinado, a
una pregunta específica sobre si tenía una mala relación con Pablo Hiriart, que
trabajó en Proceso, La Jornada, El Nacional, fundó Crónica y La Razón, y hoy
tiene como casa a El Financiero, respondió:
respondió: “Sí, sí, desde el 94. 25 años, pero lo respeto, 25 años. Él
tiene un punto de vista sobre mi persona, yo tengo también el mío sobre su
persona. ¿Y qué pasa? Nada, nada, todos los días soy cliente, pero lo entiendo.
Él, políticamente -porque no me gusta meterme en las cosas familiares-
políticamente, fue el de comunicación de
(Carlos) Salinas. Estuvo, no sé si en Notimex o era director de El
Nacional o alguno de esos periódicos que ya no existen, que eran boletines. Lo
mismo el Riva Palacio, pues estuvo con Salinas, Otto Granados, el que acaba de
salir de secretario de Educación, fue el de comunicación social de Salinas.
Entonces, los entiendo, somos distintos, tenemos proyectos contrapuestos de
nación”.
Pablo Hiriart, por cierto, el
único director de periódico que me abrió las páginas cuando tras salir de
Reforma el gobierno del presidente Ernesto Zedillo presionó a medios para que
no me dieran trabajo -aduciendo que “era un enemigo del presidente”-,
responderá lo que le toca. Pero en lo que a mí concierne, por alusiones
personales, le digo al presidente:
1) Sí, conozco a Otto Granados y somos amigos
desde 1977, cuando él trabajaba con Jesús Reyes Heroles. En 1988 me ofreció la
dirección de Notimex tras la elección de Salinas y le comenté: “Cómo es posible
que me invites a Notimex sabiendo lo que pienso de Salinas y que voté por
Cuauhtémoc Cárdenas”. Me respondió que lo que buscaban era mejorar la calidad
de los medios públicos. Yo soy un creyente de los medios públicos, entonces y
hoy, y después de semanas de negociación acepté. Ese periodo, de diciembre de
1988 a febrero de 1990 -el compromiso con él era no menos de un año, no más de
dos-, cumplió con lo pactado: apertura total a la información y respaldo
financiero. Por primera vez Notimex cubrió y difundió actividades del ingeniero
Cárdenas, que estaban prohibidas desde que se separó del PRI, y con su apoyo se
pudo construir una amplia red de corresponsales en el extranjero. Notimex tenía
dos, uno en Washington y otro en Nueva York. Al renunciar había oficinas en
varias ciudades de Estados Unidos con 35 corresponsales en total, además de una
red de corresponsales en Centroamérica (un esfuerzo que directores posteriores,
sin importar el gobierno en turno, ampliaron y reforzaron). A nivel nacional se
crearon cinco agencias regionales de noticias para dar cobertura local. Muchos
profesionales que pasaron por la agencia siguieron su camino en México y
Estados Unidos. También, porque en otra parte de su conferencia, sin referirse
a nadie en particular, el presidente dijo que los reporteros eran mal pagados y
que tenían que mejorar sus condiciones laborales, le digo, porque no lo sabe,
que después de salir de Notimex, cuatro personas, Rogelio Hernández, un
periodista de izquierda de larga experiencia, y los entonces diputados del PAN,
Gonzalo Altamirano Dimas, y del PRD, Ramón Sosamontes, y quien esto escribe,
buscamos que se incluyera a los periodistas dentro de la legislación de los
salarios mínimos. Granados escuchó la idea -lo más importante era poner un piso
al maltrato salarial a periodistas fuera de las grandes ciudades del país- y
obtuvimos su apoyo. Granados logró el respaldo del presidente, y salió la
reforma.
2) En el gobierno de Salinas trabajaron
también personas que a lo largo de los años fueron entrañables de López
Obrador. Uno de ellos, intelectual de primera línea y persona impecable, José
María Pérez Gay, quien fue director fundador del Canal 22, creado por Salinas
para ofrecer una televisión alternativa cultural, que construyó con talento y
cuyo legado ha durado, pese a todo, cuando menos, hasta ahora. José Antonio
Álvarez Lima, actual director del Canal 11, y a quien el ex presidente hizo
gobernador de Tlaxcala. Manuel Camacho, que se convirtió en uno de los principales
asesores de López Obrador en la primera década de este siglo, era entonces el
poderoso jefe del Departamento del Distrito Federal y el principal candidato a
la Presidencia, en la sucesión salinista. Una mujer excepcional que murió en
2017, María Angélica Luna Parra, que trabajó los temas sociales dentro del PRI
y muy cercana a Luis Donaldo Colosio cuando Salinas lo hizo candidato
presidencial, era esposa de Luis Linares, quien lleva lustros respaldando a
López Obrador y a quien hizo recientemente el presidente consejero de la
Comisión Reguladora de Energía. Enrique González Pedrero, quien invitó a López
Obrador a su campaña para gobernador a principio de los 80’s y lo hizo
presidente del PRI, no terminó su mandato porque el candidato Salinas lo invitó
a ser el director del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales,
el responsable de hacer en aquel entonces el programa de gobierno.
En la segunda parte de esa
misma respuesta, López Obrador dijo en referencia a Hiriart y a mí: “Ellos se
dedicaron a apuntalar al régimen neoliberal, neoporfirista. Yo me he dedicado a
cuestionar al régimen neoliberal, neoporfirista, a cambiarlo, a transformarlo”.
Le respondo ahora al presidente:
1) Es una nueva falacia. Cualquier persona
puede consultar mis columnas en El Financiero, después de dejar Notimex y tener
una aventura fallida en El Independiente que encabezaban Javier Moreno Valle y
don Fernando Benítez. En 1993, Salinas pleno de poder, escribí una columna que
se tituló: “Mr. 10 per cent”. Era un texto donde se hablaba de los presuntos
actos de corrupción de Raúl Salinas, hermano del presidente. Nadie hasta ese
momento había escrito sobre ese tema. También pueden consultar mis textos en
1992 y 1993, en donde llamé varias veces a Salinas “el presidente más
anticonstitucional en la historia de México” por la forma como gobernaba. En
ese entonces, López Obrador hacía política local en Tabasco y tenía relaciones
con Camacho y el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez
Barrios.
2) Igualmente, cualquier persona puede
consultar mis textos en Reforma sobre el presidente Ernesto Zedillo. Ahí podrán
leer una serie de columnas que se llamaban “¿Dónde está el piloto?”, sobre las
acciones erráticas de Zedillo, que fue un título que después utilizó con enorme
gracia Germán Dehesa y que a lo largo de los años se ha seguido empleando. Otro
texto se refirió al “golpe de Estado técnico” cometido por Zedillo cuando
desapareció a la Suprema Corte durante su reforma al Poder Judicial. Uno más
sobre “la Batifiesta en Los Pinos”, donde mencionaba una fiesta de sus hijos en
el Salón “Adolfo López Mateos” de Los Pinos, para la premier de la película
“Batman”. El texto que más molestó a Zedillo, producto de la clasificación de
“enemigo”, fue uno donde apunté que había violado la Ley de Responsabilidades
de Funcionarios Públicos, al emplear a su cuñado en la Presidencia. Sobre ese
gobierno, pero en Crónica, publiqué cómo desde Los Pinos habían tratado de
censurar al programa sobre los Legionarios de Cristo que difundió CNI 40,
cuando el noticiario lo conducía Ciro Gómez Leyva. Nadie salvo Jaime Avilés,
muy cercano a López Obrador y de quien ha tenido palabras fraternales al
recordar su muerte, publicamos sobre ese tema que era tabú.
3) Durante el gobierno de Vicente Fox, se
publicó en Milenio -que dirigía en ese entonces-, el menaje de la casa
presidencial, del cual Federico Arreola, quien era el director general del
grupo, muy atinadamente, propuso la cabeza “Las toallas de Fox”. En Milenio se
empezó la investigación sobre los negocios de los hijos de Marta Sahagún, que
años después pudieron comprobarse. En El Independiente, pero ahora con Carlos
Ahumada, mecenas del PRD en la campaña de López Obrador para la jefatura de
Gobierno capitalina, se publicaron por primera vez los detalles de la Fundación
Vamos México de la señora Sahagún. Cuando estalló el caso de los
videoescándalos, y existe la documentación hemerográfica que lo prueba, fue ahí
donde, apelando a una cláusula de conciencia en mi contrato, rompimos editorialmente
con Ahumada y se publicó, por primera vez, la palabra “complot”, en una
investigación sobre cómo se fraguó aquella operación contra él. Textos míos
posteriores, principalmente en El Universal, fueron mostrando todo lo que había
hecho Ahumada y la entonces presidenta del PRD, Rosario Robles; en uno de ellos
revelé que se habían reunido con Salinas en Londres.
4) En el gobierno de Felipe Calderón, mis
textos se publicaron en El Universal, donde se pueden leer las críticas al plan
de seguridad y al CISEN. Pero lo más importante, porque le concierne al
presidente, fue la publicación en la primera plana de El Universal cuando ya
era director del diario, de los documentos que había presentado López Obrador
en un mitin días antes, ignorado por los medios que escogieron otro ángulo,
sobre los negocios de la familia de Juan Camilo Mouriño, en ese entonces jefe
de la Oficina de la Presidencia, en el sector energético. De esa publicación,
Mouriño pidió al dueño del diario que me destituyera.
5) En el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo
mayores críticas. En octubre de 2012, semanas antes de asumir la Presidencia,
escribí la primera columna donde se revelaba la fusión de la Secretaría de
Seguridad Pública en la Secretaría de Gobernación, anticipando un desastre. En
diciembre de ese año, ya Peña Nieto en la Presidencia, fui detallando en varias
columnas el desmantelamiento de Plataforma México. En febrero, cuando saludaron
desde Gobernación a los grupos de autodefensa en Michoacán, los llamé
paramilitares y detallé cómo entre los grupos que estaban protegiendo, se
encontraban miembros del Cártel del Pacífico que antes estaban con los hermanos
Beltrán Leyva. En octubre de 2014, días después de la desaparición de los
normalistas de Ayotzinapa, escribí una serie de textos sobre la pésima toma de
decisiones en Los Pinos y la forma como nunca entendieron lo que estaba
sucediendo. Previamente, había escrito un texto que se llamaba “Toluca no es
México”, donde hablaba de la deshidratación de la economía en 2013, y en dos
textos apunté la frase: “no entienden, que no entienden”, que se la conté a un
ex diplomático mexicano que después se la mencionó a la revista The Economist. Los
textos sobre seguridad dieron lugar a que me hackearan mi correo electrónico
(enviando mensajes que me provocaron problemas personales), me infectaran con
el virus Pegasus (10 de junio de 2015), intervinieran mi teléfono, me pusieran
una cola, que descubrí, confronté y le tomé una fotografía a sus placas, que
resultaron ser de una empresa de seguridad en el estado de México, e iniciaron
una investigación sobre mi vida personal con el propósito -que nunca se
concretó- de hacerla pública. Nunca como con Peña Nieto, hubo más textos
críticos contra un presidente, incluido el actual. De manera paralela, en 2015
publiqué el libro “La Segunda Fuga de El Chapo”, en donde se detalla con
documentos el colapso del sistema penitenciario federal por la negligencia,
omisiones, incompetencia e ignorancia del gabinete de seguridad que encabezaba
el hoy senador Miguel Ángel Osorio Chong.
Esto nos lleva a otro punto,
que tiene que ver con los convenios de publicidad con el gobierno. En diciembre
de 2016 hubo presiones personales de viejos amigos que trabajaban en el
gobierno, para que dejara de escribir columnas sobre Peña Nieto. De otra
manera, cancelaría la publicidad. El argumento era que cada lunes, cuando en
Los Pinos hacían una revisión de las columnas, casi siempre figuraba con el
mayor número de textos negativos (entre 15 y 17, según varias listas que me mostraron).
Cualquier persona que revise mis textos en El Financiero o en Eje Central,
podrá darse cuenta que eso nunca sucedió. Los textos mantuvieron la misma
línea, abordaje crítico al ejercicio presidencial, que había hecho desde la
Presidencia de Salinas. Es exactamente el mismo comportamiento presidencial con
López Obrador, pero la respuesta es distinta: ante Peña Nieto, hostigamiento y
amedrentamiento en privado; frente a López Obrador, intimidación e incitación
al linchamiento público.
La forma como se enmarca es
la difamación, donde establece una analogía entre publicidad gubernamental y
corrupción. A una pregunta expresa en la conferencia matutina, el presidente
respondió al respecto: “Quiero aclarar que lo que nos pidieron fue, nos pidió
el Instituto de Transparencia (el INAI), fue la información sobre columnistas,
periodistas, no es el gasto de publicidad del gobierno, que eso es otra cosa.
El gasto de publicidad el año pasado fue de diez mil millones de pesos, que son
cosas distintas”. En el caso de mi persona, hay que reiterar lo que desde el
año pasado he señalado en redes:
1) Eje Central es editado por la empresa
Estrictamente Digital S.C., escriturada el 10 de marzo de 2009, suscrita por 27
socios. El 24 de septiembre de 2012, se hizo una protocolización, y el número
de socios se redujo a 22. La integran profesionales de diversas disciplinas,
que tienen distintas posiciones políticas, ideología e intereses. La sociedad
es administrada por un socio administrador, para lo cual fui designado por la
sociedad, que no tiene fines de lucro. Yo no percibo salario alguno dentro de
la empresa. Ninguno de los socios ha recibido en todo este tiempo, aportación
alguna.
2) Ni Estrictamente Digital S.C. ni Eje
Central, son de mi propiedad. Somos un grupo de socios a los cuales tengo que
solicitar autorización para instrumentar o desarrollar proyectos distintos a
los que nos propusimos cuando la creamos. Por ejemplo, para la creación de la
edición impresa, que sale todos los jueves y que cumplió esta semana 151
ediciones.
3) El archivo digital o impreso de Eje Central
puede dar cuenta de lo que hemos publicado en este periodo: detalles de la
corrupción de Javier Duarte -adelantando el tema de las medicinas- y todo lo
relacionado con sus propiedades; la investigación sobre la corrupción de César
Duarte; la investigación sobre la intercepción de teléfonos a 700 personas,
incluyendo a dos periodistas, Carmen Aristegui y a mí; las conversaciones
telefónicas de la DEA sobre Guerreros Unidos, y lo que sabían de la
desaparición de los normalistas de Ayotzinapa; la investigación sobre la
quiebra del ISSSTE; la revelación de cómo invirtió la ex jefa del área digital
de Los Pinos en el gobierno de Peña Nieto, Alejandra Lagunes, en publicidad
digital -que el presidente retomó y anunció que daría a conocer en días, algo
que no sucedió; el reportaje sobre el municipio de Cochoapa, el más pobre del
país, al que se refirió el presidente recientemente para cambiar el destino de
recursos de venta de autos del gobierno de la Guardia Nacional a esa comunidad.
No fueron los únicos en un trabajo de investigación y análisis que aparece cada
semana en el impreso.
4) Las listas que proporcionó la Presidencia de
la República al INAI, difundida por Reforma, señala que durante el periodo
2013-2018, Estrictamente Digital recibió 31 millones 138 mil 703.83 pesos. De
acuerdo con nuestros registros comerciales, la suma correcta es 39 millones 878
mil 47.91 pesos. Para poder acceder a la publicidad gubernamental federal se
requiere:
A) Hay que registrarse en cada dependencia como
proveedor. Cada registro, en digital, exige que se lleve el acta constitutiva
de la empresa. Para el impreso, se necesita estar registrados en el Padrón
Nacional de Medios Impresos.
B) Las dependencias deciden si dan o no
publicidad al medio según su criterio. Se tiene que presentar la documentación
legal de cada empresa. En cada proyecto, según el monto del contrato, se
entrega una fianza.
C) Una vez que se acepta la documentación, se
determina la pauta comercial, ya sea a través de un contrato a largo plazo, o a
través de órdenes de inserción. Pueden ser en dos categorías: adjudicación
directa o licitaciones.
D) Una vez que se ha trabajado con la
dependencia, hay que recabar testigos de la inserción y junto con ellos se
emite la factura. Entonces se procede al pago.
El monto de inversión que
tuvo el gobierno de Peña Nieto no fue suficiente para terminar el año fiscal en
números positivos en los periodos 2013, 2015 y 2018, por lo que varios socios
tuvieron que hacer préstamos para evitar el recorte laboral. El esfuerzo que
han hecho los socios de Eje Central en la parte digital y en el impreso ha sido
fundamental para no reducir nuestra planta periodística, compuesta hoy por 52
trabajadores de planta y colaboradores (no todos cobran). La publicidad del
gobierno federal representó el 45.43 por ciento del total de los gastos y
costos de la operación. No se incluyen otros gastos, como rentas de oficina,
equipos, programas o hosting del portal, que fueron aportados por varios
socios. Todos los detalles financieros y comerciales están integrados en las
declaraciones al SAT, por la cual se han pagado impuestos.
En su conferencia de prensa,
el presidente insistió que la entrega de la documentación al INAI fue porque le
solicitó la información. “Y aquí dijimos, en su momento, que no queríamos que
se pensara que era una respuesta nuestra, ante ataques, cuestionamientos o
críticas legítimas”, señaló. “No. Se hizo porque ciudadanos pidieron al
Instituto de la Transparencia esa información y el Instituto de la
Transparencia nos pidió a nosotros esa información y nosotros entregamos esa
información y dijimos: ‘No vamos a revelar los nombres’. Además, aclaré que lo
de la publicidad es legal, es decir, todos los gobiernos contratan publicidad”.
Las palabras del presidente
son contradictorias. Por un lado adjudica la legalidad a esos contratos, y por
otra reitera que se acabó “el chayote”. Las contradicciones son mayores. El
presidente pidió a su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, quien en conferencias y
entrevistas de prensa ha establecido la relación contratos de publicidad es
igual a corrupción, que explicara porqué se personalizó la lista. Ramírez
Cuevas respondió: “Se ligó a periodistas con empresas porque pertenecen a los
consejos de administración”. Salida fácil y mentirosa. Cuando menos en el caso
de Estrictamente Digital, S.C, no existe un consejo de administración, sino una
Asamblea General de Socios, que es totalmente distinto. La forma como Cuevas
empaqueta la discusión, llevando al error al presidente, es por cómo traza las
comparaciones. Su alegato mentiroso, en mi caso, de que la publicidad fue para
escribir cosas buenas del gobierno de Peña Nieto, se cae ante el menor
análisis.
Lo que se difundió en la
lista, cuyo contenido no negó el presidente, se refiere en mi caso y el de Eje
Central, a convenios de publicidad. Pero existe un método para determinar si
ello incide en las políticas editoriales de un periodista o de un medio. Lo
relevante de la publicidad, a fin de comprobar si influyó en la cooptación de
un periodista o de un medio, es analizar la línea editorial. Si no alteró la
línea editorial, se puede concluir que la separación entre editorial y
comercial se mantuvo inviolado; si es lo contrario, se puede alegar ilegitimidad
en el mecanismo. En mi caso, con todo lo expuesto aquí comprobable porque está
publicado, puedo afirmar que paso cualquier prueba de ácido. No es el caso del
presidente ni de su vocero.
En la conferencia de prensa,
López Obrador se congratuló de “lo que está sucediendo sobre la participación
de la sociedad, de los medios, del gobierno y entre todos buscar nuevas
opciones, nuevas alternativas de convivencia, en armonía, con libertad, sin
autoritarismo, sin corrupción. Sería extraordinario abrir foros sobre este
tema, porque sí estamos en un proceso de cambio, de transición y no sólo porque
cambió el gobierno va a cambiar al régimen el actual gobierno, es un cambio de
régimen. No sólo por eso. Se tiene que entender que es una nueva realidad y que
no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. No sólo por eso, sino por el
avance de la tecnología”.
Una vez más, el presidente
llegó tarde al debate, cuando menos en mi caso. En los archivos hemerográficos
de la revista Este País, se puede consultar la columna “Debate Escondido”, que
escribí durante los dos primeros años de su fundación. Es una columna sobre
medios, donde se hablaba y mostraba la corrupción en la prensa, la falta de
ética, y la necesidad de que hubiera un esquema de publicidad distinto, que no
fuera discrecional, a partir de la premisa de que los medios, más allá de su
estructura de propiedad, son entes de interés público por lo cual sí son
sujetos legales y legítimos a la publicidad del gobierno. El presidente debería
haber sabido que en mi caso, sus críticas son vacuas. Están mis textos desde
los 80’s sobre medios en diferentes publicaciones.
Puede consultar los archivos
de la Revista Mexicana de Comunicación, o una antología sobre medios y
democracia que publiqué en el libro “La Prensa de los Jardines” en 2004. Mis
textos sobre crítica a los medios se han publicado también en el extranjero,
como en la revista Nieman Reports de la Universidad de Harvard, donde en un
trabajo para la clase del profesor Samuel L. Huntington sobre Política y
Gobierno, detallé la relación perversa entre el gobierno y los medios en
México. Producto de aquel trabajo, contribuí con un ensayo en un libro editado
por Will Orme, publicado por la Universidad de Miami en 1996, que se llamó “The
Culture of Collusion”, de donde surgió el título de ese libro, “Culture of
Clussion: Inside Look at the Mexican Press”.
El tema de un nuevo método de
asignación presupuestaria para medios ha sido una preocupación y un interés que
se remonta a más de un cuarto de siglo, mucho antes que el presidente
entendiera la dialéctica de este tema. El modelo, expuesto en varios textos a
lo largo de los años, se lo propuse al equipo de comunicación del presidente
Felipe Calderón, sin encontrar eco para que lo aplicaran en beneficio del gobierno,
de la transparencia de los medios, y el impacto positivo para la sociedad. Se
lo expuse a Luis Videgaray y Aurelio Nuño durante la etapa de la transición, y
desarrollaron el modelo que nunca se aplicó. Lo platiqué el año pasado durante
la transición, con la secretaria de la Función Pública designada, Irma Eréndira
Sandoval, que se mostró interesada, pero nunca más lo volvimos a platicar.
El tema que el presidente y
su vocero han manoseado a partir de sus creencias e ignorancia, de sus dogmas y
falta de conocimiento, es muy importante para que este momento de rispidez y
confrontación tire por la borda la oportunidad. El estadista francés Georges
Clemenceau dijo hace más de un siglo que “la guerra es un asunto demasiado
serio para dejarla en manos de los militares”. Parafraseándolo, un nuevo modelo
de comunicación es demasiado serio para dejárselo a su vocero. El presidente no
es ingenuo. Tampoco lo manipulan. Juega a la propaganda con su enorme talento
comunicacional. Pero en este caso se acerca al fuego. Sus linchamientos
públicos, en el contexto actual, pueden causar violencia física. Su mandato y
legitimidad, por lo contrario, pueden encauzar el barco a buen puerto. López
Obrador no es un demócrata, y ha dado pruebas fehacientes de ello, pero tampoco
lo era Frederik Willem de Klerk, y contribuyó a la democratización de
Suráfrica. La oportunidad del presidente es contribuir a un mejor México, que
es lo que dice querer, no a incendiarlo, como lo está logrando.
(EJE CENTRAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ESTRICTAMENTE
PERSONAL/ 24 DE MAYO DE 2019)
