lunes, 5 de agosto de 2019

POLICÍAS ENTRE AMENAZAS Y MUERTE


La semana que concluye acumula tres policías asesinados en el Estado, dos municipales y un ministerial; los móviles varían desde el pasional, peleas vecinales y temas de narcomenudeo. Solo en uno de los casos pudieron identificar a los presuntos responsables en la primeras 72 horas, en uno de los casos existe la posibilidad de que otro policía lo haya entregado a criminales. Durante el sexenio, 53 agentes del orden han sido asesinados; suman nueve acribillados en 2019.

Cuando los  criminales menores, narcomenudistas o miembros del crimen organizado pueden asesinar a los integrantes de las corporaciones responsables de cuidar el orden sin ser castigados, queda claro que el resto de la sociedad se encuentra en total indefensión.

En los casi seis años que han transcurrido del sexenio del gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid, las estadísticas oficiales indican que 53 agentes, en su mayoría policías municipales, han sido asesinados, del total de carpetas en 18, el equivalente al 35 por ciento, registran un presunto responsable detenido. Pero hasta ahora, de acuerdo al reporte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) únicamente cuatro de los mata-policías capturados han sido sentenciados.

Entre el 20 y el 21 de julio, tres oficiales en tres municipios bajacalifornianos fueron asesinados a balazos, los perpetradores fueron narcomenudistas y hombres vestidos como policías. Los sorprendieron mientras estaban de vacaciones o de descanso.

Los tres ataques son consecuencia de inseguridad descontrolada y el empoderamiento de grupos delictivos que se consideran dueños de las calles bajacalifornianas, quienes evidentemente piensan que matar policías no tendrá consecuencias. Porque incluso en el caso del agente Alberto Aguíñiga del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) en Tijuana, donde presumen que el móvil fue un pleito vecinal, un grupo de narcomenudistas  menores le disparó después de amenazarlo sin importarles ser reconocidos.

JOYA MENCIONADO EN DELITOS, PERO ACTIVO Y SIN DINERO LO ASESINAN FRENTE A SU FAMILIA

Sacaba unas bolsas con ropa usada, mujeres de su familia planeaban venderla en la calle, era la mañana del sábado 20 de julio de 2019 y el agente ministerial Luis Arturo Joya Ramírez estaba en su casa, una “traila” tipo californiano instalada en el mismo terreno que la casa de sus padres, localizada en la calle Guanajuato de la colonia Loma Alta.

HOMICIDA SENTENCIADO EN TECATE

 24 años de prisión y 806 mil pesos de multa para reparación del daño, fue la sentencia que recibió en procedimiento abreviado recibió el homicida ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación, Esteban Omar Rosas, el 23 de julio en Tecate. La indemnización por muerte será  a favor de la hija de la víctima.

Las investigaciones en su contra iniciaron el 14 de octubre de 2018, cuando las autoridades atendieron un llamado de emergencia y encontraron a Ignacio Cervantes Sánchez herido de bala en la colonia El Descanso y, antes de morir, la víctima identificó a Rosas como su ejecutor.

El homicida fue detenido el 17 de enero de 2019 como parte de una investigación por robo de teléfono celular, no opuso resistencia y, ya procesado, le informaron que tenía en su contra otras tres carpetas abiertas por el delito de homicidio, de las cuales ya se concluyó la primera.

El agente de la PGJE vivía en Tecate, pero trabajaba en Narcomenudeo en Tijuana. El día que le quitaron la vida vestía camisa gris, pantaloncillos cortos negros y caminaba descalzo en el patio central de los dos domicilios familiares. Su padre, su madre y su hija departían afuera de la casa.

Cuando Joya enfiló rumbo a la salida del inmueble, uno seis metros antes de llegar al portón de acceso que estaba abierto,  un hombre de aproximadamente 1.85 metros de estatura, robusto y con barba de candado, quien vestía camisa, pantalón y gorra negros, equipado además con un chaleco antibalas (“vestía uniforme como judicial”) se metió al patio, se le acercó y le disparó en aproximadamente diez ocasiones.

Después corrió rumbo a la calle Tamaulipas hacia el sur, a la altura de la torre de luz, donde lo esperaba otra persona en un auto Wolkswagen Golf negro de dos puertas con la defensa quebrada, y huyeron a toda velocidad por la calle mencionada rumbo a una guardería.

La investigación ha avanzado lentamente, la familia está evidentemente temerosa y desconfiada. Las autoridades consiguieron un video y están a la espera del reporte pericial del arma usada en el homicidio del policía para verificar si tiene relación balística con una reciente ola de asesinatos.

Tras meses de relativa tranquilidad, cinco personas fueron asesinadas en Tecate en un lapso de cuatro días: Lorenzo Aragón y una mujer o identificada el 16 de julio; Alejandro Bejar el 17 de julio; Óscar Ceballos  el día 18; y Jorge Ojeda fue encontrado putrefacto el 20 de julio, el mismo día que asesinaron al agente ministerial.

En cuanto a los antecedentes de Joya, inicialmente lo ligaron al grupo de ministeriales encabezado por Omar Muñoz Alpízar, quienes en 2015 robaron un camión con droga del Cártel Arellano Félix y fueron videograbados y denunciados ante el grupo coordinación a través de un video que los criminales hicieron llegar al Ejército. De acuerdo a la versión de los participantes, la carga la habían robado en julio, pero el video lo entregaron al Grupo Coordinación hasta noviembre del mismo año.

Después, al interior de la PGJE recordaron que su nombre también fue mencionado como agente corrupto por el ex policía municipal de Tecate, Edgar Vázquez Flores “El Speed”, capturado en marzo de 2014 y procesado por el homicidio y secuestro de un ciudadano de Estados Unidos y el secuestro de tres empresarios de Ensenada.

Sin embargo, Joya seguía en la corporación, cuando sucedió lo de “El Speed” lo mandaron a Mexicali, después intentó regresar a Tecate pero lo enviaron a Tijuana, estuvo en Homicidios y, a pesar de los antecedentes extraoficiales, lo remitieron a Narcomenudeo.

UNA BÚSQUEDA EXTRAÑA PREVIO AL ATAQUE

Dos o tres días antes del ataque, las fuentes de las mesas de Coordinación y Pacificación consultadas no lo precisaron, pero advirtieron que un agente de Tecate buscó información en Tijuana. Preguntaron por un agente  “Loya” que estaba haciendo cosas irregulares en Tecate, hostigando con una posible detención a un hombre de nombre Cruz Campista.

Pero Loya fue dado de baja hace mucho tiempo, le informaron que no había ni investigación ni orden en contra en contra del sujeto mencionado y que tal vez se estaba confundiendo Loya con Joya, pero el segundo trabajaba en Tijuana. “El que preguntó pudo haberlo puesto con los delincuentes”, refirieron desde el interior de la PGJE.

“Pero también hubo muchos movimientos en Narcomenudeo de Tijuana, aún no sabemos si recibió amenazas, pero llama la atención que tuviera tanta prisa por dejar de asistir a la oficina en Tijuana, primero tomó vacaciones y luego se incapacitó,  por algo no estaba cómodo”, refirió un agente.

Sin embargo, oficialmente aún no definen una línea de investigación.


A  AGUÍÑIGA LO MATARON “LOS PARRA”,  NARCOMENUDISTAS

El secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor, ofrece cada lunes una conferencia semanal, en la del 22 de julio declaró que ya estaban “identificados y próximos a ser detenidos” los asesinos del agente Jesús Alberto Aguíñiga Villanueva, acribillado a balazos la mañana del domingo 21 de julio.

El mando también aseguró que el homicidio del policía “no estaba relacionado con su labor del oficial y fue circunstancial”, lo que no mencionó fue que “Los Parra”, René Parra Rodríguez  y su hermano, no definieron  si Óscar o  Marco Antonio, todos integrantes de una familia dedicada a la venta de droga al menudeo, quienes además controlan esa actividad delictiva en el Infonavit Lomas del Porvenir, fueron los responsables del ataque que terminó con el policía muerto en la calle Transpeninsular, una de las vialidades principales del mencionado fraccionamiento.

El agente Alberto Aguíñiga  nació en familia de policías, su padre, Alfonso,  estuvo asignado como escolta del ex secretario de Seguridad Pública, Julián Leyzaola  Pérez, de diciembre 2008 a 2010, justo en ese año el joven oficial hoy fallecido ingresó a la corporación, en una época de alto combate a la inseguridad en Tijuana. Sus compañeros lo apodaban “El Lobito”.

De 34 años, este policía local estaba asignado al GOE como escolta del Santana Octavio Martínez García, designado subdirector del área de  Inteligencia de la Policía Municipal a partir de julio de 2017.

Los días 22 y 23 de julio de 2019 se los habían dado de descanso, por eso el sábado decidió acudir a una fiesta organizada por su tío y su primo en la calle Transpeninsular. Esa misma noche, en la celebración, dos jóvenes del barrio provocaron problemas, además de ser vecinos eran vendedores de droga, pero igual los corrieron.

TIJUANA, HOMICIDIOS CALIFICADOS DE UNIFORMADOS

AÑO 2013

AP-11/13/201. Policía municipal activo Ricardo Salgado Hernández. La averiguación se encuentra en integración.

AP-46/13/201. Policía estatal preventivo activo Antonio Villegas Luján. Averiguación en consulta de archivo.

AP-2366/13/206. Policía comercial activo Marco Antonio Estrada Pérez, escolta de subprocurador. Presuntos responsables: Fernando Iván Moller Martínez y Daniel Aguilar. Averiguación consignada en el Juzgado Cuarto Penal.

AP-287/13/201. Policía municipal activo Raúl Ramírez Martínez, en funciones. Presuntos responsables: Jesús Alejandro Rome Meza, Gabriel Carreón Renteria y Aldo Arellano Rodríguez. Averiguación consignada en el Juzgado Cuarto Penal.

2014

AP-5707/14/206. Policía ministerial del Grupo de Aprehensiones, José Guadalupe Aguilar. Averiguación consignada en Juzgado Quinto Penal.

AP-269/14/201. Policía municipal Gustavo Cervantes Rangel. Averiguación consignada en Juzgado Quinto Penal.


2015

AP-158/15/201. Policía municipal Juan Gualberto Jáuregui Ruvalcaba. Averiguación en etapa de integración.

AP-176/15/201. Policía municipal Carlos Domínguez Murillo. Averiguación en integración.

AP-492/15/201. Policía municipal José Iván Hernández Contreras. Averiguación en integración.

10 y 11. AP-495/15/201. Policías municipales Víctor Manuel Inzunza Luna y Janet Cacolan Almeda.  Presuntos responsables procesados: Jorge Javier Castro Aguayo y César Josué Castro Aguayo.

AP-499/15/201. Policía comercial Fidel Armas García. Averiguación en integración.

Ramón Guadalupe Alvarado Brizuela, policía de Tecate. Averiguación previa en integración.


2016

NUC-0204-2016-3749. Policía municipal Carlos Calderón Gutiérrez. Carpeta de investigación en integración.

NUC-0204-2016-13592. Policía municipal Jesús Armando Martínez Escobar. Detenidos: Jovanny Alberto Martínez Castillo y Ricardo Daniel Rivera Pulido, sentenciados el 8 de junio de 2018.

NUC-0204-2016-18373. Policía comercial Eduardo Casas Morales. Detenido: Luis Aguilar Villa, sentenciado el 26 de junio de 2018.

Robín Nolasco Paz, policía de Ensenada. Averiguación previa en integración.

2017

NUC-0204-2017-6505. Custodio penitenciario Julián Jiménez González. Carpeta en integración.

NUC-0204-2017-17738. Agente ministerial Jesús Enrique Andrade Lugo. Detenidos: Celia Beatriz Pérez Aranda y Rafael Morales Reséndiz, juicio oral programado para el 21 de octubre de 2019.

NUC-0204-2017-18432. Policía municipal Sydney Rubén Robles de la Torre. Presunto responsable: Alejandro Pizarro Urquijo. Carpeta en investigación complementaria.

NUC-0204-2017-35820. Policía municipal José Luis López Núñez. Detenidos: Joaquín “N” y Luis Geovanni Gutiérrez Moroyoqui. Se dictó sentencia condenatoria el 17 de junio de 2019.

NUC-0204-2017-53957. Policía municipal Antonio Juvera Ponce. Carpeta en integración.

2018

NUC-0204-2018-5970. Policía municipal Edgar Neftalí Hernández García. Presunto responsable: Juan Luis Borboa Lizárraga “El Peke”, con orden de aprehensión fechada el 30 de mayo de 2019.

NUC 0204-2018-10724. Policía municipal Efraín Hernández Ávalos. Carpeta en integración.

NUC-0204-2018-28229. Policía municipal de Rosarito, Jonathan Arámbula Gutiérrez. Judicializada con detenido y procedimiento abreviado.

NUC- 0204-2018-31373. Policía municipal Edgar Ríos Verdugo. Carpeta judicializada con detenido, con próxima audiencia intermedia.

NUC-0204-2018-34573. Policía municipal Fermín Grajeda Delgado. Carpeta de investigación en integración.

NUC-0204-2018-42862. Policía municipal Ignacio Galindo Hernández. Carpeta de investigación en integración.

NUC-0204-2018-52376. Oficial de la Policía Turística, Joel Huerta Ramírez. Carpeta de investigación en integración.

NUC-0204-2018-55516. Policía municipal César Gallardo Rodríguez. Homicidio calificado. Carpeta judicializada, en etapa intermedia.

2019

31 y 32.NUC-0204-2019-00471. Policías municipales Fidencio Fofueria Rodríguez y Omar Araujo. Carpeta en integración.

NUC-0204-2019-10430. Policía municipal Enrique Gerardo Ramos Talledo. Carpeta de investigación en integración.

NUC-0204-2019-21840. Policía municipal incapacitado Christian Iván Rodríguez Márquez. Carpeta de investigación en integración.

NUC-0204-2019-33217. Policía municipal Jesús Alberto Villanueva Aguiñiga. Carpeta de investigación en integración.

Aguíñiga decidió no irse a su domicilio y dormir en casa de sus parientes, su auto se quedó sin batería y se ignora si esa fue la razón. Pero esas fueron las condiciones que hicieron posible que la mañana del domingo aún estuviera en esa zona de la ciudad. Cuando “El Snow” y “El Parra”  hermanos que tienen control delictivo en esa colonia y son jefes de los dos hombres que habían corrido una noche antes, llegaron a reclamarle a su primo, aunque parezca absurdo, los primeros dichos de testigos aseguran que la razón del pleito a gritos fue que hubieran sacado a los delincuentes del festejo.

Los dos delincuentes  llegaron alrededor de las siete de la mañana del domingo a gritarle al primo de Aguíñiga que “se había pasado de verg…” y le preguntaban por qué había hecho eso.

ALBERTO AGUIÑIGA, MUNICIPAL.

Jesús Alberto se acercó al lugar donde su primo discutía con los narcomenudistas “El Snow” y su hermano, algunos de los testigos indicaron que el afectado lo llamó, en algún momento de la discusión el oficial sacó su arma y la mostró. Al momento que exponía que era mejor que dejaran todo por la paz, que se “tumbaran el rollo” y cada quien se fuera a su casa, los Parra se fueron y mientras lo hacían, amenazaron al policía: “VAN A VER”.

Abandonaron el lugar en una camioneta blanca, un poco más tarde, cuando el agente salió de la casa iba a pie a una tienda de autoservicios en la zona, a la misma hora, testigos vieron que “El Snow”, su hermano y su sobrino regresaron, pero ahora en una Dodge Astro café y se dirigieron con el mismo rumbo que el policía, “iban muy despacio”.

Después se escuchó una ráfaga de balazos, silencio y una segunda ráfaga, luego  “El Snow” y sus parientes salieron a toda velocidad en el auto de la calle Transpeninsular. Tras el ataque, agentes operativos de la Policía Municipal y del GOE, incluso Santana Martínez, el jefe de Inteligencia, llegaron al lugar. Testigos señalaron a los presuntos responsables, pero no pudieron localizarlos.

74 NARCOMANTAS SE ESCONDEN Y NO SE INVESTIGAN

Tras el asesinato de Aguíñiga, integrantes de la tropa de los cuerpos policiacos filtraron el contenido y la foto de una narcomanta como si fuera de reciente exhibición, aunque había sido guindada en el puente de la Central Camionera de Tijuana el 2 de julio de 2018, una de tantas mantas con amenazas y acusaciones que han colgado desde julio de 2017 en contra del subdirector de inteligencia de la Municipal y los integrantes del  GOE.

 “ESTE MENSAJE ES PARA TI SANTANA JEFE DE VAQUITAS, NOMAS NO LLOREN CUANDO LES DEMOS EN LA MADRE SON UNA PUTA POLICIA AMAFIADA Y LA JUEGAN A LOS POLICIAS HONESTOS, UNO NO SE METEN CON GOBIERNO PERO YA ESTAMOS ASTA LA MADRE DE QUE ESTEN LEBANTANDO GENTE INOSENTE Y LA ESTEN DESAPARECIENDO POR ORDENES DEL FLAQUITO Y DEL PENDEJO DE LA RANA TAMBIÉN EL COMANDANTE VARELA DE INTELIGENCIA DE LA MUNICIPAL COLABORA PARA HACER ESAS CORRIENTADAS Y TUS UNIDADES CON LOS SIGUIENTES NÚMEROS  0380, 0639, 1482, 0651, 2871 Y 2831 LAS CUALES SABEMOS ESTAN PRESTANDOSE PARA HACER ESAS PENDEJADAS SE LES EMPESARA A PEGAR EN SU MADRE A LA PRIMERA QUE AGAN”.

“NI LOS PUTOS PLACAS PUEDEN CON NOSOTROS PELEEN COMO HOMBRES NO HANDEN DE JOTOS NO QUE MUY CABRONES BOLA DE PUTOS O LE BAJAN DE HUEVOS O LE PARTIMOS SU MADRE PURA VERGA ESTÁN BLINDADOS Y DE ULE MENOS AVER SI EL PANTEÓN LOS SACAN SUS NARCOJEFES POLICIACOS VENDIDOS BOLA DE RATEROS, SECUESTRADORES”, se lee.

Y sin implicar a Aguíñiga con actividades irregulares, al mismo tiempo integrantes de la tropa  hicieron llegar a ZETA versiones de que “…ALGUNOS GRUPOS DEL GOE ANDAN DE BAJADORES”, quitándole, sin reportar a sus superiores,  droga y dinero a los delincuentes.

HOMICIDIOS COMETIDOS EN AGRAVIO DE POLICÍAS DE TECATE

NUC-0203-2016-01736. Policía municipal activo y miembro del Grupo de Reacción Inmediata, Israel López Gurrola, acribillado el 23 de mayo de 2016. La carpeta del caso se encuentra en investigación.

NUC-0203-2016-04264. Ex jefe del Grupo de Reacción Inmediata en la Policía Municipal, Adán Tafoya Ríos, asesinado el 25 de noviembre de 2016. Carpeta aún en etapa de investigación.

NUC-0203-2017-01516. Oficial municipal activo Abraham Flores Ramírez, ultimado el 8 de abril de 2017. La carpeta se encuentra en investigación.

NUC-0203-2017-01950. Policía municipal activo Aarón Reyes Herrera, asesinado el 3 de mayo de 2017. Carpeta en investigación.

NUC-0203-2017-05181. Policía municipal activo Odín Garcés Mendívil, fallecido el 7 de diciembre de 2017. Su presunto homicida, de nombre Armando Labrador Pérez, fue capturado y está acusado bajo proceso, en espera de juicio oral.

NUC-0203-2019-02512. Agente de la Policía Ministerial del Estado, Luis Arturo Joya Ramírez, asesinado el 20 de julio del 2019. La carpeta se encuentra en investigación.

AGENTES ASESINADOS EN ROSARITO

NUC-0205-2018-03044. Agente municipal Ángel Marín Aguilar. 14 de agosto de 2018. Carpeta en investigación.


2. NUC-0205-2018-04425. Policía municipal Alfredo Duarte Mendoza, 30 de noviembre de 2018. Carpeta en investigación.

Acusan de manera directa a un agente de apellido Madrid y a otro apodado “El Cuervo”.

MUERTES VIOLENTAS DE AGENTES EN ENSENADA

Sergio Octavio Galindo Ramírez. Agente de la entonces Procuraduría General de la República, ultimado el 3 de octubre de 2015. Uno de los presuntos responsables del crimen fue detenido y está bajo proceso.

Sergio Enrique Chavarría Solís. Comandante de la Policía Municipal asesinado el 29 de marzo de 2017. La carpeta se encuentra en investigación.

Nacoa Roberto Gutiérrez Martínez. Agente municipal fallecido el 10 julio de 2017. Carpeta en investigación.

Antonio García García. Comandante de la Policía Municipal muerto el 7 de julio de 2017. Carpeta en investigación.

Raymundo Muñoz Villalobos. Policía ministerial asesinado el 14 julio de 2018. Carpeta en investigación.

Francisco Ibarra González. Jefe del área técnica e investigaciones de la Policía Estatal Preventiva, acribillado el 1 de junio de 2018. Carpeta en investigación.

OFICIALES DESAPARECIDOS

Juan Ramón López Paredes, agente ministerial y Carlos Armando García Ortega, de la Policía Estatal Preventiva, el 10 de mayo de 2014. Carpeta en investigación.

Al respecto, los mandos policiacos consultados indicaron que desconocen quién es “El Cuervo” y que Madrid ya no está en el GOE, como tuvo varios problemas en la calle, lleva algún tiempo asignado a la Academia como instructor. Y en cuanto a Varela, el mencionado en la manta del año pasado, desde agosto de 2018 no es comandante.

La madrugada del lunes 22, día de la conferencia de Sotomayor, en el puente sobre el Bulevar Benítez, a la altura de la Plaza Carrousel, colgaron otra narcomanta, la mandaron hacer con letra de molde, en blanco y negro, y mencionaron al director de la Policía Municipal:

“EL PUEBLO Y GENTE INOCENTE SE RESPETAN JOSÉ LUIS MENDOZA URIARTE `EL GÜERO’ MONGOLO O `GÜERO CHOMPAS’ Y YA DEJA DE MATAR A CALAFIEROS Y GENTE INOCENTE , NO PUEDE CON UNOS MATA INDEFENSOS,  NI CON EL APOYO DE TU PARIENTE EL DIRECTOR DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TIJUANA (01 MARIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ EL DE “LOS TUCANES” AL CUAL CADA MES LE MANDAS LA MOCHILA TE VAS A SEGUIR PELEANDO LA VERGA POR CONSIGUIENTE LA GENTE ESTÁ HARTA DE USTEDES POR MUGROSOS  RECUERDA AQUÍ ES CABRÓN VS CABRÓN”.

Al respecto, Sotomayor declaró: “Ha habido otras carteleras que han subido delincuentes y otros objetivos donde mencionan al cuadro de mandos, tanto el director Mario Martínez como el Capitán Santana tienen toda mi confianza y todo mi respaldo”, y aseguró que estás mantas son intentos de los delincuentes por afectar la imagen de los mandos y la corporación debido a las capturas, decomisos y resultados que están dando.

Cabe señalar que pese a las declaraciones de Sotomayor, la realidad es que el contenido de estas narcomantas y su posible implicación en la imperante inseguridad en la ciudad  no es investigado ni considerado: “Son amenazas y se trata de un delito de querella, lo que significa que si nadie denuncia, no hay justificación legal para investigar” y no se ha hecho, informaron desde la PGJE.

Esto, sumado a la postura establecida por el secretario Marco Sotomayor de ocultar las mantas y su contenido, suma a la impunidad en materia de investigación e inseguridad en la ciudad.

En lo que va de 2019, 74 mantas con amenazas o implicaciones criminales, han sido puestas a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, solo las que han sido colgadas acompañadas de cadáveres, han sido procesadas pericialmente como parte de la investigación de homicidio.

De ese total, cuatro fueron encontradas en los primeros 22 días de julio, y como con las otras 70, la Policía Municipal las ha ocultado. Dos eran exactamente iguales y relacionaban al director de la corporación municipal con la célula delictiva de Los Uriarte.

DOS HIPÓTESIS EN INVESTIGACIÓN DEL HOMICIDIO DE  GUTIÉRREZ EN MEXICALI

De 31 años de edad y originario del Valle de Mexicali, Heriberto Gutiérrez Martínez, agente de la Policía Ministerial del Estado, adscrito al área de Robos Oriente, fue abatido tras recibir siete proyectiles de arma de fuego que golpearon en su espalda. El agresor lo atacó desde un metro de distancia, en un ángulo que hizo imposible una reacción.

Las balas entraron por el cristal lateral trasero del asiento del copiloto, cuando Heriberto estaba a punto de poner en marcha su vehículo Chevrolet de  reciente modelo, color arena, con placas BP79609 de Baja California, las cuales eran sobrepuestas, pues correspondían a un vehículo Toyota, color crema, modelo 1984.Los impactos perforaron el asiento y se incrustaron en puntos vitales del hoy occiso, quien pereció a los pocos minutos.

Según información de testigos que salían de la tienda Walmart, ubicada en el cruce de las vialidades Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos en la colonia Hidalgo, el agente ingresó momentos antes al negocio para realizar algunas compras. Sin embargo, la PGJE no confirmó lo referido.

Los balazos alertaron a consumidores que corrieron para diversos puntos, mientras que los matones aprovecharon la confusión para abordar nuevamente el vehículo Honda color blanco y emprender la huida a gran velocidad para adentrarse en la colonia Hidalgo.

El subprocurador Fernando Ramírez Amador, señaló que el agente de la Policía Ministerial no llevaba arma de cargo ni se le encontró ningún objeto atípico.

Agregó que el uniformado tenía apenas un año y medio en la corporación, pues anteriormente se desempeñaba como enfermero en una clínica del Issstecali. Dentro de sus registros no cuenta con un solo antecedentes, ni de carácter penal, ni administrativo. “Es un agente que con nosotros está limpio”, señaló el funcionario.

Referente a los posibles móviles del atentado, el área de Homicidios Dolosos, explora dos hipótesis:

Aunque inicialmente se creyó que se trataba de un ataque por vínculos con la delincuencia -sobre todo por la forma en que se llevó a cabo el atentado-, no ha podido ser establecido formalmente por ningún lado. Su teléfono fue cotejado y tampoco arrojó ningún nexo ilícito.

La más cercana en este tema es que Heriberto podría haber estado vinculado por un grupo de policías municipales que atracaban camiones de carga en la carretera, lo cual se está explorando, aunque no se ha tenido mucho éxito.

La otra hipótesis es que se trata de un ataque de carácter personal, específicamente por un tema sentimental. Sin embargo, todavía no ha logrado establecerse claramente con indicios, por lo que la Policía Ministerial continúa explorando posibilidades en torno al crimen perpetrado el 21 de julio, en una de las zonas más concurridas de Mexicali.

Sobre si este pudiera ser uno de varios crímenes vinculados, Ramírez Amador señaló que no cuentan con información de esta naturaleza. Esta misma respuesta dio cuando se le preguntó si podría tener nexos con el asesinado de otro agente ministerial en Tecate, o bien, del ataque en agravio de un ex agente ministerial asesinado en compañía de su familia, entre ellos un niño de 9 años.

En este caso, las autoridades han establecido que pudiera tratarse de un cobro monetario de gran cuantía, sobre todo porque en una parte del inmueble fue localizado un compartimiento secreto, el cual se encontraba abierto cuando los uniformados ingresaron al lugar.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/  INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 29 JULIO, 2019 01:00 PM)

MIGUEL CARO QUINTERO, LIBRE Y EN MÉXICO


Hermano de Rafael cumplió condena de 17 años en penal de súper máxima seguridad en Denver, Colorado. Estuvo preso por crimen organizado y conspirar para traficar marihuana. Autoridades mexicanas no le molestaron al ingresar a suelo nacional por la garita de “El Chaparral” el 19 de julio. A una semana de su deportación se desconoce su paradero y si tiene alguna cuenta pendiente con la justicia

Elementos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le acompañaron hasta la línea divisoria y lo entregaron a agentes del Instituto Nacional de Migración.

Los funcionarios del gobierno federal no lo requirieron. Así como llegó después de cumplir una condena en Estados Unidos, Miguel Ángel Caro Quintero salió a territorio mexicano con toda soltura. En libertad. Los oficiales expectantes vieron aquél hombre acelerar el paso para encontrarse con sus familiares que le aguardaban de este lado, hasta que aquél grupo se perdió entre la gente.

Efectivamente, Miguel Ángel Caro Quintero, narcotraficante mexicano que compurgó su sentencia en suelo norteamericano, fue deportado por Tijuana el viernes 19 de julio. Las autoridades de este país no emitieron comentario alguno. De lo que se tiene certeza es que no fue detenido y se desconoce su paradero.

Miguel, hermano del también traficante de drogas, Rafael Caro Quintero, era considerado el líder de una empresa criminal que se conoció en los años noventa como el Cártel de Sonora, con centro de operaciones en la desértica ciudad de Caborca.

De 56 años de edad, en la fecha de su excarcelación, el sinaloense cumplió una sentencia de más de 17 años de cárcel en prisiones de California y Colorado. La última de sus estancias fue en la afamada penitenciaría de súper máxima seguridad ADX Florence, en Denver, a donde horas más tarde de su egreso, fue trasladado el ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Miguel Ángel Caro  fue detenido en diciembre de 2001 en Los Mochis por agentes federales de investigación, dependientes de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes le cumplimentaron una orden de detención provisional con fines de extradición dictada por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.

El día de su captura, Caro Quintero conducía una camioneta Chevrolet color gris modelo 2000 y al momento de su aseguramiento se le encontró una pistola calibre 38 Súper. Le acompañaba un sujeto de nombre Elieder “N”.

La PGR dio cuenta que los antecedes de los procesos seguidos en los Estados Unidos para el Distrito de Arizona señalaban que de 1982 a 1986, Miguel Caro, junto a su hermano Rafael y 27 miembros de la organización, exportaban marihuana y cocaína para un sujeto de nombre Michael Hooks, en ese país.

La droga era almacenada en territorio estadounidense y posteriormente comercializada a traficantes de Arizona y Colorado, utilizando para ello sistemas de vuelos clandestinos y transportes terrestres. Agentes encubiertos de la DEA negociaron con Miguel, con el fin de establecer diversas pistas de aterrizaje clandestinas en los Estados Unidos.

Luego de estar un tiempo en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Miguel Ángel Caro Quintero fue trasladado al Cefereso 3 de Matamoros, Tamaulipas, de donde el 25 de febrero de 2009 fue extraditado a los Estados Unidos.

Desde las etapas preliminares, el mexicano se declaró culpable de los cargos y colaboró con las autoridades norteamericanas para que le impusieran una condena reducida de 17 años por una Corte Federal de Denver, Colorado, a cambio de información sobre la operación del llamado Cártel de Sonora y lo que supiese de miembros del Cártel de Sinaloa y otras organizaciones.

Los cargos de Miguel por los que fue sentenciado son crimen organizado en Colorado y conspiración para traficar marihuana en Arizona. Durante su última etapa de internamiento compartió cárcel, aunque no dormitorio, con los afamados traficantes mexicanos Osiel Cárdenas Guillén del Cártel del Golfo, y Javier Arellano Félix “El Tigrillo” del Cártel de Tijuana, en el penal conocido como la “Alcatraz de las Rocosas”.

Antes, en México, fue detenido el 18 de enero de 1992 en El Altar, Sonora, cuando agentes federales le interceptaron a bordo de una camioneta portando una pistola escuadra calibre 9 milímetros en compañía de un sujeto de nombre Flaviano “N”. Al hermano menor de Rafael le buscaban por delitos contra la salud que habría cometido en Zacatecas y Sonora en las modalidades de siembra y cultivo de marihuana en sociedad con un narcotraficante llamado Guillermo Soltero.

Pese a que desde ese entonces se aseguraba que tenía diversas órdenes de aprehensión y ya era recamado por el gobierno de los Estados Unidos de América, Miguel Ángel recuperó su libertad al poco tiempo, hasta que fue nuevamente capturado en 2001 a petición de los norteamericanos. En México se dijo que sería juzgado por operaciones con recursos de procedencia ilícita y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pero no fue condenado.

Su extradición fue acordada por la Secretaría de Relaciones Exteriores el 25 de noviembre de 2002, pero la entrega no se materializó por el proceso penal pendiente en suelo nacional. Posteriormente, la defensa interpuso una serie de amparos y el tiempo se extendió hasta inicios de 2009 cuando se consumó la extradición internacional.

Rafael Caro Quintero, el hermano de Miguel, se encuentra prófugo después de que fue liberado por un error judicial el 9 de agosto de 2013 en el juicio del secuestro y homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar y el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, por el que se le impuso una pena de 40 años de prisión, de los cuales quedaron 12 por cumplir.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / LUIS CARLOS SÁINZ /LUNES, 29 JULIO, 2019 01:00 PM)

EL CRIMEN DE LA LIBERTAD


Por la desaparición de un carro con droga, “El Pedrín” ordenó el asesinato de la familia Ledezma en la colonia Libertad de Tijuana; el presunto responsable del delito entre criminales fue el único que sobrevivió al ataque. En el Hongo, delegación de Tecate, el agente Rafael Valenzuela fue asesinado con la misma AK-47 que mataron a “El Puma”, ex líder de sicarios del CJNG

Familia reunida para conmemorar la vida y muerte de una abuela y el cumpleaños de un joven, fue acribillada en la colonia Libertad de Tijuana por un robo de droga. El criminal que encontró y se quedó con una carga de enervante que “no era de su propiedad” sobrevivió al ataque e intentó culpar a las malas compañías de su sobrina política de la balacera.

“Yo creo el incidente fue en contra de `Lalo’ (Mario Eduardo Alonso Carrillo, asesinado en la escena), novio de la sobrina (Lourdes Martínez, también acribillada el 26 de julio) de mi esposa”, dijo primero el sobreviviente, de nombre Fernando Zúñiga “El Pina”.

“Mario alias `El Cuate’, ex novio de mi sobrina, con él tuvimos problemas (hace dos años), lo corrimos y dijo que iba a valer madres”, comentó después.

“Hace cinco años mataron a mi hermano, andaba en malos pasos vendiendo droga”, manifestó a manera de buscar más culpables.

Era viernes 26 de julio cuando parientes radicados en México y otros con residencia en Estados Unidos se habían reunido en la colonia Libertad. El dueño de la casa,

Fernando Zúñiga, dijo que para festejar el cumpleaños de su hijo “Richie”, por lo cual iniciaron a las tres de la tarde.

Otros de los participantes refirió que estaban en el lugar para conmemorar el  aniversario luctuoso “de una de las abuelas”, incluso afirmaron que temprano fueron al panteón a visitar la tumba.

En Tijuana, mil 333 personas ha sido privadas de la vida en el transcurso de 2019. Julio cerró con 233 ejecutados, superando al mes anterior, cuya cifra llegó a 217 homicidios, según estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

La casa que horas más tarde se convirtió en escena del crimen, está ubicada en el número 12776 del cañón Emiliano Zapata de la colonia Libertad, Delegación Otay. Es el domicilio de la familia Zúñiga Ledezma y fue identificada por los vecinos como un punto de venta de droga, “Mucha gente entraba y salía”, “El señor dizque tenía un taller mecánico pero no trabajaba”, “Esa familia no hacía ronda con los vecinos”, son algunos de los testimonios.

Además, antes del 15 de marzo de 2013, fecha en que fue capturado, esa casa era uno de los tantos puntos de droga en los cuales Melvin Gutiérrez Quiroz “El Melvin”, sentenciado a 25 años de prisión, cobraba cuotas.

El viernes 26 de julio de 2019, la mayor parte de la familia estaba reunida en un patio colmado de basura donde colocaron sillas plegables. Pasadas las nueve de la noche, en ese espacio de la propiedad estaban Fernando Zúñiga Ulloa “El Pina”, su mujer María Johana Ledezma y los hijos de ambos, Jazmín y Ricardo Zúñiga Ledezma, todos  hacían de anfitriones. Los acompañaban María León de Lourdes Martínez (sobrina), Mario Eduardo Alonso Carillo (novio de la sobrina) y María Guadalupe Ledezma, cuñada del propietario.

Dentro de la casa o en la calle, estaban también dos niños, otros dos familiares varones y una mujer que viven en California, Estados Unidos, quienes no fueron agredidos.

Aproximadamente a las diez de la noche, todos los que estaban en el patio fueron baleados por dos sicarios y los siete cayeron, pero no todos murieron en el lugar. Al ataque únicamente sobrevivieron la cuñada María Guadalupe, quien después falleció en el hospital, y “El Pina”, cuyas heridas no pusieron en peligro su vida.

De acuerdo a versiones de testigos, los asesinos llegaron en un auto Lincoln color blanco que era conducido por un hombre de mediana edad que no llevaba la cara cubierta y usaba anteojos. Se paró frente al domicilio y del auto descendieron dos hombres encapuchados con rifles del tipo R-15, se plantaron frente a las víctimas y sin más descargaron sus armas, después vieron a una familia en la casa de enfrente, caminaron hacia ellos unos pasos para regresar, subir al auto y huir.

En la escena los peritos encontraron 18 casquillos calibre 223. La joven hija del “Pina”, Jazmín, yacía en el piso boca arriba, a escasos centímetros, cerca de su cabeza los pies de su hermano, quien cumplía años. Ricardo también quedó tendido con la cara hacia el cielo, a un lado del joven su madre Johana en similar posición. A su costado derecho,  dos más sentados, primero Eduardo Alonso Carrillo y a su lado derecho, más al fondo, Lourdes Martínez (sobrina de la dueña de la casa). Entre otras heridas, todos -menos Ricardo-  presentaban tiros en la cabeza.

Dos charcos de sangre más fueron revisados por los peritos, estaban justo entre la entrada a la casa y los cinco cadáveres. Uno correspondía a Guadalupe Ledezma, quien murió en el hospital, y otro al sobreviviente Fernando Zúñiga Ulloa.

En la escena, “El Pina” aseguró que estaba de espaldas a la entrada y no vio llegar a los atacantes, lo hirieron de manera inmediata y por eso cayó al piso y no pudo reconocerlos.

VÍCTIMAS CON ANTECEDENTES

En conferencia de prensa el lunes 29 de julio, el secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Marco Sotomayor, dijo a representantes de los medios de comunicación que los homicidios de la colonia Libertad eran consecuencia de un pleito entre grupos criminales.

Agente Jesús Rafael Valenzuela Chávez fue atacado por comando afuera de oficinas de la PGJE en el Hongo.

“La gran mayoría de los muertos eran familiares, algunos de los que estaban en el lugar tienen antecedentes penales por temas de narcomenudeo, robo de vehículos. Sin embargo, familiares de estas personas no tenían antecedentes penales y desafortunadamente fueron privados de la vida”, expuso.

Tras una consulta a las bases de información, resultó que solo dos tienen historial delictivo. El fallecido Eduardo Alonso Carrillo, de 41 años de edad, quien recibió más heridas -cinco en total-, tenía tres averiguaciones previas en su contra: la 256-14-220 por daños en propiedad ajena; 4392-06-200 por portación de arma prohibida y 544-14-211 por violencia familiar.

El sobreviviente, Fernando Zúñiga Ulloa, de 31 años, fue investigado en dos carpetas: la 2833-12-203 por portación de armas y 7-03-205 por robo de vehículo.

DROGA ROBADA     

Pese a que “El Pina” no recibió heridas mortales y es considerado un delincuente menor por parte de las autoridades, los investigadores no dieron por cierta -pero la incluyeron en la carpeta- su versión de que Mario Eduardo Alonso Carrillo era el objetivo del ataque.

De hecho, las versiones de otros  testigos y familiares iniciaron una segunda hipótesis que se está investigando como línea principal.

Aunque no definieron si lo robaron, lo encontraron o se los llevaron, los testigos hablaron de un vehículo con droga, e indicaron que Fernando Zúñiga les hizo saber que él y su socio delictivo al que solo identificaron como “El Gordo” lo tenían en posesión días atrás y estaban buscando donde esconderlo.

Incluso sin pedir permiso decidieron meterlo al patio del tío de uno de ellos, un hombre que tiene trabajo honesto en Estados Unidos y se la pasa toda la semana del otro lado de la franja fronteriza. Cuando regresó y encontró el carro en su propiedad, les ordenó que lo sacaran.

Lo que sucedió después con el auto y su presunto cargamento de droga forma parte de las investigaciones.

El segundo dato que están corroborando es la identidad del dueño de la mercancía ilegal de quien sabían, andaba buscando a los responsables de su pérdida. De inicio el criminal dueño de la droga y jefe de los matones fue identificado únicamente como “El Pedro” y/o “El Pedrín” y su segundo, “El Furcio”.

MINISTERIAL ASESINADO CON MISMA ARMA QUE MATARON A SICARIO DEL CJNG; FUE “ATAQUE DIRECTO”

El lunes 29 de julio, como todos los días, los agentes Jesús Rafael Valenzuela Chávez y Edgar Ibarra firmaron en una de las instalaciones centrales de la Subprocuraduría en Tecate y salieron en la única patrulla 4×4 que tiene la corporación en ese municipio. Se dirigieron a las oficinas en El Hongo, donde el primero se desempeñaba como agente investigador contra el delito de robo y el segundo como responsable de la Unidad de Trámite Masivo de Casos. Solo ellos dos y una mujer que es personal de apoyo usan las oficinas ubicadas en la calle Jalisco, a la altura del Ejido Baja California en el poblado Luis Echeverría Álvarez, pero ella tenía licencia médica.

Cámaras ubicadas en la misma calle de la Subprocuraduría y en otra paralela videograbaron a los dos carros que se usaron en el operativo criminal. Filmaron al Chevrolet Saturn guinda que pasó en varias ocasiones frente a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado

INVESTIGAN HOMICIDIO PRESUNTAMENTE ENCUBIERTO POR PEP

Que en el Ministerio Público “están pidiendo dinero para arreglar el expediente” y que los agentes de la Policía Estatal Preventiva involucrados “están ofreciendo dinero para que los exculpen”. Ambas versiones se refieren al incidente reportado el 23 de julio de 2019, cuando la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California reportó que a las dos de la mañana, atendiendo una denuncia en un domicilio  en la Carretera Vieja a Tecate, frente al fraccionamiento Margarita Residencial, elementos de la corporación fueron recibido a balazos por José Miguel Morales Torres, de 26 años y lo abatieron.

Sin embargo, el cadáver de Morales estaba desnudo, a un lado localizaron un rifle que no había sido percutido. A lo que se suma la versión de la esposa de la víctima, quien asegura que ella estaba en la cama con el occiso cuando los uniformados abrieron la puerta de su casa a la fuerza y fueron sorprendidos por tres elementos que los separaron. Vio cómo uno de los oficiales llevaba encañonado a su esposo, luego se escuchó el primer disparo, seguido de un segundo tiro.

Los primeros indicios indican que el primer disparo se le escapó por negligencia al oficial, disparando a quemarropa en un costado de Morales; en la herida quedó un tatuaje que indica la cercanía del arma y que hubo un segundo tiro para tratar de encubrir el error y pretender que la víctima los atacó y se defendieron.

Julio César Sánchez García es el nombre del agente involucrado y fue recientemente nombrado comandante operativo en Tijuana. Ex militar, cuenta con la simpatía de la tropa  y hasta la fecha registraba antecedentes negativos.

VERSIÓN SSPE

Con relación al citado incidente, mandos de la corporación estatal negaron de manera rotunda que se trató de algún disparo accidental; se debió a una respuesta a una agresión previa en contra de los oficiales, orillando a uno de ellos a disparar para defenderse del ataque.

De igual forma, se afirmó que hay completa coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado para trabajar en conjunto y esclarecer los hechos.

y después se estacionó a unos metros para esperar la llegada de los agentes. También grabaron la camioneta Cherokee que los siguió, esta pasó dos veces más por la ruta usada por los oficiales.

Los matones esperaron que el pick-up diera la vuelta en “u” y se estacionara frente a las pequeñas instalaciones de la fiscalía, lo que sucedió poco antes de las 10:30 am. Valenzuela Chávez, quien conducía, bajó con las llaves del auto en una mano y un termo con agua en la otra. Del lado del copiloto, Ibarra alcanzó a tomar su arma.

Los homicidas echaron a andar el auto hacia donde estaban los ministeriales y al mismo tiempo les disparaban. Valenzuela no tuvo oportunidad y cayó inmediatamente. Ibarra, herido en un pie, corrió disparando y se resguardó a un costado de las oficinas. En ese momento hizo la llamada a su base para notificar el ataque. Cuando el auto de los asesinos quedó frente a la patrulla, salió y volvió a dispararles antes de que los matones huyeran con rumbo a La Rumorosa.

A partir de la llamada de auxilio, por la distancia la ayuda tardó 40 minutos en llegar, y fueron agentes de la Policía Ministerial. La Municipal llegó 20 minutos después y, más tarde,  personal del Ejército y de la Policía Estatal Preventiva hicieron recorrido por varias horas en brechas, del lado americano también hubo apoyo, pero no se detuvo a nadie.

De acuerdo a su expediente, pese a ser “bronco” para realizar su trabajo, bien y con resultados, Valenzuela no tenía ni denuncias ni antecedentes  en su contra. Las primeras hipótesis tras el crimen fueron que el ataque provenía del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), porque dada su actividad, ha sido el cártel al que más criminales les han detenido en fechas recientes, además de que tienen una pugna interna por el control de la zona rural de Tecate.

Sin embargo, después que el reporte balístico revelara que el arma AK-47 usada para quitarle la vida al ministerial fue la misma con la que el 27 de febrero asesinaron en El Hongo a José Jovany Ortiz Covarrubias “El Puma”, ex líder de sicarios del CJNG en Tecate, se abrió otra línea de investigación.

En la fiscalía estatal les resulta difícil creer que  los del CJNG, encabezados por Danny Isaac Ortiz Covarrubias `El Moreno´ o su gente, tengan el arma con la que mataron a su hermano, aunque no podemos descartarlo, pero también estamos investigando la posible participación de los operadores de Sinaloa como Aarón Carrasco Palomares.

Investigan a los responsables de la muerte del “Puma”, presuntamente asesinado por haber matado a la esposa, el cuñado y el hijo de José Humberto Acosta Gallegos “El Güero Leches”.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 5 AGOSTO, 2019 01:00 PM)

REPORTAN 11 HOMICIDIOS EN LAS ÚLTIMAS HORAS EN TIJUANA


Cifras de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, refieren que en lo que va de agosto 29 personas han sido privadas de la vida; por lo que la estadística de homicidios dolosos se eleva a mil 360 durante el año.

Aquí los últimos hechos violentos registrados ayer domingo y las primeras horas de este lunes.

Ayer domingo 4,  dos hombres perecieron en el Hospital General por las heridas propinadas con arma punzocortante, el primero un desconocido de 40 años quien fue agredido en la colonia El Rubí. El segundo respondía al nombre de Miguel Ángel Flores Hernández de 45 años.

Con lesiones por proyectil de arma de fuego en la cabeza, fue localizado el cadáver de un hombre de 40 años sobre el camino vecinal del bulevar García en el Fraccionamiento Natura. En la escena del crimen se localizaron 4 casquillos calibre 9mm.

Con un golpe contuso en la cabeza fue encontrado muerto César Castillo de la Cruz, de 19 años, en  un barranco a la altura de la calle Laura Méndez de la colonia Palmeras.

Cuando iba a bordo de una motocicleta sobre la avenida Murúa Martínez en la colonia Campestre Murúa fue asesinado de al menos cinco tiros, un desconocido de 40 años. Los presuntos responsables iban en un vehículo tipo sedán, color negro.  En el lugar fueron embalados cinco casquillos calibre .40.

En el interior de una camioneta Nissan X-Terra fue ejecutado de un tiro, Francisco Javier Madero Osuna, de 32 años, en Avenida del Prado en la colonia Villa del Prado.

Esta madrugada de lunes 5 de agosto, tres cuerpos sin vida, maniatados y con huellas de violencia, fueron localizados en un basurero a la altura de la calle Acueducto de la colonia La Morita.

Un cadáver envuelto en una cobija fue hallado sobre el bulevar Terán Terán por la Vía Rápida Alamar.

Por último, un masculino de aproximadamente 30 años, fue asesinado a balazos en las inmediaciones de la colonia Villas del Prado.

No se reportan personas detenidas en relaciones a los hechos.

(SEMANARIO ZETA/ Destacados  /Redacción Zeta/ lunes, 5 agosto, 2019 02:40 PM)



IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO PIDE AMPAROS


En Juzgados de Guadalajara pide protección contra bloqueo de cuentas bancarias

Por lo menos tres juicios de amparo se iniciaron en juzgados federales del estado de Jalisco por parte de asociaciones religiosas relacionadas con la Iglesia de La Luz del Mundo en contra del bloqueo y congelamiento de cuentas bancarias.

Un primer asunto fue radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa promovido por la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo, A.R.

Otra demanda fue presentada ante el Juzgado Quinto de Distrito en la misma materia en Zapopan, Jalisco, por la apoderada de jurisdicción de la misma asociación religiosa en contra del bloqueo de cuentas en los bancos BBVA Bancomer, Santander y Grupo Value, casa de bolsa.

Un tercer amparo fue solicitado del Juzgado Octavo de Distrito del ramo en favor de la Fraternidad Levítica, A.R., en contra del mismo acto reclamado: bloqueo de cuentas en banco Santander y GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V.

Las demandas presentadas por personas diversas fueron admitidas, se convirtieron en juicios de amparo y se señalaron fechas para la audiencia constitucional en fechas 29 de agosto, 2 de septiembrey 22 de agosto, respectivamente.

Los jueces que conocen de los juicios de derechos fundamentales ya solicitaron los informes previo y justificado a las autoridades señaladas como responsables, que son funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda; Comisión Bancaria y de Valores (CNBV); y otras más.

En uno de los juicios de amparo se señala como abogados a José Luis Nassar, padre e hijo, quienes representaron legalmente al ex futbolista Rafael Márquez cuando autoridades ministeriales ordenaron el bloqueo de sus cuentas bancarias hace un par de años.

Las acciones de la asociación religiosa se presentaron a unos días de que se lleve a cabo al Santa Convocación de La Luz del Mundo que recibe al oriente de la ciudad de Guadalajara a miles de fieles de todo el orbe.

Hasta el momento se desconoce sí están o no bloqueadas las cuentas bancarias de la referida congregación, lo que será aclarado en los informes de las autoridades responsables, entre ellas los bancos antes nombrados.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADAS BCS / REDACCIÓN ZETA/ LUNES, 5 AGOSTO, 2019 05:30 AM)

SHCP CONGELA CUENTAS DE ROSARIO ROBLES Y EMILIO ZEBADÚA


La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de María del Rosario Robles Berlanga y de Emilio Zebadúa González, por el posible desvío de recursos públicos durante su gestión como titular y oficial mayor, respectivamente, de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Apenas la semana pasada, Santiago Nieto Castillo, el titular de la UIF, dio a conocer que ya habían sido bloqueadas las cuentas de seis ex funcionarios presuntamente involucrados en este presunto desvío de recursos públicos, que según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), podría ascender a 7 mil 670 millones de pesos.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo, además, que cuentan con información de 124 objetivos “donde se ha encontrado que 50 empresas incurrieron en lavado de dinero a través de la característica de fachada”.

La ASF documentó, por su parte, que el Gobierno de Enrique Peña Nieto entregó a una red de cerca de 130 empresas -de las cuales por lo menos un centenar eran “fantasmas”-, contratos por más de 7 mil 500 millones de pesos.

El pasado 31 de julio, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México suspendió, por el momento, cualquier orden de aprehensión que pudiera haber sido girada en los últimos días -a petición de la Fiscalía General de la República (FGR)-, para vincular a proceso a Robles Berlanga.

El juzgador de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo presentada un día antes, y fijó para Robles Berlanga una garantía de 69 mil 500 pesos. Asimismo, giró oficios a la FGR y a diversos jueces federales, requiriéndoles que rindan sus informes previos y justificados.

Vargas Alarcón pidió a sus homólogos que especifiquen si existe la orden de aprehensión contra la ex titular de la Sedesol y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

El juez de Distrito fijó, además, para el próximo 6 de agosto, la audiencia incidental en la que determinará si concede o no la suspensión definitiva a Robles Berlanga, quien está citada para el próximo 8 de agosto, a las 11:00 horas, al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.

Ello para una audiencia inicial donde Robles Berlanga podría ser imputada por el delito de ejercicio indebido del servicio público, derivado del caso de la llamada “Estafa Maestra”, mismo que no amerita la prisión preventiva oficiosa, por lo que la ex funcionaria federal podría llevar su proceso en libertad.

“Lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva. Cabe hacer la aclaración que la medida cautelar que se concede, no surtirá efecto legal alguno si se trata de actos posteriores a la concesión de esta medida, o bien, si se le sorprende en flagrante delito o se trate de caso urgente, en términos del artículo 16 párrafo quinto de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos”, señaló el juez.

El juzgador indicó, también, que la medida dejará de surtir efectos si Robles Berlanga no exhibe dentro del plazo de cinco días, los 69 mil 500 pesos de garantía, “cantidad que se fija de manera discrecional por el suscrito” Vargas Alarcón.

“Ya que por el momento no existen bases para considerar los requisitos que precisa el numeral 168, de la ley reglamentaria; en la inteligencia que dicha garantía podrá ser modificada al resolver acerca de la suspensión definitiva”, detalla el acuerdo del juez de Distrito.

Julio Hernández Barros, abogado defensor de Robles Berlanga, había solicitado el amparo contra la orden de aprehensión, la orden de comparecencia y la ejecución de ambos actos. Sin embargo, el juez sólo concedió la suspensión de manera parcial “para el efecto de que no sea presentada por conducto de la fuerza pública ante las autoridades responsables ordenadoras”.

El 30 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no será tapadera de nadie” en el caso de la vinculación a proceso contra Robles Berlanga por el supuesto delito de ejercicio indebido del servicio público, relacionado con la llamada “Estafa Maestra”.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional se refirió a la solicitud que hizo la FGR para vincular a proceso a Robles Berlanga, ex titular de Sedesol y Sedatu, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Puntualmente tres cosas: Uno: cero corrupción, y agrego, cero impunidad. Dos: no solapar actos de corrupción, no somos tapadera. Tres: se está apoyando a la Fiscalía General en todo lo que nos solicite, porque la Fiscalía es la que tiene abiertas las investigaciones en este caso”, indicó López Obrador.

“Y todos los informes que tienen que ver con datos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, hay una instrucción precisa a Santiago Nieto [Castillo] de que se entregue toda la información y la Fiscalía va a resolver: no hay impunidad para nadie, entonces hay que esperar nada más que concluyan las investigaciones y los procesos legales”, abundó el presidente.

El político tabasqueño agregó que la FGR está realizando una investigación amplia, “sin limitaciones”, en este caso. “Tengo la información de que se retomó esta investigación y se amplió, que es lo que está haciendo la Fiscalía”, comentó.

El titular del Poder Ejecutivo Federal fue cuestionado sobre si su Gobierno presentará denuncias contra otros exfuncionarios públicos que pudieran haberse involucrado en el caso de la “Estafa Maestra”

“No sé exactamente pero como se dice en estos casos, lo que resulte de la investigación, sin límites, todos los que están implicados serán llamados a declarar, ese es el procedimiento y de esa forma van saliendo hipótesis y se siguen las investigaciones, para que haya justicia y se tome en cuenta a todos los implicados, que no haya haya corrupción”, explicó López Obrador.

“Pero eso corresponde a la Fiscalía y nosotros a aportar toda la información que nos soliciten sobre esto”, concluyó el presidente de la República.

ACUSA ROBLES VIOLACIÓN A SUS DERECHOS Y AL DEBIDO PROCESO

Robles Berlanga aseguró que la acusación de la FGR en su contra es una flagrante violación a sus derechos y al debido proceso, por la forma en que se dio a conocer a través de los medios de comunicación, aunque que la ex funcionaria federal afirmó que “dará la cara”.

Al respecto, en una tarjeta que difundió en su cuenta de la red social Twitter, Robles Berlanga dijo que el citatorio para comparecer ante el juez el próximo jueves 8 de agosto a las 11:00 horas en el Reclusorio Sur, no se establecen ni las causas ni los hechos que se le imputan, “minando con ello mi capacidad de defensa”.

“Es inconcebible que se le haya dado a conocer a la opinión pública lo que no se me comunicó a mí. Cabe mencionar que en todo este proceso jamás he tenido la oportunidad de defenderme, no he sido requerida para comparecer ante la Fiscalía ni acceso a ninguna carpeta de investigación”, detalló Robles Berlanga.

La ex funcionaria federal aseguró que, “como siempre”, actuará con absoluto respeto a la ley y a las autoridades judiciales. “Siempre he dado la cara y lo seguiré haciendo, con la debida salvaguarda de mis derechos”, apuntó.

La ex secretaria de Desarrollo Social fue citada por la FGR, pero se enteró por los medios de comunicación, y no por las autoridades, aseguró ayer martes su abogado defensor, Julio Hernández Barros.

“Creemos que han sido vulnerados sus derechos humanos. Nunca fue citada por la Fiscalía. No ha sido oída o mencionada en una carpeta de investigación. Se ha hecho a escondidas, sin ninguna transparencia. Contraviene al sistema de justicia penal donde el fiscal [Alejandro Gertz Manero] fue partícipe, actuando en contra de sus propias propuestas. Todo esto se hace con un verdadero y flagrante violación de sus derechos humanos”, aseguró el litigante en entrevista para el Grupo Fórmula.

Hernández Barros detalló que Robles Berlanga se enteró de lo ocurrido por los medios de comunicación y señaló que no saben cuál es el hecho por el que se mandó a llamar a la ex funcionaria federal ante las autoridades.

“Nos enteramos por los medios de comunicación. No fuimos nunca enterados por la Fiscalía. Incluso en el citatorio donde se le llama a Rosario, no se hace relación de los hechos que se le imputan. La Fiscalía comunicó mejor a la opinión pública las cuestiones que debería habernos comunicado a nosotros, sin darnos la oportunidad de defendernos, de presentar pruebas”, comentó Hernández Barros.

“[Robles Berlanga] Se presentará el 8 de agosto. Rosario es inocente, no ha cometido ninguna falta; tiene una conducta apegada a derecho, no ha participado en ningún acto contrario a las leyes”, puntualizó el abogado defensor.

La FGR busca vincular a proceso a Robles Berlanga por el delito de ejercicio indebido del servicio público, el cual no amerita prisión preventiva oficiosa. El 25 de julio la Fiscalía realizó la petición para celebrar la audiencia inicial para formular la imputación y vinculación a proceso contra la ex titular de la Sedesol y Sedatu.

Ello ante el juez de control en turno del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur en la Ciudad de México. Según el diario Reforma, el juzgador citó a Robles Berlanga para comparecer el próximo 8 de agosto, a las 11:00 horas.

Sin abundar en mayores detalles, Milenio mencionó la posibilidad de que los delitos que se le pretenden imputar a la mujer de 63 años de edad se relacionen con el ejercicio de los recursos públicos de la llamada “Cruzada Nacional Contra el Hambre”, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, misma que se creó para acabar con la pobreza alimentaria en México.

Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador evaluó que en 2017 dicho programa social sólo atendió al 0.1 por ciento de la población en situación vulnerable.

“Por medio de la presente solicito de la manera más atenta se me señale fecha y hora para la celebración de Audiencia Inicial para Formular imputación y vinculación a Proceso, en contra de la C. María del Rosario “N”, por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público (Artículo 214 fracción III del Código Penal Federal)”, dice la solicitud de audiencia inicial para imputación y vinculación.

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la FGR deberá demostrar que existen elementos que permitan iniciar un juicio contra la ex funcionaria federal.

El documento es la solicitud de audiencia para formular la imputación y vinculación a proceso, que forma parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018, en la que se tiene en calidad de víctima indirecta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien presentó la denuncia en contra de Robles Berlanga en el 2018.

La FGR solicitó al juez de control en turno del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Sur que le designe a Robles Berlanga un defensor público federal, en caso de que la ex funcionario federal no cuente con abogados privados.

En mayo de 2019, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó en conferencia de prensa que la investigación contra Robles Berlanga se iba a reestructurar, debido a que se provocó un daño al erario de 5 mil 875 millones de pesos.

El 16 de octubre del 2018, siendo aún titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Federal, Robles Berlanga compareció en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, como parte de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno de Peña Nieto.

Pero también para que explique las triangulaciones y desvíos de recursos, por medio de empresas fantasma, en contrataciones de la dependencia y cuando estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social.

La entonces funcionaria aseguró que los señalamientos de los diputados federales se trata de “violencia política de género”, y que ha sido señalada por medios, actores políticos, así como por la ASF por “machismo”, institución que, dijo, no la imputa a ella como persona, sino a las instituciones de las que fue titular.

“¿Dónde están los 7 mil millones de la Estafa Maestra?” y “Estafa Maestra, graduados en desaparecer dinero público”, se leía en mantas que portaban los legisladores mientras la funcionaria federal comparecía en tribuna.

Algunos diputados demandaron, incluso, cancelar la comparecencia ante lo que llamaron “cinismo” de Robles Berlanga, quien primero culpó a las universidades públicas de los presuntos desvíos, pero después se retractó y dijo que confiaba en estas.

“Quiero ser clara, a la Sedatu y Sedesol como instituciones les corresponde establecer convenios con universidades no les compete investigar lo que las universidades realizan, porque son autónomas y son responsables de ello”, dijo Robles Berlanga, para luego afirmar que ambas dependencias no contrataron con ninguna empresa y no hay un solo contrato suscrito con éstas, mucho menos “fantasma”.

“No hay elementos de pruebas que las empresas, que hayan participado por el trabajo de las universidades, hayan sido contratadas por estas instituciones”, afirmó Robles Berlanga, para luego abundar que ha sido la más abierta a que el tema se investigue por las instancias competentes, como la entonces Procuraduría General de la República (PGR), de la ASF, así como de la SFP.

En su discurso inicial, Robles Berlanga afirmó, entre otros temas, que se realizaron más de 6 millones de acciones de vivienda por parte del sector público para beneficiar a 4.4 millones de hogares. Además, señaló que tres de cada 10 créditos para viviendas ha sido para jóvenes menores de 30 años y cuatro de cada 10 son para mujeres.

EL DESFALCO EN LA SEDATU Y SEDESOL LIGADO A “LA ESTAFA MAESTRA”

La entonces titular de la Sedatu -en la que estuvo al frente desde el 27 de agosto de 2015-, provocó un quebranto patrimonial en dicha dependencia Federal por 3 mil 855 millones de pesos, al desviarlos de recursos del Programa de Infraestructura al pago de convenios con universidades, programas sectoriales y cuentas bancarias aún sin identificar, esto según datos de la ASF.

Además, el diario Reforma informó que durante la titularidad de Robles Berlanga ​en la Secretaría de Desarrollo Social -del 1 de diciembre de 2012 al 27 de agosto de 2015- y ahora en la Sedatu del Gobierno Federal, se desviaron mil 311 millones de pesos a través de pagos a empresas simuladas o “fantasmas”.

Esto según lo detectó la ASF en tres auditorias forenses realizadas a los recursos ejercidos en 2014 y 2015. Parte de ese dinero fue transferido a Monex y a CI Banco, de donde se dispersó a cuentas domiciliadas en distintos países, entre ellos: China, Ecuador, Bélgica, Israel, Estados Unidos, Corea del Sur, y Pakistán.

En el caso de la Sedesol, el desvío se hizo mediante la contratación de Radio y Televisión de Hidalgo, cuyo convenio y contratos se firmaron en marzo, mayo y septiembre de 2014, así como en enero y febrero de 2015. En tanto, el convenio y contratos de la Sedatu con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y Televisora de Hermosillo, fueron firmados en julio, septiembre y octubre de 2015.

La ASF señaló que la Sedesol y la Sedatu del Gobierno Federal firmaron convenios con dichas entidades para eludir los requisitos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los institutos a su vez subcontrataron a 84 proveedores, de los cuales al menos 13 resultaron ser empresas fantasmas, a las que, en algunos casos, les encargaron parte de los trabajos solicitados por las dependencias.

En septiembre del 2017, la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) y el portal informativo Animal Político, publicaron una extensa investigación que titularon: “La Estafa Maestra”, en la cual detallaron cómo el Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto, realizó un gran fraude entre los años 2013 y 2014.

En los presuntos hechos delictivos están involucrados más de 50 funcionarios de 11 dependencias federales -entre ellas la Sedesol con Rosario Robles al frente-, mismas que pagaron 7 mil 670 mdp en contratos ilegales a ocho universidades públicas, que a su vez triangularon el dinero a 186 empresas, muchas de estas “fantasma” o irregulares, según la revisión de las cuentas públicas 2013 y 2014 que realizaron los investigadores.

LA ACUSACIÓN CONTRA EMILIO ZEBADÚA

La Secretaría de la Función Pública (SFP) denunció a Emilio Zebadúa González -Oficial Mayor de la Sedesol) y la Sedatu, durante la titularidad de Robles Berlanga- ante la FGR, por enriquecimiento ilícito, al no poder comprobar el origen de 13.2 millones de pesos, según concluyó en la Verificación Patrimonial VP/026/2018.

Según el diario Reforma, la investigación de la SFP inició el 1 de julio del año pasado, pero antes de que terminara el sexenio de Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) detuvo la denuncia alegando fallas legales.

Después, el 3 de julio del 2018, el entonces funcionario federal fue citado para hacer sus aclaraciones sobre las presuntas incongruencias determinadas en su patrimonio y ofrecer las pruebas correspondientes.

En principio, la SFP indicó que debía aclarar una suma de 13 millones 485 mil 156 pesos con 74 centavos, correspondientes a los ejercicios de 2012, 2013 y 2015, de los cuales no justificó el importe de 13 millones 259 mil 271 pesos con 75 centavos, según las conclusiones de la Función Pública.

El 30 de julio, el 8 y 17 de agosto Zebadúa González presentó a la SFP escritos con sus aclaraciones, pero el 30 de octubre siguiente, Jéssica Rodríguez Mora, entonces directora Contable de Verificación Patrimonial de la SFP, concluyó que sólo aclaró 225 mil 884 pesos con 99 centavos.

Después de siete meses de litigios, el actual Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador reactivó la acusación contra Zebadúa González, y, el 24 de junio pasado, la SFP obtuvo un amparo para que la FGR retome la denuncia.

El rotativo recordó que a inicios del sexenio de López Obrador, la FGR rechazó la denuncia por un presunto enriquecimiento ilícito contra el ex funcionario federal, de 58 años de edad, al argumentar que el denunciante, Alejandro Gonzalo Aurelio Ríos Puente, subdirector de Asuntos Penales de la Unidad de Asuntos Jurídicos en la SFP, carecía de legitimación.

El 15 de noviembre, Ríos Puente presentó la denuncia ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF) de la FGR, por el procedimiento de verificación patrimonial que concluyó que Zebadúa González no había justificado 13.2 millones de pesos.

Según documentos judiciales citados por Reforma, el 6 de diciembre pasado, la SIEDF estableció que el Reglamento como el Manual Organizacional de la SFP, delegaban al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos la facultad de autorizar al Director General Adjunto de Asuntos Penales.

Por ser subdirector, para la FGR, Ríos Puente no podía ser denunciante, y tampoco era procedente su petición de reconocer a la SFP como coadyuvante del Ministerio Público, ni como víctima u ofendido, en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001647/2018, indicó el rotativo.

Esta decisión implicó un retraso en la investigación de por lo menos siete meses, porque la SFP recurrió a los tribunales para reclamar que fuera aceptada la denuncia contra Zebadúa González en la FGR.

Fue hasta diciembre pasado, la que la SFP presentó un amparo contra la decisión de la FGR. Sin embargo, Julio Veredín Sena Velázquez, juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, desechó la demanda.

La SFP impugnó dicha determinación judicial y fue apenas el pasado 4 de abril que consiguió que el Tercer Tribunal Colegiado Penal ordenara al juez Veredín Sena Velázquez aceptar el amparo que presentó contra la decisión de la FGR.

El 24 de junio, Veredín Sena Velázquez finalmente le otorgó el amparo a la SFP, precisando que la FGR no advirtió que el último párrafo de la fracción X del artículo 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública también facultaba a los subdirectores para presentar querellas.

El fallo judicial obliga a la FGR a cancelar su acuerdo con el que invalidó al denunciante Ríos Puente, y, al mismo tiempo, a emitir uno nuevo en el que argumente sobre la procedencia de la misma.

Zebadúa González fue consejero ciudadano del Instituto Federal Electoral (IFE) durante los comicios federales del año 2000. Después, de 2001 a 2003 se desempeñó como Secretario de Gobierno del Estado de Chiapas. También fue presidente de la Fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En 2003 fue postulado y electo diputado federal del Partido de la Revolución Democrática. En 2006 manifestó públicamente su intención de ser candidato a gobernador de Chiapas, y aseguraba ser el favorito en las encuestas para el cargo, sin embargo, el PRD postuló al ex alcade de Tuxtla Gutiérrez, Juan Sabines Guerrero.

Zebadúa González protestó ante el hecho y renunció al PRD, para luego aceptar la candidatura por el Partido Nueva Alianza (PANAL). El 10 de agosto de 2006 declinó en favor de José Antonio Aguilar Bodegas, candidato de la Alianza por Chiapas, quien perdió ante Sabines Guerrero.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  CARLOS ÁLVAREZ/ DOMINGO, 4 AGOSTO, 2019 09:05 PM)