El martes por la tarde fue de
locos en algunas ciudades del norte del país. Por horas circuló en chats en
Culiacán que en el norte de la ciudad había grupos armados que preparaban las
armas ante una ruptura entre Ismael El Mayo Zambada, e Iván Archivaldo Guzmán,
hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. En Monclova corría la versión de presencia de
camionetas con sicarios, por lo que habían evacuado la Presidencia Municipal.
Las versiones eran verosímiles. En Culiacán manda el Cártel de Sinaloa, y en
Coahuila, el Cártel del Noreste está mostrando su músculo.
Los rumores forzaron al
gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, a informar por Twitter que era falso, y
que la policía estatal lo había corroborado en recorridos por esa zona de la
ciudad. En Monclova, de acuerdo con personas con acceso a información, se debió
a un desalojo en la Fiscalía estatal por una amenaza de ataque, que llevó a las
autoridades a cerrar las calles como prevención y a desplegar policías
municipales armados.
La sicosis se apoderó de esas
ciudades norteñas, tras haber cambiado el metabolismo de la seguridad el 17 de
octubre, “el jueves negro”, como lo recuerdan los culichis, o el culiacanazo,
como se le conoce en el resto del país. Desde aquel día, la situación de la
inseguridad se ha deteriorado. Después de la derrota de las fuerzas federales
ante poco más de un centenar de paramilitares al servicio del Cártel de
Sinaloa, en la frontera de Sonora con Chihuahua, una célula de la organización
criminal La Línea, que fue brazo armado del Cártel de Juárez, asesinó a tres
mujeres y seis de sus hijos de la familia Le Barón, con una saña proverbial.
Las autoridades no han detenido
a nadie que haya participado en el culiacanazo, ni el Ejército, que tomó la
derrota como personal al sentirse agraviado porque detuvieron a militares como
presión para que el gobierno cancelara la detención de Ovidio Guzmán López, ha
retomado la iniciativa. A la Marina, a la que se le encargó hace meses de
detener a José Antonio Yépez, El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima,
el rey del huachicol en El Bajío, después de haberlo tenido cercano en octubre.
La investigación sobre la matanza de la familia LeBaron ha resultado tan
deficiente, que aún no terminan los peritajes balísticos, ni han podido
judicializar el caso contra los presuntos responsables.
Todo esto es la crónica del
colapso del gobierno en materia de seguridad, y la victoria de las
organizaciones criminales que, además, empiezan a batirse por las plazas para
ampliar su dominio territorial. Las autoridades parecen floreros parlantes al
tratar de ocultar la violencia con frases, pero los índices de violencia suben
cada mes. Un análisis de la consultora Glac sobre los datos del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, volvió a romper los niveles históricos en octubre.
De ocho delitos, sólo el secuestro del fuero federal mejoró. El homicidio
doloso subió 2.19%, el homicidio doloso con arma de fuego 2.91%, el feminicidio
11.96%, el secuestro del fuero común 9.35%, la extorsión 35.23%, las lesiones
dolosas 6.57%, y los delitos patrimoniales 35.32%. En el total, la incidencia
delictiva se incrementó 8.77%.
El debate sobre los datos de
incidencia delictiva en el cual está enfrascado el gobierno con los expertos y
los medios, contaminó a la economía. La última encuesta del Banco de México
entre especialistas del sector privado, donde se recortó la expectativa de
crecimiento para este año, muestra por primera vez el realineamiento de las
tres principales razones de la incertidumbre a aspectos directamente asociados
con la gobernanza. El 21% de las respuestas consideró como razón de la baja en
el crecimiento es la incertidumbre política interna, el 18% de las respuestas
identificó a la inseguridad pública, y el 15% la incertidumbre sobre la
situación económica interna.
El estilo vertical y
personalísimo de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador genera la
incertidumbre en todos los frentes. Cuando una sola persona decide la suerte de
130 millones de personas, los riesgos de que se equivoque en la decisión se multiplican
tanto como el impacto que puede tener sobre el colectivo. Esa verticalidad en
la decisión cruza todas las variables sobre la certidumbre del liderazgo, una
de las cuales está en entredicho y cuestionada, la estrategia de seguridad.
El presidente se mantiene
inamovible. Dice que las cosas van bien y que su política de seguridad es la
correcta. Su postura es desde un punto de vista moral, que no es parte de las
variables con la que se mide el funcionamiento y los resultados de un gobierno.
Pero es inútil discutir con el presidente sobre la base de las razones, porque
en automático llueven las descalificaciones. Si las cosas le salen mal, es
culpa del pasado, como dice de la seguridad, o de los gobernadores que no hacen
nada por combatirla, como perfiló esta semana a sus nuevos enemigos.
Al final podrá seguir
predicando sobre lo que ya no es para ocultar lo que es. Y esto es el avance de
los cárteles de la droga como un subpoder armado, la incertidumbre social ante
el abandono institucional que lleva a la zozobra y, ante la angustia y
ansiedad, la proliferación de rumores, e inestabilidad. La sociedad no es la
única vulnerable. Quienes quieren hacer negocios se encuentran en la misma
situación, al no haber quien garantice sus inversiones. El gobierno, al
claudicar en varias ciudades, es irrelevante. Los criminales aún no actúan como
los señores de la guerra de Asia y África, ni se vuelven interlocutores válidos
de los inversionistas. Se vive el peor de los mundos para los inversionistas y
para los mexicanos en general.
(EJE
CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 5 DE DICIEMBRE DE 2019)
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