En 2015 comenzaron las quejas
ciudadanas sobre emisiones tóxicas por parte de una empresa de desguace de
barcos, esta vez se elevaron a denuncia formal ante Profepa y Semarnat para que
analicen la emisiones que han causado enfermedad a la pequeña comunidad que
desde hace 35 años vive en la zona donde desemboca el Arroyo El Gallo
Una pequeña comunidad de
Ensenada que reside en el Bulevar Costero, cuyas familias se dedican al turismo
con paseos en calandrias, renta y una pensión para caballos, inició una batalla ambiental contra la
empresa Infraestructura y Servicios Portuarios, SA de CV.
En 2015 comenzaron con quejas
ciudadanas ante medios de comunicación para señalar supuestas emisiones tóxicas
que salían diario del astillero y que de acuerdo a su versión, generaban un
daño ecológico al agua del mar, a la salud y en sus bienes patrimoniales.
Hace un mes, la comunidad
decidió elevar la queja a denuncia formal ante la Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) para que procedan con un análisis de las emisiones.
La denuncia está acompañada de
una hoja con 34 firmas de personas que aseguran ser víctimas de la
contaminación y residen en las viviendas ubicadas a escasos cien metros de la
playa municipal y del otro lado tienen la operación de la empresa naval, solo
los separa el estrecho cauce del Arroyo El Gallo.
A ciertas horas de la tarde se
puede ver una neblina color café emanar del astillero, la cual se disipa en el
aire, aunque hay otra familia de apellido Abarca que vive a casi un kilómetro
de distancia de la playa, pero en su domicilio caen residuos de óxido similares
a los detectados por vecinos de las
caballerizas.
La Administración Portuaria
Integral (API) informó que no existe en Ensenada alerta de contaminación alguna
por los más de siete astilleros que operan en la zona portuaria.
En el caso de Infraestructura y
Servicios Portuarios, SA de CV, personal
de Ecología de la API afirmó que en septiembre llevaron a cabo una inspección y
la empresa cumplió con la entrega de documentos que se le solicitaron.
La compañía pertenece a Grupo
Amaya Curiel y desde hace diez años realizan el desguace de buques chatarra que
llegan de otros países, como también construcción naval y mantenimiento en un
dique seco que construyeron dentro del recinto.
ABREN
EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN
Un hombre de edad adulta que
vive en las caballerizas fue sometido a una operación de pulmón y tienen la
sospecha de que el aire que respira -posiblemente contaminado- es el motivo del
padecimiento.
A pesar de tratarse de un área
turística con la más alta plusvalía en la ciudad, este grupo de personas
proyecta una imagen humilde. Sus casas son construidas con materiales como
madera, lámina y lonas, en apariencia se trata de una invasión.
“Hemos ido a la puerta de la
empresa para que nos atienda, pero cada vez nos niegan la entrada porque no
está el ingeniero”, mencionó el hijo del enfermo, al tiempo que mostraba los
ventanales de su casa y automóvil llenos de un material que “brilla como
aluminio”.
Lo mínimo que esperan es que la
autoridad haga su trabajo y confirme que las partículas que salen del astillero
son inofensivas.
En el documento de denuncia,
los afectados refieren que en los trabajos de samblasteo usan microfibras y
cortes con acetileno, así como químicos de pintura. Consiste en lanzar material
arenoso a presión sobre una superficie para remover óxido, escama de
laminación, pintura vieja u otro recubrimiento para la aplicación de pintura
nueva.
“Todos esos químicos nos han
afectado en lo personal, material y económicamente debido a la contaminación de
la que hemos sido víctimas”, acusan, a la vez de pedir de manera urgente una
solución al problema de contaminación del que han sido víctimas por obras de
desmantelamiento de embarcaciones, que consta de residuos de óxido, pintura y
desechos desconocidos que constantemente usan y se encuentran en el aire libre
y caen directamente a los vecinos del lugar.
“En ocasiones se observan
manchas de humo color café que al llegar al contacto con nosotros se sienten
como partículas arenosas que pican, dan comezón”, indicaron los afectados.
Otro perjuicio es el deterioro
de la carrocería de los vehículos, ya que el polvo se pega y hace áspera la superficie.
“La contaminación en ocasiones
despega olores desagradables y ocasiona alergias, así como una persona operada
a causa de una infección pulmonar debido a esa contaminación”, reiteraron los
ciudadanos.
AMAYA
SE DESLINDA
Cuestionado por la situación
arriba descrita, el directivo de la empresa respondió: “Somos una empresa
seria”.
Respecto a la situación que
guarda el astillero, añadió que ellos siguen operando dentro de la normatividad
existente, “con nuestras autorizaciones vigentes sin ningún problema”.
Y agregó:
“No sabía de ese escrito
presentado a Profepa. Insisto, el astillero lo operamos cumpliendo la Ley y
normatividad existente. Como toda empresa estamos en la mejor disposición de
atender cualquier inspección de la autoridad. Nos dedicamos principalmente a la
reparación y mantenimiento de embarcaciones, trabajos de soldadura, acero,
pintura. El año pasado también construimos una barcaza”, apuntó el empresario.
Aunque no mostró documentos,
aseguró a ZETA tener un resolutivo ambiental, también autorización de la Marina
Mercante y los permisos de la API.
“Somos una empresa seria, bien
establecida con responsabilidad social”, subrayó.
“LLEGAMOS
PRIMERO”: AFECTADOS
Un argumento que ofreció la
comunidad de las caballerizas para
exigir su derecho fue que ellos llegaron primero a vivir al sitio ubicado en la
colonia Carlos Pacheco, a unos pasos de la playa.
Fue hace más de 35 años y con
el tiempo las familias quedaron en un predio en medio de la zona turística,
aunque también conviven con la actividad industrial como el astillero, una
gasolinera, el edificio de la Armada de México y una terminal de Cementos
Mexicanos.
Además, el crecimiento urbano
los alcanzó en la zona operan agencias automotrices, hoteles, restaurantes y un
casino.
Por las noches han detectado
que dentro del astillero hay emisiones de polvo con una consistencia arenosa
con colores cafés o rojos, el cual se adhiere a las superficies.
En un recorrido de ZETA se pudo
constatar que los vehículos, pisos y fachadas de las viviendas están cubiertos
con ese residuo, sin embargo, no hay una prueba de laboratorio que respalde si
se trata de un material tóxico.
“Todos los días convivimos con
el ruido, las grúas y las máquinas”, expresaron los habitantes hace unos años,
a la vez de señalar que los niños de la comunidad presentaron síntomas de
enfermedades respiratorias.
En el lugar puede verse cómo
los pobladores han lidiado con la situación cubriendo con plástico o lonas la
carrocería de los vehículos que resultan dañados por el polvo que se fija al
metal por acción de la brisa marina.
DEPENDEMOS
DE SEMARNAT: API
La gerencia comercial de la API
en Ensenada, a cargo de Francisco Rodríguez Navarrete, informó que la compañía
ha demostrado que tiene lo necesario para operar como un astillero y
recicladora de barcos chatarra, no obstante, se le solicitó una evidencia del
cumplimiento del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), la instalación y
programa de vigilancia.
La regulación de estas empresas
se encuentra dentro de la legislación ambiental de México y tiene como eje
rector la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
(LGEEPA).
La dependencia federal trabaja
en coordinación con Semarnat y Profepa, por lo que si las instituciones de
gobierno emiten un dictamen en el que se compruebe que la empresa violó una
cláusula del contrato, se puede iniciar un procedimiento para la revocación de
la concesión.
Como dependencia, Rodríguez
aclaró que no tienen evidencia de un daño ecológico hasta el momento, pero sí
preocupa debido a que la API tiene tres certificaciones: Puerto Verde, otra más
ISO 14000 y Nivel de Desempeño Ambiental, la cual deberán refrendar en 2020.
(SEMANARIO
ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / LORENA LAMAS/ LUNES, 2 DICIEMBRE, 2019 01:00 PM)
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