FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM
Ganar un puesto de elección
popular o ser llamado a formar parte de un gabinete, sea el caso municipal,
estatal o federal, es para muchas personas, hoy funcionarios, como sacarse la
lotería. Millones y millones de pesos a disposición para “servir” a la patria y
al pueblo.
La clase mexicana de servidores públicos es una suerte
de realeza política, gozan de hartos privilegios, inmediatamente residen en
mejores zonas, se pasean en vehículos último modelo, todas sus comidas, viajes
y gastos personales les son cubiertos por el Estado; lo mismo se les cubre el
seguro de gastos médicos mayores para atención en los mejores hospitales del
País, que se les otorgan bonos por cientos de miles de pesos al final del año,
o se les pagan las misceláneas, el cobro por el uso de teléfono celular,
tarjetas para el pago en carreteras de cuota, vales de gasolina y de despensa,
para la compra de artículos de oficina, y todo lo que puedan necesitar para el
ejercicio del servicio público.
Aparte de proveerles lo necesario para su seguridad
laboral, el pago de sus prestaciones, salvaguardarles su integridad física con
vehículos especializados y escoltas, contratarles toda suerte de secretarios y
asistentes, su seguridad social y manutención en calidad de funcionarios,
aparte de todo eso, reciben un sueldo que por año se cuenta en millones de
pesos.
Pero aún con todos los privilegios, integrantes del
Poder Judicial, del Poder legislativo y del Poder Ejecutivo, transan. Hacen
alianzas ilícitas con una perfección de relojero para no ser descubiertas,
cobran comisiones por dineros entregados del presupuesto, por obras
concesionadas, por compras, por documentos, por información confidencial, por
resolver hacia uno u otro frente.
Otra vez millones de pesos
que destinan mexicanos y empresas para el pago de la corrupción con tal que sus
negocios puedan avanzar.
La clase política mexicana
por eso se enquista en los cargos. Senadores que terminando los hacen diputados
y viceversa por decenas de años viviendo del presupuesto legislativo, hasta no
saber sobrevivir de otra forma, o se retiran a vivir de los negocios que
hicieron.
Secretarios de Estado que lo
mismo son de Hacienda, que de Relaciones Exteriores o de Desarrollo Social, ex
presidentes de la República que continúan cobrando a la Nación cheque,
ayudantía y personal.
En este contexto no fue
gratuita la expresión del Senador panista, Javier Lozano, quien a la pregunta
si reduciría su sueldo al 50 por ciento como lo sugirió una Senadora y algunos
otros legisladores, refirió:
“No, porque yo vivo de esto,
esa demagogia de decir con mucho gusto doy la mitad de mi salario ¿y luego a
robar o qué?”.
El Presidente de la República,
los Senadores y Diputados, los funcionarios de gobierno de los tres niveles,
los Ministros y Magistrados, todos ellos, representan miles de millones de
pesos a los mexicanos cada año.
A propósito del alza en el
precio de las gasolinas, de la animadversión que acrecentó el Presidente
Enrique Peña Nieto en su contra, ante la insensibilidad de hacerlo en
diciembre, el día de los inocentes y cuando muchos mexicanos estaban de
vacaciones, cuando ya no pudo más con la presión, dio un mensaje a la nación.
Luego otro. Y otro más, y
llegó a la firma de un acuerdo con los empresarios (menos Coparmex), los
sindicatos y sus funcionarios.
Pero no se comprometió a
disminuir el precio de las gasolinas, de eso solo le faltó decir llanamente:
“ni un paso atrás”.
Trasmitió una serie de
acciones que a largo plazo podrían o no llevar a algunas familias mexicanas a
vivir no mejor, pero sobreviviendo.
En uno de sus desatinados
mensajes presidenciales, Peña Nieto preguntó (aunque su expresión más que
pregunta era una justificación) ¿Qué habrían hecho Ustedes?
Pero aquello no aminoró el
hartazgo social, toda vez lo incrementó. Las marchas en los estados de la
República se intensificaron (aunque los “grandes” medios las hayan minimizado),
reflejando el descontento social.
Tal ha sido la participación
ciudadana en las marchas pacíficas de protesta, que Gobiernos de los Estados
han debido entrar al quite y proponer medidas con pesos y centavos de ahorro
reflejado.
Lo mismo han hecho otros
poderes, menos el Ejecutivo.
Fuera del 10 por ciento de
sueldo que dijo Enrique Peña Nieto que se disminuiría él y primer círculo de
colaboradores no hay nada más.
El Gobierno Federal sigue
gozando lo que la mayoría de los mexicanos no: una vida holgada en términos
financieros, al cargar al Estado sus gastos de operación, personales, de
comunicación, alimentación, viajes, peajes, viáticos, seguros y otras prebendas
oficiales y extraoficiales.
El Poder Legislativo ya
reaccionó a la indignación nacional.
En la Cámara de Diputados
dieron a conocer que cancelarán los bonos de a fin de año, y las partidas
presupuestales que ello conlleva, que los diputados deberán comprobar todos los
recursos que se les entregan para apoyos sociales o de lo contrario regresar el
recurso; cancelaron los viajes internacionales a excepción de los
indispensables, pero viajarán en clase turista, ya no en primera clase.
Los diputados deberán pagar
el uso y consumo de sus celulares, lo mismo que cancelaron la entrega de vales
de gasolina para los legisladores y se reducirá un 25 por ciento el gasto para
alimentos.
En la Cámara de Senadores aun
no anuncian el monto del ahorro que tendrán una vez que se apliquen las medidas
específicas que tomarán para disminuir los egresos en el presupuesto de 4 mil
541 millones 972 mil 587 pesos que se destinaron para éste 2017, pero han
adelantado que ahorrarán en el pago de telefonía celular, la entrega de vales
para gasolina, se congelarán las plazas vacantes, reducirán en 10 por ciento
los gastos de comisiones, representaciones, misiones, reuniones, foros, viajes
o mecanismos de cooperación legislativa.
Además la reducción de 10 por
ciento materiales y suministros. Dónde sí dieron a conocer un monto para
ahorrar fue en el Poder Judicial.
Ahí se han comprometido a
regresar a la Federación, a la Secretaría de Hacienda, mil 900 millones de
pesos, mismos que lograrán a partir de diferir proyectos de obra pública,
disminución los dineros destinados al pago de viáticos y pasajes, reducir la
adquisición de bienes inmuebles e inmuebles, racionalizar el gasto en
ceremonias y difusión.
Ese ahorro, será devuelto.
En el Instituto Nacional
Electoral reaccionaron de manera similar. Regresarán a la Secretaría de
Hacienda mil 70 millones de pesos que habían solicitado y les habían concedido,
para la construcción de un nuevo edificio.
La cúpula del Partido Acción
Nacional en el Senado de la República, creó un documento para proponer a Peña
Nieto, a manera de responder al ¿Ustedes que hubieran hecho?
Proponen ahorrar 239 mil 94
millones de pesos, con la toma de diez acciones, de las cuales corresponden al
Gobierno federal: reducir 10 por ciento el gasto programable de la
administración pública federal, incluidos organismos autónomos y poderes de la
Unión.
Disminuir 50 por ciento el
ramo de provisiones salariales y económicas, reducir a la mitad el presupuesto
a los partidos políticos durante campañas electorales y eliminarlo en las
actividades ordinarias.
Desaparecer Sedatu, Capufe,
Procuraduría Agraria y Tribunales Agrarios y que esas facultades queden en
SEDESOL, Conavi, SCT y el Poder Judicial.
Fusión de las Secretarías de
Economía, Turismo y Energía en la Secretaría de Economía, con el 50 por ciento
del presupuesto de las tres juntas.
Escuchadas o leídas las
propuestas de ahorro del Poder Legislativo, del Poder Judicial, las del PAN y
la del INE, la que falta por atender es la propuesta del Poder Ejecutivo, una
propuesta real, de una revolución en la estructura de gobierno que le dé
certeza a los mexicanos que, aunque tardaron, también se apretarán el cinturón.
Si consideramos que el Poder
Judicial ahorrará mil 900 millones de pesos, y el PAN propone un plan para
ahorrar más de 300 mil millones de pesos, (y ni el Judicial ni el Legislativo,
tocaron sus onerosos sueldos), significa que sí hay en el gobierno de la República,
dónde recortar para ahorrar.
Sin embargo Enrique Peña
Nieto, el Presidente de la República, se ha limitado a establecer acuerdos que
no significan una reducción en los privilegios que tienen él y los suyos y el
resto de quienes viven del presupuesto federal.
Vaya, si las Cámaras están
dispuestas a olvidarse de sus bonos, a recortar sus gastos de alimentos,
viajes, prescindir del beneficio del pago del celular y de la gasolina entre
otros
¿A qué está dispuesto el
Presidente de la República?
No lo sabemos. A la fecha se
concentrado en el discurso mareador utilizando puros verbos transitivos como
“impulsar, modernizar, mejorar, emprender, reforzar, facilitar”, que por sí
solos significan más una intensión que una acción concreta.
No, el Presidente no nos ha
dicho cómo logrará ahorrar, reduciendo el gasto corriente y de operación del
Gobierno Federal, para obtener los ahorros de más de 200 mil millones que le
permita eliminar el impuesto a las gasolinas y reducir el precio para los
mexicanos.
Porque hasta ahora, las
erradas decisiones presidenciales pretende que las pague el pueblo, no el
gobierno.
Las manifestaciones del 2017
propiciadas por el aumento a las gasolinas, no cejarán en tanto no haya una
solución al respecto que le dé certeza y seguridad social a los mexicanos, y
para ello, entre otras medidas, se requiere que el Gobierno Federal adelgace su
estructura, su nómina, sus sueldos, sus privilegios; que abandonen su estatus
de realeza política y pongan por fin los pies en la tierra. México ya no puede
esperar más.
(SEMANARIO ZETA/ Adela Navarro Bello/
Miércoles, 18 enero, 2017 03:50 PM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario