CIUDAD DE MÉXICO (apro).-
Ante una jornada imparable de protestas ciudadanas en Mexicali, Tecate, Tijuana
y Ensenada, el gobernador de Baja California, Francisco Kiko Vega, anunció este
martes 17 que dio reversa a la Ley de Aguas que disparó el descontento cívico
en la entidad fronteriza desde el 20 de diciembre.
El malestar se potenció con
el gasolinazo del gobierno federal, al grado de registrarse manifestaciones de
más de 40 mil personas en la capital Mexicali, bloqueos en Rosarito y protestas
en los puentes internacionales.
En la página de Facebook “BC,
Ya Basta”, se posteó el siguiente mensaje:
“#LeyDelAgua.-Acaba de
anunciar Kiko Vega que va a dar marcha atrás a la Ley del Agua. Animo raza!, es
gracias a todos ustedes que han salido a la calle a luchar por sus derechos!
#LaGenteManda”.
La página “BC, Ya Basta” está
vinculada a otra denominada “La República de Baja California”, con más de 145
mil seguidores en Facebook.
Ambas se han convertido desde
el año pasado en el escaparate de una lenta, pero consistente rebelión cívica
en contra de los partidos políticos, especialmente del PRI y del PAN, pero
también contra todos aquellos discursos tradicionales que ignoran a los ciudadanos.
Si en la década de los 80 la
alternancia periférica en México inició justamente en Baja California y en
Chihuahua, tres décadas después estas dos entidades se convierten en el
epicentro de una serie de movilizaciones y acciones de resistencia cívica que
desconfían brutalmente de los partidos políticos tradicionales, del gobierno
federal de Enrique Peña Nieto y del local de Kiko Vega.
Las movilizaciones en las
últimas dos semanas han sorprendido a los observadores de otras partes del
país, pero no a los habitantes de estas ciudades que conocen perfectamente la
suma de agravios que van desde el IVA fronterizo, la inconformidad de los
jornaleros de Ensenada del año pasado, la privatización del agua, las amenazas
de reemplacamiento y ahora el “gasolinazo” que encendió la mecha del hartazgo.
El pasado viernes 13,
ciudadanos de Mexicali bloquearon el Congreso local, el ayuntamiento y las
oficinas de recaudación de rentas para dar a conocer un pliego petitorio a los
tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal demandando tanto la
derogación de la ley del agua como del gasolinazo.
“Queremos la derogación
total, no la caridad”, afirmó en entrevistas a la prensa local la joven Tania
que participó en la protesta convocada por el Comité de Justicia Ambiental de
Mexicali, el Frente Conciencia Civil Cachanilla, el Comité Local de la Nueva
Constitución Ciudadana y Popular, la CNTE, el Congreso Nacional Ciudadano y la
Organización Política del Pueblo y los Trabajadores.
En los dos días siguientes,
el sábado 14 y el domingo 15, las principales ciudades de Baja California se
convirtieron en el epicentro de las protestas contra el gasolinazo y contra la
medida de los “descuentos” de 20% en el pago del agua que anunció el gobierno
estatal.
La apatía tradicional en
Mexicali, una ciudad que puede llegar a 50 grados de temperatura en época de
verano y a un frío seco en el invierno, se ha convertido en una primavera de la
protesta que agarró desprevenida a la clase política que no está acostumbrada a
seguir las convocatorias ciudadanas a través de las redes sociales y que cree
que puede “administrar” el descontento con medidas como los descuentos.
La protesta el domingo 15
alcanzó el récord de 40 mil personas en Mexicali que se reunieron en la plaza
central. Hubo consignas contra Peña Nieto, el gobernador Kiko Vega, los
diputados locales que aprobaron la Ley del Agua y, especialmente, contra el PRI
y el PAN.
“No más gasolinazos y no a la
privatización del agua”, sintetizaron varias pancartas. Los cachanillas cantaron
el Himno Nacional, siguiendo el ejemplo de Camargo, Chihuahua, y subieron una
larga lista de oradores durante cinco horas que fueron desde una niña de 12
años hasta una doctora, estudiantes, maestros, profesionistas, personas de la
tercera edad.
La protesta de Mexicali fue,
con mucho, la más intensa de las movilizaciones que se registraron en 21
entidades este domingo pasado y que no han aminorado.
La Policía Estatal Preventiva
intentó desalojar el pasado lunes 16 a la docena de manifestantes que mantuvieron
“tomadas” las puertas del Palacio de Gobierno estatal en Mexicali.
Ese mismo día se sumaron
explícitamente a las protestas ciudadanas organismos empresariales como la
Canacintra y algunos integrantes de la Canaco.
“No concebimos cómo el Ejecutivo
(Francisco Vega) mandó una ley sin haber hecho el trabajo que por obligación,
por responsabilidad y respeto a la comunidad y a los sectores productivos debió
haber hecho”, afirmó Juan Gallego Topete, líder de la Canacintra estatal.
Acorralado, Kiko Vega, quien
también es señalado por escándalos de corrupción y desvío de recursos, anunció
que daba marcha atrás a la Ley del Agua.
Los focos rojos en el
gobierno federal se han encendido porque la rebelión cívica que viene de Baja
California está expandiéndose a Chihuahua –donde organizaciones campesinas han
bloqueado parcialmente el puente internacional–, pero también en Querétaro,
Guerrero y Chiapas.
Ya no se trata sólo de brotes
locales o de ciberactivismo de jóvenes que buscan alternativas independientes.
Es una rebelión cívica que se quedó con el producto de la “gallina de los
huevos de oro”.
(PROCESO/ ANÁLISIS/ JENARO VILLAMIL/ 17 ENERO, 2017)
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