Legisladores consideran que la justicia
nacional se encuentra en estado de emergencia
Diputadas de la Comisión
Especial de seguimiento al caso Ayotzinapa reprobaron las sentencias que ha
emitido el Poder Judicial sobre la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, que negaron que haya habido desaparición forzada.
Araceli Damián, integrante de
la Comisión por la fracción de Morena, indicó que la visión de que los jóvenes
sólo fueron ejecutados y no víctimas de desaparición forzada ayuda a ratificar
la cuestionada "verdad histórica" de la Procuraduría General de la
República (PGR).
"Se están tomando como
válidas las investigaciones de la PGR, cuando ha sido fuertemente cuestionada
la 'verdad histórica' por el grupo de expertos internacionales y los peritos
argentinos. Estamos hablando de evidencia que se tomó a base de declaraciones
bajo tortura", indicó Damián.
"Al no haber
reconocimiento de la desaparición forzada, cuando se sabe de la participación
de los agentes policiacos locales y federales, orilla a las familias a acudir a
instancias internacionales y a que nuevamente la justicia en México sea
cuestionada".
La diputada de Morena opinó
que los jueces están protegiendo al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto,
en un caso cuya única evidencia de la muerte de los jóvenes son los restos extraídos
del Río San Juan, que no se sabe si fueron sembrados.
"El único resto del cual
se deriva que los jóvenes fueron quemados es un resto que no tiene
características de haber sido sometido a un fuego intenso, como el que se dice
se generó en Cocula, para ser incinerado", declaró la legisladora en
entrevista telefónica.
"Es lamentable que el
Gobierno federal y que los jueces en México se estén prestando a una situación
como esa. Es una cuestión que pone a la justicia nacional en una situación de
emergencia, porque a final de cuentas no hay una forma de lograr una
investigación imparcial y tampoco jueces imparciales. La impartición de
justicia es desastrosa en el país".
Agregó que el criterio del
Juzgado del Primer Distrito en Procesos Penales Federales y del Segundo
Tribunal Unitario de Tamaulipas no ayuda a esclarecer qué sucedió con los
estudiantes la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando acudieron a
Iguala, Guerrero.
"La desaparición forzada
implica que el sistema mexicano está corrompido, que es corrupto en muchos
niveles, incluyendo a sus policías, que hay una falla estructural. La
desaparición forzada implica la participación de agentes del Estado y demuestra
el fracaso de los cuerpos policiales, de investigación y del sistema judicial.
"Es reconocer que el
Estado en su conjunto falla en materia de justicia, de cuidar a sus ciudadanos,
proteger derechos humanos, por eso no se reconoce, por eso se oculta lo que
pasó", consideró Damián.
Por su parte, la presidenta
de la Comisión especial de seguimiento al Caso Ayotiznapa, la panista Guadalupe
Murguía, señaló que desde un inicio el primer juzgado desechó el proceso con
base en el delito de desaparición forzada, contrario a la postura de los
familiares.
Explicó que esto llevó a que
el análisis del caso fuera por secuestro y que se llegara a la conclusión de
que los jóvenes fueron ejecutados.
Detalló que esta visión de
los jueces federales impactará en las posiciones que tomen los familiares de
los estudiantes, que han insistido en que siga su búsqueda y que, si están
muertos, el caso se trate como un hecho de desaparición forzada.
Poza Rica, Ver.- De un
disparo en la cabeza, fue ejecutado el reportero Manuel Torres, quien había
trabajado como corresponsal de TV Azteca en esta ciudad y corresponsal para
diversos medios de comunicación de Xalapa y el estado de Veracruz.
Actualmente Manuel Torres
cubría información para su página de Internet noticiasmt.com
Los
primeros reportes dados a conocer informaron que el asesinato ocurrió a las
tres de la tarde de este sábado en la avenida 2 de enero, de la colonia
Cazones, a unos metros de la delegación de Tránsito.
En ese punto, Torres recibió
un balazo en la cabeza por un sujeto desconocido, a quien al parecer lo
acompañaban uno o dos hombres más.
La víctima dejó huérfanos de
padre a dos menores de edad, uno de ellos de tres años.
La zona en donde ocurrió el
asesinato quedó bajo el resguardo de la Fuerza Civil, mientras llegaban peritos
en criminología de Servicios Periciales para dar fe del hecho.
Torres alternaba su trabajo
de reportero como chófer para un regidor y otras actividades.
Con él son ya 18 los
trabajadores de la información que han sido asesinados en Veracruz desde 2010.
La Procuraduría General de la
República informó que, derivado de la captura de varios de sus principales
integrantes, la PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), aseguró a una organización
delictiva que opera principalmente en el estado de Jalisco, cerca de 160
millones de pesos, entre inmuebles, vehículos de lujo, embarcaciones, joyas,
numerario, cuentas bancarias y animales.
En total, se aseguraron 34
inmuebles, con un valor de $91’591,466.57 pesos, entre ellos, un hotel en el
poblado de La Cruz de Loreto, en Tomatlán, Jalisco, con un valor estimado en
$20’601,911.48 pesos.
Asimismo, 139 vehículos,
entre los cuales se incluyen modelos de lujo, con un valor total de por lo
menos $36’240,016.03 pesos. Una embarcación, con un costo de $45,000; 89 joyas,
$7’930,179.12, entre las que destacan varios relojes de marca.
También dinero en efectivo,
en total $19’451,863 pesos y $621,086.05 dólares americanos; 10 cuentas
bancarias con $2’753,096.99 pesos; y, 348 semovientes o animales, valuados en
$1’767,426 pesos.
Durante las investigaciones
se detuvieron a nueve personas relacionadas con dicha organización.
Actualmente, todos con auto de formal prisión, entre ellos, el hijo, un
hermano, el yerno y dos cuñados del principal líder de esta organización
delictiva.
De acuerdo con
investigaciones de la SEIDO, las averiguaciones previas iniciadas en contra de
los integrantes de esta organización delictiva, se concentran en cuatro estados
del país; Jalisco, Colima, Michoacán y Veracruz.
El verdadero golpe al poder
de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, será cuando México le quite la
riqueza construida con los delitos cometidos, aseguraron la presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña y el
vicecoordinador de los diputados del PRD, Guadalupe Acosta.
“¿Cómo vamos a combatir a
fondo si no terminamos con todas las redes financieras de lavado de dinero,
donde los delincuentes de cuello blando, que existen en este país, siguen
manejando estos negocios?, planteó Guadalupe Acosta.
Angélica de la Peña, quien
también es secretaria de la Comisión de Justicia del Senado, destacó que la
parte medular del combate al crimen está en su debilitamiento financiero.
“Es la tercera vez que se
detiene a El Chapo, la tercera vez y no le han quitado un pelo a ese gato.
¿Cómo no van a seguir siendo poderosos? ¿Cómo vamos a combatir a fondo si no
terminamos con todas las redes financieras de lavado de dinero, donde los
delincuentes de cuellos blanco que existen en este país siguen manejando estos
negocios?”, alertó el legislador.
Hay otros capos del
narcotráfico que poseen fortunas, incluso mayores a la del Chapo, jefe del
Cártel del Pacífico, como es el caso de Rafael Caro Quintero, quien, según el
testimonio del ex agente federal de EU Héctor Berrelleza, posee un patrimonio
de 4 mil millones de dólares.
La misma publicación calcula
que la fortuna de El Chapo Guzmán es de mil millones de dólares.
En 2009, el entonces fiscal
estadunidense Eric Holder estimó que la organización integrada por los hermanos
Beltrán Leyva ingresó a México 5 mil 800 millones de dólares entre 1990 y 2008.
Autoridades de EU
documentaron que Zhenli Ye Gon, proveedor de seudoefedrina, tenía una fortuna
de 350 millones de dólares, además de los 206 millones hallados en una casa en
México.
Otro exjefe del narco,
Servando Gómez tiene un patrimonio de 195 millones de pesos en inmuebles, según
el entonces comisionado de Seguridad, Alfredo Castillo.
A Osiel Cárdenas, EU le
impuso una multa de 50 millones de dólares, que según sus cálculos era la sexta
parte de su fortuna.
Liberan a un empresario luego de dos
meses de cautiverio y dos pagos de rescate
Presuntos. Antonio Martínez Guillén y
Luis Fernando Castellanos Acosta fueron presentados como presuntos responsables
del secuestro de un empresario. El reynosenses Valentín Hernández Gutiérrez,
era el encargado de cobrar los rescates.
A casi dos meses de
permanecer secuestrado, un empresario fue liberado ayer por elementos de la
Policía Ministerial Antisecuestros, quienes capturaron a tres de los
plagiarios, entre ellos un guatemalteco.
Los detenidos Antonio José
Martínez Guillén, de 41 años, originario de Guatemala; Luis Fernando
Castellanos Acosta, de 25, residente de Tampico y el reynosense Valentín
Hernández Gutiérrez, de 24 años, fueron puestos a disposición de la Agencia del
Ministerio Público Especializada en Secuestros, como presuntos responsables de
los hechos.
De acuerdo a las
investigaciones realizadas p1or la comandancia de la Unidad Antisecuestros de
la Zona Noreste, los familiares de la víctima habían pagado rescate en dos
ocasiones sin que los delincuentes liberaran al secuestrado.
El primer rescate que pagaron
fue de 80 mil pesos y el segundo de 250 mil pesos, monto que fue reunido por
cooperación entre los familiares de la víctima, ya que ésta no posee más que un
taller.
Cuando se realizaban
negociaciones -en el área de comida de un centro comercial- para acordar el
tercer pago los secuestradores fueron ubicados, seguidos y capturados por los
agentes, lográndose rescatar ilesa a la víctima, quien se encontraba cautiva en
un domicilio de la colonia Antonio J. Bermúdez.
LOS HECHOS
El 22 de marzo, cuatro
sujetos irrumpieron en el domicilio del pequeño empresario y se lo llevaron con
lujo de violencia, para posteriormente exigir a sus familiares el pago de 80
mil pesos por su liberación, reportaron los agentes antisecuestros.
El pago exigido fue entregado
por los familiares de la víctima, pero los secuestradores no la liberaron.
Días después los
secuestradores exigieron el pago de otros 250 mil pesos, con la amenaza de que
matarían a la víctima si no recibían dicha suma, logrando la familia reunir
dicha cantidad tras realizar cooperaciones.
Sin embargo los
secuestradores nuevamente no liberaron a la víctima e insistieron en obtener
más dinero por ella.
Como los familiares de la
víctima ya no contaban con dinero en efectivo, los secuestradores les exigieron
que vendieran un terreno que poseen en la colonia Esfuerzo Nacional, el cual se
les dificultó vender por cuestiones legales.
Ante esta situación y por el
temor de que la víctima fuera asesinada por sus secuestradores, los familiares
de la víctima denunciaron los hechos el pasado sábado ante la Unidad
Antisecuestros.
LIBERACIÓN TRAS 50 DÍAS DE CAUTIVERIO
Confiados en que se
realizaría el tercer pago de rescate, los secuestradores acordaron reunirse con
familiares de la víctima en el Centro Comercial Soriana Morelos.
Al lugar acudió solamente uno
de los secuestradores, quien luego de entablar una larga conversación con la
esposa del secuestrado sobre los pormenores de la supuesta venta del terreno,
le pidió a ésta que la llevara a bordo de su camioneta por varios lugares del
sector para despistar cualquier probable seguimiento, hasta que finalmente el delincuente descendió del vehículo en la
colonia Antonio J. Bermúdez.
Elementos antisecuestros que
participaban en el operativo continuaron a pie con el seguimiento del
secuestrador hasta que éste ingresó a la casa.
Ubicada la casa de seguridad,
los agentes penetraron al inmueble constatando que ahí se encontraba la
víctima, a la cual rescataron ilesa y capturaron a dos de sus secuestradores.
TRAS LAS REJAS
Martínez Guillén dijo ser
nativo del municipio Livingston, del departamento guatemalteco de Izabal, donde
laboraba en una imprenta antes de venir a Reynosa.
Castellanos Acosta declaró
que es originario de Tampico, Tamaulipas y que en esa localidad se dedicaba a
vender tacos y comida.
Hernández Gutiérrez fue el
encargado de cobrar los rescates, utilizando una camioneta que también fue
asegurada por la Unidad Antisecuestro.
El secuestrado reconoció a
los detenidos como las personas que lo estuvieron custodiando durante todo el
tiempo que duró su cautiverio, agregaron los agentes antisecuestro.
Con base en la captura en
plena flagrancia y el señalamiento directo de la víctima, los detenidos fueron
puestos a disposición de la Fiscalía Especializada para ser procesados por
secuestro y los delitos que resulten.
Las investigaciones en torno
al caso continúan, apuntaron los oficiales de la Unidad Antisecuestros.
Atribuyen hechos violentos a brigada de
Columna Armada
Ciudad de México.- La Columna
Armada General ‘‘Pedro José Méndez’’, que opera desde 2010 en los municipios
tamaulipecos de Hidalgo, Villagrán y Mainero, cuenta con un brazo encargado de
realizar ejecuciones.
Se trata de la ‘‘Brigada
Alberto Carrera López’’, que en 2014 se jactó de haber ejecutado a 16 presuntos
integrantes de una organización criminal.
En marzo de ese año, dicha
brigada informó que emprendería ‘‘la defensa de la población tamaulipeca’’ a
través de acciones contra un grupo delictivo y funcionarios corruptos, de
acuerdo con comunicados distribuidos principalmente en Hidalgo y de los que el
Ejército posee copia.
Fuentes federales vinculan a
la brigada con la Columna Armada, grupo que ha expresado su apoyo a los ex candidatos
priístas a las alcaldías de Hidalgo, Wenceslao Zúñiga; de Mainero, Luis Aldape,
y de Villagrán, Gustavo Estrella.
Incluso se asegura que los
tres aspirantes –retirados por la dirigencia nacional tricolor– asistieron a
los festejos del sexto aniversario de la Columna Armada.
AJUSTICIAMIENTOS
De acuerdo con información
militar, el 29 de diciembre de 2011 fue ejecutado Giovani Reyes Escobedo, ‘‘El
Durillos’’, presunto integrante de un grupo criminal en Ciudad Victoria y a
quien la Columna Armada atribuye el descuartizamiento de nueve personas y el
secuestro de 10 más en el municipio de Hidalgo.
Según las fuentes, uno de los
líderes de la Columna Armada es Octavio Leal Moncada, relacionado con la
entrega de explosivos a un cártel del narcotráfico para armar carros-bomba, uno
de los cuales habría estallado en Ciudad Victoria en 2012.
Tras un operativo que se realizó en el
Municipio de Hidalgo, Tamaulipas, presuntos delincuentes bloquearon los accesos
por carretera a esa localidad, además, quemaron llantas y un tractocamión,
informó el Gobierno del Estado.
Tras un operativo en Hidalgo,
Tamaulipas, presuntos delincuentes bloquearon accesos a la localidad, quemaron
llantas y un tractocamión.
A través de un comunicado, el
Grupo de Coordinación Tamaulipas dijo que el operativo se realizó poco después
de las 12:46 horas en el mencionado Municipio, que se ubica al centro de la
entidad y que colinda con Nuevo León.
Las llantas y el
tractocamión, precisó la autoridad, fueron incendiados sobre el puente El
Tomaseño, que se ubica a pocos kilómetros de la capital, en la carretera
Victoria-Monterrey.
En el reporte, el grupo
señaló que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Policía
Federal y Fuerza Tamaulipas ya se encuentran atendiendo los actos de violencia.
Las autoridades no reportaron detenidos.
Foto: EL NORTE
(EL MAÑANA DE REYNOSA/ AGENCIA REFORMA/
14 MAYO
2016 - 03:26 P.M.)
Elementos de las fuerzas de seguridad de
Tamaulipas realizaron un operativo para detener a un miembro del crimen
organizado, hecho que desató un bloqueo carretero a la altura del municipio de
Hidalgo. Los civiles que participaron habrían quemado llantas y un camión sobre
el puente del Tomaseño.
Con llantas incendiadas y un
tractocamión, unos sujetos desconocidos bloquearon la carretera
Victoria-Monterrey. Foto: Valor por Tamaulipas.
Ciudad de México, 14 de mayo
(SinEmbargo/Vanguardia).- Luego de un operativo realizado por fuerzas federales
en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, civiles armados bloquearon los accesos
carreteros a esa localidad.
Poco después de las 12:46
horas de este sábado, civiles bloquearon la carretera Victoria-Monterrey con
llantas incendiadas y un tractocamión sobre el puente del Tomaseño, informó el
Grupo de Coordinación Tamaulipas por medio de un comunicado de prensa.
Los bloqueos empezaron poco
después de las 12:00 horas.
Según el sitio Valor por
Tamaulipas, los bloqueos se deben a la detención de un líder delincuencial.
(SIN EMBARGO.MX/ Redacción / mayo 14,
2016 - 3:23 pm)
De 2008 a 2014 se tiene registro de 103
quejas por tortura en Sinaloa, de
acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entre éstas se encuentra
el caso de Yesenia Armenta Graciano, una mujer que lleva casi cuatro años en
prisión acusada de asesinar a su esposo. La única prueba en su contra, sin
embargo, es un documento que ella firmó con los ojos vendados, después de haber
sido torturada y violada durante horas por policías locales. A su historia se
suma la de dos jóvenes señalados recientemente por el homicidio de dos turistas
australianos; uno de ellos denunció bajo tortura y luego de la siembra de
evidencia.
Yesenia en la prisión, en mayo de 2015.
Foto: Amnistía Internacional.
Ciudad de México, 14 de mayo
(SinEmbargo).– Yesenia Armenta Graciano creía que estaba secuestrada. Con los
ojos vendados y las manos esposadas hacia atrás, colgaba boca abajo atada de
los tobillos. Escuchaba amenazas. Creía que no saldría viva de aquella bodega a
la que fue llevada el 10 de julio de 2012 por policías vestidos de civil, luego
de obligarla a salir de su automóvil. Después de ser golpeada, asfixiada y
violada la obligaron a firmar una confesión que no pudo leer. A raíz de esa
evidencia sustraída por medio de tortura, lleva casi cuatro años encarcelada en
el penal de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, acusada de haber asesinado a su
esposo.
A pesar de todos los abusos a
los que fue sometida, afirma Amnistía Internacional, la Procuraduría General de
Justicia (PGJ) de la entidad gobernada por Mario López Valdez, mejor conocido
como “Malova”, no ha presentado ninguna prueba legítima y concreta. De aquella
pesadilla sí hay huellas y, además, recomendaciones de las comisiones de
derechos humanos estatal y nacional para investigar y castigar la tortura, así
como reparar el daño físico y psicológico.
El próximo julio se cumplen
cuatro años de que ella vive en prisión lejos de sus hijos y, en contraste, los
policías ministeriales que la torturaron brutalmente continúan en libertad.
“En el estado de Sinaloa la
tortura se tolera sin ninguna consecuencia […]. Nos lleva a cuestionar
muchísimo la independencia de procuración de justicia en ese estado y nos lleva
a preguntarnos sobre qué intereses pueden estar implicados en este caso”,
declaró a SinEmbargo Madeleine Penman, investigadora sobre tortura en México de
Amnistía Internacional.
El 9 de mayo pasado, la Procuraduría
local formuló al juez conclusiones acusatorias. “A pesar de que cuatro peritos
de gran calidad han verificado la tortura que Yesenia vivió, la han seguido
acusando de un delito fabricado”, aseguró Penman.
Ahora el juez es quien tiene
que determinar si será liberada o condenada por delito de homicidio agravado.
No tiene un plazo definido, pero es probable que tarde un par de meses para
tener un fallo.
“DE TODAS LAS FORMAS ME AGREDIERON”
“Señora, conteste todo lo que
le pregunten porque si no la va a pasar muy mal”, escuchó aquel 10 de julio sin
poder ver nada. “Me hablaba de una persona que le gustaba cortar lenguas y
orejas. Que estaba afilando el cuchillo. Que iban a traer a mis hijos y los
iban a violar y hacer pedazos”, narró Yesenia para Amnistía Internacional. “De
todas las formas me agredieron”, recordó.
“No quiero pasar otro día más
aquí. Necesito su ayuda: las autoridades deben saber que el mundo las está
viendo. Sin esta presión, las autoridades se olvidarán de mí”, escribió en una
carta.
Su esposo Jesús Alfredo Cuén
Ojeda, médico en la Dirección de Deportes de la Universidad Autónoma de
Sinaloa, fue asesinado a disparos al salir de un restaurante la mañana del 2 de
julio de 2012, un día después del proceso electoral en el que su hermano Héctor
Melesio participó como candidato al Senado por el Partido Nueva Alianza
(Panal).
El cuerpo quedó boca arriba
cerca de la camioneta en la que se subiría. Los peritos ubicaron a su alrededor
nueve casquillos de arma de fuego calibre nueve milímetros. El Procurador de
Justicia estatal, Marco Antonio Higuera Gómez, declaró que las primeras
investigaciones revelaron “que fue un solo sujeto” quien lo asesinó, reportó la
prensa local. El sospechoso, agregó, viajaba en un vehículo color blanco.
Luego que Yesenia, bajo
tortura, firmó un documento que nunca leyó, la versión se amplió.
La PGJ de Sinaloa informó, de
acuerdo con una nota del 12 de julio de 2012 del diario Noroeste, que Yesenia
“confesó haber pagado 85 mil pesos a una célula delictiva para que asesinara a
su esposo, y fue la encargada de ‘ponerlo’ el día del crimen”.
También fue detenido Luis
Enrique Hernández Maldonado, quien vigiló si había policías en las cercanías
donde ocurrió el homicidio.
El Procurador Higuera Gómez
añadió que Yesenia declaró quiénes colaboraron con ella, quién fue el contacto
con las personas que cometieron el asesinato y también que ella corroboró que
la víctima se encontraba en el restaurante.
Según la confesión, la pareja
estaba en trámites de divorcio y ella, “víctima de maltrato”, buscaba cobrar un
seguro de vida. El Procurador descartó que el móvil del homicidio tuviera
relación con el ex candidato al Senado.
“La Procuraduría de Justicia
de Sinaloa está jugando el papel de juez y parte, es decir, son los
torturadores de Yesenia y también los que llevan la acusación en su contra. Eso
es un grave atento a la justicia”, consideró Madeleine Penman, investigadora de
Amnistía Internacional.
CNDH PIDE CASTIGAR SU TORTURA
En febrero de 2013, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa determinó que aplicaron tortura en contra de Yesenia y lo notificó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). En septiembre de 2012, médicos independientes ya habían detectado señales físicas y psicológicas.
El Ombudsman sinaloense, Juan José Ríos Estavillo, informó que encontraron violaciones a su derecho a la libertad, integridad, seguridad personal, legalidad y salud. Ante ello, recomendó iniciar una investigación contra los servidores públicos identificados como responsables.
La PGJE no aceptó la recomendación por no estar acreditada la existencia de una “situación de coacción” contra la mujer.
Dos años después, en enero de 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, acatar las disposiciones emitidas por la CEDH por la tortura a Yesenia Armenta. Coincidió en que se violaron los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, así como al trato digno, y demandó a López Valdez que se repare el daño.
“Después de la recomendación de la CNDH en 2015, el estado de Sinaloa abrió una averiguación previa por tortura en el caso de Yesenia. Nosotros tenemos contacto con la Procuraduría estatal, pero no hemos visto resultados completos. Peor aún, después de tantas evidencias y a cuatro años de su tortura, la Procuraduría tuvo la audacia de mandar peritos para retraumatizarla y levantar otra pericia para fallar que ella no fue torturada”, dijo Madeleine Penman, de Amnistía Internacional.
AMNISTÍA INTERNACIONAL EXIGE JUSTICIA
Yesenia firmó, luego de ser
torturada por policías de Sinaloa y con los ojos vendados, una confesión que la
retiene en la cárcel. Foto: Amnistía Internacional.
Más de siete mil firmas
exigen que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial
sobre la tortura sufrida por Yesenia Armenta y que se retiren los cargos en su
contra.
Amnistía Internacional
implementa esta petición en su plataforma Alza tu Voz. En una carta emitida al
Procurador estatal Marco Antonio Higuera Gómez, denuncia que médicos forenses
de la Procuraduría General de la República la examinaron. Sin embargo, no
mencionaron indicio alguno de tortura u otras formas de malos tratos.
“Le pido que implemente las
recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de revisar la
aplicación de los exámenes médicos forenses a víctimas de tortura, para que
cumplan plenamente las normas internacionales de derechos humanos, como el
Protocolo de Estambul, que México ha prometido respetar y defender desde hace
muchos años. Las víctimas de tortura merecen un examen inmediato y adecuado a
cargo de expertos independientes a la Procuraduría General de la República”,
dice la misiva.
De acuerdo con Erika
Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, Yesenia
es una de las miles de víctimas “del malvado sistema de justicia mexicano” que
muy a menudo se basa en evidencia extraída bajo tortura u otros malos tratos
para sentenciar a personas.
“Yesenia debe ser liberada
inmediata e incondicionalmente y se debe lanzar una investigación urgente para
asegurar que aquellos que abusaron de ella enfrenten la justicia. Si esto no se
hace, se perpetuará el temible mensaje que la policía y los militares pueden
torturar a cualquiera para que confiese sin que hayan consecuencias”, pidió
este mayo en un comunicado de la organización.
Mañana, en la Plaza de
España, de Santa Cruz de La Palma, en España, Amnistía Internacional llevará a
cabo una manifestación con el objetivo de “despertar” al Procurador del Estado
de Sinaloa, Marco Antonio Higuera, que lleva más de tres años “dormido” sin
revisar la situación de Yesenia.
Los activistas escenificarán
una “guerra de almohadas” entre dos bandos: uno, el de quienes lucirán máscaras
del Procurador, y el otro, el de quienes exigen la liberación de la mujer
torturada.
TORTURA EN SINALOA
De 2008 a 2014 se tiene el
registro de 103 quejas por tortura en Sinaloa, revelan cifras de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa. Pero de acuerdo con el Consejo de la
Judicatura Federal (CJF) no ha habido ninguna sentencia.
“A nivel estatal, la regla es
la impunidad casi absoluta”, concluyó el Centro Prodh en su Informe sobre
Patrones de Violaciones a Derechos Humanos. La ausencia de justicia “repercute
en el reconocimiento legal del carácter de víctimas a las personas
sobrevivientes de tortura a efecto de recibir una reparación integral del
daño”.
A nivel federal, la
Procuraduría General de la República (PGR) documentó que el número de denuncias
de tortura presentadas aumentó más del doble entre 2013 y 2014 de mil 165 a 2
mil 403 casos, de acuerdo con el informe de Amnistía Internacional “La epidemia
de la tortura en México continúa”. De los 2 mil 403 casos, mil 622 se
encontraban bajo investigación.
“La falta de seguimiento y
control respecto a las denuncias de tortura suscita serias dudas sobre la
capacidad de las autoridades para reunir pruebas suficientes con las que lograr
una condena”, acusó Amnistía.
Los médicos oficiales,
añadió, a menudo no documentan adecuadamente las señales de tortura y malos
tratos, tanto físicos como psicológicos, tras el arresto de un detenido.
El 29 de abril de este año la
Ley General contra la Tortura fue aprobada por el Senado y actualmente se
encuentra una minuta en la Cámara de Diputados.
“La actual minuta tiene
puntos que pueden ser positivos, pero de ninguna manera estamos fuera de la
zona de peligro sin un dictamen que cumpla con los estándares internacionales
de derechos humanos que asegure que cualquier prueba obtenida bajo tortura sea
excluida del proceso y sin una buena entrada en vigor del nuevo Sistema Penal
Acusatorio”, opinó Penman.
De acuerdo con el documento,
todo “delito cometido por cualquier servidor público que cause dolor o
sufrimiento físico o psíquico a una persona” es un acto de tortura, mismo que
se sanciona con una pena de 10 a 20 años de prisión y de 500 a mil días de
multa.
Si los tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes se presentan cuando un servidor público veje,
maltrate, degrade, insulte o humille a una persona, se castigará con una
sanción que va de 3 meses a 3 años de prisión y hasta 200 días de multa.
CASO DE AUSTRALIANOS
Los jóvenes australianos asesinados en
Sinaloa. Foto: Noroeste
Julio César González Muñiz,
Martín Ponce Rogelio Muñiz (primos) y Sergio Simón Benítez fueron señalados por
las autoridades sinaloenses como los culpables del asesinato de los dos
australianos Dean Lucas y Adam Russell Coleman, quienes desaparecieron en noviembre
durante sus vacaciones en la costa del Pacífico.
Sin embargo, de acuerdo con
una queja levantada por sus familiares en la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH), los hombres presos confesaron bajo golpes y amenazas.
“Ellos estaban echando agua
en mi nariz y boca”, contó Martín Ponce a Men’s Journal desde prisión. Él
estaba dormido en casa de su hermana cuando los policías arribaron. “Ellos
estaban hiriendo a mi hermana, lastimándome, queriendo que les dijera dónde
vivía Julio [su primo]”, añadió.
El 4 de diciembre, el
Procurador de Sinaloa Marco Antonio Higuera informó que los tres detenidos
pertenecían a un grupo de robo de vehículos que utilizaban uniformes falsos de
corporaciones policiacas para atacar a sus víctimas.
Ellos sembraron los uniformes
y armas, acusó Martín. Nosotros no estuvimos envueltos, dijo.
El abogado de los primos,
Francisco Fierro Verdugo, declaró al medio que las autoridades de Sinaloa
estaban bajo mucha presión nacional e internacional para encontrar a los
culpables del homicidio. “Los arrestos aliviaron esa presión”, sugirió.
La medianoche del 20 al 21 de
noviembre fue la última vez en que los turistas fueron vistos. El empleado de
una tienda les indicó la ruta hacia Mazatlán. Al no poder comunicarse con
ellos, sus novias, familiares y amigos comenzaron a solicitar ayuda.
Los cuerpos de los surfistas
fueron localizados ya calcinados en el interior de una camioneta el sábado 21
de noviembre, en unas tierras de cultivo ubicadas entre los poblados Juan
Aldama, “El Tigre” y San Blas, en Navolato, Sinaloa.
(SIN EMBARGO.MX/ DULCE OLVERA/ MAYO 14, 2016 - 12:05 AM)
JIUTEPEC, Mor.
(proceso.com.mx).- El regidor de Jiutepec Orlando Gorostieta Rabadán, del
Partido Humanista, disparó contra una familia hiriendo a dos hombres y a una
menor de 11 años de edad, luego de un incidente de tránsito en la madrugada de
este sábado. Las versiones coinciden en que conducía en estado de ebriedad.
En las primeras horas de este
sábado, el regidor de Asuntos Indígenas, Colonias y de la Juventud, del Cabildo
de Jiutepec, manejaba su camioneta Toyota Hilux color plata, con placas de
circulación KD45793 del estado de Guerrero, cuando chocó contra otro vehículo
estacionado en la calle Abasolo de la colonia Jardín Juárez.
De acuerdo con las versiones
policiacas, los dueños del vehículo salieron de la casa y comenzaron una
discusión con el edil, quien sacó una pistola calibre 380 y disparó contra dos
hombres, causándoles diversas heridas. Sin embargo, las balas también
alcanzaron a una menor de 11 años quien se encontraba al interior de su casa.
Los tres heridos fueron
trasladados por una ambulancia al Hospital General de Cuernavaca José G Parres.
Mientras que el regidor fue detenido por elementos de la policía del Mando
Único, aunque intentó huir y luego sobornar a los agentes policiacos. No
obstante, el regidor fue traslado al sector central de la Fiscalía General del
Estado de Morelos, ubicada al norte de la ciudad de Cuernavaca.
La puesta a disposición fue
por ser probable responsable del delito de lesiones dolosas y lo que resulte en
agravio de las tres personas. Los lesionados son Gerardo Rodríguez Castro, de
27 años de edad, quien presentó cuatro disparos en el abdomen; Mario Jiménez
Ocampo, de 25, fue herido en la rodilla izquierda; y la menor lesionada de 11
años, María Guadalupe, quien tenía heridas en la mano izquierda, una rodilla y una
pierna.
En entrevista telefónica, el
alcalde de Jiutepec, el expriísta José Manuel Agüero Tovar, se deslindó de su
compañero de Cabildo: “cada quien debe asumir su responsabilidad. Desde la
Legislatura pasada los miembros de los ayuntamientos ya no tenemos fuero, así
que si un alcalde, un síndico o un regidor cometen alguna falta o algún delito,
deben asumir su responsabilidad. En este caso, si el compañero hizo lo que se
dice, debe asumir su responsabilidad cabalmente, nadie más que él, debe asumir
la responsabilidad de sus actos”.
El municipio de Jiutepec se
encuentra en la zona conurbada de Cuernavaca, al oriente de la capital. Es el
municipio con mayor densidad poblacional del estado, en su territorio se
encuentra la zona industrial más grande de la entidad, la Ciudad Industrial del
Valle de Cuernavaca (Civac), fundada en los años 60. Tiene zonas muy urbanas,
pero también tiene zonas agrícolas; tiene fraccionamientos lujosos, pero
también colonias populares, como Jardín Juárez.
Ha sido gobernada por PRI,
PAN y PRD. El sol azteca la ha gobernado los últimos tres trienios. Actualmente
el alcalde Agüero Tovar también pertenece al PRD, aunque fue priísta hasta
2012, cuando renunció para ocupar la candidatura, a invitación del gobernador
Graco Ramírez.
Dos de los cuerpos quedaron sobre la
calle y uno en la franja de arena
Foto: Quadratín
ACAPULCO, GUERRERO.- Este
sábado por la tarde, tres prestadores de servicios turísticos de Acapulco
fueron asesinados a balazos en una calle que se ubica entre la Costera Miguel
Alemán y la playa, muy cerca de la base naval.
El reporte policiaco señala
que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 13.00 horas en la calle
Carabela Santa María, que une la Costera Miguel Alemán con la playa, las tres
personas se ubicaban cerca de la playa cuando fueron atacados por hombres
armados.
Dos de los cuerpos quedaron
sobre la calle y uno en la franja de arena. Al llegar al lugar de los hechos la
ambulancia de la Cruz Roja los 3 hombres ya no presentaban signos de vida.
Este hecho provocó una
intensa movilización policiaca, sin que se pudiera ubicar a los responsables
del ataque armado.
Monterrey. NL.- El
"decomisar" una mochila abandonada por un sospechoso que escapó el
pasado 4 de mayo de un operativo y balacera en Valle Oriente, y presuntamente
negarse a devolverla, habría provocado la ejecución del jefe de inteligencia de
la Ministerial, Carlos Arturo Valle Novelo, y su escolta este lunes en San
Pedro.
Dos fuentes relacionadas con
las investigaciones coincidieron ayer en que la mochila fue abandonada por uno
de los presuntos delincuentes que se hizo pasar como cliente ingresando a la
zapatería SAS para escapar de la acción policial luego del tiroteo frente al
restaurante Sirloin Stockade entre ministeriales y criminales.
Aristegui / Ciudad de
México.- Un video enviado a este Sitio a través de Mexicoleaks muestra a
Silverio Rodríguez Martínez siendo asfixiado y sometido por presuntos agentes
de la Procuraduría General de Justicia del Estados de México, uno de los cuales
se habría incorporado, posteriormente, como agente en la PGR. Aristegui
Noticias solicitó a la PGR confirmar la identidad de dicho agente. Aunque dicha
confirmación hasta el momento no ha ocurrido oficialmente, la PGR informó a
este medio que el agente Pedro Velazco Estrada fue separado de su cargo ayer
por"... sospechas en la comisión del delito".
Sebastián Barragán y Rafael Cabrera /
Unidad investigaciones especiales
Elementos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México (PGJEM) torturaron a un hombre acusado
de los delitos de secuestro, homicidio, extorsión y narcomenudeo cuya detención
se anunció en abril de 2014.
Un video enviado a Aristegui
Noticias mediante Mexicoleaks, la plataforma segura para compartir información
entre ciudadanos y periodistas, muestra al detenido siendo asfixiado con una
bolsa de plástico en la cabeza y sometido por varios agentes judiciales
mexiquenses.
La persona anónima que envió
el video señaló la identidad de un elemento de la PGJEM del área de
inteligencia, Pedro Velazco Estrada, quien desde agosto de 2015 fue contratado
por la Procuraduría General de la República (PGR).
El pasado jueves en la noche,
la PGR informó a este medio que no podía corroborar la identidad del
funcionario debido a que no tenía registros gráficos de él y a que necesitaba
un peritaje para hacerlo. Sin embargo, la noche de este viernes informó que lo
había separado de su cargo ante la sospecha de que estuviera involucrado en
este crimen.
Velazco Estrada fue director
de Operaciones Especiales de la Procuraduría mexiquense entre 2009 y 2015. En
agosto de 2015 fue registrado como director de área de la Policía Federal
Ministerial de la Procuraduría General de la República (PGR), según se aprecia
en su declaración patrimonial.
La víctima de tortura es
Silverio Rodríguez Martínez, quien fue presentado por la Procuraduría
mexiquense como miembro de una banda de al menos 12 sujetos que delinquía en
los municipios de Jilotepec y Chapa de Mota, el 9 de abril de 2014.
La captura del presunto delincuente
fue anunciada por el entonces procurador del Estado de México, Miguel Ángel
Contreras Nieto, en conferencia de prensa en la ciudad de Toluca.
El procurador presentó una
foto del presunto delincuente escoltado por dos policías ministeriales. En la
imagen llevaba una camisa azul de manga corta abrochada sólo de un botón a la
altura del pecho.
En el video que recibió
Aristegui Noticias se aprecia al mismo hombre sentado y esposado con las manos
en la espalda en una pequeña oficina; viste la misma camisa e igualmente
abotonada. Frente a él se aprecia un escritorio y lo rodean al menos seis
funcionarios de la procuraduría mexiquense.
Uno de los servidores
públicos, alto y fornido, lleva una chamarra negra con las siglas “PGJEM” en la
espalda.
Este funcionario golpea al
detenido en la cabeza y, tras un corte en el video, le coloca una bolsa de
plástico en la cabeza, la aprieta en el cuello y tira hacia abajo.
La operación se repite al
menos una vez más, como se ve en el video enviado.
Mientras el hombre se asfixia
los otros seis funcionarios de la procuraduría se acercan a la silla del
detenido para someterlo.
En el video se ve que dos
elementos de la PGJEM llevan cámaras de video y audio, las cuales acercan al
detenido mientras realizan los actos de tortura.
Las imágenes mostradas en la
conferencia de la Procuraduría no permiten saber si el detenido fue torturado
antes o después de la conferencia de prensa.
La Procuraduría del Estado de
México quedó en entregar una versión sobre estos hechos desde la mañana del
jueves, pero hasta ahora no ha entregado ninguna respuesta.
TORTURA GENERALIZADA
El director ejecutivo de la
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), José
Antonio Guevara, afirmó que todos los indicios confirman que la tortura es una
práctica generalizada que realizan todas las policías del país para investigar
delitos o mientras realizan tareas de seguridad pública.
El abogado coincide con el
relator especial sobre tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, quien señaló
que México es un país donde se presenta la tortura generalizada bajo un esquema
de impunidad.
Un documento de la CMDPDH
afirma que la tortura se presenta cuando un servidor público, ya sea por la
acción u omisión, causa dolor físico o moral a un ciudadano, sin importar cuál
sea la finalidad de este acto.
José Antonio Guevara dijo que
este tipo de actos se utilizan para lograr confesiones autoincriminatorias,
para señalar a otros presuntos delincuentes, sacar información de “inteligencia”
o simplemente para castigar a los detenidos.
Entre 2007 y 2014 se
iniciaron 4 mil 133 quejas por tortura ante organismos de derechos humanos en
los estados de la República, pero se estima que en 92.3 por ciento de los casos
no se presentó la denuncia ante Ministerio Público, sobre todo por la pérdida
de tiempo y desconfianza en la autoridad, dice el documento de la CMDPDH.
Por otro lado, a nivel
federal se registraron 4 mil 55 denuncias de diciembre de 2006 a octubre de
2014.
Guevara dijo que la tortura
también es una práctica sistematizada, pues han detectado los mismos
comportamientos de autoridades para incriminar a detenidos e incluso para
garantizar la impunidad de los funcionarios.
El coordinador del Colectivo
contra la Tortura y la Impunidad, Javier Enríquez Sam, sostuvo que las
autoridades no deben caer en actos delincuenciales mientras investigan delitos,
porque eso únicamente sirve para escalar la violencia.
Sostuvo que los casos de
tortura aumentaron en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto,
aunque no necesariamente por la lucha contra el crimen organizado sino en
prácticamente todas las actuaciones de policías y ministerios públicos.
Afirmó que la Ley General
para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanas o Degradantes que se discute en el Congreso no adopta las
mejores prácticas internacionales, toda vez que algunos casos podrían
reclasificarse como malos tratos, lo que disminuiría el castigo a los culpables
y desviar la atención sobre este fenómeno.
Eagle Pass.- El departamento
del Transporte de Texas confirmó la muerte de ocho personas como resultado de
la volcadura de un autobús que ocurrió hace unas horas en la carretera estatal
83 cerca de Carrizo Springs entre Laredo y Eagle Pass; siete murieron en el
lugar y otra más en el hospital, según informó el departamento de Policía de
Texas.
El vehículo llevaba a bordo a
unas 52 personas de las cuales 44 resultaron con lesiones de consideración y
fueron trasladados a los hospitales de Laredo y Dimmit.
El accidente ocurrió cerca
del poblado de Catarina en el condado de Webb alrededor de las 11:20 horas.
Al lugar se desplazaron
bomberos y voluntarios de Webb así como ambulancias terrestres y aéreas en el
cruce de la 83 y Galván Road unas millas al norte del puesto de revisión de la
Patrulla Fronteriza.
Alrededor de las 3 de la
tarde el departamento de Transporte de Texas dijo que la carretera 83 Norte
permanece cerrada cerca de 5 millas al sur en los límites de los condados de
Dimmit y de Webb por al menos ocho horas.
Medios como el Laredo Morning
Times difundieron el accidente y señalaron rutas alternativas para quienes
transitan en esa vía que está saturada de camiones de carga por los pozos
petroleros de Eagle Ford.
Una avioneta y tres
laboratorios para procesar droga sintética fueron asegurados por elementos del
Ejército y la Agencia de Investigación Criminal en diferentes operativos en
Culiacán y Cosalá.
Información de la Secretaría
de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República indica que los
decomisos ocurrieron durante esta semana. La avioneta fue localizada en el
aeródromo San Francisco, ubicado en la comunidad de Oso Viejo, en la
sindicatura de Quilá, en Culiacán.
Se estableció que mediante
una llamada anónima reportaron una aeronave que realizaba vuelos clandestinos
por lo que elementos de la PGR y Ejército se trasladaron al sitio. En el lugar
localizaron una avioneta Cessna color blanco, en la que había rastros de
metanfetamina.
Los laboratorios estaban
ubicados en las inmediaciomes de los poblados Los Naranjos y Espinal de Alayá,
en el municipio de Cósala; y en la comunidad El Aguamal, en Culiacán.
Los militares decomisaron
siete reactores, 23 mil 870 litros y 5 mil 389 kilos de sustancias químicas, 85
quemadores, 25 tanques de gas con capacidad de 30 kilos, 9 secadoras, una
trituradora y cinco congeladores. De acuerdo con la Sedena los laboratorios
fueron ubicados cuando el personal militar realizaba recorridos de vigilancia
terrestres.
La avioneta y los precursores
químicos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público
Federal.
En ninguno de los operativos
hubo personas detenidas.
Mujer intenta ganarle el paso al tren y
la arrastra
Escuinapa, Sinaloa.- En el
intento por ganarle el paso al tren en el crucero de la carretera estatal
Escuinapa-Teacapán, una automovilista quedó herida.
El ferrocarril arrastro al
vehículo Honda junto con la conductora
por más de 20 metros.
La lesionada fue identificada
como Olga Leticia Enrique Zavala. Fue trasladada de urgencia a un hospital de
Mazatlán.
El accidente también dejó
miles de pesos en pérdidas materiales.