Agua Dulce, Ver.-En la
madrugada de este martes, asesinan a balazos al esposo e hijo de una mujer de
la Policía Municipal, quienes se encontraban durmiendo al momento de la
agresión.
El doble homicidio se llevó a
cabo alrededor de las 02:00 horas en el domicilio marcado con el número 10 de
la calle Taciste, de la colonia el Bosque del municipio de Agua Dulce.
A dicho lugar arribaron
varios sujetos, presuntamente a bordo de dos vehículos, quienes con armas de
grueso calibre, empezaron a disparar en dirección al inmueble, para luego
ingresar y dar muerte a las dos personas que dormían en esos momentos.
En el interior del domicilio,
quedaron los cuerpos sin vida de Everardo Martínez Guzmán de 51 años de edad y
su hijo Kevin Sánchez Guzmán de 21 años, quienes presentaban varios impactos de
bala.
Tras darse conocer sobre este
hecho sangriento, arribaron al lugar elementos de la policía municipal y otras
autoridades policiacas, quienes solicitaron datos de los agresores y de las
unidades, para iniciar la búsqueda de estos.
De igual forma, arribó al
lugar la esposa y madre de las víctimas, quien en esos momentos se encontraba
laborando, ya que es policía municipal, indicando que cuando le dieron aviso,
se trasladó al lugar y en el trayecto vio como dos camionetas negras salían de
la colonia a exceso de velocidad.
MATAN
Tras la llegada de agentes de
la Policía Ministerial y Servicios Periciales se llevaron a cabo las
diligencias preliminares, para luego trasladar ambos cuerpos al Semefo para la
práctica de la necrocirugía de ley.
Cabe hacer mención que en el
lugar de los hechos, los peritos de la fiscalía, levantaron 27 casquillos
percutidos de calibre .233.
(EL DICTAMEN/ JORGE L. ZAPOT/ 27 DE
ABRIL DEL 2016 A LAS 1:47 AM)
Se esconde sujeto armado en centro
comercial del Morelos tras abrir fuego contra Fuerzas Armadas
Otra vez. Se registra balacera en
Reynosa, ahora buscan a pistolero en Del Río Plaza Comercial.
Por aire y tierra, elementos
de la Marina buscan a un sujeto armado que ataco a las Fuerzas Federales y se
ocultó en el Del Río Plaza Comercial.
Los hechos ocurrieron a las
16:15 horas de este día cuando repentinamente se escucharon detonaciones y
momentos después aparecieron elementos de la Marina en busca del agresor.
En esa zona de la ciudad
fueron tirados ponchallantas para impedir el acceso de las Fuerzas Federales
quienes hacían labor de búsqueda desde el aire y con dos helicópteros.
Atrás del centro comercial,
ubicado en la colonia Bermúdez, instalaron también un filtro de inspección para
identificar a sujetos armados o relacionados con el ataque a tiros.
Esa zona de la ciudad se
mantiene fuertemente vigilada por elementos Federales, mientras que en el
centro comercial establecieron una estrategia de seguridad que impide ingreso y
salida del mismo.
(EL MAÑANA/ REYNOSA/ LA TARDE/ STAFF27 /
ABRIL / 2016 - 05:27 P.M.)
JALAPA, Ver. (Apro).- El
director general de Mexichem, Antonio Carrillo Rule, aseguró que de los 32
obreros fallecidos en la doble explosión del área de Clorados III del complejo
petroquímico Pajaritos, ni uno solo era empleado de Pemex o de Petroquímica
Mexicana de Vinilo (PMV), pues quienes perdieron la vida eran obreros de
empresas contratistas como Gamza, Ica Flour y Welding, entre otras.
En declaraciones a la agencia
local AVC, al periódico Milenio y al grupo Imagen, entre otros, Carrillo Rule
explicó que, aunque la planta Clorados III es operada por PMV, eran
contratistas quienes hacían las tareas de mantenimiento y de control de
válvulas, así como las remociones en los andamios.
“Había más de 700
contratistas trabajando en la modernización de la planta, desgraciadamente
todos los fallecidos que tenemos son gente de los contratistas, no son
trabajadores de Pemex", aclaró.
Sin pretenderlo, Carrillo
corroboró las quejas de familiares y amigos de las víctimas, quienes han
recriminado en el puente Coatzacoalcos I y a las afueras del complejo Pajaritos
que ni a fallecidos, ni a heridos, la empresa Mexichem, Pemex, PMV o el
gobierno federal les ha apoyado con los gastos funerarios, ni tampoco han
hablado de alguna indemnización.
El directivo de Mexichem
--empresa que obtuvo la concesión de Pajaritos hace tres años, casi al arrancar
el sexenio de Peña Nieto-- atajó que PMV es una empresa que tiene su propio
consejo de administración, sus empleados, su estructura independiente. y que en
el área de Clorados III operaban puros contratistas.
Este martes por la tarde la
empresa PMV y Mexichem abrieron las puertas del complejo Pajaritos a la prensa
local, en aras de acallar un poco las críticas en torno al número de
desaparecidos, la dificultad de identificar a los muertos, así como el deslinde
que han hecho de los empleados fallecidos y cuyas empresas outsourcing del
petróleo no han querido apoyar ni en los gastos funerarios.
En medio de fierros quemados,
de las estructuras de Pajaritos destruidas y tras un cerco de cien metros del
lugar donde ocurrió la explosión, fotoperiodistas y camarógrafos recorrieron el
complejo petroquímico
A los reporteros y fotógrafos
se les permitió realizar su labor en un área acordonada, esto a unos 100 metros
de distancia del lugar exacto de la explosión.
Desde el ingreso al lugar se
pueden ver cristales rotos, ventanas que hoy son cubiertas con bolsas negras y
pedazos de metal esparcidos por todo el suelo.
La violencia se ha desatado en Guerrero
como resultado de la guerra que mantienen por el control de esa entidad las
células criminales de cinco cárteles de las drogas
La alerta de viaje emitida
por el Gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos de evitar Acapulco no es
fortuita: en Guerrero la violencia sigue.
Es el resultado de la guerra
que mantienen por el control del estado las células criminales de cinco
cárteles de las drogas, en donde la “Joya de la Corona” es Acapulco.
La espiral violenta, que no
ha podido detener la administración del gobernador Héctor Astudillo, manifestó
su crudeza con las balaceras que se vivieron el pasado domingo por la noche,
sobre la costera Miguel Alemán, en donde sicarios se enfrascaron en tres
enfrentamientos que duraron más de dos horas.
El volátil estado de
inseguridad que se vive en Guerrero también ha sido detonado por los choques
entre policías ciudadanos (autodefensas) de la Unión de Pueblos y
Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que han declarado una guerra
abierta a todas las células del crimen organizado.
La crudeza de la violencia en
Guerrero, más allá de los hechos del domingo, ya había dado una muestra en
noviembre del año pasado, cuando en la comunidad de Polixtepec, en el municipio
de Leonardo Bravo, autodefensas se enfrentaron con miembros de una célula del
crimen organizado conocida como la Banda de Villalobos Arellano.
La refriega duró siete horas,
con saldo de tres delincuentes abatidos y cinco heridos entre los autodefensas.
Pese a lo prolongado del encuentro, nunca se presentó la policía estatal.
Otra balacera ya se había
protagonizado en el puerto de Acapulco. Sujetos armados se enfrentaron a
balazos en las inmediaciones de la playa “La Angosta”, cerca de “La Quebrada”,
en donde el saldo fue de dos personas muertas y pánico generalizado entre la población.
El comisionado nacional de
seguridad, Renato Sales, ha reconocido que los hechos violentos en Guerrero son
resultado de la confrontación de dos cárteles -de los que ha omitido el
nombre-, pero en la fiscalía general del Gobierno del Estado se habla de la
confrontación a muerte de los grupos de Beltrán Leyva y del Pacífico, que
reclaman como suyo el control del puerto de Acapulco.
ALIANZAS ‘ESTRATÉGICAS’
El cártel de los hermanos
Beltrán Leyva se ha aliado con las bandas delincuenciales conocidas con Los
Rojos, Los Granados, Los Ardillos y El Cártel Independiente de Acapulco, en
tanto que el Cártel del Pacífico se unió a los grupos criminales La Barredora y
Comando del Diablo.
A la pelea principal por el
puerto de Acapulco entre los grupos de Los Beltrán Leyva y del Pacífico se ha
sumado también la disputa -con ambos cárteles-, de las células de La Familia,
Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Caballeros Templarios, los que también se
encuentran aliados con organizaciones criminales menores, pero igualmente
violentas.
También hay alianzas entre el
cártel de La Familia con los grupo locales conocidos como El Comando Negro,
Pueblo Pacifista Unido y Nueva Alianza de Guerrero; el Cártel Jalisco Nueva
Generación ha podido hacer pacto de unidad con los grupos Nuevo Cártel de la
Sierra, La Tejona, Los Tequileros y Los Calentanos.
Por su parte, Los Caballeros
Templarios están peleando el control del puerto junto con Los Pelones, Luzbel
del Monte, El G1, La Empresa, La Resistencia, Ejército Libertador del Pueblo y
Los Temerarios.
Frente a este panorama, el
gobernador Héctor Astudillo ha rehuido hablar sobre el tema de la violencia.
Solo quiere hablar de “cosas buenas”. Así resume las líneas de acción de su
gobierno para encarar la nueva crisis que afronta la entidad. Ha dejado la
seguridad en manos de la Federación.
TERROR EN EL PUERTO
La violenta confrontación que
mantienen los cárteles de las drogas en el estado de Guerrero ha permeado en el
ánimo de la sociedad. En Acapulco nadie se siente seguro. Así lo ha evidenciado
la escasa presencia de gente en los centros comerciales y mercados.
La costera Miguel Alemán
prácticamente está desierta. La presencia de elementos del Ejército y de la
Policía Federal Preventiva no alcanza para motivar a la población al retorno de
las actividades cotidianas. Sólo en algunos puntos turísticos de las playas de
Acapulco parece que no hay miedo.
Los comercios cierran más
temprano que de costumbre. Las actividades no se alcanzan a normalizar en las
más de 100 escuelas que suspendieron clases desde el lunes. En algunas
instituciones educativas de nivel medio superior y superior, principalmente de
la Universidad Autónoma de Guerrero, la ausencia de alumnos fue notoria el
martes.
En el sector hotelero saben
que la violencia de los últimos días podría detonar en una crisis económica
para el ramo. La violencia les ha pegado no sólo en el impacto emocional de los
turistas, sino en la alza de extorsiones que siguen llegando.
Desde marzo pasado, la
asociación de hoteles y restaurantes de Acapulco ya había advertido, en voz de
su presidente Francisco Aguilar Ordóñez, sobre de la necesidad de un cambio en
la estrategia de seguridad para encarar la violencia en el puerto, la que sigue
empujando a pérdidas a ese sector.
La muestra más palpable de la
situación que enfrentan los hoteleros de Acapulco se observa con el cierre del
hotel El Kiosco, el que luego de 40 años de servicio ininterrumpido tuvo que
suspender su servicio indefinidamente, como resultado de los cobros de
extorsión.
VIOLENCIA GENERALIZADA
De acuerdo a la Secretaría de
Seguridad Pública del Gobierno federal, en Guerrero se registran al menos ocho
focos de violencia generalizada.
La causa principal de la
violencia, apuntó un funcionario de la dependencia, es la disputa por el
control del territorio para el trasiego de drogas. En lo que va del año se registra
un saldo de 137 muertos en enfrentamientos en estos ocho focos.
Los principales sitios de
disputa que se mantienen en Guerrero son: Ciudad Altamirano y Arcelia, Tixtla y
Chilpancingo, el puerto de Acapulco y Ometepec, en la Costa Chica. La costa de
Zihuatanejo, y en Metlaltonoc, en la zona de La Montaña.
> Cártel Jalisco Nueva Generación
Se alió con Nuevo Cártel de la Sierra, La Tejona, Los
Tequileros y Los Calentanos
> Los Caballeros Templarios
Reclutaron a Los Pelones, Luzbel del Monte, El G1, La
Empresa, La Resistencia, Ejército Libertador del Pueblo y Los Temerarios
> Cártel de La Familia
Va con El Comando Negro, Pueblo Pacifista Unido y
Nueva Alianza de Guerrero.
> Para tomar Acapulco
Alianzas entre cárteles con grupos criminales de
Guerrero:
> Cártel de los Beltrán Leyva
Apoyado por Los Rojos, Los Granados, Los Ardillos y El
Cártel Independiente de Acapulco
> Cártel del Pacífico
Pelea por el puerto junto con La Barredora y Comando
del Diablo.
(REPORTE INDIGO/ J. JESÚS LEMUS/
MIÉRCOLES 27 DE ABRIL DE 2016)
El informático Chris Vickery
se vio involucrado por accidente en la mayor filtración de datos personales en
la historia de México. La fuga del padrón electoral ocurre justo cuando se
discute una Ley para sancionar el mal uso de la información en poder de las
autoridades
Desde septiembre de 2015 es que estaba
la base de datos en línea, sin ninguna contraseña o encriptada, accesible al
ojo público que la encontrara
"Está allá afuera (la información)
porque los humanos son flojos(...), yo no hackeo nada, solo encuentro cosas que
están ahí afuera, accesibles al público”
"No es una falla informática; es
más un descuido de alguien que no puso candados de seguridad”
Chris Vickery,
Experto en seguridad computacional
93.4 millones de votantes estaban dados
de alta en el padrón filtrado
12,000 dólares costaba en Tepito el
listado actualizado del IFE, en 2010
¿Se imagina su foto, edad, nombre y
dirección en manos de un criminal?
En esta época una de las
formas más fáciles de suplantar la identidad de un ciudadano es teniendo sus
datos personales.
Esos que el Instituto
Nacional Electoral (INE) del País debe guardar con toda reserva.
Esos para los que incluso
está por concretarse una reforma a la Ley de Protección de Datos Personales
para sancionar el mal uso de esta información.
El 14 de abril el texano
Chris Vickery, de 31 años, encontró la mina de oro. Lo que cualquier miembro
del crimen organizado pagaría por tener en sus manos.
La diferencia es que el
estadounidense lo encontró de manera gratuita, sin contraseña, sin dinero de por
medio ni restricciones.
Vickery se topó con el padrón
electoral del 2015 del INE de manera íntegra en los servidores de
almacenamiento de Amazon. No tenían ningún tipo de encriptación o paso de
seguridad. La base de datos le llamó la atención por pesar 132 gigabytes (GB) y
estar disponible bajo el nombre “padron2015”.
Para el experto en seguridad
computacional, ésta es la evidencia de que México es vulnerable ante los
hackers internacionales: “La base de datos del INE podría ser peligrosa en las
manos equivocadas”, afirma en entrevista.
El INE, que encabeza Lorenzo
Córdova, no ha informado cómo se originó la mayor filtración de datos
personales en la historia de México.
‘NO SOY HACKER’
Desenfadado, sin aires de uno
de esos rockstars de las redes sociales insiste en que no pueden llamarlo
hacker.
Es más una especie de
vouyerista de la red. Un intruso que disfruta de buscar todo tipo de archivos e
información.
“Está allá afuera (la información)
porque los humanos son flojos, ese es el por qué (…) soy más como un periodista
que un hacker, porque yo no hackeo nada,
solo encuentro cosas que están ahí afuera, accesibles al público”, explica
Vickery.
Para el investigador de
seguridad que trabaja en la empresa MacKeeper, encontrar este tipo de
información no es extraño. En diciembre de 2015 dio con todo el registro de
votantes de los 50 estados de su País.
“Estaba también sin
protección”, ironiza.
Sin embargo en Estados Unidos
la información personal no se encuentra tan clasificada o restringida como en
México, en donde existe una sanción penal de hasta 12 años para quien utiliza
estas bases de datos para su beneficio personal.
Cuando dio con el padrón
electoral mexicano avisó al Departamento de Estado de Estados Unidos, a la
embajada de México en Washington, al INE y a Amazon.
Hasta una semana después del
hallazgo, el 22 de abril, se dio de baja el contenido en la nube de la compañía
fundada por Jeff Bezos y el investigador computacional publicó su experiencia
en el blog de la empresa para la que labora.
En entrevista telefónica
desde Austin, Texas, Vickery detalla cómo fue que encontró el listado de
votantes del INE sin ninguna protección o candado.
Desde su computadora utilizó
un motor de búsqueda pública llamado Shodan, con el que se encuentran archivos
en internet de distintos servidores.
El parámetro de búsqueda que
introdujo en Shodan fue el puerto 27017, el cual está asociado a la búsqueda de
datos NoSQL de MongoDB. Este código especializado en documentos está disponible
en sistemas Windows, OS X, Linux y Solaris.
“Estaba buscando al azar y de
pronto me topé con algo llamado ‘padron2015’ y lo único que sé o que me refería
de manera cercana a esa palabra era el Tequila Patrón, lo cual tomó mi
curiosidad, lo abrí y me topé con estos archivos de registro”.
Shodan es un portal abierto
que sirve para encontrar dispositivos y servidores, además de hurgar dentro de
otras plataformas de búsqueda como Google, por lo que al especificar un rastreo,
se puede dar con bases de datos, sistemas de control de cámaras de seguridad en
tiempo real, entre otro tipo de aparatos como routers, todo de manera legal.
EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN
La base de datos del INE
estuvo disponible desde septiembre del 2015, asegura, pues así lo revelaba la
dirección de IP de la nube donde estaba.
No hay información para
determinar cuántas veces fue descargado el listado de votantes, por lo que se
desconoce quién más pueda contar con la dirección, nombre completo, fecha de
nacimiento y foto de 93 millones de mexicanos.
En el mercado negro del internet,
dice Vickery, ese tipo de información
podría tener un costo de “alrededor de 100 mil o 200 mil dólares”.
“No es una falla
informática”, asegura, “es más un descuido de alguien que no puso candados de
seguridad”.
INE HACKEADO EN TWITTER
El error informático de la
dependencia federal recién sacado a la luz pública, no fue el primero con el
que estuvo vulnerable en el mundo cibernético.
Durante las elecciones
intermedias del 2015, la cuenta de Twitter del INE fue hackeada momentos antes
de anunciar los resultados preliminares de los votantes.
En la red de 140 caracteres
se subió la imagen de la modelo noruega Linn Beate Sejrup Riley, que duró en
línea por un lapso de un minuto y momentos después el INE anunció que su cuenta
había sido comprometida, sin nunca aclarar el daño o esclarecer a los
culpables.
MEXICANOS EXPUESTOS
La filtración del listado de
votantes y el escándalo que se ha generado en torno a este episodio en el
control de información del INE, no es nuevo para su antecesor, ya que el IFE ya
había sufrido de la vulnerabilidad y la exposición de los datos de los
mexicanos.
En el año 2010 El Universal
develó que en Tepito se vendía el listado actualizado en 12 mil dólares, en
tres memorias externas de 160 GB cada una, los documentos además contenían el
registro vehicular y licencias de conducir, de todo México.
Además en 2013 se encontró la
base de datos de votantes del IFE en el sitio web buscardatos.com el cual tiene
su sede en Suecia. De esta filtración se comprobó que el partido Movimiento
Ciudadano (MC) fue quien subió el listado.
El INE después de tres años
de proceso legal, dictaminó que MC no expuso la información con dolo, ni se
comprobó la venta del padrón, por lo que solo se les multó con 76 millones de
pesos.
(REPORTE INDIGO/ HIDALGO NEIRA/
Miércoles 27 de abril de 2016)
El Gobierno de Javier Duarte de Ochoa
aún adeuda a la Universidad Veracruzana 2 mil 092 millones de pesos, 451.7
millones son de recursos federales y mil 640.8 millones de recursos estatales,
pese que existen denuncias penales para que la administración estatal cubra al
adeudo, y que los universitarios han salido a las calles en más de una ocasión
para exigir el pago, éste no se ha concretado. Por ello, la Junta de Gobierno
de esa casa de estudios presentó hoy una denuncian ante la Organización de
Naciones Unidas (ONU) para que intervenga en el caso, por la “violación del
derecho a la enseñanza superior” en el estado de Veracruz.
Miembros de la Junta de Gobierno de la
UV se presentaron en las oficinas del Representante Adjunto en México de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Foto: UV.
Ciudad de México, 27 de abril
(SinEmbargo).– La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) pidió
hoy la intervención del Relator sobre el Derecho a la Educación del Consejo de
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kishore
Singh, y del Representante Adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ante el adeudo de más de 2 mil
millones de pesos que el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa tiene con la
institución.
“Nuestro caso ha alcanzado
visibilidad nacional y ha sido hecho del conocimiento del Presidente de la
República [Enrique Peña Nieto] y del Secretario de Educación del país[Aurelio
Nuño Mayer], sin que hasta el momento se haya dado ninguna intervención oficial,
sobre todo del Secretario de Educación que es en quien recaen deberes de cargo
al respecto. Razón por la cual consideramos que las autoridades federales están
siendo omisas en torno a sus deberes de protección y garantía del derecho a la
educación en el nivel superior”, denunció la casa de estudios.
En una carta enviada al
organismo internacional, Adolfo Martínez Palomo, Eduardo Matos Moctezuma, Elena
Rustrián Portilla, Federico Roesch Dietlen, Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari,
Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora, María Soledad Loaeza Tovar, Ricardo Corzo
Ramírez y Roberto de Jesús Olavarrieta Marenco, integrantes de la Junta de
Gobierno de la Universidad, pidieron al Relator entablar una comunicación con
el Estado mexicano en torno al adeudo millonario y “respecto a las medidas que
las autoridades mexicanas tomarán para reconducir esta situación”.
La Junta de Gobierno informó
que el envío de la misiva fue notificado a Aurelio Nuño Mayer, Secretario de
Educación Pública; Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores;
Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación; Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación
del Senado; Hortensia Aragón Castillo, presidenta de la Comisión de Educación
Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, y Carlos Ernesto Hernández Hernández, presidente de la Comisión de
Educación y Cultura del Congreso del Estado de Veracruz.
La Secretaría de Finanzas y
Planeación del Estado de Veracruz adeuda subsidios a la UV por 2 mil 092
millones de pesos, 451.7 millones son de recursos federales y mil 640.8
millones de recursos estatales, los cuales incluyen montos adeudados que datan
desde el año 2008. En enero pasado, el monto por subsidios no ministrados por
el Gobierno del estado pasó a ser de 2 mil 144 millones de pesos.
El pasado 2 de febrero, la
Universidad, a través de su representante legal, interpuso dos denuncias
penales por la falta de pago completo y oportuno. Una de ellas fue hecha ante
la Agencia del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Control Regional,
Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República
(PGR) por el adeudo de 451.7 millones de pesos por el concepto de Subsidio
Federal Extraordinario. La otra denuncia se presentó ante la Coordinación de la
Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con hechos de Corrupción y
Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz
por el adeudo de mil 625.1 millones por concepto de subsidio estatal ordinario
y extraordinario.
La Universidad Veracruzana
presentó también el 2 de febrero de 2016 una demanda de amparo por
inconstitucionalidad de leyes ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en
Materia Mixta de Xalapa por la emisión del Decreto Número 623 del Presupuesto
de Egresos para el ejercicio fiscal 2016, a través del cual se disminuyó el
subsidio estatal ordinario en un 7 por ciento respecto al presupuesto
autorizado en el año 2015.
La protesta del pasado 10 de marzo.
Foto: Cuartoscuro.
La autoridad educativa
precisó en la carta enviada al Relator Kishore Singh que el incumplimiento en
los pagos ha repercutido en el incumplimiento de compromisos institucionales,
en su mayoría por retenciones de impuestos. Refirió que al 31 de enero de este
año, la institución adeudaba al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el
Impuesto sobre la Renta (ISR) retenido a trabajadores por 934.5 mdp, de los
cuales 102.7 corresponde a recargos y actualizaciones.
La UV dijo que esta situación
también ha puesto en riesgo algunas de las certificaciones y acreditaciones con
las que cuenta esa casa de estudios así como como el desarrollo y difusión de
proyectos de investigación, la renovación y actualización tecnológica, el
sostenimiento de contrataciones o la promoción de plazas académicas y
administrativas requeridas para el óptimo desempeño de las entidades
académicas, la realización de eventos académicos y culturales, el apoyo a la
movilidad e intercambio estudiantil y académico, y la promoción de la
evaluación y el registro de programas de posgrado en el Programa Nacional de
Posgrado de Calidad.
La Universidad dijo que por
todo lo anterior afecta “la adaptabilidad y disponibilidad de la educación” ya
que no es suficiente con la generación de planes de estudio, sino que, explicó,
éstos deben ser dotados de recursos “que reflejen las necesidades
contemporáneas de los estudiantes en un mundo en transformación y deben contar
con aulas, materiales de estudio, recursos para la formación de maestros y con
las condiciones de empleo para éstos recogidas en la Recomendación relativa a
la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior de la UNESCO”.
La institución educativa dijo
que ante la exigencia del pago, el Gobernador Javier Duarte de Ochoa “ha
expuesto diversas posiciones que van desde negar la deuda pendiente, acusar de
forma falsa a la Universidad de adeudos al IPE [Instituto de Pensiones del
Estado] y de ser responsable de que dicha entidad no pague puntualmente a los
trabajadores retirados”. Indicó que incluso ha aceptado el adeudo y,
“contradictoriamente”, ha advertido públicamente que sólo pagará a la
Universidad los 450 millones de los recursos federales.
“El Ejecutivo del Estado ha
argumentado que el financiamiento a la UV es un subsidio, que no es obligatorio
y que depende de las posibilidades presupuestales de la entidad federativa. No
obstante, el posicionamiento gubernamental soslaya tres elementos clave: primero,
que la determinación de los aportes a la educación superior pública de
Instituciones de Educación Superior (IES) autónomas es convenido de forma
tripartita; segundo, que el acuerdo obedece a las disposiciones de la Ley para
la Coordinación de la Educación Superior y descansa en la voluntad de las
partes y la disponibilidad de recursos; y, tercero, que la determinación de los
montos se realiza con base en la disposición presupuestal que al ser plasmados
en la leyes generales de egresos federal y local tiene carácter y fuerza
legal”, dice la misiva enviada al Relator Kishore Singh.
El Gobernador Javier Duarte de Ochoa “ha
expuesto diversas posiciones” sobre el adeudo. Foto: Cuartoscuro.
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA EDUCACIÓN
Por todo lo anterior, la
Junta de Gobierno de la UV manifestó al representante de Naciones Unidas que el
gobierno de Veracruz ha violado su obligación de respeto al derecho a la
educación en el nivel superior porque al incumplir con el pago de los subsidios
“interfiere y obstaculiza la prestación de los servicios educativos del nivel
superior a cargo de la UV y, por ende, en la efectiva realización del derecho a
la enseñanza superior”.
La Institución dijo que en lo
que respecta al Estado mexicano, éste incumple su obligación de protección a
través de su poder legislativo al no generar el marco jurídico propicio que
prevenga la violación de este derecho “tanto por los particulares como por
parte de sus propios agentes”.
“El derecho interno respecto
al caso que le planteamos es omiso respecto a las sanciones a aplicar a los
funcionarios que incumplan deberes de cargo, no determinan de forma clara el
monto a asignar al sistema de educación superior público del país ni las reglas
de asignación, lo que ha dado pie a la discrecionalidad en la celebración de
convenios y a un trato inequitativo entre las IES [Instituciones de Educación
Superior] del país”, dice la carta.
A decir de la Junta de
Gobierno, la negativa del estado de Veracruz a cubrir su adeudo puede constituir
una práctica discriminatoria ya que en términos de la Observación General
número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se afecta a
los sectores juveniles más necesitados y marginados del Estado y que no cuenta
con recursos para acceder a la educación superior privada.
Indicó que el Estado también
viola su obligación de cumplir el derecho a la enseñanza superior porque “su
actuación no ha integrado todas las medidas positivas necesarias que permitan
el disfrute pleno del derecho y, por el contrario, está generando un obstáculo
para el mismo”. Refirió que en lugar de facilitar, se ha obstaculizado el
ejercicio de tal derecho a todos los estudiantes de la UV que no pueden, por
razones ajenas a su voluntad, poner en práctica el derecho a la enseñanza
superior por sí mismos con los recursos a su disposición, razón por la cual
también está fallando a su obligación de proveer.
“La conducta estatal
contraviene su obligación jurídica concreta de respetar, proteger y llevar a
efecto las características fundamentales de accesibilidad, disponibilidad,
aceptabilidad y adaptabilidad de la enseñanza superior”, dice el documento.
En este contexto, la
Universidad Veracruzana pidió al Relator Kishore Singh “encarecida y
respetuosamente” lo siguiente:
Entable comunicación con el
Estado mexicano en torno al asunto que le planteamos y respecto a las medidas
que las autoridades mexicanas tomarán para reconducir esta situación.
Visite México, Estado que
mantiene invitación abierta y permanente a los mecanismos internacionales de
derechos humanos, para constatar de manera directa el estado de cosas que priva
en la temática de nuestro interés.
En su momento, emita el
informe que considere procedente.
Los miembros de la Junta de
Gobierno de la UV también se presentaron en la oficina del Representante
Adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos para dar seguimiento al caso.
Mediante una solicitud de
seguimiento, los integrantes de esa casa de estudios pidieron a Jesús Peña
Palacios Representante Adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coadyuve, en su ámbito
competencia!, para que el Estado mexicano dé seguimiento y solución al adeudo en
atención a los compromisos internacionalmente asumido.
Asimismo instó a que en el
ámbito del diálogo y la cooperación que tiene con el Gobierno federal,
manifieste la necesidad de crear un nuevo marco jurídico que asegure la
calidad, autonomía, gratuidad y responsabilidad del Estado en la educación
superior.
(SIN EMBARGO.MX/ Redacción / abril 27,
2016 - 5:33 pm)
PUEBLA, Pue. (apro).- En
distintos puntos de los límites de Puebla y Veracruz fueron localizados, en un
lapso de 48 horas, nueve personas asesinadas, entre ellas dos que se presume
son hermanas del líder de Los Zetas, Cirilo González Pérez, El Puchini o El
Z-37, quien fue detenido en octubre pasado.
En avanzado estado de
descomposición y con signos de violencia, los nueve cadáveres fueron
encontrados en distintos lugares de los municipios de Venustiano Carranza,
Jalpan y Xicotepec de Juárez, los tres limítrofes con Veracruz y ubicados en la
región conocida como Sierra Norte de Puebla.
Cuatro de los cuerpos fueron
localizados calcinados dentro de una camioneta con placas de circulación
YGP9221, en las inmediaciones de un rancho llamado Cedro Pando, en el municipio
de Venustiano Carranza, y presuntamente corresponden a personas que habían sido
reportadas como desaparecidas en Poza Rica, Veracruz.
Según información difundida
por los medios de comunicación veracruzanos, dos de ellos serían Bertha y Amada
González Pérez, hermanas de El Z-37, quien operaba grupos de sicarios en los
estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, y fue detenido
en Pachuca, Hidalgo en octubre del año pasado.
De acuerdo con esa
información, las hermanas González Pérez desaparecieron cuando viajaban en una
camioneta negra Ford Explorer, en compañía de Ricardo Curiel Castillo y Rafael
Díaz, y fueron detenidos presuntamente por elementos de la Fuerza Civil en el municipio
veracruzano de Poza Rica.
Ayer, familiares de cuatro
personas que fueron detenidas el sábado 23, presuntamente por elementos de la
Fuerza Civil en Poza Rica, se manifestaron frente a las instalaciones de la
corporación en la colonia Miguel Hidalgo de esa ciudad veracruzana.
En la protesta, Natali
Ramírez González, hija de una de las mujeres detenidas, explicó que su madre
Amada González Pérez, y su tía, Mariana González Pérez, un hombre de nombre
Ricardo Curiel Castillo y otro del que desconocen su nombre, viajaban en una
camioneta Explorer negra cuando fueron interceptados el sábado anterior por
elementos de la Fuerza Civil sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, a la altura de
la colonia Tajín.
Sin embargo, ese mismo día
por la tarde las autoridades de Veracruz desmintieron la participación de la
Fuerza Civil en la detención de estas personas, y aseguraron mantener el
diálogo con los familiares de las personas no localizadas, “colaborando en la
investigación correspondiente para dar con su paradero”.
Este martes la Fiscalía
General de Puebla confirmó que el vehículo en el que fueron encontrados esos
cuatro cuerpos estaba a nombre de Curiel Castillo.
Otros tres cuerpos fueron
encontrados en un campo petrolero conocido como Corralillos en el mismo municipio
de Venustiano Carranza, el cual colinda con la localidad veracruzana de
Tihuatlán.
Por la tarde, la Fiscalía de
Puebla emitió un comunicado en el que precisa que ha brindado información a
Veracruz ante estos dos hallazgos de siete personas asesinadas en la misma
zona, “derivados de hechos ocurridos presuntamente en el vecino estado”.
En el comunicado, la
autoridad poblana señala que ofreció a su homóloga de Veracruz la información
relacionada con estos dos casos para que se investigue si existe un vínculo
entre los siete cuerpos localizados.
En Jalpan, el cadáver de
Julio César Ortega Sampayo, de 29 años, reportado como desaparecido desde hace
una semana, fue encontrado en estado de descomposición en una alcantarilla a un
costado de la carretera federal México-Tuxpan.
Finalmente, en Xicotepec de
Juárez fue hallado Hipólito Danin Lechuga, de 37 años, quien presenta heridas
de bala en la nuca y el tórax.
WASHINGTON (Proceso).-Por la
crisis de derechos humanos y la falta de claridad en la investigación del caso
Ayotzinapa, el Capitolio podría castigar al gobierno de Enrique Peña Nieto con
la retención de fondos para financiar la lucha contra el narcotráfico, según
adelantan asesores de alto nivel del Poder Legislativo estadunidense.
“Es inaudito lo que hizo el
gobierno de México con el GIEI al presionar a la CIDH para que diera por
terminado el mandato de participación de los expertos en la investigación de
Ayotzinapa”, dice a Proceso uno de los asesores de un poderoso Comité de la
Cámara de Senadores del Congreso federal de Estados Unidos.
Durante una reunión en una
sala del Capitolio, tres asesores de dos influyentes comités senatoriales
–quienes pidieron el anonimato– explican que entre los legisladores
estadunidenses hay una creciente preocupación por el deterioro de los derechos
humanos en México.
“Secuestros, torturas,
desapariciones, ejecuciones (extrajudiciales), tráfico de personas y de menores
de edad, son sólo algunas de las violaciones de los derechos humanos que
cometen las policías federales y las Fuerzas Armadas de México”, comenta uno de
los tres asesores legislativos.
“Lo más grave”, apunta el
asesor en la plática a la que fue convocado este semanario, “es que el gobierno
del presidente Peña Nieto rechaza cualquier señalamiento en este sentido, pese
a las evidencias”.
Armados de los más recientes
informes sobre la situación de los derechos humanos en México, el de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el del Departamento de
Estado, los tres machacan el tema del desconocimiento y rechazo total por parte
del gobierno de Peña Nieto a las acusaciones que se hacen contra las fuerzas de
seguridad del Estado.
“Son desconcertantes las
acciones del gobierno mexicano, justo cuando la investigación del caso de los
43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa ganaba un poco de credibilidad con
la participación del GIEI, echan a andar una estrategia política para hacerlo a
un lado y lo logran. Eso es reprochable”, matiza otro de los asesores.
CONTRA LA INICIATIVA MÉRIDA
Como el caso de Ayotzinapa,
los consejeros legislativos también mencionan como evidencia de la crisis de
derechos humanos y la participación de las Fuerzas Armadas en estas violaciones
a las garantías individuales las matanzas de Tlatlaya, Estado de México, y
Tanhuato, Michoacán.
Uno de los tres asesores no
tiene empacho en adelantar lo que le recomendarán en los próximos meses al
gobierno de Barack Obama.
“Se le pedirá al Departamento
de Estado que retenga nuevamente 15% de los fondos que se autoricen este año
para la Iniciativa Mérida. Nuevamente el gobierno mexicano será descertificado
en materia de derechos humanos”, asienta.
La descertificación en
derechos humanos al gobierno de Peña Nieto implicaría la retención de unos 19.9
de los 133.5 millones de dólares que este año solicitó al Capitolio el
presidente Obama como parte del financiamiento de la Iniciativa Mérida para la
lucha bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Los consejeros enfatizan que
en la Cámara de Senadores del Congreso estadunidense, varios legisladores
incluso ya han hablado con John Kerry, el Secretario de Estado, para hacerle
saber lo que le exigirán en septiembre de este año con respecto a la retención
de ese 15%.
“El gobierno de México está
perdiendo credibilidad internacional en términos de derechos humanos. La forma
tan categórica como rechaza las conclusiones de informes tan importantes como
el de la CIDH y de las Naciones Unidas no tiene cabida en una sociedad
democrática como la mexicana”, matiza uno de los tres expertos.
Aunque menos vociferante que
durante el sexenio de Felipe Calderón, el Congreso estadunidense toma nota de
lo que ocurre en México en materia de derechos humanos, con el pretexto del
gobierno mexicano de que las violaciones que cometen las fuerzas de seguridad
del Estado se hacen en nombre de la lucha contra el crimen organizado.
Durante el sexenio de
Calderón, comités del Congreso estadunidense –como el de Relaciones Exteriores
del Senado– llegaron a calificar de “Estado fallido” a gran parte de la zona
norte de México, porque estaba prácticamente dominada por los cárteles del
narcotráfico que se peleaban las rutas de trasiego.
“No han cambiado mucho las
cosas en México respecto a lo que ocurrió en el gobierno del presidente
Calderón con el del presidente Peña Nieto. Pero por lo menos el presidente
Calderón no era tan intolerante con los señalamientos u observaciones que se le
hacían en relación a los derechos humanos”, apunta otro de los asesores del
Capitolio.
Creada en 2007, la Iniciativa
Mérida fue definida como una herramienta bilateral de cooperación para combatir
al narcotráfico y al crimen organizado. Para financiarla, la Casa Blanca
propuso al Congreso un presupuesto de unos mil 400 millones de dólares, los
cuales se han venido aprobando y entregando por partes cada año.
La primera retención de
fondos de la Iniciativa Mérida se hizo precisamente en agosto de 2013. Ese año
el senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, retuvo varias semanas 95
millones de dólares de un paquete de 229 para financiar a la Iniciativa Mérida.
Leahy argumentó que la
retención se debía a que los gobiernos de Obama y Peña Nieto no habían
informado al Congreso estadunidense cómo se gastarían los 95 millones de
dólares, ni cuáles serían los objetivos que se alcanzarían con el
financiamiento.
En la presidencia de
Calderón, 90% de los fondos que se le entregaron de la Iniciativa Mérida se
utilizaron para la adquisición de equipo militar, de tecnología de punta y para
proporcionar entrenamiento especializado a grupos de élite del Ejército, la
Marina y la Policía Federal de México.
En el sexenio de Peña Nieto,
los poco más de 400 millones de dólares desembolsados por Washington para
combatir al narcotráfico se han destinado a financiar entrenamiento a
ministerios públicos, asistencia técnica y para echar a andar programas de
modernización del sistema judicial mexicano y de combate a la corrupción.
El pasado 19 de octubre el
Departamento de Estado, después de recibir la recomendación del Congreso,
anunció la primera descertificación del gobierno de Peña Nieto en materia de
derechos humanos bajo la Iniciativa Mérida.
“El Departamento de Estado no
pudo confirmar que México cumplió con las expectativas sobre garantías básicas
de derechos humanos”, informó en ese entonces Mark Toner, portavoz de la
Secretaría de Estado.
El incumplimiento del
gobierno de Peña Nieto en protección de los derechos humanos implicó la
retención de unos 5 millones de dólares de un presupuesto de 195.
Aunque simbólica, la
retención de fondos de la Iniciativa Mérida representa mayor desprestigio
internacional para México.
EL GIEI
Lo que adelantan los tres
asesores es una segunda descertificación consecutiva por el tema de derechos
humanos al gobierno de Peña Nieto, justo cuando el desprestigio del país y de
su administración se acrecentó por el caso Ayotzinapa y la exclusión del GIEI
en las investigaciones, amén de los casos de corrupción en el gobierno federal,
como el de la “Casa Blanca” del primer mandatario, o la de Malinalco, del
secretario de Hacienda.
“Lo que no se entiende es por
qué el gobierno mexicano se adelantó a informar que daba por concluida la
participación del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) de
la CIDH, cuando éste todavía ni siquiera entregaba su informe final”, destaca
uno de los asesores.
“Cuando Juan Méndez (relator
de la ONU para la tortura) denunció que la tortura en México era generalizada,
el gobierno del presidente Peña Nieto lo descalificó y ahora ni siquiera lo
deja regresar al país”, resalta uno de los asesores. “Lo mismo está haciendo
con el GIEI, el cual ha desmentido la versión original del gobierno de la
supuesta quema de los 43 normalistas en un basurero (Cocula)”, agrega.
Los tres asesores
legislativos que convocaron a Proceso para hablar de la crisis de derechos
humanos en México tienen una teoría de lo que ocurre en el gobierno de Peña
Nieto cuando se le hacen críticas por las violaciones a las garantías
individuales que cometen los militares y en general las fuerzas de seguridad
del Estado.
“Pareciera que vive en un
estado de negación. Pareciera que no le importa la realidad ni las evidencias;
niega todo lo malo que pasa en México y con ello aprueba la impunidad a los que
comenten las violaciones a los derechos humanos”, dice uno de ellos.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ J. JESÚS ESQUIVEL/ 27
ABRIL, 2016)
Ciudad de México.- Intentó
comprobar que eran falsos los cuestionamientos sobre los apuros que deben pasar
los contribuyentes para hacer sus trámites en el SAT, pero al llegar a un
módulo, el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez,
se enfrentó por sí mismo al caos.
La pregunta del reportero no
le cayó bien al titular del SAT.
"¿Por qué en algunos
módulos de atención, como el de la Colonia Del Valle (en la Ciudad de México),
no están atendiendo a los contribuyentes que no tienen cita y que van por su
firma electrónica?", se le cuestionó al término de un evento.
"No me consta",
respondió Núñez. "A los que no tienen cita se les atiende en la medida de
la disponibilidad del servicio, pero no por ello se les despide o se les corre
de las oficinas. Sólo tienen que esperar para ofrecerles el servicio".
El periodista preguntó
entonces: si el funcionario estaba seguro del servicio otorgado, ¿por qué no ir
directamente al módulo de atención Del Valle y comprobarlo?
El Jefe del SAT aceptó la
invitación.
Desde un hotel frente a la
Alameda, acompañado de un asistente y un elemento de su seguridad personal, se
enfiló hacia el Metro Juárez. "Es más rápido", dijo.
Al llegar al módulo de
atención se detuvo para ver si en verdad los contribuyentes eran rechazados
desde la entrada.
Núñez evaluó la situación en
la que la restricción presupuestal y el volumen de contribuyentes los ha
desbordado.
Presenció cómo un
contribuyente se acercó a la fila de alrededor de 40 personas y pidió
información. Iba por la firma electrónica, pero no llevaba cita.
De inmediato un guardia de
seguridad, no un asesor del SAT, le cerró el paso al contribuyente.
"En este módulo no se
atiende a los que no traen cita y si quiere la firma electrónica tiene que ir a
otro módulo", informó el guardia, que llevaba horas diciendo lo mismo.
El jefe del SAT verificó el
rechazo. Ya no discutió e, incluso, se puso a atender a los usuarios.
Y durante casi una hora,
Núñez se volvió un asesor más del módulo Del Valle y constató las inquietudes
de los contribuyentes y los retos de su personal, algo que no se había visto en
otro funcionario público con su responsabilidad.
Aunque el fisco ha anunciado
que la mayor parte de los trámites se pueden hacer por internet, para muchos es
casi obligatorio acudir a un módulo.
No hay citas, de hecho en
algunos módulos hay espacio hasta después de julio, cuando ya la época de
declaraciones pasó.
Y por si fuera poco, hay que
esperar más de 100 turnos para hablar por teléfono o través de su chat en línea
con un asesor del fisco.
Ciudad de México.- La
Procuraduría General de la República (PGR), extraditó a los Estados Unidos a
Abraham Inzunza Inzunza, alias “El Peque”, Hermano de Gonzalo Inzunza, alias
“El Macho Prieto”, sangriento lugarteniente de Ismael “El Mayo Zambada”, muerto
durante un enfrentamiento en Puerto Peñasco, Sonora, en 2013, aunque su cuerpo
no fue recuperado por las autoridades.
En esa misma acción fue
detenido “El Peque”, quien desde entonces inició una batalla legal para evitar
sea extraditado, incluso ganó un amparo en 2014 para evitar ser entregado a la
justicia norteamericana.
Sin embargo este miércoles,
la PGR informó que derivado de la permanente cooperación que existe entre las
áreas de procuración de justicia y en cumplimiento al Tratado de Extradición
suscrito entre los gobiernos de México y EU, a través de la Subprocuraduría
Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJAI), entregó en extradición a las
autoridades norteamericanas a Inzunza Inzunza.
“El Peque” es reclamado por
la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, para ser
procesado por delitos de Asociación Delictuosa y Contra la Salud.
“Una vez agotadas las etapas
del procedimiento de extradición, la Secretaría de Relaciones Exteriores dictó
el acuerdo correspondiente por medio del cual el gobierno de México concedió la
extradición del reclamado a las autoridades estadounidenses. Al agotarse los
recursos legales a los que el reclamado tenía derecho, el acuerdo de
extradición quedó firme y ejecutable.
El operativo de entrega se
realizó en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Toluca, en el Estado de
México, donde elementos de la Policía Federal Ministerial de la PGR entregaron
al prófugo a los agentes del US Marshal”, detalló la PGR.
Igualmente mencionó que con
esta suman doscientas treinta y tres personas entregadas en extradición en la
presente administración y la vigésima novena en lo que va del año.
Ciudad de México.- La
Procuraduría General de Justicia capitalina inició una averiguación previa por
el triple homicidio ocurrido la noche de este martes dentro una cervecería
ubicada en la esquina de las calles 14 y 21, colonia Pro-hogar, en la
delegación Azcapotzalco.
La dependencia local dio a
conocer en una tarjeta informativa que los tres hombres murieron al ser
agredidos por disparo de arma de fuego por desconocidos que huyeron en un
vehículo.
Una de las víctimas murió al
recibir un balazo en el tórax, otro por un impacto de bala en el cráneo,
mientras que el tercero falleció en un hospital público debido a la gravedad de
sus lesiones.
Ha desaparecido a 30 y no se
arrepiente, la historia de un sicario en Guerrero
De acuerdo con las
investigaciones, dos de los fallecidos, un mesero y un cliente, ya fueron
identificados por sus familiares y se pudo constatar que cuentan con
antecedentes penales.
Agentes del Ministerio
Público de la Fiscalía de Homicidios toman declaración a testigos de los hechos
para determinar lo que sucedió en el referido establecimiento y recaba videos
de vigilancia para integrarlos como evidencia a la indaga.
Ciudad de México.- Los
expertos independientes que investigaron la desaparición de los 43 estudiantes
de Ayotzinapa se van de México frustrados por no haber conseguido dar a los
desesperados padres de los jóvenes una respuesta sobre el destino de sus hijos.
Los cinco expertos enviados
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejan tras de sí un
feroz señalamiento contra la investigación del gobierno, al acusarle el domingo
en su último reporte de obstaculizar su búsqueda de nuevas pistas y de no
atender denuncias de torturas contra detenidos por el caso.
Antes de que su misión de un
año finalice formalmente este sábado, dos de los expertos expresaron a la AFP
su preocupación sobre la forma en que serán tratados los padres de los jóvenes,
quienes mantienen una tensa relación con las autoridades y quieren que los
expertos se queden.
"Tenemos la tristeza de
irnos sin poder decir dónde están los desaparecidos", dijo el martes
Ángela Buitrago, una ex fiscal colombiana.
"Es muy importante que se
garantice a las víctimas su derecho a saber la verdad. Que se les proteja en
todo instante por el Estado mexicano y que igualmente se preocupe el Estado
mexicano por visibilizar a las víctimas", añadió.
Por su parte, su colega
Alejandro Valencia, un abogado colombiano, estimó que el gobierno tiene
"un deber de garantía de investigar este grave caso en relación de
derechos humanos".
‘PREOCUPADOS’ POR LOS PADRES
Por petición de los padres,
el gobierno invitó a Valencia y Buitrago, junto con un abogado chileno, una
exfiscal general de Guatemala y un psicólogo español, a que ayudaran en las
investigaciones en Marzo 2015.
El presidente Enrique Peña
Nieto enfrentó duros cuestionamientos internacionales y multitudinarias
protestas antes de que su gobierno los invitara a resolver este caso, que se
hizo emblemático entre las decenas de miles de muertes y desapariciones de la
guerra contra el narcotráfico, que estalló hace una década.
Cuando los expertos llegaron
a México, el gobierno ya había concluido que los estudiantes desaparecieron la
noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala (Guerrero, sur), a manos de
policías locales corruptos que los habrían entregado a integrantes del cartel
Guerreros Unidos.
Al confundirlos con
integrantes de una banda enemiga, los narcotraficantes habrían asesinado a los
jóvenes e incinerado sus cuerpos en un basurero para luego arrojar sus restos a
un río, según las autoridades.
Sin embargo, sólo los restos
óseos de uno de los estudiantes han sido plenamente identificados y los padres
de los jóvenes nunca creyeron en la versión del gobierno, sobre todo después de
que los expertos aseguraran en su informe de septiembre pasado que no hallaron
evidencia científica que probara que los estudiantes de magisterio hayan sido
incinerados en el basurero.
Aunque los expertos deben
irse, la CIDH instaurará un mecanismo para asegurarse de que el gobierno sigue
sus recomendaciones, incluyendo el seguimiento de una línea de investigación
que indica que los estudiantes fueron atacados porque tomaron por error un
autobús cargado de heroína.
Valencia explicó que esto
podría traducirse en visitas periódicas a México, que podrían ayudar a
garantizar la protección de los padres, quienes tenían muy poca comunicación
con el gobierno antes de la llegada de los expertos.
"De verdad nos preocupa
su situación de seguridad, su situación de protección, porque incluso en esas
últimas semanas hemos visto algunas acciones no solo de revictimización frente
a ellos, sino de criminalización", comentó.
Valencia también recordó que,
recientemente, los medios locales difundieron una supuesta grabación de una
conversación entre uno de los padres y un abogado, en la que aparentemente
hablan del envío de dinero por parte de un cartel a los padres.
Aunque México tiene una ley
de protección a las víctimas, Valencia dijo que "tiene que mejorar
mucho", y que "dignifique más la situación de la víctima".
Los padres de los estudiantes
vienen del empobrecido estado de Guerrero, y sus hijos -la mayoría de primer
grado- estudiaban para ser maestros rurales.
Las familias de los jóvenes
consideran que el último reporte de los expertos sacó a la luz "las
grandes mentiras" del gobierno.
Mario César González, cuyo
hijo Julio César se encuentra entre los desaparecidos, aseguró: "Ya no
confiamos en ninguna autoridad".
Peña Nieto ha sido criticado
por haberse entrevistado con los padres en sólo dos ocasiones, aunque otras
autoridades han sostenido numerosas reuniones con ellos.
Tras reunirse con los
expertos independientes el martes, el subsecretario de Derechos Humanos,
Roberto Campa, aseguró que sus recomendaciones sobre atención a víctimas deben
ser incluidas en las políticas públicas.
¿PESQUISA BLOQUEADA?
Peña Nieto prometió el
domingo que su gobierno estudiará el reporte de los expertos y que continuará
trabajando "para que haya justicia".
El gobierno negó haber
obstaculizado el trabajo de los expertos, al asegurar que le dio "acceso
total" a la pesquisa y que su misión no será extendida porque ya se les
dio suficiente tiempo.
Sin embargo, los expertos
aseguran que las autoridades empezaron a ser menos cooperativas en enero, al
bloquear entrevistas con detenidos o soldados que presenciaron la masiva
desaparición.
"No tenemos certeza
absoluta de qué fue lo que pasó. Tal vez las líneas de investigación se estaban
acercando a algunas pistas importantes", acotó Valencia.