Empresarios
de EU son hundidos por un sospechoso laudo de la Junta de Conciliación y
Arbitraje
Ubicada
en el kilómetro 10 de la carretera Culiacán-Navolato, por un camino de
terracería justo atrás de una fábrica de jabones, la agrícola El Fénix ha
cambiado de nombre tres veces de 2013 a la fecha. Su primer nombre fue agrícola
Epsa y fue fundada en 2002, en asociación con Andrew and Williamson Sales
Corporation (AW).
Actualmente
la empresa se encuentra cerrada y en proceso de embargo debido a un laudo
emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el 5 de septiembre de
este año, derivado de una demanda por despido injustificado promovida por los
fundadores de Epsa, los hermanos José Gonzalo, Carlos Armando y Javier Espinoza
Pablos, que ordena a la empresa AW pagar 121 millones 7 mil 865 pesos.
Y
en contraparte, originario de Xicotepec de Juárez, pueblo mágico del estado de
Puebla, Ramón Arzate Valdez es jornalero. Con 58 años llega por vez primera a
Sinaloa a laborar en la agrícola El Fénix por un salario de 800 pesos a la
semana, y desde octubre, junto a otros 160 jornaleros, se encuentra sin
trabajo.
“Vine
a darle, a trabajar dándole en el surco. Luego me dieron la oportunidad de
trabajar aquí, en la plantación pero cuando hay que ir al surco, vamos al surco
pero con el cierre (de agrícola El Fénix) está así, ahora sí que sin pro y
contra, nomás que se cerró y ya y con miedo de que se quede así y nos deje sin
trabajo, ahora sí a merced de lo que sea”, explica Ramón.
Las
versiones de la relación entre la agrícola Epsa y AW se resumen a demandas en
México y en Estados Unidos (San Diego) en lo civil y en lo penal, y el embargo
desde octubre de este año, de la maquinaria, el equipo y el rancho de 126
hectáreas donde fue fundada la empresa.
AGRÍCOLA EPSA: DEL AUGE A LA QUIEBRA
La
empresa nace en Culiacán, Sinaloa en el año 2002 y la llamaron agrícola Epsa
(Espinoza Pablos Sociedad Agrícola), dirigida por los hermanos Espinoza Pablos.
En
el acta constitutiva, la firma hortícola quedó conformada con una participación
accionaria del 49 por ciento para María Daniela Elías Dabdoub (esposa de José
Gonzalo) y un 1 por ciento para David Elías Dabdoub, bajo el nombre de agrícola
Epsa SA de CV.
Esta
sociedad sería administrada por un operador único, según reza el documento
elaborado por la notaría pública número 30 el 2 julio de 2002, que sería José
Gonzalo Espinoza Pablos, y como comisario de la sociedad su hermano Carlos
Armando.
En
alianza con Andrew y Williamson Sales Corporation, la empresa se reestructuró
con un 60 por ciento para el consorcio norteamericano, un 39 para María Daniela
Elías y un 1 por ciento para David Elías.
AW,
como accionista mayoritario, era el encargado de inyectar capital en Epsa, así
como la definición de sistemas y estrategias agrícolas y de producción, mientras
que los hermanos Espinoza Pablos se encargaban de labores directivas y de
logística.
Con
diversos galardones por su operatividad, agrícola Epsa recibe el premio anual a
la Excelencia en la Producción de tomate en 2010, que entrega el Meister Media
Worldwide, durante el Congreso Internacional del Tomate.
Para
finales de agosto de 2013, AW dejó de financiar a Epsa y tras la celebración de
una asamblea ésta queda disuelta, y los hermanos Espinoza Pablos fuera de ella.
Luego, el 21 de noviembre de ese mismo año, AW interpone una demanda en San
Diego por los cargos de conspiración para maltratar, malversar y/o convertir
millones de dólares que AW había avanzado en beneficio de una empresa conjunta.
Previamente,
el 15 de noviembre, José Gonzalo entabló una demanda por despido injustificado,
dando inicio a un juicio laboral en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje,
presidida por Fausto Rubén Ibarra Celis.
EL LAUDO MILLONARIO
La
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Sinaloa (JCLA) emitió un
laudo a favor de la demanda de José Gonzalo y otro en favor de sus hermanos
Carlos Armando y Javier Espinoza Pablos, que en conjunto suman 121 millones 7
mil 865 pesos, que deberá pagar AW.
Como
caso específico, la demanda de José Gonzalo, según una fuente al interior de la
JLCA, presentó diferentes irregularidades, tanto en pruebas como en la
recepción de documentos, algo que el presidente de la Junta, Fausto Ibarra,
desestimó.
“No
fue un juicio aislado, fue peleado en tiempo y forma por las partes. Aquí hay
que recalcar que cuando el Tribunal decide, decide en base al cúmulo de pruebas
que existen en autos, no resolvimos al azar, resolvimos en base a cómo quedó la
Litis fijada o planteada y las partes que se aportaron para ello”, dijo Ibarra
Celis.
La
demanda por despido injustificado de José Gonzalo, fue por el pago de 2
millones 392 mil 55.10 pesos por concepto de tres meses de salario, a razón de
un salario integrado de 26 mil 578 pesos diarios, así como de los salarios
vencidos por 12 meses y el interés generado.
También,
el pago por 7 millones 574 mil 359.24 pesos por concepto de horas extras, el
pago de vacaciones del período 2012 a 2013 y el del aguinaldo de 307 mil 776.76
pesos del año 2013 junto con una prima de antigüedad por 16 mil 835.28 pesos.
Además,
las aportaciones al IMSS, Infonavit, SAR y otras instituciones junto con fondos
de ahorro y una indemnización por 6 millones 367 mil 102-34 pesos,
correspondiente a 20 días de salario por cada año de servicio, según el
contrato laboral pactado.
El
juicio, que no fue aislado y que no es nada fuera de lo común, según explicó el
propio presidente de la JLCA, se encuentra en amparo directo en el Tribunal
Colegiado de Circuito en materia laboral, en el Cuarto Tribunal con sede en
Mazatlán, y según el expediente en manos de Ríodoce, existen algunas
irregularidades en él.
“Si
hay alguna situación que nosotros no consideramos y que el Colegiado tenga a
bien hacernos notar, seguramente nos va a regresar esa resolución y nos va a
indicar cuáles son los parámetros con los cuales deba emitirse un nuevo laudo”,
dijo Ibarra Celis.
Justo
frente a las instalaciones de la junta, desde hace más de tres meses,
trabajadores jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa mantienen un
plantón en protesta contra el presidente de la JLCA, Fausto Ibarra.
“No
es nada inédito, esta junta ha trabajado con ahínco, con mucho vigor.
Lamentablemente muchos abogados no se defienden como debe ser y cuando la
resolución es adversa es cuando pegan el grito tratando de denostar nuestro
trabajo pero estamos abiertos a la crítica, sabemos de antemano que hay
riesgos”, explicó.
En
el expediente se observa que de las 44 pruebas aportadas por la parte acusada
(AW Sales Co) 35 de ellas fueron desechadas, como pruebas periciales que
señalan una supuesta falsificación en el sello de la oficialía de partes, así
como la firma de quien recibió el escrito, pero no se presentó ningún amparo y
el proceso continuó.
También,
según se observa en el expediente marcado con el número 10-1710-2015, la parte
demandante sostiene que la demanda se acordó el 7 de octubre de 2015 y fue
registrada el día 12 del mismo mes y no el 15 de noviembre, como aparece en la
carátula de la demanda inicial.
DEMANDA PENAL INFRUCTÍFERA
La
primera victoria de José Gonzalo ante AW se remonta a una denuncia penal que
culminó con una no acción penal en su contra. La empresa norteamericana demandó
al empresario por daño patrimonial, según la averiguación previa
CLN/COM/695/2014/AP que terminó por no ir más allá.
El
abogado de José Gonzalo, Walter Daniel
Díaz Castro, sólo explicó que esta demanda concluyó en una no acción penal, y
nada más.
La
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) emite un primer dictamen, el
cual determina un daño patrimonial a Epsa SA de CV por el pago de utilidades
indebidas, pagos de seguro de vida, transferencias y/o pagos indebidos o sin
justificar, gastos por aplicar indebidos y otros, con un universo de estudio
integrado por documentos de estados financieros de la empresa.
El
monto del quebranto en el primer dictamen
emitido el 10 de octubre de 2014, con folio 70520/2014 y clave
CLN/2014/34638 es por 285 millones 600 mil 953.98 pesos y 47 mil 950.72
dólares; luego, un segundo dictamen aparece el 11 de diciembre de 2015, en el
que señala que no se puede determinar el quebranto económico en contra de
agrícola Epsa”, en el resultando número 75 de la resolución. La autoridad
judicial cambió de parecer.
Por
otra parte, la demanda de AW en contra de los hermanos Gonzalo Espinoza en San
Diego, California, tienen un proceso abierto en su contra por conspiración para
maltratar, malversar y/o convertir millones de dólares que AW había avanzado en
beneficio de una empresa conjunta.
La
demanda, con el número 37-2013-00077045-CU-OR-CTL, sigue su curso y la
siguiente audiencia será celebrada el 3 de enero de 2017, se amplía a Omega
Produce Company (Omega) y otras entidades e individuos.
LA RÉPLICA ESPINOZA PABLOS
Mediante
un comunicado entregado a Ríodoce, José Gonzalo Espinoza Pablos acusa una
manipulación por parte de AW, quienes supuestamente defraudaron a los
empresarios sinaloenses con la disolución de la empresa en menos de seis días.
En
el escrito de cuatro páginas, José Gonzalo critica que el caso se haya
ventilado a los medios, y exige que AW cumpla con su obligación de cumplir los
derechos laborales.
“El
objetivo de los hermanos Espinoza Pablos, únicamente es que se les pague la
cantidad por concepto de prestaciones laborales que la Junta definió a su
favor, nunca se ha tenido la intención de perjudicar de ninguna manera a los
trabajadores y jornaleros temporales que prestan sus servicios en el empaque
que hoy es propiedad única y exclusiva de los hermanos Espinoza Pablos, pues es
en ejercicio de su derecho, en apego a la Ley como se ha actuado en aras de que
se les respeten y cumplan sus derechos constitucionales como trabajadores, al
haber sido víctimas y afectados por los fraudulentos actos simulados por AW y
su séquito” (sic).
Para
asegurar el pago del laudo, el 24 de septiembre de 2015 se lleva a cabo el
embargo precautorio contra la Agrícola Baja (antes Epsa). El decreto se ejecutó
el día 5 de octubre, y según los trabajadores, existió excesiva fuerza
policiaca. Como evidencia, Ríodoce posee un video del evento. A la empresa
agrícola Baja la llamaron a juicio en noviembre de 2015, hoy día, dicha empresa
lleva como nombre agrícola El Fénix.
Y
ahí, decenas de trabajadores mantienen un plantón con gastos pagados. La
empresa continúa otorgando el pago íntegro de su salario y entre ellos, Ramón
Alzate Valdez, mantiene la esperanza que el conflicto entre dos gigantes no lo
deje en la calle.
(RIODOCE/ AARÓN IBARRA/ 5 DICIEMBRE,
2016)
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