Foto: archivo
Era 2005 y en México los
cárteles de la droga crecían y se adueñaban de los territorios que arrebataban
a empresarios honestos, ciudadanos de bien y gobiernos corruptos. Entre pocos
se repartían las zonas: el cártel de Sinaloa, el cártel Arellano Félix, el
cártel del Golfo, el del Milenio, los Zetas.
Eran las mismas estructuras
criminales que desde hacía 20 años se habían despachado el territorio criminal
ante la captura de los notorios capos Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix
Gallardo.
En Sinaloa, el general Sergio
Aponte Polito estaba a cargo de la Novena Zona Militar con sede en la capital
del Estado que gobernaba Jesús Aguilar Padilla.
Los índices de violencia e
inseguridad en esa entidad estaban en los límites del horror.
Los narcotraficantes tenían
negocios, coleccionaban casas de seguridad, se paseaban por todos lados,
amedrentaban policías honestos, asesinaban periodistas y activistas, imperaba
la ley del terror que imponía el narcotráfico con sangre.
Hasta la sociedad estaba
impregnada de la inmundicia criminal.
Harto de ver consumida la
sociedad por la delincuencia organizada, y ser testigo de la corrupción en las
corporaciones civiles, el General Sergio Aponte Polito pronunció un discurso
que más tarde y con el mismo ímpetu e impacto, ofreció en Baja California.
Acusaba entonces a sociedad y
gobierno de su condescendencia con los miembros del narcotráfico.
Señalaba a los ingenieros que
les construían sus guaridas subterráneas, a los arquitectos que les diseñaban
casas con pasadizos y dobles fondos para esconder droga, armas y dinero.
A los banqueros que les
aceptaban el dinero mal habido, a las automotrices que les aceptaban pagos en
efectivo por la adquisición de camionetas, completando con ello un círculo de
lavado de dinero.
Hasta a la sociedad que los
invitaba a sus casas, les permitía departir con hijos e hijas, y hasta los
hacia miembros de su familia.
A las corporaciones corruptas
que les hacían de guardaespaldas oficiales, que les ayudaban a huir después de
asesinar, secuestrar, a los gobiernos que les daban protección y les
garantizaban impunidad.
El narco crecía al amparo de
gobierno y sociedad. Y la única forma de combatirlo era, de acuerdo al General,
hacer un frente un común.
Viene a la mente el General
Sergio Aponte Político (ya en el retiro), porque fue este hombre del Estado,
uno de quienes encabezaron la guerra contra las drogas como llamó Felipe Calderón
Hinojosa a su estrategia de combate a los mafiosos que integraban entonces
(algunos aún), los cárteles de la droga en México.
Don Sergio Aponte fue enviado a Baja
California donde encabezó la II Región Militar en enero de 2006.
Empleó el mismo discurso
apelando a la denuncia ciudadana para aprehender a aquellos que eran protegidos
por una parte de la sociedad y por una parte de los gobiernos, en lo que era
una gran base de impunidad a costa de la corrupción. Funcionó.
Los ciudadanos que se veían
amenazados por la criminalidad los empezaron a denunciar, lo mismo a policías
corruptos.
Con la venia del Presidente
de la República, Felipe Calderón Hinojosa, los militares comenzaron así a
perseguir el narcotráfico y a coordinar a las fuerzas civiles.
La medida tuvo mucho que ver
con el hecho que las corporaciones civiles estaban infiltradas por el
narcotráfico y el crimen organizado.
La única institución que
garantizaba una tarea neutral al servicio del estado y no corrompida en sus
cimientos era precisamente la integrada por la milicia.
El pacto de Calderón fue
sacar el Ejército de los cuarteles en tanto las policías preventivas,
procuradoras e investigadoras eran depuradas y evaluadas con controles
anticorrupción.
Ciertamente sin atribuciones
legales más allá de la orden presidencial y el establecimiento de formas de
coordinación en la ley nacional de seguridad Pública. Los militares
contribuyeron grandemente en la aprehensión de asesinos, narcotraficantes y
agentes deshonestos.
Establecieron retener en
calles y carretas que contribuyeron a incrementar el decomiso de drogas, armas,
dinero, avionetas, vehículos y demás herramientas de los narcotraficantes para
la producción, venta y trasiego de droga de este País al de la Unión Americana.
Sin embargo, llegó Enrique
Peña Nieto y eliminó gran parte de esa política de combate al crimen organizado
y el narcotráfico.
Empezó por retirar al
Ejército Mexicano (No a la Armada de México que sigue coadyuvando en esas
tareas incluso con corporaciones extranjeras), eliminar la Secretaría de
Seguridad Pública Federal que tenía entre otras responsabilidades la evaluación
de las fuerzas del orden civil, erradicar los retenes militares para el
aseguramiento de drogas así como las aduanas internas, ordenando a Generales no
investigar al narcotráfico, desmantelar áreas de inteligencia con ese propósito
y, muy importante, no dar declaraciones al respecto.
Enrique Peña Nieto quería que
el mundo y México se olvidara de la guerra contra las drogas que tanto había
costado al Gobierno Mexicano, y pensara en una tierra pacífica donde los
convoyes militares dejaran de ser parte del escenario cotidiano y los militares
no entraran en disyuntivas legales al realizar una tarea para la cual
ciertamente no estaban facultados. Los resultados no han sido los deseados.
En 45 meses de gestión, a
julio de 2016, las personas ejecutadas en territorio nacional producto de la
guerra entre cárteles, ascendieron a 78 mil 109. En casi cuatro años, Peña está
peligrosamente cerca de los 85 mil 35 ejecutados que se registraron en el
sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
De hecho, de continuar la
inseguridad en los niveles que se viven estos días, habrá más ejecutados en el
sexenio de Peña que en el de Calderón.
De igual forma, hay más
organizaciones criminales, especialmente en las localidades de la costa del
pacífico, mientras las existentes en el norte se han adentrado al centro, a la
par que uno de los cárteles más violentos, el cártel Jalisco Nueva Generación,
amplía sus territorios criminales en alianza con otras organizaciones y en
plena impunidad.
La diferencia entre el
sexenio de Calderón y el de Peña es que el Ejército está fuera del combate al
narcotráfico, y que la Secretaría de Seguridad Pública Federal dejó de existir.
La otra gran contradicción:
Hay más ejecutados, más violencia y más cárteles.
Por estos días el Secretario General de la
Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, ha establecido que sin
facultades en la Ley ellos poco pueden hacer, además que no han sido instruidos
desde su inicio para combatir al narcotráfico, sino para garantizar la
seguridad interior.
Que ciertamente se debe
regular la participación de las Fuerzas Armadas para hacer frente a riesgos y
amenazas que vulneran el orden constitucional y el estado de derecho.
Por estos días, ya con poco
margen de maniobra ante el cierre de sesiones legislativas, los representantes
del Poder Judicial empezarán a discutir en la Juntas de Coordinación Política,
tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, las reformas a la
Ley de Seguridad nacional para establecer la responsabilidad y facultades de
las fuerzas armadas en la seguridad interior, y la participación de las mismas
en el combate al narcotráfico y el crimen organizado. Esto ya resulta urgente.
Es evidente por los resultados
obtenidos en los últimos cuatro años, que la ausencia del Ejército en el
combate a los cárteles y la falta de depuración en las organizaciones civiles,
han creado ese ambiente de impunidad y corrupción que ha permitido a las
organizaciones criminales crecer en el País, asesinar a sus detractores y
enemigos, a policías honestos, trasegar droga, cobrar piso, secuestrar,
desaparecer.
Diez años después del inicio
de la guerra contra las drogas estamos igual o peor.
Con más impunidad, sin un
combate a la corrupción, con los militares en los cuarteles, y los
narcotraficantes creciendo el ilícito negocio ante una estrategia federal que,
es evidente, no funciona. No cuando hay más muertos y más narcos.
Eso sí, hoy como hace diez
años, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, están analizando la
posibilidad de cambiar la Ley para darle facultades y responsabilidades a las
fuerzas armadas.
Otra vez. O será que sin una estrategia bien
fundamentada al Presidente y a su gabinete ya no se les ocurre otra cosa.
(SEMANARIO
ZETA/ Adela Navarro Bello /Miércoles, 14 diciembre, 2016 02:10 PM)
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