Miguel Santos Núñez es uno de los tres
trabajadores que desde hace 15 años se
mantiene en lucha de un total alrededor de 24 trabajadores que la mina despidió
en 1999 y que aún pelean porque se le restituyan sus derechos laborales
arrebatados por esa compañía en complicidad con las autoridades laborales
mexicanas.
Miguel Santos Núñez es parte
de la estadística que ha vivido en carne propia la indolencia, impunidad y
arbitrariedad que el Grupo México propietario de la mina de Cananea ha ejercido
en forma sistemática sobre los mineros de ese mineral, que han osado manifestarse
en desacuerdo con la empresa minera a través de los medios legales a su
alcance.
Es uno de alrededor de 24
trabajadores de la mina que desde 1999 iniciaron una lucha porque se le
restituyan sus derechos laborales arrebatados por esa compañía en complicidad
con las autoridades laborales mexicanas.
Y también de los tantos
mineros de esa localidad que debido a las graves condiciones ambientales
propiciadas por la mina de Cananea y a la falta de un servicio médico adecuado,
según sus propias palabras, ha sufrido un deterioro en su salud y hoy cuenta
con un solo riñón, además de padecer trombosis en ambas piernas.
Su calvario inició a
principios de febrero de 1999 al ser despedido en forma injustificada por la
mina de Cananea por supuestamente haber faltado a su trabajo por alrededor de
16 días, es decir, toda la primera quincena de ese mes, periodo en que la
fuente laboral se encontraba paralizada, asegura, cierre que inició en
noviembre de 1998 y terminó el 18 de febrero del año siguiente.
“Es ilógico, pues la empresa
estaba cerrada, con esa injusticia tuve que demandar y las autoridades se han
hecho pato, porque cómo es posible que me hayan llevado a un juicio (laboral)
de 15 años”, se lamenta,” porque a los primeros años salió el primer laudo (sentencia) a favor y con ese laudo no teníamos por qué
haber batallado más, pero se amparó la empresa y nos vuelven a dar otro laudo a
favor y se vuelve a amparar la empresa y le dan la razón a la mina y de ahí se
acabó el corrido”.
Miguel revela que Grupo México
para no restituirlo en su fuente de trabajo o de plano indemnizarlo, lo acusó
de ser uno de los responsables de la huelga de hechos acontecida en 1998 y 1999
emprendida por los miembros del sindicato minero, misma que finalmente no fue
reconocida por la Secretaría del Trabajo en el sexenio del gobernador Armando
López Nogales.
“La causal de despido de
nosotros fueron supuestas faltas, pero la resolución final que manejan ellos,
es que “por ser miembro del Sindicato Minero de la Sección 65 soy responsable
también de los hechos acontecidos en 1998-1999”, se defiende, “ nada tiene que
ver una cosa con otra, si la causal fueron las supuestas faltas porque nos
están imputando otros hechos”.
La huelga de hechos que
culminó en noviembre de 1999, iniciada por abusos de la minera contra los
trabajadores al eliminarles tiempo extra y no mejorar las condiciones de
seguridad que prevalecían en ese entonces y que no eran corregidas en ningún
momento obligaron a todos los trabajadores a tomar esa decisión por mayoría,
aunque al final se signa un convenio donde interviene como testigo de honor
López Nogales en el que se da la reapertura y el reconocimiento total del
Contrato Colectivo de Trabajo.
Aunque en dicho convenio sólo
se había estipulado el despido de 600 a 700 trabajadores la empresa no lo
respeta y reajusta a más de 2 mil trabajadores cerrando la fundición y otros
departamentos que concentraban una gran cantidad de obreros.
Santos Núñez señala el origen
de todos los males se da a la llegada de Grupo México a Cananea con la compra
de la minera, consorcio que de inmediato
golpea la calidad del servicio médico porque siempre escatimó en la
salud de los trabajadores, pues no le importó nunca el bienestar de la clase
trabajadora.
“Antes de que ellos llegaran teníamos
acceso a hospitales privados y a medicamentos que nos respondieran a las
cuestiones de salud que presentaban los mineros. Y cuando ellos llegan empiezan
a cerrar desde nuestra clínica obrera donde se atendían a todos los
derechohabientes como trabajadores de la mina sin ningún argumento legal”,
sostiene.
Es parte de este movimiento y
de todas las artimañas sucias que ha hecho Grupo México en Cananea y que ha
puesto en jaque a los trabajadores a enfrentarlos a través de los tribunales,
agrega, pues se sabía que GM operaba desde los primeros niveles de gobierno y
prueba de ello es que no hubo autoridad alguna que sentara a Germán Larrea a
cumplir con el convenio de compraventa cuando se le otorga la mina a un precio
regalado de 465 millones de dólares; hay también un clausulado donde la empresa
se comprometía a mejorar la seguridad industrial de los trabajadores, en
capacitación, adiestramiento, maquinaria nueva y otro tipo de equipos pero eso
nunca sucedió.
Santos afirma que a pesar de
toda la resistencia sindical, la minera siguió igual operando en las mismas
condiciones, pero en contraparte aumentó la producción, modificando los
equipos y generando más contaminación,
pero sin invertir en la cuestión de seguridad ni en el mantenimiento de los
equipos.
Hoy Santos tiene fe que su
caso y situación particular pueda también incluirse en el anuncio hecho por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ayer solicitó a México aportar
toda la información relacionada con la violación a una serie de derechos
humanos perpetrados por la mina de Cananea contra 832 mineros, que iniciaron
una huelga laboral en julio de 2007 por las condiciones enumeradas en el cuerpo
de esta nota.
“Para mi es una noticia
buenísima pues de ahí se va derivar todo, esperemos que las autoridades se
pongan las pilas y le pongan un alto al Grupo México al que el gobierno ha
estado solapando, quien explota la mina a diestra y siniestra, vagones y
vagones de concentrado salen de la mina de Cananea y todo mundo callado”,
expresa Miguel Santos Núñez.
(DOSSIER POLÍTICO/ CLAUDIO
TIZNADO/2016-12-01)
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