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La controversia en ascensos policiacos
en Ensenada parece no tener fin; un proceso que se definiría en semanas ya
lleva seis meses, por lo que el alcalde Gilberto Hirata Chico no verá concluido
el trámite antes de que termine su gestión. El tema se tocará hasta febrero de
2017. 82 nombramientos disponibles están
en juego y las amenazas entre policías, a la orden del día
Todo se fue al traste. La
transparencia que habían prometido las autoridades en el proceso y la esperanza
de decenas de policías que aspiraban a un ascenso de cargo aun sin contar con
“padrino” o “palanca”, algunos de ellos hasta con 20 años en la corporación.
Sindicatura Municipal tomó
las riendas del proceso de ascensos para elementos de Seguridad Pública y
ofertó que por primera vez en la historia se emitiría una convocatoria abierta
a todos los interesados, por lo que los ascensos no estarían reservados a los
recomendados y allegados a los jefes, como era la costumbre.
Finalmente tal convocatoria
quedó anulada y una segunda está impugnada en tribunales.
El proceso que debió haberse
llevado una cuantas semanas ya lleva seis meses y no se cumplirá el deseo del presidente
municipal Gilberto Hirata Chico, de entregar los ascensos antes de finalizar su
gestión.
El trámite de ascensos apenas
será discutido de nuevo hasta febrero del próximo año, ya con Marco Antonio
Novelo al frente de la administración municipal.
LO QUE MAL EMPIEZA…
A principios de julio pasado,
el síndico procurador Iván Barboza anunció con “bombo y platillo” la
convocatoria bajo la cual los agentes policíacos podrían participar, por
primera vez en igualdad de circunstancias, por cualquiera de los 82
nombramientos disponibles.
De un total de 900 agentes,
413 respondieron a la convocatoria.
También en un hecho inédito,
Barboza le abrió las puertas a los medios para que atestiguaran el proceso de
revisión de documentos desde su recepción hasta la selección, misma que
quedaría bajo la responsabilidad de la dependencia que encabeza.
La primera fase consistió en
la revisión de los documentos solicitados, de comprobantes de antidopaje, de
reportes de Control y Confianza e historial.
Desde ahí empezaron los
desacuerdos entre los miembros de la Comisión Disciplinaria de Seguridad
Pública, conformada por siete elementos.
La Comisión la preside el
director de Seguridad Pública, Francisco Javier Shields, así como el síndico
Iván Barboza, la regidora Columba Domínguez, el presidente del Consejo
Ciudadano de Seguridad, Faisal Karim Díaz Nascí; el director administrativo,
Luis Humberto Gamboa Aguilera; el encargado de Profesionalización, Luis Enrique
Paredes Alor y el comandante de Tránsito, Héctor Manuel López Ruíz, quienes
tienen voz y voto.
Denuncia ante tribunal
Además
de dos representantes de la Asociación de Policías y Asociación de
Profesionistas, quienes solamente tienen voz. Pronto salió a relucir una lista
de 15 elementos “palomeados” para lograr ascenso sin pasar por los filtros.
La regidora Columba, el
síndico y el presidente del Consejo Ciudadano fueron los que más se opusieron a
la vieja práctica en acaloradas sesiones, donde a punto del llanto y envuelta
en ira, Domínguez recriminó al director y su corporación el cinismo de querer
imponer a recomendados.
También fue motivo de
discordia el que a algunos solicitantes se les anulara el registro por la falta
de alguna identificación oficial, comprobante de domicilio o constancia de
estudios.
Finalmente pasaron la primera
revisión 365 agentes, mismos que presentarían el examen de conocimientos en las
aulas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), institución que
finalmente se quedó esperando la confirmación por parte del Ayuntamiento.
El 15 de agosto, por fin, se
reunió la Comisión Disciplinaria para autorizar la publicación de los
seleccionados para presentar examen, pero cinco minutos antes de empezar la
sesión “apareció” una carga firmada por 21 policías que impugnaban la
convocatoria.
Amparados en los artículos 87
y 86 del Reglamento de Servicio de Carrera Profesional Policial de la Dirección
de Seguridad Pública, alegaron que previo a la convocatoria no se elaboraron
instructivos, no se publicaron calendarios, ni fechas, ni temarios, bibliografías
y demás.
Además, que no estaba
contemplado el derecho de audiencia para los que no fueron aprobados y, sobre
todo, que no correspondía a Sindicatura revisar y aplicar los exámenes según lo
planeado.
“Nosotros estamos mal”,
aceptó el secretario general del Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez, al
referirse a la convocatoria de la discordia, pues la misma no cumplía con
varios requisitos fijados por la Secretaría de Seguridad Nacional y la Academia
de Policía, y culpó a Sindicatura Municipal de haber hecho las cosas a su modo,
“estamos inventando un proceso, y al inventar cosas que no están en la Ley, nos
lo pueden echar abajo, puede ser impugnado”.
“Después nos enteramos que lo
pararon todo para beneficiar a ciertos elementos que no habían metido papeles,
dentro de ellos había algunos mandos y guardaespaldas de funcionarios, lanzaron
una segunda convocatoria y ya en esa abrieron como 20 plazas más”, reveló
“Salvador Arrieta”, agente en activo.
VA DE MAL EN PEOR
El subdirector operativo de Seguridad Pública, Juan González Martínez;
el director general del Ayuntamiento, González Agúndez; el propio alcalde
Hirata Chico y otros mandos dentro de la corporación, han sido señalados
constantemente por los mismos policías como los orquestadores del plan para
imponer a sus allegados.
Estos lo han negado una y
otra vez, argumentando que solo buscan equidad y la justa aplicación de las
bases para todos los policías, y en el caso de González Agúndez, incluso
amenazó con demandar penalmente al periodista que lo señaló como “la mano que
mece la cuna” en el tema de los ascensos.
Desechada la primera
convocatoria y con un examen que nunca llegaron realizar los 365 agentes
seleccionados, se emitió una segunda convocatoria, pero ya sin anuncios ni
pormenores para los medios de comunicación, y cumplida con sigilo en todos sus
pasos hasta llegar a la fecha del examen.
En la nueva convocatoria
“como por arte de magia aparecieron más espacios para ascender, y cuando ven
que su gente no está preparada, los altos mandos decidieron en menos de una
semana que el área de Profesionalización
de Seguridad Pública elaborara y aplicara los exámenes.
Algunos que se encargaron de
elaborarlos, también se presentaron al examen para ascender”, denunció la
agente Karla Olivia Pino.
De entrada suscitó sospechas
el hecho de que no les permitieran responder con pluma las preguntas del examen
y los obligaron a hacerlo con lápiz, “hubo quienes en media hora terminaron un
examen de 149 preguntas, obteniendo los favorecidos y los altos mandos el mejor
puntaje”.
Otros aspectos que
consideraron anómalos fue que cambiaron los porcentajes de calificación, siendo
40% del certificado de Control y Confianza, otro 40% con base al expediente
personal, y el 20% restante obtenido del resultado del examen. De última hora
les informaron que los dos últimos rubros solo contarían 50/50.
“El fin de semana anterior al
examen se reunieron con el presidente de la Comisión Disciplinaria para
modificar los resultados de todos aquellos que no les convenían para ascensos.
Era un examen fácil de alterar, viciado de origen”, aseveró el policía “Élmer
García”.
Frustrada e impotente, la
regidora Columba Domínguez, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y
miembro de la Comisión Disciplinaria, avala el decir de los policías
inconformes y afirma que votó en contra de la segunda convocatoria, pero nada
logró.
“En esta segunda convocatoria
participaron elementos que en la primera no cumplían con los requisitos. Al
calificar todos los exámenes de acuerdo a cada uno de los rubros, era muy
notorio los puntos de acierto en algunos elementos y dejaban a la mayoría en
desventaja, a aquellos los estaban apuntalando para ascender”, narró la edil.
Ante la serie de
inconsistencias, irregularidades e inconformidades, un grupo de agentes policíacos promovió la
impugnación de la convocatoria ante la Tercera Sala del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de Baja California, que con fecha 8 de noviembre de
2016, abrió el expediente 205/2016 T.S.
La demanda contra la Comisión
Disciplinaria y de Carrera Policial de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal de Ensenada fue firmada por los policías Arturo Velarde Santana, Raúl
Rivera Ríos, Gabriel Aranda Castro, Raúl Cabrera López, Miguel Ángel Guerrero
León, Juan Gabriel Ortiz Mendoza, Abel Gómez Domínguez, Juan Manuel Bravo
Cuevas y Nereida Yuliana Barbosa Díaz.
Señalan como acto impugnado
los acuerdos tomados por la Comisión Disciplinaria “mediante los cuales nos
dejaron fuera de la Convocatoria a los quejosos, violentando nuestra garantía
de audiencia y legalidad previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales:
siendo que la autoridad demandada en fecha 22 de octubre del año 2016 emitió el
listado de los elementos que presentaran examen de promoción de ascenso,
listado del cual ninguno de los suscritos formamos parte, esto sin habernos
debidamente notificado”.
El Tribunal de lo Contencioso
Administrativo emitió una suspensión provisional de la convocatoria,
argumentando que en la resolución “no se contravienen disposiciones del orden
público, ni se causa perjuicio evidente al interés social, ya que no se priva a
la colectividad de un beneficio que otorga la Ley ni se infiere un daño…”, y
citó para audiencia a las partes el 16 de febrero de 2017.
“Nosotros solamente pedimos
terrenos parejo para todos, sea quien sea, pero que tenga la capacidad y que lo
demuestre en un aula, en un examen que no sea manipulable, y el que se gane el
ascenso, ¡felicidades!”, expresó uno de los agentes demandantes.
Reiteraron que la segunda
convocatoria también fue inventada y le dieron entrada a alrededor de 18 o 20
agentes más, gente recomendada por los comandantes Humberto Durán y el
subdirector operativo Juan González, y varios recomendados por el alcalde
Hirata, “comandantes o encargados de grupos como el swat, narcomenudeo, robo
domiciliario, que se sienten afectados porque tenían asegurado su grado
inmediato”.
Externa a ZETA la agente
Karla Pino:
“Es una burla lo que hicieron
y todavía se molestan. Hay oficiales de carrera, quienes tienen más de veinte
años (de servicio) y no han podido agarrar el grado superior. Es la primera
ocasión que no los dejan meter la mano, ya que siempre los ascensos se dan a
escondidas y se publican en la madrugada, cuando hay cambio de presidente
municipal. Eso pretendían hacer en esta ocasión”.
Más gritos y sombrerazos En
medio del polvorín al interior de Seguridad Pública surgió otro grupo, ahora
inconformado contra los que promovieron el juicio de nulidad de la segunda
convocatoria y en protesta contra el Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
por la decisión de suspender el proceso.
Entre los cerca de 30
manifestantes están Eduardo Ramírez,
Humberto Durán, Luis Alberto Tolosa Espinoza, Juan González, quienes argumentan
que con la suspensión se está afectando la mitad de la corporación que presentó examen y esperan los resultados
de los 92 ascensos:
“Somos alrededor de 400
policías que nos estamos viendo afectados por la decisión de nada más nueve que
decidieron frenar el proceso. Los interesados hicimos gastos de exámenes
toxicológicos, carta de no antecedentes
penales y otras cosas”.
Entre los que protestan, los agentes
identifican al grupo de mandos que
persisten en imponer a toda costa a los mismos de siempre:
”Ahí está el Tolosa, por
ejemplo, protestando con uniforme, cuando es un delito federal hacer cualquier
clase de manifestación o reclamo ante un tribunal con uniforme! Aparte están
armados, en las cangureras cargan las armas…”, reveló un oficial municipal.
“A Tolosa en la
administración de (Enrique) Pelayo se la dieron de agente a subteniente, se
saltó cuatro grados de un chingadazo, así ha sido siempre, y a su papá se la
dieron de agente a capitán, se brincaban tres o cuatro grados. En cada
administración los escoltas siempre son los que obtienen sus grados y los
recomendados. Ya sabías que si andabas de ‘guachoma’ obtenías tus grados”,
refiere el oficial Arrieta.
Aseguran que en la primera
convocatoria, el mencionado Tolosa no se acreditó porque no tiene la
licenciatura, pero en la segunda, misteriosamente fue aprobado.
Mientras que al subdirector
operativo, el capitán Juan González, lo acaban de ascender a sub inspector,
cuando es improcedente:
“Es una aberrante anomalía
porque Ensenada no tiene una Secretaría de Seguridad Pública porque no llega a
mil elementos, de dónde fregados sacaron el grado”.
Los agentes consultados por
ZETA cargan mucho resentimiento contra su mandos superiores y aprovechan para
señalarlos y aseverar que algunos tienen antecedentes de dar positivo en
antidopaje, e incluso nexos con el crimen organizado.
EL PROCESO MÁS TRANSPARENTE DE LA HISTORIA
“En ningún momento se está
favoreciendo a nadie, que quede sumamente establecido”, citó por su parte Pedro
Manuel Athié, director de Gobierno, quien ha estado en representación del
director de Seguridad Pública y del gobierno central en las últimas sesiones de
la Comisión Disciplinaria. Aclaró que nunca se invalidó la primera
convocatoria, “se modificó”.
“Hay muchas versiones por
todos lados, se hizo la primera convocatoria, se aprobó y una vez revisada, nos
dimos cuenta que había muchos errores”.
Y enumeró la serie de erratas
del proceso que tomó en sus manos Sindicatura, pero que hizo mal,
contraviniendo en gran parte el reglamento, “no se canceló porque teníamos que
dejar a salvo a los 400 policías que habían presentado su documentación.
“Se vuelve a publicar la
convocatoria, con los cambios, nos equivocamos, lo reconocimos, pero lo hicimos
todavía más transparente, se notifica a todos los elementos quién había quedado
y quién no”, argumentó. Detalló que 426 policías presentaron papeles, 372
fueron aprobados y 54 reprobados.
De 54 rechazados, 22
presentaron garantía de audiencia y de ellos 15 fueron aceptados, “revisamos
caso por caso, y en eso llega una suspensión del Tribunal de lo Contencioso, y
obviamente no estamos de acuerdo con la suspensión, estamos haciendo nuestra
defensa”.
Athié desmintió a los
promotores de la suspensión:
“Ellos mencionan que no se
les notificó que habían quedado fuera del proceso, sí se les notificó en tiempo
y forma, tenemos el comprobante, vamos a mostrar copia certificada”.
Del resto de las anomalías
señaladas por los inconformes, tales como el llenado de los exámenes con lápiz
y el cambio de sede de la aplicación de los mismos a una preparatoria vinculada
al director de Profesionalización, José Paredes, Athié las desestima:
“Ellos a lo mejor dijeron
misa en la demanda, pero el juez no lo tomó en cuenta en la defensa, el único
acto impugnado en el documento es que no se les notificó el resultado, no se
menciona lo demás”.
El gobierno municipal tampoco
está de acuerdo con la apreciación del tribunal en el sentido que la suspensión
del proceso no contraviene al orden público:
“Para nosotros sí se
contrapone porque la cadena de mando queda vacía. Si la Policía no puede hacer
su trabajo correctamente, la ciudad se va ver perjudicada, además, sí nosotros
no cumplimos con ciertos requisitos, el Fortasec (Fondo Federal para el
Fortalecimiento a la Seguridad Municipal) nos puede mandar el dinero
incompleto”.
— En concreto, ¿se está
favoreciendo con ascensos a ciertos elementos?
“No es cierto, ¡claro que no
es cierto! Sí lo dicen, pero no lo pueden comprobar, porque además no es
cierto. En ningún momento se está favoreciendo a nadie, ni hay una convocatoria
a modo. Éste ha sido el proceso más transparente en toda la historia de
Seguridad Pública de Ensenada”, remató.
TODOS CONTRA TODOS: AMENAZAS Y REPRESALIAS
En Sindicatura Municipal está
interpuestas varias denuncias de agentes policíacos que declaran haber sido
molestados, hostigados y amenazados por parte del grupo que encabezan “los
mandos superiores”, a raíz de ventilar lo que llama la podredumbre del proceso
de ascensos.
La oficial Karla Olivia Pino,
con 10 años en la corporación, denunció
el delito de amenazas contra “quienes resulten responsables”, pero en su
relación de los hechos menciona directamente sus altercados con el secretario
general del Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez; su compadre, el
subdirector operativo Juan González; al comandante Humberto Durán, José
Francisco Pelayo, entre otros, quienes le reclamaron que ventilara la situación
en redes sociales.
Cambio de horario laboral, un
arresto de ocho horas y amenazas directas, enumera Pino en su declaración:
Me dijeron que los compañeros
ya no irán a la taquería que yo tengo, dejándome claro que entre ellos se están
comunicando y que les dieron a conocer lo que yo poseo, por lo cual sentí
terror fundado a las represalias a mi persona, mi familia y mis bienes; por eso
acudí a narrar lo sucedido, porque lo tomo como amenazas hacia mi persona, y
quiero que todo esto quede como antecedente, pues tengo temor de acciones
futuras en mi contra”.
Otra de las denuncias
presentadas es la del agente Raúl Rivera Ríos, con 16 años en la Policía, quien
delató las amenazas directas vertidas contra él y su pareja sentimental,
Denisse Viviana Alvarado Lucero, quien también es policía en activo.
Directamente o por medio de
emisarios, los comandantes Humberto Durán y Juan González le dijeron: “Déjate
de mamadas, retira la denuncia, nos está frenando los ascensos, si no lo haces
la vamos a agarrar contra Denisse o vamos a sacar a colación los problemas que
has tenido, laborales o sentimentales… te vamos a chingar de alguna u otra
manera”.
El afectado relató a ZETA:
Me dijo Juan González,
‘Tienes 16 años trabajando aquí, tú sabes cómo se dan los grados, aquí se dan
como nos da la chingada gana. Para empezar quiero que digas que Martín Ceballos
(recién electo presidente de la Asociación de Policías) está cobrando mil 500
dólares para que les dé un ascenso, y que además hagas público que no es tu
firma la que aparece en el juicio de impugnación; haz todo eso y no vamos a
perjudicar a tu vieja”.
Karla Pino y otros agentes
también mencionan cuentas falsas abiertas en Facebook donde los mensajes son:
“Contesta cabrón o quieres guerra”, o “Dejen de
moverle porque los van a matar”.
(SEMANARIO ZETA/EDICIÓN IMPRESA /JUAN
CARLOS DOMÍNGUEZ/ LUNES, 21 NOVIEMBRE, 2016 12:00 PM)
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