Foto: Tomada de Internet
La Procuraduría General de la
República (PGR), bajo las órdenes del presidente Enrique Peña Nieto, interpuso
una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) contra las reformas a la Ley de Justicia Administrativa, emitidas
por el Congreso del estado de Sinaloa, lo que es contrario a lo establecido en
el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El 19 de agosto pasado, el
gobierno de Mario López Valdez publicó el Decreto 768, el cual permite que los
Magistrados que actualmente se encuentran en funciones en el Tribunal de
Justicia Administrativa puedan ser ratificados y adquieran inamovilidad en el
cargo.
La reforma impugnada por la
PGR, permitiría la ratificación en el cargo de los integrantes del Tribunal de
Justicia Administrativa de Sinaloa, órgano responsable de juzgar casos sobre
corrupción, que incluso, los hacía inamovibles.
De acuerdo con la PGR, dicho
decreto viola el Artículo Octavo transitorio de la Reforma Constitucional del
27 de mayo de 2015 pues contraviene “la intención del Constituyente federal, en
el sentido de que los Magistrados en funciones, exclusivamente podrán continuar
por el tiempo que hayan sido nombrados”.
La PGR señala que el Congreso
local sinaloense, transgredió los principios de certidumbre y seguridad
jurídicas, pues los sistemas estatales anticorrupción no deben ser creados “a
partir de reformas aisladas, decretos descontextualizados o enmiendas
parciales, ya que ese proceder indefectiblemente genera incertidumbre
jurídica”.
La Procuraduría argumentó que
con el decreto publicado, los operadores jurídicos, no sabrán cuáles normas los
regirán y delimitarán su actuación dentro del Sistema Local Anticorrupción.
“La creación de un ‘sistema’
implica el diseño de un conjunto de reglas y principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí”, señaló la PGR a través de un comunicado.
La PGR también promovió
Acciones de Inconstitucionalidad en contra de diversas disposiciones de los
estados de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo en materia de combate a la
corrupción.
En los primeros dos casos, la
Procuraduría obtuvo resoluciones favorables por parte de la SCJN, ya que los
magistrados declararon inválidos los decretos impugnados.
Dichas leyes estatales fueron
consideradas por muchos analistas como un blindaje de los gobernadores Javier
Duarte de Ochoa, de Veracruz; Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, y César
Duarte Jáquez, de Chihuahua, todos del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), para no responder a acusaciones de corrupción al término de su mandato,
después de que en sus entidades ganaran las elecciones políticos de la
oposición que, incluso, los quieren ver tras las rejas.
“Es conveniente que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación analice las reformas en materia de
combate a la corrupción que hoy impugnamos, toda vez que no podemos dejar a la
incertidumbre la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción”, dijo
entonces el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR,
Salvador Sandoval Silva.
Por su parte, el vocero del
gobierno mexicano, Eduardo Sánchez Hernández, dijo que no había cabida “para
legislaciones locales a modo”, y que ninguna institución o servidor público
puede estar al margen de la ley.
Aunque, días después, reunido
con la procuradora general de la República, Arely Gómez González, el gobernador
de Quintana Roo fue el único de los mandatarios cuestionados que se echó para
atrás y dijo estar disposición de “proceder a la abrogación o derogación en su
caso, de los actos o normas generales” de su sistema estatal anticorrupción.
Ante ello, un mes más tarde,
el Congreso de QRoo canceló la aprobación de una serie de reformas muy
criticadas por la oposición, entidades civiles y el propio Ejecutivo Federal
porque podían destinarse a proteger el gobernador saliente.
Después, los ministros de la
SCJN determinaron que los congresos de los estados no están facultados para
emitir leyes locales antes de que el Legislativo federal emita la ley general
correspondiente, como es el caso del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Sin embargo, señalaron que
los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua no sufrirán ninguna
repercusión legal en caso de que el blindaje sea declarado inconstitucional, ya
que las acciones de inconstitucionalidad no pueden aplicarse de manera retroactiva.
“Los congresos locales
violaron la veda temporal o condición suspensiva en que se encontraban sus
facultades para legislar sobre el tema”, apuntó la SCJN, que dejó así,
intactas, las disposiciones dictaminadas desde la promulgación de las leyes
generales del Sistema Nacional Anticorrupción, el pasado 18 de julio.
Tras la resolución de la
Suprema Corte, quedó anulada la creación de la nueva Fiscalía Anticorrupción en
Chihuahua, y, en el caso de Veracruz, quedaron anulados seis decretos, en los que
se incluye el sistema de fiscalización superior y rendición de cuentas, además
de una Fiscalía.
(SEMANARIO ZETA/ Carlos Álvarez/
Viernes, 16 septiembre, 2016 11:24 AM)
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