Los últimos cinco días de su
administración como Alcalde de El Fuerte en 2013, José Eleazar Rubio Ayala y el
Tesorero Marco Vinicio Vega Herrera, supuestamente desviaron más de un millón
de pesos del Programa de Empleo Temporal de la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) Federal.
Los recursos federales fueron
destinados a pagos distintos a los que estaban autorizados y ahora los ex
funcionarios cuentan con orden de aprehensión por el delito de peculado.
En total es un millón 40 mil
391 pesos con 20 centavos que debían ser usados para pagar mano de obra en 31
proyectos de limpieza de caminos, pero fueron gastados en pagos de combustible,
gastos médicos, nómina y apoyos económicos.
De acuerdo con el expediente
del Juzgado, la orden de aprehensión fue dictada por el Juez Sexto de Distrito
con sede en Los Mochis, el 23 de noviembre de 2015.
El ex Alcalde y el ex
Tesorero habían mantenido suspendida la ejecución de la orden de aprehensión
por un juicio de amparo.
Al ex Presidente Municipal le
fue negada la protección de la justicia federal por lo que puede ser detenido
en cualquier momento; mientras que el juicio que promovió el ex Tesorero aún no
concluye.
SEDESOL QUIERE SU DINERO
El mandamiento judicial derivó
de una denuncia presentada por el delegado de la Secretaría de Desarrollo
Social en Sinaloa, José Regino López Acosta, el 19 de enero de 2015.
De acuerdo con los
documentos, el 20 de febrero, 12 de mayo y 26 de junio de 2014, la dependencia
federal envió al actual Alcalde del El Fuerte, Marco Vinicio Galaviz, oficios
en los que pedía que entregara la documentación comprobatoria que ampara la
ejecución de los proyectos o reintegrara el dinero a la Tesorería de la
Federación.
El Municipio no respondió los
oficios, por lo que el delegado de Sedesol presentó denuncia e intervino el
Agente del Ministerio Público de la Federación.
Fue hasta que el Ministerio
Público solicitó la información, cuando el Presidente Municipal notificó el
destino de los recursos que habían entregado a su antecesor.
Según los informes, el dinero
fue usado entre el 27 y el 31 de diciembre de 2013, los últimos cinco días de
la administración de Rubio Ayala.
Los recursos se gastaron en
pago de combustible, gasto corriente, sueldo de personal de la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal y mantenimiento de vehículos.
Entre los gastos también se
encuentra un reembolso por gastos médicos de 30 mil pesos y uno de 11 mil 179
pesos; un reembolso a gastos de 55 mil pesos y compra de combustible por 278
mil 530 pesos.
El recurso federal fue
depositado a la cuenta del Ayuntamiento en tres operaciones en noviembre y
diciembre de 2013.
El primer depósito fue el 25
de noviembre por 520 mil 195 pesos con 60 centavos y el 18 de diciembre fueron,
uno por 300 mil 211 pesos con 50 centavos, y otro más por 219 mil 984 pesos con
10 centavos.
El dinero fue retirado
mediante traspasos electrónicos, uno de ellos el 27 de diciembre de 239 mil
pesos y otros tres el 31 diciembre, uno de 400 mil y dos de 200 mil pesos.
El juez señala: “Con los
dictámenes en materia de contabilidad, de fechas diecinueve de febrero y doce
de octubre, ambos de dos mil quince, suscritos por el perito oficial en la
materia, en los que concluyó, que una vez estudiadas y analizadas las
documentales que integran el expediente de averiguación previa, determinó que
la afectación económica que sufrió la Secretaría de Desarrollo Social, con
motivo de los recursos otorgados al municipio de El Fuerte, por el Programa de
Empleo Temporal para la rehabilitación de caminos rurales, es por la cantidad
de $1’040,391.20”.
Los recursos tenían que ser
ejecutados por el Departamento de Planeación y Desarrollo Social del municipio
pero nunca se los entregaron.
Por medios de dos oficios,
esa área solicitó al Tesorero, el 10 y el 19 de diciembre de 2013, la entrega
de esos recursos pero no hubo respuesta.
El dinero estaba depositado
en una cuenta mancomunada para la que se requerían las firmas del Alcalde y el
Tesorero para disponer efectivo, o para hacer transferencias era el Tesorero
quien tenía los dispositivos electrónicos.
RECHAZA
DISPONER DEL DINERO
El ex Alcalde Eleazar Rubio
Ayala, fue llamado a comparecer ante el Agente del Ministerio Público Federal
en tres ocasiones, pero solo lo hizo en una.
El 13 de abril de 2015
presentó su declaración por escrito ante el fiscal y negó haber cometido el
delito.
La declaración señala: “Que
en relación a los hechos que se me imputan, los niego en su totalidad, toda vez
que entre las actividades y funciones como Presidente Municipal del
Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, estaban entre otras cosas las de ser gestor
ante las instancias estatales y federales, así como en el congreso estatal y
federal, la ejecución de los acuerdos de cabildo.
“Llevar acciones dentro del
mismo Ayuntamiento de todos los funcionarios de primer nivel, atender las
necesidades de los ciudadanos y tener una relación muy estrecha con las fuerzas
vivas del Ayuntamiento como son síndicos, comisariados ejidales, los sectores
productivos y organismos civiles, por lo que nunca ejercí sobre el recurso”,
añade.
Rubio Ayala aseguró que por
la naturaleza de su cargo de ninguna manera tenía jerarquía para que el recurso
se le encomendara en administración, guarda o tutela y poder disponer
jurídicamente de él.
El 15 de abril y el 20 de
agosto fue citado otra vez por el Ministerio Público, pero en ambas ocasiones
se reservó su derecho a declarar.
JUEZ NIEGA AMPARO
Eleazar Rubio Ayala estuvo a punto
de ser detenido por elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME), pero
acababa de salir de su domicilio.
Alrededor de las 9:00 horas
del domingo 29 de noviembre, aproximadamente ocho agentes de la PME llegaron a
la casa del ex funcionario en Los Mochis con la orden de aprehensión.
La esposa de Rubio Ayala fue
quien los atendió y a ella le dijeron que iban por el ex Alcalde porque tenía
un mandamiento judicial.
Un día después acudió a un
juzgado a solicitar un amparo, pero según el escrito de demanda, creía que la
orden de aprehensión había sido librada por su participación en un accidente en
mayo de 2013.
Durante el juicio, resultó
que el mandamiento judicial era por la presunta comisión del delito de
peculado.
Cinco días después, el Juez
Sexto de Distrito le concedió la suspensión definitiva tras el pago de una
fianza de garantía de 113 mil pesos por lo que no podía ser detenido hasta que
se dictara sentencia en el juicio de amparo.
Tras analizar las pruebas, el
Juez determinó que la orden de aprehensión estaba sustentada y negó el amparo
al ex funcionario.
“Se considera que la orden de
aprehensión emitida por el juez federal es correcta ya que con el material probatorio que obra en el proceso
penal es suficiente para acreditar, hasta este momento procesal, que el
indiciado hoy quejoso, en su carácter de servidor público, como Presidente
Municipal del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, estando obligado legalmente a la
custodia, administración y aplicación de los recursos públicos federales
otorgados por la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL, de manera conjunta,
distrajo de su objeto, para usos propios o ajenos, la cantidad de
$1’040,391.20”, estableció el Juez.
(RIODOCE/ ALEJANDRO MONJARDÍN /5
SEPTIEMBRE, 2016)
No hay comentarios:
Publicar un comentario