Con demandas judiciales, el Estado
Mexicano busca inhibir el ejercicio crítico del periodismo
El panorama para los
periodistas que critican y cuestionan al sistema político y sus instituciones
no es nada alentador, porque desde hace 12 años en México se está acosando
judicialmente a quienes cuestionan a figuras que manejan recursos públicos,
como una forma abierta de intimidarlos y violentar el derecho a la libre
expresión, acusan organismos por la defensa de la libre expresión en América.
Durante el Seminario sobre
Violencia y Paz, organizado por el Colegio de México para analizar las demandas
contra periodistas como forma de control gubernamental contra el periodismo
crítico, organismos no gubernamentales y el representante del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas urgieron al poder judicial de la Federación y de los
Estados tomar medidas emergentes para frenar el uso desmedido de las leyes con
el derecho universal a la libre expresión.
La abogada Perla Gómez,
presidenta de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en la Ciudad
de México, acusa que el Gobierno mexicano a través de sus instituciones, está
ejerciendo un acoso judicial contra periodistas a los que demanda por daño
moral contra personas que utilizan recursos públicos.
Estas demandas, dijo, se ha
vuelto ya un patrón y está en la mesa de los jueces, pues no es casual que en
menos de 12 años se hayan interpuestos querellas judiciales contra periodistas
y columnistas críticos, como el extinto Miguel Ángel Granados Chapa, Lorenzo
Meyer, Eduardo Pushin, las siete demandas contra Ana Lilia Pérez, de
Contralinea, otra contra Miguel Badillo, Sergio Aguayo y Carmen Aristegui,
entre muchos, en las que el factor determinante es cuestionar al funcionario de
gobierno en casos de interés público.
Considera urgente un criterio
claro que deje un precedente de actualización normativa para que en México y
los demás países existan leyes de responsabilidad civil para la defensa del
honor, vida privada y propia imagen que equilibre con la malicia efectiva y que
no privilegie el lucro, este último encaminado a amenazar el patrimonio de los
periodistas como una forma de inhibir el ejercicio crítico de su trabajo.
Para la catedrática de la
Universidad Autónoma Metropolitana, vivimos en un país donde si se quiere
defender la libertad de expresión no hay presupuesto, pero sí una impunidad que
horroriza. En cambio cuando quieren atacar la libertad de expresión, hay leyes,
hay mecanismos e instituciones con criterios anacrónicos para enfrentarla.
En México, cuestionar el
supuesto honor de un funcionario o figura pública cuesta y en ocasiones mucho a
los periodistas, porque la ley así lo establece y esto genera un escenario muy
triste porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para valorar y
tipificar el daño moral se apoya en la ley de imprenta de 1917, dice.
Cita que cualquier persona o
periodista que sea demandado fuera de la ciudad de México, incurre en un daño
moral y lo primero que se privilegia es el lucro, porque el precio del honor
del supuesto afectado queda a criterio del juez, que en la mayoría de las veces
impone multas económicas que el periodista no alcanza a cubrir ni con el
patrimonio de toda su vida. Y esto es una forma de intimidar y frenar el
periodismo crítico.
Ana Cristina Ruelas, de
Artículo 19, señala que esta organización ha documentado este año cinco casos
sobre el uso del derecho para amedrentar y hostigar periodistas. El año pasado
hay cinco casos que todavía están en las cortes penales.
La abogada de la libertad de
expresión considera preocupante lo que ocurre, porque el delito de ultraje está
en 26 estados; los delitos contra el honor en nueve; los delitos de halconeo en
21 y las leyes antimemes en seis entidades.
Jan Jarab, representante del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas, recomienda despenalizar el ejercicio
de la libertad de expresión; es decir,
derogar los delitos de difamación, calumnia, injurias y otras figuras
anacrónicas que aun existen en otros estados.
Que cuando se trate de
demandas civiles no se interpongan demandas múltiples por los mismos hechos
ante distintas jurisdicciones. Porque obliga al periodista a perder su tiempo y
dinero. Propone que se establezca una ley de alcance nacional que garantice una
protección uniforme. Hay buena legislación en la ciudad de México pero en el
resto de los Estados no existe.
El funcionario de la ONU
recomienda una legislación armonizada a nivel nacional para que las opiniones
no sean susceptibles de litigarse, solamente las afirmaciones. Que las demandas
frívolas sean desechadas por oficio y se establezcan topes en los montos
indemnizatorios.
Perseo Quiroz, de Amnistía
Internacional, sugiere que se deroguen los tipos penales de difamación,
calumnia contra la honra y la dignidad que aparecen en algunos estados y que se
revisen las leyes civiles para que ayuden a restablecer la reputación dañada y
no con imputaciones económicas.
La representante de Propuesta
Cívica, Pilar Talavera, considera que la sociedad civil solo podrá aportar
medidas reparatorias y limitadas a la protección de periodistas porque la que
brinda el Estado a la libre expresión es muy escasa. Hay instituciones y leyes
que sirven para proteger a los periodistas, pero el Estado y los funcionarios
públicos las utilizan para agredir.
Aunque dijo que la principal
agresión a la libertad en México es la impunidad.
Al final, Sergio Aguayo,
coordinador del Seminario, dijo al respecto que las libertades se ganan.
Cuestionó que las empresas periodísticas no se involucren en la defensa de los
periodistas demandados y solo defienden a algunos aliados, pero no a los
colaboradores.
El evento se observó por
demás concurrido ante la presencia de Carmen Aristegui, quien al participar
como ponente expuso que enfrenta cinco procesos judiciales tras el polémico
caso que exhibe la corrupción de la pareja presidencial con la adquisición de
la Casa Blanca.
(RIODOCE/ FRANCISCO SARABIA/ 5
SEPTIEMBRE, 2016)
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