FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ
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Quedan poco más de dos años a este
sexenio, durante los cuales los priistas terminan por hundir el país y lo
entregan a la oposición o Enrique Peña Nieto decide empezar por el gabinete y
revolucionar la forma de hacer política y gobierno en México.
Al haber recuperado la
Presidencia de la República para el Partido Revolucionario Institucional,
Enrique Peña Nieto tuvo un mar de oportunidades; no solo para mantener Los
Pinos en el ala tricolor de la política nacional, sino para demostrar que su
partido había cambiado, y que él encarnaba el nuevo político priista.
Apegado a tiempos
democráticos, transparentes, de certeza jurídica, pleno ejercicio del Estado de
derecho, rendición de cuentas, promoción del desarrollo social y económico para
beneficio de la mayoría y no de unos cuantos.
Ante la presunción de una
compra de votos en la elección de 2012 que un Tribunal Electoral desechó para
otorgarle la Presidencia de la República, aquellos que le concedieron el
beneficio de la duda esperaban una serie de acciones con las que Enrique Peña
Nieto se legitimara en el ejercicio del poder y borrara de la memoria inmediata
de los mexicanos lo que no había quedado claro en las urnas.
Eso necesitaba el presidente
en esos momentos. Es deseable que aquellos que encabezan alguno de los poderes
del Estado mexicano lo hagan sin más interés que sacar adelante esta nación.
Pero Enrique Peña Nieto ha dejado ir muchas oportunidades para hacer justamente
eso.
Tantas, y de manera
sistemática, que por consiguiente ya los mexicanos deberíamos perder cualquier
esperanza de ver resarcido el daño.
Pero vaya, aún quedan poco
más de dos años de este gobierno, y padecerlo sin una expectativa podría hacer
más pesada la espera. ¿Podrá el presidente Peña en dos años enmendar su
gobierno? Siempre es más fácil plantear una pregunta que anticipar una
respuesta.
Sin embargo, sería necesario,
a propósito del perdón que solicitó por “el error” que motivó una mala
“percepción” por parte de los mexicanos en el caso de la Casa Blanca, aunque él
hizo todo “legalmente”, que Peña no olvide que esa no ha sido su única
oportunidad perdida.
Vaya, podría haberse obviado el
perdón si meses atrás instruye a un ciudadano a encabezar la Secretaría de la
Función Pública (que él mismo había desechado), a encabezar una investigación
imparcial sobre el presumible (hasta la fecha) conflicto de intereses que hubo
en la transacción para la compra, por parte de su esposa, de la casa en el
número 150 de Sierra Gorda en Lomas de Chapultepec, a su contratista favorito,
Armando Hinojosa, de Grupo Higa.
Al no hacerlo, el presidente
dejó ir la oportunidad de demostrarle a los ciudadanos que el combate a la
corrupción es real.
Y lo mismo ocurrió cuando
hace unas semanas consintió que los legisladores del PRI y del Verde
Ecologista, sus comparsas políticas, no incluyeran en el Sistema Nacional
Anticorrupción la máxima publicidad en las declaraciones de funcionarios y
servidores públicos respecto a las cuentas personales, patrimoniales, fiscal y
de conflicto de intereses.
Que los mexicanos no cuenten
con esa información, de entrada, impide medir el crecimiento económico de los
políticos, y por lo tanto llevan a la impunidad en delitos como el peculado, el
enriquecimiento ilícito, el cohecho.
Peña perdió la oportunidad de
demostrar a los mexicanos que en este país impera el Estado de derecho al
mantener inacabadas, sin resultados, y prácticamente anquilosadas, las
investigaciones de los hechos de violencia criminal y política que han desatado
movimientos sociales y recriminaciones nacionales e internacionales, como la
sangre vertida en Tlatlaya, Estado de México, cuando elementos del Ejército Mexicano
aniquilaron a 22 presuntos delincuentes; la negra noche del 26 de septiembre
cuando una mezcla de política y poder criminal desapareció a 43 normalistas en
el año 2014 en Ayotzinapa, Iguala, Guerrero; los 42 ejecutados de Tanhuato,
Michoacán, cuando un enfrentamiento entre presuntos narcotraficantes y la
fuerza pública llevó al asesinato y además hubo un policía caído. Y
recientemente, la utilización de esa misma fuerza federal para sofocar los
disturbios en Nochixtlán, Oaxaca, provocados por maestros inconformes con la
reforma educativa, y afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación que, según el gobierno, contabilizaron ocho muertos, y de acuerdo con
los manifestantes, fueron 11.
En estos casos, guardadas las
proporciones entre ellos, el presidente pudo haber investigado, sancionado y
ejercido el Estado de derecho para sentar el precedente de que en este país se
respeta la dignidad de las personas, la vida, se combate la impunidad y se
afrontan los problemas nacionales como la pobreza, la marginación, el
narcotráfico y el crimen organizado.
Además se habría escuchado la
voz de la sociedad en el establecimiento de políticas públicas y en el trabajo
legislativo. Pero nada de esto fue aprovechado por el primer mandatario. Las
reformas estructurales han sido, o al menos se perciben, también como
oportunidades perdidas. No han dado los resultados esperados ni para el propio
gobierno. Los mexicanos no sienten los beneficios en sus bolsillos.
A la primera convocatoria producto de la reforma
energética para atraer la inversión extranjera no acudieron los que parecían
interesados.
Ahora la gasolina cuesta más,
la electricidad también, el alza de precios es notable, grave y preocupante al
grado del insomnio, la devaluación del peso mexicano frente al dólar es tan
notable como desastrosa para la economía nacional.
La reforma fiscal ha sido una
espiral de terrorismo para el contribuyente y no ha logrado saciar la voracidad
presupuestal de un gobierno que recorta programas de prevención del delito y de
índole social, pero que no aprieta el cinturón a la privilegiada clase que
intenta gobernar a cambio de sueldos que son ofensivos para el grueso de la
población.
La reforma educativa estamos
viendo cómo no satisfizo ni a los maestros, y esa inconformidad está costando a
estudiantes, comerciantes, empresarios, amas de casa, trabajadores, ante la
toma del sector productivo y las calles y carreteras de este país, por parte de
maestros que ni en Gobernación ni en Educación han sido capaces de sofocar a base
de acuerdos.
En materia de corrupción
Enrique Peña Nieto inició bien su primer año. Procesó a Elba Esther Gordillo
Morales por transacciones financieras con recursos de procedencia ilícita (era
el dinero de los maestros gastado en forma personal), y la exlideresa del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación continúa en prisión.
De manera tímida e
irremediable, dieron un segundo golpe con la detención del exgobernador de
Tabasco, Andrés Granier Melo, por operaciones con recursos de procedencia
ilícita y defraudación fiscal. Lástima que hasta ahí llegaron los ánimos
combativos del sexenio peñista.
Impunes quedan los ex gobernadores
Guillermo Padrés, de Sonora, Humberto Moreira, de Coahuila, Rodrigo Medina de
la Cruz, de Nuevo León, o gobernadores en funciones como Roberto Borge, en
Quintana Roo, y Javier Duarte de Ochoa, en Veracruz.
Especialmente estos dos
serían la joya de la corona si el presidente Enrique Peña Nieto decidiera
iniciar procesos para aprehenderlos después de promover, incluso a través de su
partido, el desafuero.
La ocasión perdida de Peña en
materia de crimen organizado y narcotráfico se puede medir en los 65 206
ejecutados que registró México en los tres primeros años de su mandato.
En el 85 por ciento de
impunidad en los homicidios dolosos, en la permanencia de los cárteles de
Sinaloa, Beltrán Leyva, Los Zetas, Arellano, de Juárez, que cuentan con decenas
de años en acción, subsistiendo a base de violencia extrema, drogas, impunidad
y corrupción, solo sucediéndose el liderazgo.
El México que hoy el
presidente Enrique Peña Nieto tiene a la vista no es un mejor país si se le
compara con el que comenzó a encabezar hace cuatro años.
No hay más libertad de
expresión, se suman periodistas asesinados o aquellos censurados con despidos simulados
de litigios. Los trabajos creados son en relación con la mano de obra barata,
no hay un ejercicio pleno del Estado de derecho cuando terceros se ven
afectados por la ineficacia en el manejo de la política interna.
Quedan poco más de dos años a
este sexenio, durante los cuales los priistas terminan por hundir el país y lo
entregan a la oposición, o el presidente decide empezar por el gabinete y
revolucionar la forma de hacer política y gobierno en México.
Hacen falta cambios, de
personas y de estrategias realmente planeadas que no se limiten a la mera
ocurrencia.
De lo contrario, Enrique Peña
Nieto será recordado irremediablemente como el presidente de las oportunidades
perdidas.
Y eso es algo que México de
ninguna manera merece, pero sí lo padece.
(SEMANARIO ZETA/ ADELA NAVARRO BELLO/
LUNES, 1 AGOSTO, 2016 08:45 PM)
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