El 22 de mayo de 2015, en el
rancho “El Sol” en Tanhuato, Michoacán, policías federales se enfrentaron con
sicarios del Cártel Nueva Generación y el saldo fue de 42 presuntos
delincuentes y un policía muertos. Fue una matanza, según concluye la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, y hubo ejecuciones extrajudiciales y alteración
de la escena del crimen. Durante más de un año la Policía Federal sostuvo que
no violó derechos humanos, y actuó conforme al protocolo de uso de la fuerza.
Resultó mentira. El Gobierno tendrá que
hacer una investigación y determinar qué y cuántos policías violaron la ley
para proceder en consecuencia. Su resultado debe dictar también la suerte del
comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo.
El documento de la CNDH es
muy crítico de la actuación de los federales, y las recomendaciones serán
acatadas en lo general. No basta, porque Tanhuato muestra las vulnerabilidades
de los policías federales en la lucha contra los cárteles de la droga que
tienen que resolverse, como la necesidad de una convención nacional que
establezca los alcances y los límites sobre el uso de la fuerza. De otra
manera, Tanhuato se medirá como Nochixtlán o como desalojos de carreteras de
maestros disidentes. Los casos son totalmente distintos.
En Tanhuato, los federales
llegaron tras una denuncia de invasión del rancho “El Sol”, y con información
de inteligencia que ubicaban en esa propiedad a alrededor de 700 criminales que
posiblemente estaban protegiendo al jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación,
Nemesio Oseguera, “El Mencho”. El antecedente inmediato había sido el
derribamiento de un helicóptero del Ejército -murieron ocho soldados y una
policía federal del área de inteligencia- días atrás, en una operación en Jalisco
para capturarlo. Con esos elementos, los federales realizaron el operativo.
No encontraron ni a Oseguera,
ni a los cientos de criminales que decía la información de inteligencia que ahí
estaban. Pero no hay que confundirse. Que la operación haya tenido excesos no
significa que nunca debió hacerse. A quienes enfrentaron son asesinos, no una
población inerme y ajena a hechos delictivos. Tampoco debe dinamitarse a una
institución por el hecho que algunos o muchos de sus miembros violaran
garantías individuales y minaran los protocolos sobre el uso de la fuerza. A
quienes resulten responsables, tendrán que sancionarlos y, según el grado de su
responsabilidad, aplicarles la ley. Pero generalizar las faltas de los
individuos como putrefacción de las instituciones, es caer en el juego maniqueo
de los criminales. Deslindar instituciones de personas es fundamental.
Los policías federales, como
se escribió en este espacio en agosto del año pasado, violaron el código de
conducta y el documento de los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza
y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
Junto con ello vino el uso excesivo de la fuerza, que de acuerdo con el índice
de letalidad de la Policía Federal, establece como estándar un policía muerto
por 1.4 agresores. En Tanhuato fue un policía muerto por 42 agresores abatidos.
El excesivo uso de la fuerza debe ser una excepción, y cuando no se aplican los
protocolos, son consideradas ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias, según los principios y estándares del Derecho Internacional, de
donde se puede desprender una responsabilidad directa hacia el Estado.
En Tanhuato no sólo hubo una
matanza. Como lo refleja el documento de la CNDH, la Policía Federal quiso
cubrir el abuso y exceso de su fuerza mediante la alteración de pruebas, el
ocultamiento de evidencia y sembrar armas a los presuntos delincuentes, como lo
apuntó una investigación de María Idalia Gómez en el portal Eje Central, quien
afirmaba que al menos tres de los abatidos tenían disparos en la cabeza. Lo
sabían Rubido y Galindo, a quienes apoyaron incondicionalmente sus jefes,
quienes creyeron su versión. Las pruebas, varias de ellas incorporadas en el
informe de la CNDH, están en dos paquetes de fotografías que tomaron los
federales, que por error distribuyó la Policía Federal a los medios.
En la versión oficial del
enfrentamiento dado a conocer por Rubido, todos los abatidos dieron positivo en
las pruebas de radizonato y sodio y Walker, que demostraba que habían disparado
armas de fuego. Nunca explicó el por qué hubo más presuntos criminales con
rastros de pólvora, que armas en sus manos. El informe de la CNDH lo aclara
ahora: los policías federales alteraron la escena del crimen. Hay fotografías
dentro del documento de la misma persona muerta sin arma, con arma y con menos
ropa que en la gráfica individual. Las primeras fotografías que distribuyó la
Policía Federal mostraban cuerpos regados por todo el rancho, algunos en ropa
interior y sin zapatos, donde no abundaban las armas. En otro paquete aparecían
los mismos cuerpos pero con armas que no tenían antes en sus manos.
A algunos les dispararon a
tres metros de distancia, como reveló el Procurador de Michoacán, Martín Godoy,
y en algunos casos, sin que estuvieran armados. Sembrarles armas y alterar la
evidencia es un delito, al que se le debe sumar la ejecución extrajudicial en
la que incurrieron al violar reglas, normas y protocolos. Los federales no son
inocentes en Tanhuato, ni actuaron conforme a ley. La investigación que inicie
el Gobierno federal, deberá determinar quiénes dentro de la Policía Federal
pagan las consecuencias de sus violaciones, y hasta dónde llega la línea de
mando que incurrió en las ilegalidades.
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ Estrictamente Personal/
Raymundo Riva Palacio/ 19/08/2016 | 04:06 AM)
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