Elementos de la Policía
Federal en Nochixtlán. (Quadratin)
Tres años después de haber
iniciado su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto hizo una importante
rectificación: no se tolerará ningún abuso por parte de la Policía Federal, ni
violación alguna a los derechos humanos. La advertencia es fundamental porque
lo que reconoce es que lo hecho hasta ahora está mal y se tiene que corregir lo
que empezó el 1 de diciembre de 2012, mientras asumía la presidencia en San
Lázaro. Afuera, en la génesis de lo que ahora promete cambiar, los responsables
de la seguridad comenzaban el regreso al pasado represor.
Ese día, la resistencia civil
opositora a Peña Nieto organizó oleadas de ataques contra la Policía Federal en
el perímetro de seguridad con el que se había blindado el Palacio Legislativo.
El primer responsable de la seguridad pública, Manuel Mondragón, sacó del baúl
de la ignominia a los halcones y les ordenó enfrentar a los provocadores. Desde
las barreras de metal de la Policía Federal salieron agentes vestidos de civil
con palos, cadenas y armas para encararlos, y después de golpear regresaban a
sus trincheras. Nadie le dijo a Mondragón que los recursos que utilizaba,
propios de un régimen represor, no eran aceptados. Al contrario, lo
estimularon.
Halcones se utilizaron en
diferentes momentos. El último fue en Nochixtlán el 19 de junio pasado, cuando
desde las instalaciones de la Policía Federal en esa comunidad oaxaqueña,
agentes vestidos de civil fueron vistos con armas largas para enfrentar a la
población. No hay evidencia de que alguna bala de la Federal matara a una de
las ocho personas que cayeron ese día, pero la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos tiene pruebas de que, en otros enfrentamientos previos, los
policías no han utilizado armas de cargo para esconder sus prácticas ilegales.
En este sentido, quiénes dispararon en Nochixtlán sigue siendo un misterio. La
suspicacia sobre los federales se debe a que las malas costumbres que regresó
Mondragón al gobierno federal superaron a los dos hombres íntegros que lo
sucedieron, Monte Alejandro Rubido y Renato Sales.
El presidente se refirió en
términos generales a los abusos y las ilegalidades de los policías federales,
sin entrar en detalles. Nochixtlán, como último botón de muestra, desnuda
además la falta de trabajo de inteligencia en la Policía Federal. El
comisionado Enrique Galindo ha admitido públicamente que los emboscaron, pero
el antecedente es que en los cuatro días previos al enfrentamiento los
federales que llegaron a esa comunidad no recopilaron la información de
inteligencia que les habría permitido a sus jefes ajustar su estrategia y
evitar el choque. Como resultado, los provocadores, que desplegaron tácticas
defensivas, se aprovecharon de la desorganización y desarticulación de la
Policía Federal, que tuvo que recurrir al uso de la fuerza sin acatar sus
protocolos.
La falta de trabajo de
inteligencia ha sido una constante en este gobierno. Por decisiones de
Mondragón dejaron de recopilar información en los penales de máxima seguridad,
por lo que Joaquín El Chapo Guzmán vio en esas deficiencias la oportunidad para
su segunda fuga. La inteligencia aparece en lo alto de los protocolos de uso de
fuerza de la Policía Federal, y el déficit o ineficiencia en este gobierno ha
sido germen de tragedias, al producir en cascada el incumplimiento de los
protocolos de procedimientos y uso de la fuerza.
Un notable ejemplo es la
noche de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de
2014, cuando los federales en la región de Iguala fueron omisos en sus
responsabilidades, cuando menos, al dejar que policías municipales y criminales
actuaran contra los estudiantes. Fueron testigos del ataque contra el equipo de
futbol de Los Avispones de Chilpancingo, en Mezcala, esa misma noche, sin que
actuaran para evitar el ataque ni para preservar la escena del crimen para la
recopilación de evidencias, que es otra violación a los protocolos de la
Policía Federal. Tampoco hicieron nada por evitar el secuestro de un camión de
normalistas, que desaparecieron, en la salida de Iguala rumbo a Huitzuco.
Es cierto que en México hay
un problema estructural con las policías
–algunas de sus causas son el
mal reclutamiento, capacitación, controles de confianza, salarios,
equipamiento–, pero en el gobierno de Peña Nieto se ha añadido una constante de
errores que, por su volumen, no se sabe si son fallas o si se está dando, en las
cañerías del sistema de seguridad, una restauración del Estado represor.
Tanhuato es otro caso de estudio. En esa comunidad michoacana hubo un
enfrentamiento entre la Policía Federal y miembros del Cártel Jalisco Nueva
Generación, en mayo del año pasado. Pero el saldo no fue resultado de un
enfrentamiento, sino de una matanza.
La Policía Federal utilizó
una fuerza letal que violó los estándares de derecho internacional y la llevó a
una ejecución extrajudicial. De acuerdo con los protocolos de la Policía
Federal, el índice de letalidad establece un radio de un policía muerto por 1.4
agresores; en Tanhuato hubo un policía muerto por 42 agresores abatidos.
Adicionalmente, los federales alteraron la escena del crimen y colocaron armas
en donde no había, para probar la violencia de sus actos. Aún si no fuera una
violación a los protocolos, no se justificaría el abuso de fuerza.
El desempeño de la Policía
Federal ha sido desconcertante. La liga, a decir por las palabras del
presidente, ya se rompió. Tendrán que venir acciones y consecuencias, porque de
palabras no se construye un Estado de derecho.
Twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 15 DE JULIO 2016/ 10:55 AM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario