Ciudad de México.- Las redes
sociales han permitido conocer la forma de vida que llevan algunos de los hijos
de los líderes del Cártel del Pacífico, en donde muestran sus armas, sus autos,
sus corridos e incluso se han atrevido a retar a las autoridades
Contrario a sus padres, la
discreción no es lo suyo, suben fotos, envían mensajes y presumen. Destacan
principalmente los casos de dos hijos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y el
primogénito de Dámaso López Núñez, El Licenciado, quienes supuestamente se muestran
en las redes.
Oficialmente, El Chapo Guzmán
Loera se ha casado en tres ocasiones y ha procreado nueve hijos, los mayores de
su unión en 1977 con Alejandrina María Salazar Hernández: César, Iván
Archivaldo y Jesús Alfredo.
El Departamento del Tesoro de
Estados Unidos tiene ubicados a los integrantes de esta familia como los
encargados de lavar dinero del Cártel del Pacífico a través de una serie de
empresas en Sonora, Durango, Sinaloa y Jalisco, principalmente.
A partir de esas
investigaciones, en conjunto con la Procuraduría General de la República (PGR),
en junio de 2005 fue detenido en Zapopan, Jalisco, Iván Archivaldo, El Chapito,
de manera circunstancial, luego de un accidente de tránsito cuando salía de una
fiesta.
Al ser identificado como hijo
de Guzmán Loera, El Chapito fue recluido y se le inició un proceso por lavado
de dinero, sin embargo, en 2008 el juez Jesús Luna Altamirano ordenó su
libertad por falta de pruebas, motivo por el que el juzgador es investigado
actualmente.
En 2009, un tribunal de
distrito en Estados Unidos presentó cargos por participar en diferentes
actividades del Cártel del Pacífico, como el trasiego de drogas, armas y lavado
de recursos, en contra del tercer hijo del matrimonio Guzmán Salazar, Jesús
Alfredo.
El Chapo Guzmán contrajo
nupcias por segunda ocasión con Griselda López Pérez, con quien procreó a
Joaquín, Édgar, Ovidio y Griselda Guadalupe.
En este caso, a esta esposa
se le señaló como quien ofreció refugio a El Chapo en su primera fuga del penal
federal de Puente Grande en 2001, al esconderlo en casas de Puebla y la Ciudad
de México, sin embargo, en este caso la ley la exime de cargos.
El segundo hijo del
matrimonio Guzmán López, Édgar, fue asesinado cuando tenía 22 años de edad,
durante un enfrentamiento en el estacionamiento del Desarrollo Urbano Tres
Ríos, en Culiacán, Sinaloa.
Las investigaciones
establecieron que en la ejecución participaron hombres de Cártel de los
Hermanos Beltrán Leyva, cuatro meses después de la detención de Alfredo Beltrán
Leyva, alias El Mochomo.
Se indicó que los Beltrán
Leyva atribuyeron la captura a una traición por parte de Guzmán Loera, lo que
significó el rompimiento de la complicidad entre los dos grupos.
Más tarde, en 2012, Ovidio
Guzmán López fue acusado por el Departamento de Estado estadunidense de operar
en las acciones del narcotráfico del grupo comandado por su padre, por lo que
se ha mantenido en un bajo perfil en comparación con sus hermanos.
El tercer matrimonio de
Guzmán Loera se realizó el 2 de julio de 2008 con Emma Coronel Aispuro, hija de
Inés Coronel Barreras y sobrina de Ignacio Nacho Coronel, líder histórico del
Cártel del Pacífico abatido en 2010.
De esta relación nacieron en
agosto de 2015 dos gemelas, en un hospital en la zona norte de Los Ángeles,
California.
ACTIVIDAD EN LA RED
Supuestamente Iván
Archivaldo, Alfredo y Joaquín Guzmán se han dedicado a mantener una presencia
constante en cuentas de Twitter atribuidas a ellos (@lvanArchivaIdo,
@OvidioGuzmanL) sobre todo con mensajes tras la captura de su padre el 22 de
febrero de 2014.
En mensajes expresaron sus
sentimientos por la detención y, posteriormente, el júbilo por su escape del
penal federal Altiplano, en el Estado de México.
En esas cuentas también
exhiben a mujeres, sus armas, algunas bañadas en oro; sus autos de lujo, sus
fiestas y sus joyas.
Pero si hay alguien que sabe
presumir su estilo de vida en las redes es Dámaso López Serrano, alias El
Minilic, hijo de Dámaso López Núñez, y ahijado de El Chapo Guzmán.
En sus presuntos perfiles de
Twiter y Facebook, El Minilic muestra imágenes con armas grabadas con su alias,
autos de lujo, animales exóticos como un tigre blanco y un video con su corrido
Dámaso, interpretado por Gerardo Ortiz.
Serafín Zambada
(@ZambadaSerafin_), hijo de El Mayo Zambada, otro de los herederos del Cártel
del Pacífico, ha aprovechado las redes para mostrarse, rompiendo los márgenes
de discreción que ha mantenido su padre por años.
La Contraloría General
Estatal documentó 400 expedientes de irregularidades cometidas durante la
administración del exgobernador Guillermo Padrés.
El titular de esta
dependencia, Miguel Ángel Murillo, puntualizó que las investigaciones contra el
ex mandatario y sus colaboradores se entablaron en el orden administrativo y
penal, y las mismas van desde incumplir con la obligatoria declaración
patrimonial a no rendir protesta de ley como lo establecen las normas vigentes,
maltrato en atención a ciudadanos, uso indebido de instalaciones o bienes
públicos y hasta la devolución de recursos desviados.
“Quien comete un delito borra
sus huellas, y por ello integrar estos expedientes no ha sido tarea fácil, pero
existe la voluntad para poner a cada quien en su lugar, sin temor a nada ni a
nadie”, señaló Murillo.
En materia administrativa,
dijo, se inició el proceso de imponer las primeras sanciones contra exfuncionarios
de la pasada administración y en materia penal los expedientes se turnaron ante
la Fiscalía Anticorrupción.
MÁS EXPEDIENTES
La Procuraduría Especializada
para la Investigación de Hechos de Corrupción cuenta con 128 expedientes en
integración en contra de colaboradores y empresarios ligados al sexenio del
exmandatario panista Guillermo Padrés Elías.
La Fiscalía Anticorrupción ha
citado a comparecer a 135 personas, entre ex funcionarios de primer nivel, ex directores
de área e incluso ex secretarios del pasado sexenio, acusados por los delitos
de peculado, incumplimiento de un deber legal, ejercicio abusivo de funciones,
abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones y facultades y tráfico de
influencias, entre otros.
Los peritos e investigadores han
desahogado mil 100 diligencias, como comparecencias, declaraciones
testimoniales, ratificación de denuncias, declaraciones ministeriales,
solicitudes de información, inspecciones ministeriales y cateos, además de
solicitudes de peritajes de audio, video, perfil psicológico y grafoscopía.
De los 128 expedientes
abiertos en la Fiscalía: 42 casos fueron remitidos por la Fiscalía General de
Justicia en el Estado; 12 casos canalizados por la PGR, y 30 denuncias a la
Contraloría de Sonora.
Además, destacan 27 denuncias
interpuestas por ciudadanos que presentaron evidencias contra la administración
de Guillermo Padrés, quien junto a sus colaboradores más cercanos protagonizó
decenas de escándalos públicos y privados.
COBIJO FEDERAL
De acuerdo con los archivos
del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) del Poder Judicial de la Federación,
Padrés ha solicitado 17 amparos de 2009 a 2016, con el fin de solicitar el
cobijo de una autoridad contra algún proceso legal en su contra.
Peor aún, en los últimos 45
días ha promovido seis juicios de amparo contra la acción de la PGR, que lo
investiga por enriquecimiento ilícito y peculado luego de que su rancho Pozo
Nuevo elevó su precio un 900%, al pasar de un valor actuarial de 9 millones de
pesos a 90 millones, en el tiempo que fungió como gobernador de la entidad.
En 2012 fue acusada de ser la autora
intelectual del asesinato y actualmente Armenta Graciano se encuentra presa en
el penal de Aguaruto, pero ella interpuso un amparo ese mismo año al alegar que
fue víctima de tortura
CULIACÁN.- Amnistía
Internacional llamó a evitar una vergüenza mundial por el caso de Yesenia
Armenta Graciano, mujer acusada por el asesinato de su ex esposo Jesús Alfredo
Cuén Ojeda.
En 2012 fue acusada de ser la
autora intelectual del asesinato y actualmente Armenta Graciano se encuentra
presa en el penal de Aguaruto, pero ella interpuso un amparo ese mismo año al
alegar que fue víctima de tortura.
Esteban Beltrán, director de
Amnistía Internacional en su capítulo español, señaló que el caso de Armenta
Graciano revela diversas inconsistencias, que al mismo tiempo dan panorama del
nivel de impunidad que existe contra la tortura.
"No hay ninguna razón
por la cual no deba ser puesta en libertad y sea desestimada de los cargos, no
solo hay dos razones, una es que no hay pruebas evidentes de la culpabilidad de
Yesenia y segundo, la única prueba es obtenida bajo tortura", dijo.
"Los policías que están
involucrados ni siquiera han sido separados del servicio, es un escándalo con
todas las palabras".
La acusación de Armenta
Graciano se avaló por las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos,
así como por un juzgado federal que le otorgó el amparo tras revisar el
expediente médico que se le aplicó con el método del Protocolo de Estambul.
Sin embargo, la Procuraduría
General de Justicia apeló la resolución y actualmente se está a la espera de un
nuevo dictamen.
Amnistía Internacional tomó
el caso desde mayo de 2015 e inició una campaña en pro de su liberación, puesto
a que aseguran que la única prueba que tiene la Procuraduría para acusarla es
la declaración que se firmó por Armenta Graciano, la cual habría sido firmada
bajo métodos de tortura, por lo que se solicitó que se desista de ese elemento
probatorio.
El director de Amnistía
Internacional en su capítulo español visitó a Armenta Graciano y posteriormente
al Procurador Marco Antonio Higuera Gómez para solicitar que desista de las
acusaciones, sin embargo no encontró respuesta positiva.
LLEVARÁN EL CASO A EUROPA
Esteban Beltrán, director de
Amnistía Internacional informó que en su regreso a España dará un informe para
exponer el caso frente a autoridades europeas y la prensa internacional, a los
que dará un panorama de vergüenza mundial frente a una violación de derechos
humanos.
"Una vez que me vaya yo
de aquí voy a publicar un artículo en (el periódico) El País, le voy a mandar
una copia al Gobernador y al Procurador a ver si la vergüenza internacional
hace que actúen como tal y se cumpla con la investigación, y se investiguen las
torturas y liberen y desestimen los cargos para liberar a Yesenia", dijo.
La conductora de Tv aclara que todo lo
que se dice en "Hoy" es pagado
MÉXICO (UNIV).- Ante la
polémica que enfrenta por su comentario sobre el aumento de la paridad del peso
frente al dólar, la conductora Andrea Legarreta publicó en Twitter un mensaje
para aclarar la situación y dar a entender que su opinión del tema no fue
personal.
"A ver… les platico que
en un programa de televisión, los contenidos, menciones y secciones no los
escribimos los conductores. Y por lo tanto no todo son opiniones personales.
Cualquier comentario escriban a la producción de @programa_hoy".
La conductora ha sido objeto
de fuertes críticas en redes sociales por mencionar en la emisión de Hoy del
pasado martes, incluso se convirtió en tendencia durante dos días y generó
diversos memes.
"El que suba el dólar no
afecta a los mexicanos. Sube por culpa de las economías de otros países que
están mal. No es por culpa de nuestro gobierno", dijo al televidente junto
al conductor Raúl Araiza.
Minutos antes de que
publicara el mensaje para explicar lo sucedido, se difundió en redes otro
mensaje atribuido a la conductora, aunque no está confirmado, pues ya no
aparece en ninguna de sus cuentas:
"Sólo somos el medio
para hacerle llegar al público lo que esos anunciantes quieren compartir. Esto
no significa que sea nuestra opinión o punto de vista", escribió la
también actriz, tras burlas como una postulación al Nobel de Economía.
De cualquier manera, las
críticas no se detuvieron en las redes sociales, en las que ya antes Legarreta
había compartido un mensaje que a su vez había posteado la representante de
Nuestra Belleza México, Wendy Esparza: "Todas las personas que disfrutan
hablar mal de los demás o se esconden detrás de una pantalla para criticar sólo
reflejan quiénes son ellos mismos".
Apenas en las elecciones del
año pasado, la conductora fue blanco de críticas por escribir en su cuenta de
Twitter mensajes de apoyo al Partido Verde Ecologista un día antes de las
votaciones, en un tiempo considerado de veda electoral.
Legarreta salió en defensa
del partido y de su hermano, quien milita en ese partido político.
Tres jóvenes fueron detenidos
por la Policía Municipal de Tijuana tras el intento de asesinato cometido el 25
de enero de 2016 en contra de Roberto Carlos Toscano Rodríguez “El Cuate” o “El
Monito”, uno de los principales encargados del trasiego de droga en la Zona
Norte de Tijuana a partir del asesinato de su hermano Manuel Toscano “El Mono”
en abril de 2015, quien se desempeñara como operador del Cártel Arellano Félix.
Roberto Toscano se trasladaba
de la delegación La Mesa a la Zona Centro, había firmado en los Juzgados, dado
que fue detenido en junio de 2015 y tenía poco de haber sido liberado con las
reservas de Ley. Mientras circulaba sobre la calle José Gallegos, en la colonia
20 de Noviembre, a la altura de la harinera El Rosal en Tijuana, recibió siete
balazos en pelvis y pecho.
Tras el ataque los jóvenes
Alán Zamora, Enrique García y Ulises L. Castro, huyeron en una camioneta que
abandonaron, fueron aprehendidos mientras huían brincando bardas, y presentados
ante el Ministerio Público. De acuerdo a las primeras indagatorias, la orden de
asesinar a “El Monito” la dio un criminal apodado “El Cabezón”, quien delinque
para Alfonso Arzate “El Aquiles”.
Los tres muchachos entre los
que se incluye un menor de edad, admitieron que dos dispararon mientras uno
funcionó como puntero, pero oficialmente se negaron a referir quién los había
mandado. Una de las armas, calibre .223 que les aseguraron había sido robada a
un policía municipal en 2011.
VAN 65 MUERTOS
Hasta el jueves 28 de enero
de 2016, 65 es la cifra de homicidios
registrados en Tijuana.
Los últimos hechos violentos
se suscitaron ayer jueves, en un lapso de 15 minutos, un hombre fue ejecutado y
dos más resultaron heridos de bala, en distintos puntos de la ciudad.
El primer hecho delictivo se
registró a las 8 de la noche en la delegación Cerro Colorado, sobre la calle
Xalapa y San Vicente de la colonia Loma Bonita, ahí un hombre quedó lesionado
por arma de fuego y golpes contusos.
15 minutos después, dos
personas fueron atacadas a balazos sobre la calle Pérez Rivero, de la colonia
Ignacio Zaragoza, de la Delegación Mesa de Otay.
Reportes policiacos indican
que en el sitio quedó sin vida un hombre y otro fue traslado con lesiones leves
a un hospital de la localidad por paramédicos de la Cruz Roja.
El sábado 23 de enero la
Policía Municipal reportó el hallazgo de una cabeza cercenada, y se registró el
homicidio de un joven entre 18 y 20 años que debió de ser delgado, “frente chica, ceja poblada, cabello corto
oscuro y tez morena, orejas medianas, nariz mediana recta, boca mediana labios
regulares, sin bigote y mentón oval” .
Dejaron la cabeza dentro de
una caja de herramientas en un lote baldío a un costado de un camino de
terracería en la Avenida Las Palomas y Calle Coral en la colonia Amparo
Sánchez, a un lado localizaron el siguiente mensaje en una cartulina: “Aqui
sigue el señor ‘Mencho y su jente haciendo limpia en toda la ‘Baja’ esto le
pasara a toda la jente del ‘Aquiles’ y la ‘Rana’. Att CNgTijuana…”. La víctima sigue catalogado como desconocido y no se ha
localizado el resto del cuerpo.
Al final, entre el miércoles
20 y 27 de enero el servicio levantó los cuerpos de 13 personas asesinadas
registradas como muertes violentas. En lo que va de enero 63 personas han sido
víctimas de homicidio en Tijuana.
En la semana también fueron asesinados:
Miguel Bórquez dentro de su auto en la delegación Cerro Colorado; Raúl Ramírez
frente a un taquería en la Zona Norte; el cuerpo de un hombre sin identificar
fue dejado encobijado en un camino de terracería en la delegación Los Pinos; y
dos hombres dedicados al secuestro, entre los cuales solo identifican a Ismael
Trujillo, fueron localizados muertos en una casa de seguridad en el
fraccionamiento Veracruz.
César Gallego fue encontrado
muerto en su casa de la delegación Cerro Colorado. El cadáver de una mujer
desconocida acribillada y encobijada fue abandonado a un costado del panteón de
la colonia Alemán. Óscar Espinoza fue baleado frente a su casa en la colonia
Sánchez Taboada mientras bebía cerveza con amigos. Y el cuerpo de Samuel
Mendoza fue localizado en un tiradero de escombros de la misma Sánchez Taboada,
mientras el cuerpo de otro hombre fue localizado en el interior de un cuarto en
la colonia Mariano Matamoros.
Solo en el homicidio de
Vanesa Cervantes “La Peque”, cometido el 25 de enero en la Zona Norte, hubo
detenido, por estos hechos fue consignado Francisco de Jesús Anchevido Díaz.
Un seminarista de Ohio, fue
arrestado en el aeropuerto de San Diego, California por agentes federales, acusado
de intentar abusar sexualmente de menores de edad en el extranjero.
Joel Wright, de 23 años de
edad y originario de Columbus, Ohio fue investigado durante meses por el
Servicio de Control y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y el Departamento
de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), las cuales documentaron
los planes del estudiante de primer año del seminario católico de Columbus, de
viajar a Tijuana con la intención de abusar sexualmente de varios menores.
En Estados Unidos, es considerado
delito federal la planeación y comisión de un ilícito en el extranjero. De ahí
que Wright enfrente dos cargos judiciales. El primero por viajar con la
intención de sostener un acto sexual con un menor y el segundo por intento de
cometer un ilícito sexual en el extranjero, según la Fiscalía del Distrito Sur
de California.
Según información dada a
conocer por la Fiscalía, Wright había viajado antes a Tijuana para buscar la
adopción de un menor.
La investigación inició en
2015, cuando un agente federal recibió información de este encuentro en Tijuana
llevado a cabo en 2014.
Por lo que de manera
encubierta, el agente estableció contacto con Wright por medio de correos
electrónicos y chats, haciéndose pasar por un hombre en Tijuana.
En julio de 2015,
investigadores del Departamento de Seguridad Nacional reportaron que Wright
había publicado un anuncio en Craigslist para contratar a un guía turístico.
En noviembre, Wright expresó
al agente encubierto sus deseos de tener sexo con un niño.
“No lo he logrado antes, pero
he estado muy cerca así que sí tengo (experiencia)”, dijo.
Posteriormente, Wright aceptó
viajar a Tijuana a través de San Diego pero un día antes se arrepintió.
A finales de 2015, Wright
publicó un tercer anuncio. Durante los correos electrónicos intercambiados con
el detective encubierto, Wright manifestó que quería viajar a Tijuana para
adoptar y violara una niña menor de tres años.
Fue entonces que compró un
vuelo de avión a San Diego e hizo los arreglos para que el supuesto guía
turístico, quien en realidad era un agente encubierto, lo recibiera en el
aeropuerto.
La Fiscalía informó que el
viaje de Wright consistiría en hospedarse en un hotel de Tijuana y a través del
guía, una persona llegaría con varias niñas.
Wright será presentado en la
corte federal, este lunes.
Joaquín Arizmendi Avilés fue internado
en el CERESO de Ensenada
La Procuraduría General de la
República (PGR) consignó ante el Juez Octavo de Distrito, a una persona por
delitos estipulados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, informó
la dependencia a través de un comunicado de prensa.
Se trata de Joaquín Arizmendi
Avilés, detenido por la Policía Ministerial del Estado, en posesión de las
armas utilizadas en la balacera del palenque Póker la noche del sábado 23 de
enero en Ensenada.
El miércoles 27 de enero,
elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvieron
al hombre cuando cargaba una maleta con una arma colt tipo R15 calibre.22, tres
armas larga AK 47 calibre 7.62 x39 mm, cuatro cargadores y 102 cartuchos
útiles, en la colonia Durango.
Joaquín Arizmendi Avilés,
alias “El Chapo” y/o “El Chimuelo” confesó haber sido el chofer que llevó a los
homicidas que dispararon en el palenque, donde terminaron muertos el ingeniero
Carlos Verdugo Rodríguez, Ángel Íñiguez y los menores Alexis y Oswaldo Pérez.
De acuerdo con la PGR, “el
indiciado fue puesto a disposición del Juez antes mencionado por la Subprocuraduría
de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) en su Delegación
en Baja California y quedo recluido en el Centro de Reinserción Social, en la
ciudad de Ensenada”.
La captura de Eleazar Medina
‘El Chelelo’, líder del CDG, en teoría debería disminuir la ola de violencia
que azota Nuevo León. Sin embargo, fuentes de seguridad aseguran que esa
detención poco ayudará a la situación del estado
Eleazar Medina es temido por sus rivales
y calificado por autoridades federales como un sicario de alta escuela y
sumamente violento
La recaptura de Eleazar
Medina Rojas “El Chelelo”, jefe del Cártel del Golfo en Nuevo León y de
Tamaulipas, debe suponer una baja en la violencia que azota la ciudad de
Monterrey.
Esa es al menos la apuesta de
las autoridades de Nuevo León.
Sin embargo, algunos expertos
aseguran que la reaprehensión de este capo lo primero que provocará –tras
quedar acéfalo el mando- será una disputa interna entre los líderes del Cártel
del Golfo.
LA HISTORIA NO SE EQUIVOCA.
La detención de un líder
criminal conlleva a un aumento de las ejecuciones por el reacomodo de células
delictivas y una disputa interna por el control de la organización.
Una situación favorable para
que el Cártel del Noreste –con quienes se disputan la plaza de Monterrey-
prepare una ofensiva en contra del CDG en Nuevo León para apropiarse de sus
puntos de venta y de la ruta a la ciudad de Nuevo Laredo.
Y es que sin un jefe visible
dentro del Cártel del Golfo en la
entidad, esto podría iniciar una guerra interna por el negocio de drogas.
Motivo por el cual las
autoridades federales, estatales y municipales, tendrían que prender la alerta
por la captura de Medina Rojas.
MINIMIZAN SITUACIÓN
A pesar de eso, la Secretaría
de Seguridad Pública estatal minimizó la recaptura de Eleazar Medina Rojas “El
Chelelo”.
El general Cuauhtémoc
Antúnez, responsable de la seguridad en Nuevo León, dijo que no han tenido un
repunte de la violencia, y todo se está reflejando en Tamaulipas.
“Nosotros, aquí (en Nuevo
León) estamos en actividades normales, coordinados sí, no hemos tenido un
repunte, de lo contrario, todo se está reflejando en Tamaulipas.
“Nuestras alertas siguen como
siempre hemos estado. No hemos detectado
absolutamente nada contrario a los actos (delictivos) que se están presentando en Tamaulipas y que puedan repercutir aquí. Ahorita no hay
nada de eso”, consideró el mando policial.
A pregunta expresa si podría
haber un aumento de la violencia, el general dijo que todos los escenarios se
puedan dar.
“Todas las posibilidades
caben… todas, absolutamente todas, como si, como no. Les quiero decir que la
Secretaría de Seguridad Pública está preparada para cualquier eventualidad de
esta naturaleza”, dijo.
LA FUERZA DE ‘EL CHELELO’
La primera detención de
Eleazar Medina Rojas ocurrió el 23 de abril de 2007 en calles de la colonia
Madero, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Apenas en diciembre había
recuperado su libertad y reorganizó a su cártel tanto en Nuevo Laredo,
Tamaulipas, como en Nuevo León.
Fuentes de la Agencia Estatal
de Investigación (AEI) vincularon a Eleazar Medina la matanza de 10 personas en
una agencia de cerveza en el municipio de García, así como el crimen masivo de
los siete vendedores independientes de droga en Santa Catarina a principio de
este año.
La investigación estatal
arrojó que este líder criminal había fortalecido el Cártel del Golfo en Nuevo
León.
Recientemente, la estructura criminal de “El Chelelo” había
crecido hacia los municipios de Santa Catarina, García, Monterrey, Cadereyta,
Juárez y una parte de la zona citrícola.
Esta estructura ahora se
convirtió en una “joyita” codiciada por subalternos de esta organización, por
lo que también podría iniciar una disputa violenta hacia el interior.
Incluso, fuentes federales,
señalan que ya estaba casi a la par de Los Zetas disputando el control de Nuevo
León.
DE NUEVO LAREDO A MONTERREY
La operación de Eleazar Medina
Rojas “El Chelelo” está llena de episodios de sangre en Nuevo Laredo,
Tamaulipas y en Monterrey, Nuevo León.
Temido por sus rivales y
calificado por autoridades federales como un sicario de alta escuela y
sumamente violento, dejó su sello en ambas entidades.
En Tamaulipas, “El
Chelelo”, bajo el mando de Omar
Larmendez, alias “El Pipita”, participó en la desaparición de dos ciudadanos
estadunidenses, Ivette Martínez y Brande Cisneros en Nuevo Laredo.
UNA HISTORIA CRUENTA
La historia violenta de
Eleazar Medina Rojas con el Cártel del Golfo inició en 2005 en Nuevo León.
Formó un grupo especial de
sicarios con alta escuela para defender la venta de droga para su organización
en los municipios metropolitanos, por la llegada de sus antiguos aliados Los
Zetas.
Además, pretendía quedarse
con la plaza del municipio de San Pedro, en ese entonces controlada por el Cártel
de Sinaloa, y poder pasar desapercibido ante las autoridades.
“El Chelelo”, inició una
ofensiva violenta contra los operadores en ese entonces del Cártel de Sinaloa.
Se trata de Héctor Huerta
Ríos “La Burra” y Miguel Ángel Alanís
“La Chiva”, éste abatido en un enfrentamiento en noviembre de 2006.
“La Burra” representaba a los
hermanos Beltrán Leyva y “La Chiva” a Ignacio “Nacho” Coronel, pero en ese
entonces estaban bajo la orden del ahora preso Joaquín “El Chapo” Guzmán, pues
aún no rompían la relación.
Medina Rojas advirtió al
Gobierno estatal encabezado por el exgobernador Natividad González Parás, que
la guerra seguiría, pues dejó un narcomensaje días antes de su detención en
abril de 2007.
“Procurador: No se haga
pendejo, esto va a continuar hasta que dejen de proteger a la gente de Héctor
Huerta, ‘El Chapo’ Guzmán y al maricón de ‘La Barbie’ Especialmente tú Rogelio
Cerda, hasta que caigan todos tus hijos y también para la gente de “La Chiva”
PD Es sólo el inicio”, citaba la cartulina.
En abril de 2006, el “Chelelo” coordinó un ataque en contra de una
célula del Cártel de Sinaloa, en Monterrey, y resultó herida Verónica
Palacios, agente del Ministerio Público
Federal, vinculada como novia de un capo agredido.
> SE ENCIENDE (DE NUEVO) LA VIOLENCIA
Reporte Indigo adelantó que
la presencia de Eleazar Medina Rojas “El Chelelo”, habría activado la violencia
en el área metropolitana, pues pretendía posesionar el Cártel del Noreste,
antes Cártel del Golfo en Monterrey,
plaza controlada por el Cártel del Norte, antes Los Zetas.
(REPORTE INDIGO/ JESÚS PADILLA / Jueves
28 de enero de 2016)
El Gobierno de Jalisco
contrató un sistema de vigilancia de drones durante el sexenio del exgobernador
panista Emilio González. Existe constancia documental de la adjudicación y sus
pagos, pero no de los fines y objetivos con que fue utilizado
El dron S4 fue adoptado desde el 2009
por la Secretaría de la Defensa Nacional y por la Policía Federal 3,554,187 pesos
pagó el Gobierno de Jalisco por los servicios de Hydra Technologies de México
180 horas de vuelo incluyeron el
contrato con la firma de sistemas aéreos
3.7 metros mide el dron modelo S4
Ehécatl utilizado en la zona metropolitana
Muy temprano en su sexenio al
frente del Gobierno de Jalisco, Emilio González Márquez decidió contar con lo servicios
privados de una firma especializada en sistemas aéreos no tripulados.
El aparato, mejor conocido
como dron, realizaba la recolección de información desde el cielo a través de
una vigilancia encubierta.
Sin saberlo, los habitantes
de Jalisco, y particularmente del Área Metropolitana de Guadalajara, estuvieron
siendo observados por los ojos electrónicos de una pequeña aeronave de sólo 3.7
metros de envergadura, capaz de tomar imágenes con su tecnología infrarroja
tanto en sobrevuelos diurnos como nocturnos.
En los archivos del Gobierno
de Jalisco, y en concreto de la oficina del Despacho del gobernador, hay
constancia documental de la contratación de un sistema de drones y de los pagos
efectuados para ello, pero ni luces de los objetivos de su uso, ni de las
actividades específicas realizadas con él.
De acuerdo con información
obtenida tanto de la oficina del Despacho del gobernador como de la Secretaría
de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), el Gobierno estatal
estableció el contrato 234/07 con la firma Hydra Technologies de México, el 24
de octubre del 2007.
Esa firma cobró notoriedad
tras desarrollar el dron S4 Ehécatl con tecnología mexicana, en una alianza de
instancias públicas y privadas, que la llevó a destacar en el mundo de la
robótica militar.
El S4 fue adoptado por
instituciones como la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena).
OBSERVACIÓN POR 180 HORAS
La empresa Hydra Technologies
de México se volvió proveedor del Gobierno estatal con la adjudicación directa
en su favor con clave AD39/2007, para que hicieran uso de sus drones por un
costo total de 3 millones 554 mil 187 pesos.
En dicho contrato, sin embargo,
se omite cualquier detalle con respecto a los fines o alcances que tendría la
explotación de esta tecnología por parte del gobierno de González Márquez, así
como de los proyectos o ámbitos en los que serían utilizadas las aeronaves no
tripuladas.
Lo que sí se especifica es
que la solicitud de su contratación surgió de la Dirección de Área
Administrativa de Dependencias Auxiliares, una instancia que depende
directamente del Despacho del gobernador en la estructura estatal.
En la factura que la empresa
expidió con el número 0101, del 28 de diciembre de 2007, luego de que se le
pagara un anticipo del 50 por ciento, se señala esta descripción del servicio
pactado:
“Anticipo del 50 por ciento
del arrendamiento de equipo aéreo; contratación de servicio de vigilancia aérea
mediante aeronave S4 Ehécatl, cubriendo un total de 180 horas de vuelo dentro y
fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara”.
El Gobierno estatal, de esta
manera, no adquirió los equipos de forma definitiva sino que los utilizó en un
esquema de arrendamiento, donde la operación de los drones corrió a cargo de la
propia empresa y sus técnicos, pues la cláusula sexta del contrato dice:
“El prestador de servicios se
obliga a proporcionar el servicio de operación de las aeronaves por personal
especializado, por lo que no es necesaria la capacitación de personal del
Gobierno de Jalisco”.
NI RASTRO DE SU VUELO
La gestión de González
Márquez no dejó ningún registro entre los archivos del Despacho del Ejecutivo,
sobre las actividades desarrolladas con este sistema de drones, mucho menos una
bitácora de sus vuelos para saber las áreas de la ciudad y el estado que fueron
vigiladas y cuándo.
Tanto la Sepaf como la
oficina del Despacho confirmaron en sus respuestas por transparencia, la inexistencia
de algún documento que precisara el origen y destino de los vuelos realizados
dentro del contrato, pese a que la requisición del servicio salió del segundo.
En una consulta directa a la
documentación en los archivos de la Coordinación Jurídica del Despacho del
gobernador, autorizada el 9 de diciembre de 2015, su personal confirmó que todo
lo que había en el expediente era el soporte de la asignación y sus pagos, no
más.
Una ausencia documental que
llama la atención, en especial porque los sistemas de drones dejan registro de
todas sus actividades y de la transmisión en tiempo real de la información que
recolectan.
COMO LA SEDENA
El servicio que obtuvo el
Gobierno de Jalisco en el 2007, según el contrato, le dotó de 180 horas de
vuelo, esto es cerca de una quinta parte del uso que le da la Sedena a sus
aeronaves no tripuladas en todo un año.
En respuesta a la solicitud
0000700052414, la Sedena detalló que en el 2013 sus sistemas aéreos no
tripulados registraron un mil 02 horas con 4 minutos de vuelo sobre el
territorio nacional, que era más del doble de lo realizado en el año 2012, con
450 horas con 25 minutos.
En el año 2011 fueron 863
horas con 50 minutos; en 2010, 508 horas con 56 minutos; y en 2009, 518 horas
con 48 minutos.
En 2013 la Sedena informó que
había invertido 25 millones de dólares en la adquisición de drones, y aunque
reserva la cantidad, sí precisa que utiliza los modelos Hermes 450, G1
Guerrero, y el que usó el Gobierno de Jalisco, el S4 Ehécatl.
Acudieron al mismo proveedor
del Gobierno estatal, al desarrollador de esas naves.
La Sedena ha reconocido el
uso de drones en operaciones de protección civil, de vigilancia en zonas
fronterizas e instalaciones estratégicas, y contra el crimen organizado.
En el tercer informe de
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se indica que de septiembre de 2014
a julio de 2015 la Sedena emprendió 416 misiones de vigilancia y reconocimiento
con aviones no tripulados.
“Para localizar aeronaves
ilícitas, pistas o áreas susceptibles de aterrizaje clandestinas, resguardar
instalaciones estratégicas y coadyuvar en operaciones en contra de la
delincuencia organizada (…) con un total de mil 335:38 horas de vuelo”.
ANTES DE ‘GALILEO’
La contratación de un sistema
de vigilancia con drones que hizo el exgobernador González Márquez guarda
similitudes con el caso del software “Galileo”, un programa intrusivo adquirido
por la actual administración estatal, diseñado para vulnerar computadoras,
teléfonos, correos electrónicos y redes sociales.
Con “Galileo”, si bien fue
solicitado por la Fiscalía General en 2014 para su Unidad Especializada contra
el Secuestro, terminó involucrándose un área que debía ser ajena a su
explotación: la Secretaría General de Gobierno, incluso con capacitación a su
personal sobre el software.
En el reportaje “El intruso
sigue presente”, del 27 agosto del 2015, Reporte Indigo mostró comunicaciones
internas de la firma que proveyó el software de espionaje, Hacking Team, donde
se señala que éste tendría dos usuarios: la Fiscalía y la propia Secretaría de
Gobierno.
Algo similar pasó con los
drones, pues aunque existen versiones de que parte de su uso se dio en los
ámbitos de infraestructura, ecología y protección civil, en realidad fueron contratados directamente
por la oficina del gobernador, y no por alguna de las áreas afines a esos
campos.
El 14 de agosto de 2008, en
una nota del diario local El Informador, el proveedor de los drones aseguraría
que el Gobierno estatal usaba su tecnología para monitorear obras, ríos,
incendios y en acciones de protección civil.
(REPORTE INDIGO/ LUIS HERRERA /
Miércoles 27 de enero de 2016)
La acción de inconstitucionalidad fue
promovida por la CNDH
Frente a la oposición
legislativa de Jalisco por abrir camino al matrimonio igualitario, este
miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la acción
de inconstitucionalidad 28/2015 que declara como inconstitucionales las normas
del Código Civil al excluir del matrimonio a las parejas del mismo sexo.
Esta fue la primera vez que
el pleno de la Corte analizó, en una acción de inconstitucionalidad, el apego a
la Carta Magna de un Código Civil que limita el matrimonio a una relación entre
hombre y mujer.
La acción, promovida por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos desde mayo de 2015, buscaba hacer eco de
la importancia de reformar el artículo 260 del Código Civil del Estado de
Jalisco.
Dicho artículo fue impugnado
por la CNDH al ser concebida por esta como discriminatoria, al violar los
artículos primero y cuarto constitucionales.
“Para contraer matrimonio, el
hombre y la mujer necesitan haber cumplido dieciocho años. Los jueves de la
residencia de los interesados pueden conceder dispensa de edad por causas
graves y justificadas”, se lee en el artículo 260.
Fue así como de forma unánime
el Pleno de la SCJN declaró que dicho artículo es “inconstitucional, ya que
atentaba contra a autodeterminación de las personas y contra el derecho al
libre desarrollo de la personalidad de cada individuo”.
Agregando también que esta
disposición legal de Jalisco atenta al principio de igualdad, pues excluye a
las personas de la comunidad LGBT y las parejas del mismo sexo ante una
institución ‘concebida’ actualmente para heterosexuales.
Organizaciones como la Unión
Diversa de Jalisco ya mostró su respaldo a la determinación del máximo tribunal
del país, en el marco de una lucha por los derechos de la comunidad
lésbico-gay.
“El día de hoy reconocemos la
lucha de todos los activistas que por muchos años luchamos por la igualdad y el
trato digno para la comunidad LGBT, hoy 26 de enero es un día histórico en la
lucha de los derechos humanos de todas las personas LGBT y para el estado de
Jalisco”, señala el comunicado enviado este miércoles.
Por su parte la “Jalisco es
uno por los niños” manifestó su rechazo a la decisión de la Suprema Corte y, de
igual forma, exigieron ‘proteger a la familia natural y respetar el Código
Civil”.
“No pretendan prohibir que se
defina el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer para permitir
que personas del mismo sexo puedan casarse y gozar de los mismos
derechos-deberes. Esto es una imposición ideológica aparta del bien común”,
expresó la organización conservadora.
Por ahora esta medida se
limita al exhorto del Poder Legislativo Local de Jalisco para que reforme el
artículo señalado, sin que esto signifique una obligación. No obstante abre el
paso para que las presiones sobre el Congreso Local sean mayores frente a una
petición añeja de los grupos minoritarios de la diversidad en la entidad.
(REPORTE INDIGO/ JONATHAN ÁVILA/
Miércoles 27 de enero de 2016)
Chihuahua, Distrito Federal, Estado de
México, Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca son los que lideran los índices de
opacidad, deuda y violaciones a los derechos humanos, en índices de organismos
nacionales. Sólo nueve gobernadores han presentado la declaración patrimonial
#3de3, un ejercicio ciudadano diseñado por el Instituto Mexicano de
Competitividad.
Ciudad de México, 29 de enero
(SinEmbargo).- Los estados que mas deuda pública y per cápita tienen
actualmente son los menos transparentes, los que menos crecen y los que tienen
más recomendaciones por violaciones a los derechos humanos, según información
obtenida por SinEmbargo en las bases de datos de diversas fuentes, como el
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y el Instituto Mexicano
para la Competitividad (IMCO).
Casos como el Distrito
Federal, la ciudad con más población en el país, es emblemático: tiene una de
las deudas más grandes, que asciende a 65 mil 800 millones de pesos, 7 mil
427.30 pesos per cápita, de acuerdo con los datos al tercer trimestre de 2015
del “Reporte de Deuda Subnacional del IMCO”, basado en indicadores de
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Además está reprobado en
transparencia presupuestaria con 56 puntos según el índice de Información
Presupuestal Estatal 2015 del IMCO. El Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera
Espinosa, por ejemplo, no ha presentado su declaración patrimonial, de
intereses y fiscal en la plataforma #3de3 del IMCO y la organización
Transparencia Mexicana.
Según la información del
IMCO, sólo nueve gobernadores han cumplido con el ejercicio de transparencia:
Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, San Luis
Potosí y Sonora.
Ernesto Gómez Magaña,
director Ejecutivo de la organización Participación Ciudadana, dijo que los
ciudadanos están demandando un cambio y la legitimidad de los servidores
públicos.
“El hecho de que hasta el día
de hoy la transparencia sea un reclamo, quiere decir que los servidores
públicos no están tomando en cuenta como norma de conducta esta petición”,
explica.
Los informes sobre la deuda
pública y la transparencia presupuestal son básicas, dijo, pero la declaración
patrimonial y el conflicto de interés es por demás, una muestra de querer
combatir la opacidad.
“Cómo podemos confiar que se
lleve a cabo una buena gestión, si no tenemos los datos personales del
Gobernador a cargo”, anota.
En el caso del DF, es una de
los lugares que menos creció en el segundo trimestre de 2015, con respecto al
mismo periodo de 2014, de acuerdo con el Inegi con 1.1 por ciento, y posee seis
recomendaciones por violaciones a derechos humanos dirigidas al Estado o al
Jefe de Gobierno por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre 2013
y 2015.
LOS ESTADOS DE LOS DUARTE
Javier y César Duarte, los gobernadores
de Veracruz y Chihuahua, respectivamente. Fotos: Cuartoscuro
Otra de las entidades que
siguen un patrón similar al DF es Veracruz, que tiene una deuda de 37 mil 400
millones de pesos y un crecimiento de 0.0 por ciento, de acuerdo con datos del
Inegi.
El estado que gobierna el
priista Javier Duarte de Ochoa es también uno de los más opacos en
transparencia presupuestaria con 71 puntos, en comparación con entidades como
Jalisco, Coahuila y Puebla.
El Gobernador Duarte de
Ochoa, al igual que la mayoría de los mandatarios, no ha realizado su
declaración patrimonial #3de3.
Además, la entidad tiene ocho
recomendaciones de la CNDH dirigidas al Gobernador y al estado en el lapso de
dos años.
La administración de Duarte
de Ochoa está marcada por la violencia, inseguridad, pobreza. Sin embargo, ha
minimizado en reiteradas ocasiones la violencia que se vive en su entidad,
llegando incluso a declarar que en Veracruz ya no se hablaba de balaceras y
asesinatos, sino “de que se robaron un Frutsi y unos Pingüinos en el Oxxo”.
“Antes se hablaba de
balaceras y asesinatos, de participación de la delincuencia organizada, y hoy
hablamos de robos a negocios, de que se robaron un Frutsi y unos Pingüinos en
el Oxxo”, dijo en alguna ocasión. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de diciembre de 2010 a agosto
del año pasado en Veracruz hubo 3 mil 136 asesinatos.
En pobreza, Veracruz no se
queda atrás: En 2010 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval) reportó que en el estado aproximadamente el 62 por
ciento de la población percibía ingresos por debajo de la línea de bienestar.
En 2012 el porcentaje bajó al 56 por ciento, pero para 2014 la cifra era de 63
por ciento. Durante los primeros tres años de gobierno de Duarte los
veracruzanos en pobreza extrema en la entidad disminuyeron en un ligero
porcentaje, pasando de un estimado de un millón 590 mil a 1 millón 263 mil. Sin
embargo, durante 2014 los pobres en Veracruz repuntaron de acuerdo con el
Coneval, y se colocó como la segunda entidad con más pobres.
De los dos millones de pobres
más durante ese año, el Estado de México (Edomex) aportó 941 mil 200 y Veracruz
492 mil 480, es decir representó 24.7 por ciento del total.
En la entidad gobernada por
Duarte los pobres pasaron de 52.6 por ciento a 58 por ciento, colocándose por
encima de la media nacional.
El 28 de octubre pasado el
Congreso de Veracruz aprobó la contratación de deuda por más de 21 mil millones
de pesos solicitada por Javier Duarte de Ochoa.
Con 35 votos a favor y 9 en
contra y una abstención, los diputados locales avalaron que la Secretaría de
Finanzas y Planeación (Sefiplan) use como fuentes de pago participaciones y
aportaciones de la Federación e ingresos generados por la entidad.
La aprobación de los recursos
tiene como fin pagar la deuda del estado para lo que se destinaron 15 mil
millones de pesos, otros 5 mil millones pesos para el mismo fin y para
“inversiones público-productivas en materia de obras y acciones sociales básicas
que beneficien a la población en pobreza extrema o a localidades con alto
rezago social” se permitió un endeudamiento de hasta mil 700 millones de pesos.
Chihuahua, el estado que
gobierna César Duarte Jáquez, sigue los pasos de Veracruz, según los datos obtenidos.
La entidad lidera la lista de los estados más endeudados, menos transparentes y
con el mayor número de recomendaciones de la CNDH en materia de derechos
humanos.
El estado tiene una deuda
pública de 41 mil 300 millones de pesos, una calificación de 66 puntos en
transparencia presupuestaria, una de las deudas per cápita más grandes con 11
mil 127.40 pesos por cada habitante, un crecimiento de 3.6 por ciento y cuatro
recomendaciones por violaciones a los derechos humanos dirigidas al Gobernador o
al Estado.
EL NUEVO LEÓN DEL “BRONCO”
Sin bien el Gobernador de
Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, es uno
de los gobernadores que cumplen con la declaración #3de3 del IMCO y
Transparencia Mexicana, su entidad pasó de panzazo la trasparencia
presupuestaria con 61 puntos y es una de las más endeudadas del país con 56 mil
millones de pesos y 11 mil 005.90 pesos por persona.
Nuevo León tiene dos
recomendaciones de la CNDH al igual que Hidalgo, Jalisco, Zacatecas, Yucatán y
Quintana Roo.
En el caso de Chiapas,
Guerrero, Michoacán, Puebla y Oaxaca, aunque su deuda pública no se compara a
la del Distrito Federal y Nuevo León, su crecimiento es menor, al igual que su
calificación en transparencia presupuestaria – excepto Chiapas – y lideran la
lista en recomendaciones de la CNDH por violaciones a los derechos humanos con
8, 9, 6 (uno considerado grave), 3 ( uno considerado grave) y 11 casos,
respectivamente.
De la lista, Michoacán es uno
de los estados reprobados con 52 puntos en transparencia presupuestaria y con
-2.0 por ciento de crecimiento.
Campeche, Coahuila y Tabasco
son las entidades que aunque están bien calificadas en transparencia
presupuestal, tuvieron un crecimiento negativo según los datos del Inegi con
-8.4 por ciento, -2.1 por ciento y -1.7 por ciento.
LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Los casos a las violaciones
de derechos humanos en las entidades señaladas que originaron recomendaciones
de la CNDH a los gobernadores o al Estado, son, en su mayoría, por malas
prácticas en la procuración de justicia y por negligencias médicas.
Una de las recomendaciones en
el DF es por indebida procuración de justicia en el caso de la custodia de dos
menores; en Guerrero por agresión y secuestro de 22 personas en Acapulco,
negligencia médica, recurso de impugnación en contra del Consejo Estatal de
Seguridad Pública y otro más en contra de la Secretaría de Educación, así como
una recomendación por la indebida procuración de justicia en agravio de una presunta
víctima del delito de trata de personas.
Las recomendaciones en el
Estado de México son por la tortura y posterior fallecimiento de un interno del
Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano” en Almoloya de
Juárez, y otra por excesivo uso de la fuerza, privación de la vida, trato
indigno e indebida procuración de justicia.
En Nuevo León algunas de las
recomendaciones son por el asesinato de 43 reos en el Centro de Reinserción
Social Apodaca tras la fuga de 30 internos. El crimen ocurrió cuando intentaban
trasladarlos a otro centro de reclusión. Fueron heridos 73 internos más.
Otra de las recomendaciones a
Nuevo León es por la violación a los derechos de la verdad y acceso a la
justicia en agravio a familiares de una persona asesinada por elementos de la
Secretaría de la Marina (Semar). Una más por privación de la vida, indebida
procuración de justicia y trato digno.
En cuanto a Veracruz, las
recomendaciones de la CNDH son por negligencia médica en el Hospital General de
Minatitlán y otra por abuso y acoso sexual en la Escuela Secundaria General
“José Vasconcelos” ubicada en Tuxpan.
El caso de Veracruz es
emblemático y aunque no está oficialmente como una recomendación de la CNDH,
los crímenes contra periodistas es una realidad que no se puede negar.
Desde que Javier Duarte de
Ochoa llegó al poder, le entidad se distingue por ser la más peligrosa para los
periodistas, pues de 2011 a la fecha han asesinado a 14 comunicadores que
tienen en común el haber sido críticos de su gobierno.
El último reportero gráfico
asesinado, amenazado por el Gobierno de Duarte según sus propias palabras, fue
muerto en la colonia Narvarte del Distrito Federal cuando huía de las garras de
sus verdugos: Rubén Espinosa Becerril.
Antes de morir torturado y
con un tiro en la frente, denunció ante los medios de comunicación y
organizaciones como Artículo 19, que el gobierno de Javier Duarte lo amenazó de
muerte y que era seguido y vigilado en Veracruz, razón que lo obligó refugiarse
en la Ciudad de México, de donde era originario. No le sirvió de nada.
Junto con él fueron
asesinadas y torturadas cuatro mujeres: Nadia Dominique Vera Pérez, Alejandra
Negrete Avilés, Yesenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martin. La primera era una
activista que también huía de amenazas de muerte por su labor en Veracruz.
Nadia acusó directamente al
gobierno de Javier Duarte si le sucedía algo. La joven tenía miedo. Se sentía
amenazada.
De acuerdo con Édgar Cortez,
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), las
recomendaciones de la CNDH, funcionan de “manera relativa”.
“Desde 2011 todas las
comisiones de derechos humanos son autónomas. En el caso de Veracruz por
ejemplo, con la recién electa presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado Namiko [Matzumoto], hasta antes de llegar al cargo, estaba trabajando
con el Gobierno del estado, parece difícil que con una trayectoria de varios
años de colaboración con el Gobierno, el hecho de que la elijan presidenta, le
de un perfil de autonomía. Es más probable que esté preocupada en mantener una
buena relación y poca confrontación con el gobierno del estado”, dice.
El investigador explicó que
en general hay pocas recomendaciones y que en la mayoría de los casos no tienen
seguimiento. A pesar de que la CNDH cuenta con suficientes recursos económicos
y humanos.
“Terminan siendo procesos muy
formales, el Gobernador dice que ya cumplió, pero no hay un proceso exigente
para que se hagan acciones. Por ejemplo la Comisión recomienda que se capacite
al personal y el gobierno dice ‘sí ya los voy a capacitar’”, indica.
Cortez aseguró que la mejora
a los derechos humanos en México, tendría que ir de la mano con el combate a la
impunidad, a la corrupción y con la rendición de cuentas.
“Si no tenemos estas piezas
juntas, estamos en un ciclo donde hay una denuncia de un caso, una
recomendación y luego tenemos otro caso, pero si no se modifican las causas que
han generado esas violaciones, no pasa nada”, detalla.
(SINEMBARGO.MX/ SHAILA ROSAGEL / ENERO
29, 2016 - 00:00H)